Las diferentes formas en las que las personas expresan una identidad de género y orientación sexual no heteronormativas siguen siendo elementos generadores de diversas violencias hacia ellas, coincidieron juristas y estudiosos del tema. Para Manuel Vásquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), tales actitudes discriminatorias pueden ser identificadas como obstáculos o escollos […]
Las diferentes formas en las que las personas expresan una identidad de género y orientación sexual no heteronormativas siguen siendo elementos generadores de diversas violencias hacia ellas, coincidieron juristas y estudiosos del tema.
Para Manuel Vásquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), tales actitudes discriminatorias pueden ser identificadas como obstáculos o escollos para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos en cada uno de los contextos sociales.
Al intervenir el pasado viernes 30 de agosto en el panel Violencias y Sexualidades, en la sesión de clausura del V Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional, el jurista sostuvo que desde las ciencias sociales y jurídicas, «las violencias relacionadas con las distintas interpretaciones de la forma en que las personas expresamos nuestra sexualidad es un tema que actualmente ocupa un espacio muy importante, no solo en las agendas políticas de los Estados, sino también en la sociedad civil y la academia».
En opinión de Vásquez Seijido, la violencia inicia, por ejemplo, cuando no logras ser persona reconocida y se exige seas lo que «consta en un documento de identificación que nada tiene que ver con la experiencia vivida de esta persona durante toda su vida», explicó refiriéndose al derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans.
De acuerdo con el especialista, ello conduce a una especie de «invisibilidad jurídica». En ese sentido, mencionó las fortalezas que en el contexto cubano tiene la nueva Constitución, aprobada el pasado mes de febrero y que refrenda en su artículo primero la igualdad y la equidad como principios fundamentales que deben pautar tanto la interpretación del texto, como su aplicación en el ordenamiento jurídico.
A su juicio, igual de cardinal resulta el artículo 44 de la Carta Magna, «que responsabiliza al Estado con la generación de políticas públicas para potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los derechos de las personas cuya condición lo requiera».
«Ello se traduce en el reconocimiento a ese rango de la existencia de grupos de vulnerabilidad y la responsabilidad por mandato constitucional del Estado de generar políticas particulares para estos», dijo el jurista.
Con esa premisa coincidió la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, Marta Prieto Valdés, para quien se necesitan medidas y acciones diferentes en aras de potenciar la inclusión social. «No se trata solo de igualdad en la ley, sino que este valor debe manifestarse ante la ley y en la aplicación de las normas por igual», explicó.
«La igualdad es una necesidad como respuesta a cualquier discriminación que pueda subyacer, a cualquier acción lesiva a los derechos humanos y la dignidad», expresó.
El acoso, ejemplificó la profesora Prieto Valdés, es uno de los fenómenos más silenciados. «Es una expresión de discriminación que conlleva maltrato, rechazo en la escuela, la familia, los centros laborales y que se muestra de disímiles maneras».
Urge entender que no hablamos de «admitir al diferente, sino de respetar que existe porque tiene los mismos derechos que yo», afirmó la especialista. Justamente el panel colocó en el ámbito del acceso a los derechos un grupo de resultados de investigaciones del Cenesex en los últimos dos años, los cuales rebasan el ámbito de la violencia hacia la mujer, para insertarse en otras dinámicas complejas sobre las violencias basadas en las maneras en las que se expresa el género.
Uno de los contextos donde se experimentan estas violencias es el acceso a los servicios de salud, si bien los panelistas insistieron en la capacidad de multiplicarse estas actitudes en otros espacios, como el laboral.
Cuatro estudios del Cenesex, presentados por las investigadoras Delia Suárez Socarrás, Marais del Río Martín, Ada Alfonso y Andy Aquino Agüero, develaron mitos, discriminación y prejuicios en los prestadores de salud respecto a las sexualidades no heteronormativas, falta de servicios orientados a sus necesidades específicas y poca sensibilidad y respeto hacia ellas en espacios hospitalarios, todo lo cual limita el ejercicio del derecho a la salud de mujeres lesbianas, trans y sus parejas.
«Hay una brecha enorme en el disfrute de la salud de las mujeres lesbianas y transexuales si se compara con las mujeres heterosexuales, lo cual es un tema a resolver en un país donde el derecho a la salud pública está como prioridad en la agenda gubernamental», comentó la psiquiatra Ada Alfonso. «Esa brecha pasa por la manera en que nos hemos construido como sujetos culturales, lo que nos lleva a discriminar a las personas por su orientación sexual y por su identidad de género, incluso a la hora de prestar servicios de salud», sostuvo la experta.