Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
La Franja de Gaza se enfrenta a una crisis humanitaria en la que la carencia de gasolina es tan grave que se ha ordenado a la policía transportar a estudiantes y trabajadores a las escuelas, universidades y lugares de trabajo, según ha informado el ministro del Interior.
Las autoridades de la policía tomaron esta drástica medida el pasado martes [17 de septiembre de 2013] para aliviar la crisis surgida en el sector de los combustibles desde el cierre de los túneles que constituían la única cuerda de salvamento para llevar artículos básicos a la Franja desafiando el ilegal, y catastrófico, asedio israelí a Gaza.
Los estudiantes y trabajadores han soportado varias horas de espera del transporte público o han sido completamente incapaces de llegar a sus destinos, lo que ha llevado a la casi paralización de Gaza.
No son los únicos afectados. En la reunión semanal del pasado martes el consejo de ministros de Gaza pidió la intervención internacional para impedir la cada vez mayor crisis humanitaria en el sector sanitario causada por el grave impacto del bloqueo. Los generadores no pueden funcionar debido a la falta de carburante, lo que limita los servicios críticos en clínicas y hospitales, mientras que es absolutamente imposible de conseguir aproximadamente el 30% de las medicinas y suministros esenciales y más de 500 pacientes no pueden salir a través de Egipto para recibir tratamiento médico urgente.
Aunque las autoridades egipcias han accedido a abrir el paso de Rafah los miércoles y jueves durante cuatro horas al día para «casos de emergencia», esto tendrá una leve incidencia en los más de 500 pacientes, por no hablar de los 5.000 casos humanitarios, pacientes, hombres de negocios y trabajadores que ya están esperando pasar, algunos desde hace semanas, si no meses.
A pesar de que el cierre por parte de Egipto del paso de Rafah y de los túneles ha exacerbado la situación existente, la cuestión principal que hay que abordar es el ilegal asedio israelí a Gaza, que se endureció hasta llegar al punto de estrangulamiento en 2006.
En su Informe Anual de 2012 publicado en marzo de 2013 el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) lamentaba el hecho de que el asedio israelí se ha institucionalizado y de que se corre el riesgo de que, aunque sea inadvertidamente, la comunidad internacional lo legitime. El Informe señalaba: «[…] Las sistemáticas políticas [de Israel] han violado sistemáticamente el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a una vivienda adecuada, a la educación y a la seguridad social, y el derecho al nivel más alto alcanzable de salud mental y física. […] La crisis solo puede acabar con el levantamiento inmediato del asedio, la supresión de las restricciones al movimiento hacia y desde la Franja de Gaza, y la supresión de la prohibición a las exportaciones».
Cuánto más cierto es esto ahora que Egipto ha cerrado el paso de Rafah y los túneles que proporcionaban la única ayuda.
En esta semana en que se conmemora el trigésimo primer aniversario de las masacres de Sabra y Chatila la comunidad internacional, el particular las Altas Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra Relativa a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, debe escuchar los gritos desde Gaza y ejercer un presión eficaz tanto sobre como sobre Egipto como sobre Israel para impedir más innecesario, indefendible y censurable sufrimiento palestino y más pérdidas de vidas humanas.
Julie Webb-Pullman es una periodista freelance de Nueva Zelanda que vive y trabaja en Gaza desde 2011. Colabora con SCOOP Independent News, Palestine Chronicle y otras páginas web.