Las movilizaciones del 24 de marzo exigiendo una materialización del derecho constitucional a la vivienda, vienen a recordar que la espectacular crispación política entre los partidos parlamentarios no debe hacer olvidar a la izquierda transformadora otros temas. Conviene que, en el contexto de las próximas elecciones municipales, los análisis políticos centrados en una supuesta involución, […]
Las movilizaciones del 24 de marzo exigiendo una materialización del derecho constitucional a la vivienda, vienen a recordar que la espectacular crispación política entre los partidos parlamentarios no debe hacer olvidar a la izquierda transformadora otros temas. Conviene que, en el contexto de las próximas elecciones municipales, los análisis políticos centrados en una supuesta involución, no obvien otras dimensiones. Por ello, aportamos esta reflexión.
La implacable oposición de la derecha al Gobierno socialista no se despliega en todos los frentes posibles. Hay un terreno excluido de significativa importancia: nada menos que la política económica y social. En el mismo sentido, el acoso de la derecha no se lleva a cabo por todos sus sectores e instituciones: frente a la actuación bravucona y de verdaderos energúmenos de la dirección del PP, la gran burguesía, los empresarios, la patronal evitan toda crítica y mantienen una discreta aprobación del Gobierno Zapatero. Puede decirse sin tapujos que la política económica y social del Gobierno socialista es respaldada sin fisuras por toda la derecha, pues su carácter neoliberal está fuera de toda duda.
Como botones de muestra quizás no hay dos ejemplos mejores que la reforma última del sistema fiscal y los propósitos de reforma de la Seguridad Social. Por un lado, la desahogada situación financiera del Estado no se ha utilizado para mejorar el muy degradado y bastante raquítico ‘estado del bienestar’, sino para aliviar la presión fiscal a las rentas altas y los rendimientos del capital, agravando la injusta distribución de las cargas impositivas. Como es sabido, se ha bajado el tipo máximo del IRPF del 45% al 43%; se ha homogeneizado un tratamiento escandaloso de todas las plusvalías eliminándose la distinción entre si fueron generadas en menos o más de un año; y se ha reducido el tipo del impuesto de sociedades, en unos momentos en los que los beneficios inundan las arcas de las empresas (en 2006 el crecimiento medio de las del IBEX ha aumentado el 31%). En suma, más ventajas y más dinero para los ricos y los poderosos.
Reforma que algo queda
Por otro lado, el Gobierno ha decidido acometer una nueva reforma la Seguridad Social con el objetivo, en primer lugar, de recortar derechos, y en segundo, de estimular la vida laboral de los trabajadores. Para ello se ampara en estudios interesados y manipulados, pues estos parten de simplificaciones y extrapolaciones más que discutibles y juegan con el dato del tiempo para proyectar una crisis del sistema, que puede ser en el 2025, en el 2050 o más tarde. Una preocupación, cabe resaltarlo, que no se extiende a ningún otro problema de la sociedad. Bastaría partir de otras hipótesis justificadas para alcanzar conclusiones diametralmente diferentes, pero siempre hay en un prestigioso economista, un consejero aúlico, un servicio de estudios de la banca o un organismo internacional que descubre la insostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro si no se acometen reformas, dirigidas a recordar los derechos de los trabajadores, sobre todo los peor colocados en el escalafón social.
Con un afán justiciero digno de mejor causa, el de incrementar la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, el de reducir el carácter solidario y de reparto del sistema para aproximarlo al de capitalización individual, se proyecta elevar el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación desde los 12’5 años actuales a los 15, quedando pendiente para la siguiente ocasión el subir el periodo de cómputo de los años cotizados para determinar la base de la pensión. Esto es, menos derechos y más dificultades para los débiles y desprotegidos, cuando la precariedad del trabajo en nuestro país alcanza cotas insólitas en Europa y sigue afectando a un tercio de los trabajadores a pesar de las reformas laborales llevadas a cabo, que con la justificación de reducirla han supuesto abaratar los salarios y aumentar los beneficios.
A pesar del ruido y la furia que recorre al país, existe al mismo tiempo una paz social de cementerio. La gran tensión, la enorme crispación partidaria que sacude la vida política, no tiene base ni traducción en el terreno social. Se comprende que la derecha, con habilidad, module y compartimente su oposición a la acción del Gobierno, sabiendo que para preservar sus intereses, no podría ir más allá, en las cuestiones económicas y sociales, que el PSOE sin suscitar un fuerte rechazo popular. La socialdemocracia cuando gobierna desempeña a veces este desgraciado papel. Sin embargo, estos trabajos sucios suelen realizarlos en momentos de crisis y no en situaciones económicas boyantes y cuando no hay agitación social. Por eso resulta tan lamentable que un Gobierno aupado con los votos de los trabajadores se revuelva contra ellos, los olvide y sea tan diligente con la burguesía. Ahora tocarían reformas, que la socialdemocracia mostrase su cara buena, y no nuevas agresiones a los derechos y condiciones de vida de las capas populares.
Silencios
Con todo, aun es más sorprendente la nula reacción de las organizaciones sindicales a esta orientación política y la falta de coherencia y firmeza de los partidos de izquierda, particularmente de IU, para rechazar y tratar de combatir la política neoliberal del gobierno Zapatero. De hecho, la reforma de la Seguridad Social es el desarrollo de un pacto alcanzado en 2006 entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Estos, mientras rehuyen toda la lucha social, mientras dan la espalda a sus deberes, pretenden salvar la cara erigiéndose en promotores de manifestaciones por la paz y la vida, mientras los obreros, entre otros muchos problemas, mueren en accidentes laborales como chinches.
Por parte de IU, a pesar del enorme espacio que ha cedido el PSOE para construir una oposición y levantar una alternativa al neoliberalismo, aun no ha encontrado un terreno propio. Deambula perdida entre la oposición y el respaldo al Gobierno, tratando de vivir de migajas institucionales y mediáticas, y olvidando su tarea de erigir un proyecto alternativo de sociedad, con su correspondiente base social.
Volviendo a la Seguridad Social, cuando se dirige la atención manipuladamente a su potencial crisis, se puede estar labrando un fraude histórico a los trabajadores, a través de hacerlos cotizar durante muchos años, pero no los suficientes como para adquirir el derecho a una pensión contributiva. Piénsese en la degradación actual del mercado de trabajo, con muchos trabajadores fuera de toda legalidad, en la precariedad de los contratos y en los millones de trabajadores inmigrantes que pueden tener que volver a sus países cuando cambien las condiciones económicas, pues en modo alguno puede descartarse una crisis, dado el modelo actual de crecimiento sustentado en la construcción y los graves desequilibrios de la economía española, en particular el déficit exterior. Mientras la gran preocupación dominante es si la Seguridad Social podrá soportar a los futuros pensionistas, puede que muchos de estos desaparezcan con el tiempo como consecuencia de las normas cada vez más duras que rigen el sistema.
* Pedro Montes es economista.