Este año se cumple el 30º aniversario del fusilamiento de cinco antifascistas por Franco el 27 de septiembre de 1975: Xosé Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, y los compañeros vascos Txiki y Otaegui. El hecho de que después de estos crímenes sus máximos responsables hayan sido elevados a los altares […]
Este año se cumple el 30º aniversario del fusilamiento de cinco antifascistas por Franco el 27 de septiembre de 1975: Xosé Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, y los compañeros vascos Txiki y Otaegui. El hecho de que después de estos crímenes sus máximos responsables hayan sido elevados a los altares de la democracia como supuesto ejemplo para el mundo, pone en evidencia cuánto debe al fascismo el régimen juancarlista.
La familia de Xosé Humberto Baena, la única de estos fusilados en rascar en el oscuro agujero de la impunidad, ha denunciado las terribles irregularidades en que se había detenido, juzgado y asesinado al militante antifascista. Persiguiendo la justicia negada, se ha topado con la cruda realidad de que la llamada Ley de Amnistía aprobada por el congreso en 1976 y la Constitución de 1978, no son otra cosa que las leyes de punto final a la española. Es decir, la legalización de la impunidad, la imposición del perdón, el olvido y el silencio.
El Tribunal Constitucional español se negó el año pasado a meterse en el caso Baena con la bella excusa de que, como su propio nombre indica, es un tribunal que sólo tiene competencia para los hechos ocurridos después del 78, y no antes.
Esto significa que no existe instancia jurídica alguna en el estado español para juzgar los crímenes del franquismo. Tal es así que a la familia Baena no le ha quedado otro remedio que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha asegurado que no tiene competencia para juzgar hechos ocurridos antes de 1979, año en que España se adhirió a un convenio internacional sobre derechos humanos en el que se basa tal tribunal europeo.
Ahora la familia se dispone a presentar la denuncia en la comisión de derechos humanos de la ONU, no por otra cosa más que por seguir manteniendo vivo el conflicto, pero pocas esperanzas le quedan de que alguien les haga caso sin un amplio y combativo movimiento social que respalde esta denuncia. Las burguesías estatal e internacional no van a perseguir a su propia gente. La justicia no existe sin más, depende de la correlación de fuerzas de cada clase.
Las leyes del olvido y el silencio no llegaron por casualidad
A pesar de la masacre al movimiento antifascista que trajo la victoria franquista del 1939, ya a mediados de los años 40 comenzó la recomposición del movimiento obrero, con importantes huelgas en Euskal Herria sur en los años 47 y 51. En el 57 y 58 tuvieron lugar contundentes huelgas mineras en Asturies, sacudidas que se repitieron en el 62 y 63. El poder respondía a estos hechos con Estados de Excepción, que conllevaban una dura represión, así como detenciones y encarcelamientos sin juicio de sindicalistas. Aún así, las huelgas continuaron tanto en Euskal Herria como en Asturies, Galiza, Andalucía, Madrid o Catalunya.
Así llegamos al año 1966, donde tiene lugar un auge huelguístico en todo el estado. Se producen 150 huelgas obreras, entre ellas 60 en Gipuzkoa, 32 en Asturies y 16 en Bizkaia. En 1967 se producen 402 huelgas, 298 de ellas en solidaridad con los detenidos del franquismo, mostrando una implicación del movimiento obrero más allá del ámbito meramente laboral.
A mediados de los setenta se produce una crisis económica que fue el principio del fin de los estados de bienestar y conllevó, entre otras cosas, una disminución de la movilización social y el recorte de derechos laborales en buena parte del mundo. Sin embargo, en el estado español la burguesía continuaba perdiendo plusvalía y los poderes fácticos temían una explosión revolucionaria. Es entonces cuando empiezan a sentar las bases de la «transición democrática», o lo que es lo mismo, la continuidad del franquismo por otras vías.
La oposición política no fue exterminada, sino que pactó su derrota
En Chile, el movimiento revolucionario fue masacrado por las fuerzas armadas a las órdenes de Pinochet. En Argentina hicieron desaparecer a 30.000 personas para acabar con el peronismo revolucionario y otros movimientos transformadores. Esta fue la línea de actuación recomendada por Washington en numerosos países de América Latina para imponer el modelo económico neoliberal, siempre remendados con leyes que garantizaban la impunidad de los represores. En el estado español la jugada no les pudo salir mejor: no necesitaron exterminar a la oposición política porque los movimientos mayoritarios, políticos y sindicales, pactaron su derrota traicionando a su pasado y su presente. Renunciaron al socialismo, aceptaron una constitución monárquica y, en definitiva, avalaron un modelo económico de perpetuación capitalista y de mantenimiento de las estructuras represivas franquistas.
Esto explica que en el estado español el movimiento de derechos humanos antifranquista haya sido tan débil en los últimos 30 años. Explica que aquí, al margen del movimiento antirrepresivo vasco, no existan organizaciones compuestas por HIJOS de represaliados políticos, ni Madres de ninguna Plaza de Mayo, ni Abuelas que denuncien el Terrorismo del Estado respaldado por el actual escenario «democrático»…
No sólo habrá que sacar a la luz y denunciar los crímenes del franquismo, además habrá que realizar una seria y profunda reflexión acerca de por qué las cúpulas dirigentes traicionaran un proyecto revolucionario al amparo de las mayorías militantes; qué métodos organizativos y qué marco ideológico posibilitaron esto.
La derrota pactada en la transición ha calado tanto en la mayoría de la izquierda, que hasta el momento ni siquiera se vislumbra la menor posibilidad de echar abajo las leyes de la impunidad firmadas a finales de los 70. El Juez Garzón hace como que juzga a represores de las dictaduras latinoamericanas, pasando por encima de sus leyes del perdón, pero casualmente no se le ocurre barrer la porquería que se acumula en su propia casa.
Hasta el momento ha sido así. Hasta el momento
El pasado viernes 7 de octubre, Corriente Roja, Izquierda Castellana, la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas y el CAUM, dieron un pasito adelante y organizaron un acto en Madrid donde precisamente se habló de todo esto, con la presencia de Flor Baena (hermana de Xosé Humberto) y en el que participaron cerca de un centenar de personas.
El próximo 15 de octubre se ha convocado una importante movilización estatal en Salamanca donde se pretende cuestionar la herencia política y económica del franquismo, que tiene como representante supremo al Rey Juan Carlos I, nombrado Jefe de Estado por Franco y que el 1 de octubre del 1975, apenas unos días después de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, saludó a los fascistas congregados en la Plaza de Oriente de Madrid en compañía del Caudillo.
Es necesario recordar el pasado para encarar el presente y el futuro. Es necesario recordar quiénes ordenaron y ejecutaron la represión a los militantes antifascistas, quiénes fueron y siguen siendo los responsables políticos, quiénes traicionaron nuestra historia de lucha desde nuestro lado de la barricada y quiénes se mantuvieron firmes en sus principios (aún sin lograr, en medio del huracán conciliador, convertir esos principios en fuerza política).
En el estado español se combatió al golpe de estado del 36 y se combatió la posterior dictadura militar. Que a la monarquía franquista y a los poderes económicos que la mantienen no les quepa la menor duda que reconstruiremos una vez más la lucha por conquistar una sociedad sin estado y sin clases sociales.