Existe hoy un intento por parte de las derechas españolas de movilizar a la población en defensa de lo que llaman la unidad de España, asumiendo maliciosamente que existe una amenaza de desagregación y balcanización, estimulada por la propuesta del Estatut aprobada por la mayoría del Parlament de Catalunya. Durante las últimas semanas hemos oído […]
Existe hoy un intento por parte de las derechas españolas de movilizar a la población en defensa de lo que llaman la unidad de España, asumiendo maliciosamente que existe una amenaza de desagregación y balcanización, estimulada por la propuesta del Estatut aprobada por la mayoría del Parlament de Catalunya. Durante las últimas semanas hemos oído o leído llamadas a la unidad de España por parte del Rey, del presidente del Tribunal Supremo, del responsable máximo del Ejército de Tierra, de cardenales y dirigentes de la Iglesia católica española, del gobernador del Banco de España, de la patronal española y de otros representantes de los grupos de presión componentes de la derecha española advirtiendo de que esa unidad está en peligro. Aunque la historia nunca se repite, el hecho es que en muchos aspectos este llamamiento se asemeja al que se registró durante la Segunda República, antes de que ocurriera el golpe fascista militar, el cual tuvo lugar, en teoría, para defender la unidad de España; en la práctica, para defender privilegios corporativistas y de clase. Tanto entonces como ahora, sin embargo, esa unión no está amenazada. Lo que sí se cuestionaba entonces y se cuestiona ahora es la visión de España. Por un lado, existe la España centralista, uniforme y esencialista de la derecha, arropada bajo una ideología nacionalista española (los golpistas fascistas se definieron a sí mismos como los nacionales), detrás de la cual se defienden los intereses de las clases dominantes de España, que incluyen también las clases dominantes de Catalunya y del País Vasco. Cuando yo era niño, en la Barcelona de los años 40 y 50, la burguesía catalana hablaba castellano, menospreciando el catalán, considerándolo como idioma de lo que ellos llamaban las «clases bajas» o las «clases humildes». Frente a esta España, encontramos otra visión, la heredera de la Segunda República, en la que se reconoce la pluralidad de naciones y pueblos y se promueve la libertad y la justicia social, defendiendo los intereses de las clases trabajadoras y otros componentes de las clases populares. De ahí que, durante la dictadura, los resistencia antifascista identificara la lucha por la libertad con la lucha por la justicia social y por la pluralidad de las identidades nacionales. En Catalunya, las izquierdas protagonizaron la movilización por la justicia social y por la identidad catalana dentro de una España republicana, facilitando la integración de los trabajadores inmigrantes de habla castellana, impidiendo que los nacionalismos, tanto español como catalán, dividieran a las clases populares.
EL DEBATE actual es precisamente el enfrentamiento entre estas dos visiones de España. Sería un gran error que las izquierdas españolas no lo vieran así, interpretando erróneamente la situación actual como un conflicto entre Catalunya por un lado, y España por el otro, conflicto que los nacionalistas de ambos lados están estimulando. Por desgracia, las izquierdas catalanas no han enfatizado suficientemente que su propuesta estatutaria es un intento de redefinir España (recuperando la tradición republicana) que beneficiaría a todas las clases populares. En este aspecto, su afirmación de que el Estatut beneficiaría no sólo a Catalunya sino a toda España no ha sonado convincente. Es más, actos promocionados por el Govern de la Generalitat –tales como el encuentro de intelectuales españoles y catalanes (del cual fueron excluidas muchas voces de las izquierdas de España)– reprodujeron esta dimensión Catalunya versus España, que no facilita la movilización de apoyos al Estatut por parte de amplios sectores de las izquierdas españolas. La necesaria complicidad que las izquierdas catalanas tienen que desarrollar con el resto de las izquierdas españolas debería basarse en mostrar que el Estatut es también bueno para el resto de España, señalando los elementos de descentralización financiera necesarios para cubrir los enormes déficits sociales existentes en el Estado del bienestar español que son gestionados por las comunidades autónomas. Los equipos económicos de los gobiernos centrales han sido responsables desde el año 1993 de unas políticas de austeridad que han causado un gran déficit de gasto público social, que asciende actualmente a 60.000 millones de euros. Las derechas (y algunas izquierdas confusas) justifican su defensa de la centralización de tal financiación como condición de que se realice la necesaria solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, asumiendo erróneamente que lo primero es condición de lo segundo. La escasa solidaridad del País Vasco con el resto de España no se debe, sin embargo, al sistema descentralizado de la responsabilidad fiscal, sino a su escasa contribución a los fondos de solidaridad existentes.
NATURALMENTE que el Estatut tiene también aspectos específicos de Catalunya, aplicables al País Vasco y a Galicia, que el resto de España puede aceptar si se muestra que tales características no tienen por qué perjudicar a las otras comunidades autónomas. No hay que olvidar que las izquierdas castellanas se opusieron en su día al retorno de los papeles de Salamanca. Sin embargo, más tarde, en sus parlamentos votaron a favor de tal retorno (incluso a sabiendas de que perderían apoyo electoral), sin que las izquierdas catalanas, por cierto, les hayan dado las gracias. No tengo ninguna duda de que la España plurinacional será aceptada, si no ahora, más tarde. Pero para ello es necesario que las izquierdas catalanas muestren que esta nueva España, sintetizada en el Estatut, es mejor para la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares que la que heredamos del régimen anterior.
Vicenc Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra