No hace muchos días que todos los españoles observábamos perplejos como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se plegaba una vez más ante los intereses de las multinacionales norteamericanas por encima del derecho al acceso a la cultura de sus ciudadanos, y redactaba la polémica Ley de Economía Sostenible, conocida popularmente como Ley Sinde, […]
No hace muchos días que todos los españoles observábamos perplejos como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se plegaba una vez más ante los intereses de las multinacionales norteamericanas por encima del derecho al acceso a la cultura de sus ciudadanos, y redactaba la polémica Ley de Economía Sostenible, conocida popularmente como Ley Sinde, escrita y diseñada por presiones de gobierno estadounidense (1), rechazada después y que ahora el gobierno del PSOE intenta colar por la puerta de atrás.
Tras los pasos de la ministra de cultura Ángeles González Sinde, se coloca ahora la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España, la tránsfuga Rosa Aguilar Rivero.
Las últimas revelaciones de Wikileaks demuestran como existe una estrategia diseñada por el Gobierno Estadounidense representando a las grandes multinacionales agroalimentarias para que España siga siendo la punta de lanza en Europa en favor de los alimentos transgénicos, que dañan la salud de la población pero aumentan los beneficios empresariales. (2)
Entrando en materia
Un alimento transgénico es un producto al que mediante biología molecular se le ha añadido genes que no poseía en su estado natural y se le han quitado otros que sí poseía. ¿Para qué?: una mente normal rápidamente razonaría que si podemos modificar genéticamente una patata para hacerla el doble de grande y con el triple de vitaminas, podríamos saciar en cierta medida el hambre en el mundo, pero no, sería maravilloso vivir en un mundo socialista pero no es el caso. La realidad es otra bien distinta, los alimentos transgénicos no están modificados para servir a los consumidores, si no para lucrar a las multinacionales que los distribuyen.
Los laboratorios introducen en las plantas genes que producen antibióticos, insecticidas o toxinas capaces de resistir el ataque de microorganismos e insectos, y que al mismo tiempo las hace resistentes a los fuertes herbicidas que las mismas empresas fabrican. Ese conjunto de toxinas diseñado para abaratar costes y generar monopolios pasa al organismo humano una vez que los alimentos son digeridos.
De nuevo, una mente normal razonaría «si podemos crear alimentos resistentes a plagas, muchos pequeños cultivos en el mundo se salvarían de esos devastadores acontecimientos y quizás esta vez sí, en cierta medida, saciaríamos un poco el hambre en el mundo», pero tampoco, las grandes multinacionales han pensado en todo.
Por un lado, las compañías agroalimentarias abaratan costes y aumentan beneficios usando alimentos modificados genéticamente, transgénicos, esto arruina a los pequeños agricultores, (no sólo del tercer mundo aunque sí mayoritariamente) (3) que tienen dos alternativas, o bien, venden sus tierras a la multinacional en cuestión o bien cultivan transgénicos.
Opción A: Si venden sus tierras, la multinacional, una vez eliminada la competencia, vuelve a subir el precio de los alimentos, provocando hambrunas que por el contrario aumentan sus beneficios (4).
Opción B: Si el productor decide cultivar transgénicos, éste tiene que pagar royalties por la patente en las semillas además que, cada año tiene que comprar semillas ya que no las puede fabricar él mismo (5).
De cualquiera de las dos maneras, las grandes empresas se apropian de algunos de los tramos más importantes de la cadena alimentaria por medio de patentes sobre sus nuevos productos, convirtiendo así a los agricultores en meros eslabones de su gran cadena de beneficios, estableciendo además una total dependencia del agricultor con respecto a las empresas biotecnológicas.
El caso español
Llegamos a España, donde nos encontramos con la progresista Rosa Aguilar como ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y colocamos en uno de los platillos de una balanza ficticia «la salud pública, el pequeño agricultor y el medio ambiente», y en el otro «los intereses de las grandes multinacionales biotecnológicas y agroalimentarias», y, ¿adivinan qué pesa más?.
Desde hace más de diez años el gobierno español ha defendido en la Unión Europea prácticamente en solitario el uso de alimentos transgénicos y es el único país que permite el cultivo de los mismos a gran escala. En países tan poco sospechosos de ser progresistas como Francia o Alemania el cultivo a gran escala está prohibido, entre otras cuestiones por la presión pública debido a las evidencias científicas sobre sus impactos en el medio ambiente, la imposibilidad de convivencia de la agricultura transgénica con la convencional y los efectos a largo plazo sobre la salud humana.
Excusa para la defensa del cultivo de transgénicos
Según afirma el gobierno estadounidense, el español así como las transnacionales del sector, las siembras genéticamente modificadas permitirán disminuir el hambre en el mundo. Eso sería posible si las variaciones genéticas buscaran el beneficio del consumidor y no el de las grandes corporaciones.
Según la propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el mundo existe comida suficiente para alimentar a la población del planeta usando semillas convencionales.
El problema del hambre en el mundo tiene que ver con la desigualdad, la pobreza y la marginación generada por los regímenes capitalistas, no con la ausencia de productividad.
Los daños en la salud
Según los datos del propio ministerio, en España se cultivan entorno a 70.000 hectáreas de un maíz modificado genéticamente perteneciente a la transnacional estadounidense Monsanto.
Laboratorios franceses han demostrado en diferentes estudios que el maíz genéticamente modificado Monsanto conocido como MON 810, reporta cambios en la composición de la sangre y daños en órganos internos de los animales alimentados con el mismo. (6)
Su estómago, su hígado, su corazón, sus músculos e incluso su cerebro se ve dañados por la ingesta de este tipo de alimentos, pero además, no puede elegirlos porque el eficiente ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España dirigido por Rosa Aguilar no cumple con la legislación europea, ni tan siquiera la española, y no obliga al etiquetado de alimentos transgénicos así como no realiza seguimiento alguno en los campos de cultivo, permitiendo que las multinacionales del sector campeen a sus anchas, a pesar de los innumerables casos de contaminación genética y los daños sociales y económicos que estos cultivos han ocasionado. (7)
Sirva como ejemplo el caso de Zambia, que en 2002 a pesar de estar amenazada por una hambruna, rechazó un cargamento de maíz transgénico enviado como ayuda alimentaria, simple y sencillamente porque la comida transgénica daña la salud de sus ciudadanos y afecta al cultivo interno de maíz. (8)
Conclusión
Una vez más observamos como el gobierno del PSOE encabezado por sus ministerios trabaja para favorecer los intereses de las grandes multinacionales en detrimento del conjunto de la sociedad.
Una cuestión tan importante como la salud pública y el medio ambiente es despreciado para que los accionistas de Nestle (los mismos que decían que los gobiernos deberían privatizar el agua potable) Syngenta, Kraft Foods o Monsanto, entre otras, se hagan cada vez más y más ricos.
La prohibición del cultivo de alimentos transgénicos por parte del Gobierno de España es necesaria para proteger la salud pública y evitar el desastre medioambiental que este tipo de cultivos conlleva.
3- Efectos de las empresas multinacionales agroalimentarias sobre el empleo en América latina http://www.ilo.org/wcmsp5/
4- Documental «Nosotros alimentamos al mundo», «We feed the world» de Erwin Wagenhofer.
5- Economía Agraria y Recursos Naturales. ISSN: 1578-0732. Vol. 3, 6. (2003) http://ageconsearch.umn.edu/
6- Diario francés Le Monde, Mayo de 2004.
7- Grupo de Ciencia Independiente, «En defensa de un mundo sustentable sin transgénicos», julio de 2003.
8- http://www.