Recomiendo:
3

Las periodistas Marta García Carbonell y María Palau Galdón publican Indignas hijas de su patria (Ed. Alfons el Magnànim)

Reclusas e irredentas: el Patronato de Protección a la mujer en el País Valenciano

Fuentes: Rebelión [Imagen: Carmen Polo de Franco, presidenta de honor del Patronato de Protección a la Mujer]

Se trata de una de las instituciones menos conocidas, y que más perduraron, de la dictadura franquista; constituido por el Régimen en 1941 y disuelto en 1985, el Patronato de Protección a la Mujer tuvo como fin, según el discurso oficial, “controlar y eliminar el ejercicio de la prostitución”, señalan las periodistas María Palau Galdón y Marta García Carbonell.

Pero tanto el Patronato como sus reformatorios (“numerosos”), añaden las autoras de Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià (Ed. Alfons el Magnànim, 2023), “acabaron convirtiéndose en espacios de tortura, represión y castigo” para mujeres que –prostituidas o no- se alejaban del modelo homologado (“decencia”, “recato” y “castidad”).

La investigación contó con la beca Josep Torrent de la Unió de Periodistes Valencians en 2021; En la nota de presentación, la editorial detalla que –pese a tener en el punto de mira (teórico) el control (y supresión) de la prostitución clandestina de menores de edad-, ésta fue la realidad: “Bajo el ojo militante de órdenes religiosas femeninas, miles de muchachas fueron encerradas en los reformatorios (…)”.

Así, estaban adscritos o pertenecían al Patronato, entre otros lugares, el Centro del Corazón de María (en el municipio de Alaquàs, Valencia); las Oblatas de Benicàssim (Castellón) y Alicante; Villa Teresita (en el municipio de Godella, Valencia); la Casa Familia Sagrado Corazón y el Hogar Nuestra Señora de los Desamparados, en Valencia; o los conventos de las monjas Adoratrices, también en Valencia y en Alicante.

A partir de las referencias de los periódicos ABC y La Vanguardia Española sobre asambleas del Patronato y reuniones de las Juntas Provinciales de Protección a la Mujer (mayo de 1945), las investigadoras dan cuenta del canon “inspirado en la figura de la Virgen María y representado en Carmen Polo de Franco (esposa del dictador), presidenta de honor del Patronato y ‘ejemplo de esposas y madres españolas’”.

Marta García Carbonell y María Palau Galdón han colaborado, además de en periódicos (convencionales e independientes), en la Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme (Plataforma de Suport a la Querella Argentina del País Valencià); firma el prólogo del libro (Las brujas que Franco no pudo quemar) la historiadora y arqueóloga Esther López Barceló.

¿De qué modo llegaban las jóvenes a los reformatorios del Patronato? Palau Galdón y García Carbonell detallan cuatro vías de acceso: las detenciones y redadas policiales; las denuncias por parte de particulares; “la petición de la propia joven o su familia” y porque así lo establecían las autoridades civiles/religiosas o asociaciones vinculadas a la dictadura.

¿Y por qué motivos? En casos como “la manifestación de una ideología contraria al régimen, las amistades peligrosas, una relación sentimental con un hombre casado o una orientación sexual diferente a la heterosexualidad”, resumen las periodistas.

El Ministerio de Justicia franquista publicó en el BOE, el 20 de noviembre de 1941, con la firma del dictador y el titular del ministerio, Esteban Bilbao Eguía, el Decreto por el que se organizaba el Patronato de Protección a la Mujer; Esteban Bilbao fue el primer presidente de la Institución.

Entre los miembros de las Juntas Provinciales figurarían, según el Real Decreto, el Prelado de la Diócesis o sacerdote que designara; una representante de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS; otro de la Fiscalía; el juez/presidente del Tribunal Tutelar de Menores, el Inspector de Sanidad y el jefe local de la Marina; además, de modo auxiliar, un policía “especializado y de la mayor confianza”.

El ensayo dedica un capítulo a Las guardianas de la decencia; algunos detalles pueden extraerse de la convocatoria de exámenes para celadoras del Patronato (BOE, octubre de 1942); se trataba de mujeres con edades comprendidas entre los 28-45 años, con “una religiosidad acendrada, una moralidad intachable y una ferviente adhesión a la causa nacional”-

Más allá de las guardianas, el franquismo instruyó y promovió un cuerpo específico de mujeres –de tutela y vigilancia moral- destinadas al Patronato de Protección.

Caídas, descarriadas, pecadoras. Son tres adjetivos empleados por las periodistas para calificar la situación de las víctimas; las investigadoras señalan “internamientos indiscriminados” y –en el caso de las mujeres descarriadas– “míseras condiciones de vida” (por ejemplo, las que llegaron a la Institución en casos de abandono/mendicidad); la dictadura trató de redimirlas.

En síntesis, “el confinamiento de miles de mujeres jóvenes necesitó de un consentimiento social basado en la interpretación de las muchachas como ‘elementos contaminados’”.

Indignas hijas de su patria detalla casos concretos, extraídos de los Informes del Patronato de Protección sobre la Moralidad Pública en España; así, la memoria de 1942 hacía referencia a expedientes del Colegio de Oblatas de Alaquàs, con las causas esgrimidas para el internamiento: “No gustarle trabajar”; “escaparse de su casa”; “dedicarse a la mendicidad” o “la mala vida”; el Informe apunta que algunas de las reclusas de presentaron de modo voluntario.

¿Por qué María Palau Galdón y Marta García Carbonell escriben sobre Legalizar los abusos? La clave radica en la aprobación, en diciembre de 1952, de la Ley sobre Organización y Funciones del Patronato de Protección a la Mujer; el organismo no sólo podría realizar propuestas legislativas; adquirir y enajenar bienes o castigar supuestos delitos; también “recoger, tratar e internar a jóvenes”.

En términos cuantitativos, se produjo –con la nueva legislación- un aumento significativo de las reclusiones; alcanzaron las 41.335 en el estado español, principalmente en Madrid (en torno a 10,000), Barcelona y Córdoba.

La extinción definitiva del Patronato se produjo en 1985, pero los ecos llegan al presente; por ejemplo, apoyándose en el libro editado por Alfons el Magnànim, la coalición Compromís registró una proposición no de ley en las Cortes Valencianas (diciembre 2023) para la reparación de las víctimas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.