En apenas tres décadas se construyeron allí innumerables «desarrollos» hoteleros sin tomar en cuenta la naturaleza ni la calidad de vida de miles de trabajadores que llegaron en busca de empleo en la construcción y en la actividad turística. Hoy forma parte de los cinturones de pobreza de Cancún, la ciudad fundada hace justo 35 […]
En apenas tres décadas se construyeron allí innumerables «desarrollos» hoteleros sin tomar en cuenta la naturaleza ni la calidad de vida de miles de trabajadores que llegaron en busca de empleo en la construcción y en la actividad turística. Hoy forma parte de los cinturones de pobreza de Cancún, la ciudad fundada hace justo 35 años como ejemplo de desarrollo urbano armonioso. O de Playa del Carmen, en el corazón de la Riviera Maya, la zona costera que más velozmente crece en términos demográficos y económicos de América Latina.
Podría pensarse que dada la cantidad de delitos ambientales que se perpetran en Quintana Roo estaría en la cárcel alguno de los culpables. No es así: gozan de libertad y algunos hasta reciben el respaldo de las instancias locales y estatales. Cuando actúa la autoridad federal (con frecuencia tarde y mal) generalmente pierde los juicios entablados contra los delincuentes ambientales porque en Quintana Roo el Poder Judicial tiene fama de corrupto y está a las órdenes del gobernador y el gran capital. La administración que hace un mes terminó labores figura como la que menos atención ha prestado a los temas ambientales. En cambio, compite en corrupción con la que le antecedió y apadrinó: la de Mario Villanueva, hoy en prisión. Ese padrinazgo, que documentó oportunamente el columnista Miguel Angel Granados Chapa, también cobija al nuevo gobernador, Félix González Canto, y a algunos de sus colaboradores.
En cambio, la justicia fue veloz con Aracely Domínguez, dirigente del Grupo Ecologista del Mayab (Gema) con lustros en la lucha contra la depredación ambiental. El 23 de abril pasado fue detenida en Cancún, acusada de difamar en su honor al empresario Bernardo Zambrano, dueño de un delfinario en dicha ciudad.
Como miles más en México y el mundo, Aracely denunció hace dos años la importación ilegal de 28 delfines, capturados ilegalmente en isla Salomón y traídos e internados irregularmente a nuestro país para dicho delfinario. Gema y otros grupos ecologistas aportaron entonces información precisa sobre las violaciones cometidas a la legislación mexicana y a los acuerdos internacionales sobre la materia. Entre los funcionarios acusados figuró un protegido de la familia Fox: el guanajuatense Raúl Arriaga, de triste memoria en su gestión de subsecretario en la dependencia responsable de velar por el medio ambiente y los recursos naturales. Ninguno de los que violaron la ley fue sancionado.
Como en el caso del gobernante de la ciudad de México, el cargo contra Aracely no era grave y le permitía salir bajo fianza, que se negó a pagar porque, sostuvo, no cometió delito alguno y el juez, si no era de consigna, debía declararla inocente. La protesta nacional e internacional obligó a intervenir antes al gobernador González Canto y al presidente municipal de Cancún, los cuales, se dijo, lograron que el empresario Zambrano retirara su demanda. La acusada estuvo cinco días en la cárcel. Quedó la impresión de que los dirigentes de las organizaciones en pro del ambiente y los recursos naturales, así como los periodistas, ahora deben portar un amparo y contar con un abogado que los defienda de las denuncias que por «difamación de honor» puedan entablarles los delincuentes ambientales.
Otros defensores de los recursos naturales han padecido o están en prisión sin derecho a fianza en Guerrero, Chihuahua y Durango, por ejemplo. Por lo general se les acusa de homicidio, de sembrar mariguana y amapola o de traficar con estupefacientes o armas. Pero la verdad es que están presos por oponerse a taladores y a narcos que «clarean» el bosque para sus siembras prohibidas. En Quintana Roo, mientras la inmensa mayoría de las denuncias por violaciones a las leyes ambientales duermen eterno sueño en las dependencias oficiales, los capos de la droga y sus socios, los que lavan dinero mal habido o se enriquecen inexplicablemente en unos cuantos años pasean libremente por la entidad y hasta reciben apoyo y reconocimiento de algunos servidores públicos.
En el campo ambiental también urge que impere la justicia.