El nuevo Real Decreto 16/2012 en referencia al Sistema Nacional de salud se emite con el anunciado objetivo de corregir un «abuso» en el uso de los servicios sanitarios y conseguir un ahorro marcado inicialmente en 500 millones de euros, y posteriormente en 240 millones, que derivaría, en parte, del hecho de negar la atención […]
El nuevo Real Decreto 16/2012 en referencia al Sistema Nacional de salud se emite con el anunciado objetivo de corregir un «abuso» en el uso de los servicios sanitarios y conseguir un ahorro marcado inicialmente en 500 millones de euros, y posteriormente en 240 millones, que derivaría, en parte, del hecho de negar la atención médica a las personas en situación irregular. No obstante, planean las dudas sobre el cálculo del ahorro y la realidad de las cifras anunciadas: si se trata de personas en situación irregular, es difícil contabilizar el número y sobre todo las necesidades médicas de las mismas.
Manipular las incógnitas
Restar de la totalidad de empadronados a las personas que tienen el permiso de residencia, incluidos los extranjeros comunitarios, no es un método fiable, ya que el número de personas sin domicilio fijo, con dificultades para superar las trabas administrativas y empadronarse, y de los «sin techo» se ha incrementado en los últimos años.
A esta incógnita se añade la imposibilidad de calcular el gasto económico derivado del uso de los servicios de urgencias, al cual tendrán acceso todos los extranjeros, con o sin residencia. Incluso si pensamos solo desde la lógica monetaria, permitirles únicamente el acceso a urgencias no supone un ahorro garantizado, sino un gasto que no se reflejará siempre en la mejora de la salud del usuario. ¿Qué finalidad tendrá una visita a urgencias en la que se detecte un tumor o una enfermedad como el VIH o la hepatitis C si no existe un tratamiento y seguimiento posterior? Un caso de este tipo es el de G.M., enfermo crónico que salió de un centro penitenciario donde recibía el tratamiento. Una vez fuera no ha podido acabar las dosis de inyecciones prescritas por falta de tarjeta sanitaria, por lo cual su enfermedad se convierte en un riesgo vital. A todo eso corresponde sumar los gastos que se derivarán de la falta de control de las enfermedades infecciosas, un problema de salud para toda la población, porque tener DNI español no protege del bacilo Koch.
Obtener beneficio de la enfermedad
Desde el actual Ministerio de Sanidad se reiteró que la tarjeta sanitaria es «para los españoles». El populismo fácil, que utiliza a los inmigrantes irregulares como chivo expiatorio, ha servido para captar el apoyo de la población española y a la vez engañarla. El mito de la invasión de los servicios sanitarios por los inmigrantes ha sido desmontado en repetidas ocasiones por las estadísticas de la Sociedad Española de Medicina Sanitaria, que calcula que los inmigrantes, un 10% de la población española, representan solo un 5% de los pacientes. Pero el discurso populista pinta a su antojo cualquier estadística y la fobia social instalada contra los inmigrantes los hace mucho más visibles. Una persona autóctona que vea en una sala de espera a tres árabes saldrá con la imagen de haber visto tres mil.
A lo que muestran las cifras se suma la falta de una cultura de la prevención en muchos colectivos de inmigrantes. Una persona de Camerún, aunque tenga la tarjeta sanitaria, no va cada año a hacerse las analíticas, sino que acude al médico cuando está mal o muy mal. La gente no se tira a una patera para hacer «turismo sanitario». Por otro lado, sobre todo entre los inmigrantes irregulares, dadas sus experiencias en el proceso migratorio, existe un cierto miedo a acercarse a los servicios médicos. Así, utilizar a las personas en situación irregular para justificar las nuevas medidas, es una mera táctica para camuflar el hecho de que el Real Decreto afectará a amplios espectros de la población, donde nada tendrá que ver el origen. Es obvio que a corto plazo y con efectos visibles y dramáticos, se verán afectadas las personas sin permiso de residencia, por ser el eslabón más débil de la sociedad. Pero lo que primará es el alcance del bolsillo de cada uno. Relacionar el acceso a la salud a la calidad de «asegurado» introduce un cambio de paradigma primordial, ya que un enfermo deja de ser paciente para ser un cliente. La salud deja de ser un derecho, para ser un bien de consumo que debe comprarse (sea cotizando, sea pagando un seguro privado). La enfermedad de una persona se convertirá en ese oscuro objeto de beneficio. Cualquiera que posea un seguro médico privado está al corriente de lo que es la «selección de riesgo»1. Todos sabemos que las aseguradoras evitan a las personas con enfermedades graves o las derivan al sistema público, y que no vale lo mismo hacerse un seguro privado con veinte años que con cincuenta. Para una aseguradora privada un enfermo no es un paciente, es sólo un cálculo gasto-beneficio. Excluir de manera paulatina a las personas del sistema de salud público o empujarlas brutalmente hacia las aseguradoras tendrá como efecto un incremento inmediato y considerable de los precios de los seguros privados. A todo eso cabe incorporar el cambio de mentalidad que el Real Decreto intenta instalar a largo plazo: una indiferencia colectiva al dolor del prójimo. Sin ostentar la condición de buen cliente del sistema, uno no se merece la cura.
A.T., argelino, diagnosticado con cirrosis y con un visible mal estado no puede acceder al tratamiento sin la tarjeta sanitaria: «¿Y ahora qué? ¿Me dejan morir sin más?», nos pregunta. Conforme al nuevo Decreto, su acceso a los servicios sanitarios se tildaría de «abuso». Y definitivamente, ¿cuál es el «abuso»? ¿Que uno pretenda ser sano cuando es pobre?
Nota:
1 Paul Krugman, The Conscience of a liberal , cap. 11, New York : W. W. Norton, cop. 2007.
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