El gobierno del PSOE ha empezado el año 2010 con un ataque directo a la clase trabajadora: la reforma de las pensiones. A pesar de que Zapatero no se cansa de decir que es solo una propuesta, el gobierno parece decidido a tirarla adelante. Pero aquí no se acaban los ataques. Zapatero ya ha anunciado […]
El gobierno del PSOE ha empezado el año 2010 con un ataque directo a la clase trabajadora: la reforma de las pensiones. A pesar de que Zapatero no se cansa de decir que es solo una propuesta, el gobierno parece decidido a tirarla adelante. Pero aquí no se acaban los ataques. Zapatero ya ha anunciado un recorte del gasto público de 50.000 millones de euros.
Sin duda, estos son unos de los peores ataques a los derechos de los y las trabajadoras del gobierno de ZP en los seis años que lleva gobernando y significa un cambio. Durante el 2009, lo que predominó fue la política del remiendo y de ayuda a las grandes empresas: rescate de los bancos, Plan 2000E de ayuda a las empresas de coches, el Plan E de ayuda a las constructoras, etc. Sin duda esta política basada en traspasar dinero público a manos privadas tiene un límite, sobre todo si no se tocan los beneficios empresariales. El límite ha llegado y ahora toca sacar el dinero de la clase trabajadora.
Recortes, «pensionazo» y congelación salarial
El gran recorte del gasto de la Seguridad Social es la reforma de las pensiones. Bajo la idea de que en 25 años el sistema de pensiones no será viable porque no habrá bastante gente trabajando para garantizarlas, el gobierno del PSOE -con el visto bueno del capital del Estado español- quiere tratar de aumentar la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años.
Más allá de cuestiones económicas, es necesario que tengamos claro que las pensiones son una parte de lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras hemos ganado y, por lo tanto, son un derecho que nadie nos puede quitar. Pero, aparte de eso, la realidad es que las razones de las que habla el gobierno no son ciertas. La idea de que cada vez habrá más gente para mantener que no trabajará se falsea, ya que la riqueza que se produce no depende de la cantidad de personas que trabajan sino de lo que se produce. Para calcular las pensiones, nos debemos fijar en la población activa y no en las personas jubiladas. Teniendo en cuenta eso, con más de cuatro millones de parados el problema son estas personas que no trabajan y que podrían trabajar, por ejemplo si se nacionalizasen empresas y se crease más ocupación en el sector público.
Por otro lado, se podría financiar una parte muy importante de las pensiones a través de un aumento de los impuestos a los ricos y a las empresas. Unos impuestos progresivos reales y una distribución real de la riqueza son medidas aplicables a corto plazo para mantener el sistema de pensiones -si es que realmente está en peligro.
Cuando los gobiernos, tanto de la UE como el Estado español, hablan de «modernizar» los planes de pensiones, de lo que están hablando realmente es de privatizarlos. Son las mismas entidades que quieren controlar este fondo de pensiones -bancos, cajas y aseguradoras las que encargan los informes que dicen que la población se está envejeciendo y que el sistema público de pensiones es insostenible. La privatización del sistema de pensiones -que empezó el año 1987- y que se profundiza con esta reforma va en la línea de convertirlo en un negocio, favoreciendo los planes de pensiones controlados por empresas privadas.
El otro ataque de Zapatero a la clase trabajadora es el recorte de 50.000 millones de euros durante los tres próximos años. Esto significará recortar la contratación pública, entre otras, y un aumento del salario de los funcionarios del 0,3%, que en la práctica significa una congelación salarial. Además, los planes del gobierno son los de poner a prueba a los funcionarios públicos para ver si «producen» lo suficiente. Entrando de lleno en la lógica neoliberal del que quien no produzca se va a la calle. Pese a las críticas de Zapatero respecto al papel de los mercados y a su intención de continuar con el gasto público la realidad es este recorte.
Todo esto teniendo en cuenta que el Estado español destina entre 5 y 6 puntos menos del Producto Interior Bruto (PIB) a prestaciones sociales que la media de la UE. La diferencia entre Zapatero y las presiones que recibe de la UE y los mercados internacionales son simplemente de forma y no de fondo. Zapatero sabe que se juega su puesto si los recortes se hacen muy bruscamente, pero el capital quiere que se lleven a cabo en el periodo menor de tiempo. Para ellos, la competitividad a corto plazo es lo que cuenta.
Por otra parte, el denominado Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva 2010-2012 firmado a principios de febrero por la patronal CEOE, Cepyme y las burocracias sindicales de CCOO y UGT, significa para la clase trabajadora una contención y congelación de los salarios durante los próximos tres años. El acuerdo durante estos tres años recoge aumentos salariales de como mucho un 1% el 2010, entre l,1% y el 2% para el 2011 y entre l,5% y el 2,5% el 2012. Pero además estas subidas salariales se podrán revisar según la situación económica, dejando a la empresa el derecho de revisarlas si le conviene. Los convenios en el Estado español cubren unos 12 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena.
El documento también prevé una nueva negociación en seis meses que revise las reglas de la negociación colectiva para hacerla más flexible y que se negocie los términos de la «flexiseguridad», así como las bases para una nueva reforma laboral. La nueva reforma laboral incluiría el «contrato de fomento de la contratación indefinida» que rebajaría la indemnización por despido a 33 días por año trabajado.
La inflación llegará, según las previsiones, hasta el 1,3% este año, lo que supone una congelación de facto de los salarios y, dependiendo del convenio, incluso una pérdida de poder adquisitivo. Pero la congelación salarial seguirá el 2011, puesto que la horquilla de subida de sueldos de entre el 1% y el 2% será otra vez como máximo igual que la inflación prevista -y recordemos que habitualmente la inflación prevista se queda corta con la real.
Competitividad internacional
Es cierto que detrás de los informes del «pánico» sobre las pensiones se esconden las empresas de planes de pensiones privadas, que ven en las pensiones de millones de trabajadores y trabajadoras un pastel muy grande que repartirse. Pero más allá de eso se esconde la intención de las empresas de intentar aumentar sus beneficios que, a pesar de que se han mantenido altos, necesitan continuar creciendo constantemente para poder competir a nivel internacional. El gobierno español decía hace solamente dos años que las pensiones estaban aseguradas hasta el 2025. ¿Por qué este cambio de postura?
Lo que se esconde detrás de la intención del gobierno español de atrasar el pago de las pensiones, así como de otros gobiernos europeos, es la competencia entre los diferentes capitalistas de los diferentes países. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, no se ha cansado de repetir una y otra vez la necesidad de una reforma laboral «profunda». Pero la razón última de eso es la pérdida de competitividad por parte del capital del Estado español. En una conferencia a finales de año lo dejaba claro: «En esta situación, la única fórmula posible para recuperar la competitividad perdida ante el exterior después del último ciclo expansivo es aumentar nuestra productividad. Y el aumento de la productividad (…) pasa inevitablemente para llevar a cabo reformas estructurales en numerosos campos».
Una de las conclusiones del informe Productividad y competitividad del factor trabajo en España 2001-2008, elaborado por el departamento de economía y empresa de la organización Patronal de la Pequeña y Media Empresa de Cataluña (PIMEC, en catalán) iba en la misma dirección: «La producción por hora trabajada en el conjunto de la UE-15 aumentó un 8% en el período 2001-2007, o, lo que es el mismo, a una tasa anual acumulativa del 1,3%. Este porcentaje contrasta con la evolución que ha tenido en EEUU y en Japón (2,2% anual) o ha países que se están situando en posiciones ventajosas del mundo más desarrollado como Corea del Sur (4%)». En este sentido, el Estado español se sitúa en la cola de la UE en productividad, ya que el aumento en el mismo período fue del 5,8%, es decir, una tasa del 0,9% anual.
No hay ningún capitalista que pueda sentarse tranquilamente a descansar ante estas cifras, y menos si se trata del capital del Estado español. Los éxitos de cualquier capitalista obligan a los otros capitalistas a aumentar la presión sobre sus trabajadores y trabajadoras. Pero lo que realmente pone bajo presión al capitalismo europeo es el hecho de que, en los EEUU, los y las trabajadoras trabajan más horas por semana que en la UE. En los EEUU, una trabajadora trabaja una media de 41 horas semanales y sólo tiene dos semanas de vacaciones al año. En Europa, trabaja 38 horas y tiene cuatro semanas de vacaciones anuales. En el 2005, el número anual de horas trabajadas en los EEUU fue un 15% superior a la media de la UE.
Trabajando más horas, los y las trabajadoras de EEUU producen más -y están más explotados- que los europeos. Cada victoria del capital norteamericano sobre sus trabajadores en base a hacerlos trabajar más por menos, empuja en el capital europeo a emprender medidas para no quedarse atrás en la competencia internacional.
El capital del Estado español no se puede quedar parado ante eso, y a pesar de que los trabajadores y trabajadoras del Estado español son los que más horas trabajan de media al año a Europa (1.775, los franceses 1.620, los alemanes 1.432, los holandeses 1.413, a Gran Bretaña 1.607), con una productividad menor que en el resto de Europa y menos horas trabajadas que en EEUU, está bajo una presión constante por ambos lados. Así el capital del Estado español, y el gobierno que le representa, debe buscar maneras de explotar más a los y las trabajadoras. La reforma de las pensiones y la congelación salarial solo es la punta del iceberg de unos ataques, que pese a lo que diga Zapatero, vendrán más tarde o más temprano de forma mucho más dura.
La mejor defensa es un buen ataque
La situación que hemos explicado hasta ahora no parece muy buena, pero merece la pena tener claro que los ataques, más tarde o más temprano, causan un efecto de respuesta. Es cierto que la clase trabajadora en el Estado español no es actualmente la más combativa a nivel de Europa, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica. Hay problemas objetivos para la movilización. El miedo al paro y a los despidos frena las luchas. La falta de bagaje y de experiencias de luchas importantes, así como la falta de confianza generalizada en la utilidad de la lucha, son problemas reales. De todas formas, el problema principal es la preponderancia absoluta de la burocracia en las dos centrales sindicales y su línea pactista por una parte, y la preocupante debilidad de la izquierda sindical -tanto dentro como fuera de CCOO y UGT- de la otra.
La aceptación, ya hace tiempo, por parte de las burocracias sindicales de la lógica socioliberal de competitividad y unos intereses supuestamente comunes con los empresarios es algo que sin duda sirve de tapón por una combatividad más alta dentro de la clase trabajadora. Cándido Méndez, secretario general de la UGT, después de firmar el último pacto con la CEOE que suponía la congelación salarial de 12 millones de trabajadores y trabajadoras declaraba que: «Se puede luchar juntos contra la crisis a pesar de tener [con los empresarios] intereses contrapuestos». Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, afirmaba además de que «no hay ocupación en una vaga general; la ocupación la genera la actividad económica». A pesar de ello, los dos dirigentes sindicales admitían presiones por parte de los delegados sindicales, que reclamaban una respuesta suficientemente contundente contra el «pensionazo». Teniendo en cuenta que una parte importante de delegados sindicales aceptan en general las líneas de la dirección, eso solo se entiende si estos mismos delegados a la vez reciben presiones por parte de los y las trabajadoras y ven cómo está el ambiente en los puestos de trabajo.
En este sentido, los ejemplos de combatividad son importantes, sobre todo si otros gobiernos de la UE están haciendo lo mismo que el de ZP. El ejemplo más claro de que la mejor defensa es un buen ataque es actualmente la clase trabajadora griega. Después de varías huelgas del sector público y privado por separado, a finales del mes de febrero se convocó una huelga general total del sector público y el privado. Los recortes a los que se enfrenta -también bajo un gobierno socialdemócrata- no son muy diferentes de los que se enfrenta la clase trabajadora del Estado español: grandes recortes sociales, aumento de entre dos y siete años de la edad de jubilación, cientos de miles de pérdidas de puestos de trabajo públicos y recortes en los servicios sociales (ver página 4).
Con un déficit público del 11’4%, el capital del Estado español tiene miedo a una situación semejante a la de Grecia. De hecho, la prensa económica ya empieza a hablar de un nuevo acrónimo refiriéndose a los próximos estados que pueden atravesar una situación como la de Grecia si ésta cae: STUPID (por sus siglas en inglés), el Estado español, Turquía, Grande Bretaña, Portugal, Italia y Dubai. Grecia puede ser una señal de la forma que pueden tomar las luchas a lo largo de Europa -a pesar de que la clase trabajadora griega es una de las más organizadas y con más tradición de lucha en Europa.
Pero en el Estado español, a pesar de la situación actual, también ha habido ejemplos de combatividad. Es cierto que no son generalizados, pero de la misma forma que Grecia debe ser un ejemplo para la clase trabajadora a nivel europeo, las pequeñas luchas y las pequeñas victorias son algo que la izquierda anticapitalista tiene el deber de generalizar. La victoria de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de TMB, las vagas generales del metal a Galicia en defensa del convenio, la huelga general a Hego Euskal Herria o la derrota de dos EREs consecutivamente de los y las trabajadoras de UPS-Vallecas en Madrid son ejemplos importantísimos.
Pero seguramente el ejemplo más potente y reciente es el de la huelga general convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la Sierra de Cádiz el mes pasado (ver caja). Una huelga general organizada desde la base, con un seguimiento prácticamente del 100% y que sobre todo tiene una lección política muy importante: muestra que, a pesar de todo, la clase trabajadora -si se la moviliza – está dispuesta a luchar por lo que le pertenece.
El ejemplo más claro de eso son los datos de la CEOE de huelgas y «horas perdidas» el primer mes de este año. En enero se contabilizaron 155 huelgas, más del triple que en el mismo mes del año anterior, y que afectaron a un total de 169.941 trabajadores y trabajadoras, de los que 34.142 estuvieron directamente implicados, a un 21,1% más que el año anterior. Las horas de empleo «perdido» por huelgas sumaron casi 3,9 millones, lo que supone un 49,3% más que en el mismo mes de 2009.
Está claro que eso no significa automáticamente un cambio significativo en el nivel de luchas de la clase trabajadora al Estado español. Sin embargo, teniendo en cuenta que son datos de antes de los primeros ataques directos del PSOE en seis años, es algo a tener en cuenta y puede mostrar la punta del iceberg de una respuesta más generalizada.