Sucedió en el estadio Manchester Arena al finalizar un concierto, en mayo de 2017. Un ataque suicida se saldó con 22 muertos y más de un centenar de heridos. El Gobierno de Theresa May incrementó entonces las alertas por «amenaza terrorista» y decidió que hasta 5.000 militares pudieran desplegarse en tareas de seguridad por las […]
Sucedió en el estadio Manchester Arena al finalizar un concierto, en mayo de 2017. Un ataque suicida se saldó con 22 muertos y más de un centenar de heridos. El Gobierno de Theresa May incrementó entonces las alertas por «amenaza terrorista» y decidió que hasta 5.000 militares pudieran desplegarse en tareas de seguridad por las calles del Reino Unido. «Los agentes de policía armados que se encargan de vigilar los lugares clave serán reemplazados por miembros de las fuerzas armadas», anunció la primera ministra. En diciembre el ejército británico ha colaborado con la policía para hacer frente a los drones en el aeropuerto de Gatwick (Londres), que obligaron a la suspensión de vuelos y el cierre de las pistas de aterrizaje. A promover la presencia de soldados en la vía pública se suma el Gobierno de Bélgica, que ordenó en enero de 2015 que 300 militares reforzaran la seguridad en puntos estratégicos de Bruselas y Amberes; unos días antes la policía informó de una «operación antiterrorista» que terminó con dos muertos en la ciudad de Verviers (el dispositivo se amplió y en agosto de 2017 -tras atentados como el de Bruselas en marzo de 2016- permanecían 1.200 militares en las calles belgas).
La militarización se extiende por las ciudades europeas. Tras los atentados de enero de 2015 en París, el expresidente socialista François Hollande puso en marcha la «operación Centinela», que establecía el despliegue de 10.000 efectivos militares en puntos considerados «sensibles» de Francia; asimismo en noviembre de 2015 Hollande decretó el estado de excepción, que se prorrogó en seis ocasiones y estuvo en vigor durante casi dos años. «Las durísimas medidas excepcionales, incluidos los registros domiciliarios nocturnos y la asignación forzosa de un lugar de residencia, han pisoteado los derechos de centenares de personas», advirtió Amnistía Internacional (AI) en febrero de 2016. Un año después de levantarse el estado de emergencia, denunció AI, continuaban aplicándose «facultades antiterroristas especiales para castigar injustamente sin cargo ni juicio, lo que ha dejado a decenas de personas en un limbo legal». La ley antiterrorista de Macron (noviembre de 2017) mantenía las medidas del estado de excepción, según AI, que denunció la aplicación en Francia de un sistema de justicia «de segunda», aplicado con criterios imprecisos, basado en información secreta y que ofrece pocas oportunidades para la defensa.
El precedente es la USA Patriot Act, aprobada en octubre de 2001 tras el 11-S y durante la presidencia de George W. Bush. Registros y allanamientos secretos de los domicilios, acceso a información sobre lectura de libros, estudios e historiales médicos; calificación de «terroristas» a grupos que participaran en actos de desobediencia civil; y encarcelamiento indefinido de personas inmigrantes sin probar que se hubieran cometido acciones terroristas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) alertó de la ampliación de poderes al ejecutivo que suponía la Ley Patriótica. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona, Antoni Segura, explicó las consecuencias en los días siguientes a su promulgación: «Fueron detenidas en secreto cientos de personas sin cargo; se autorizaron escuchas en las cárceles entre abogados y sus clientes, y el Gobierno de Estados Unidos decretó prisión indefinida, sin cargos y sin juicio, para sospechosos de terrorismo» («Patriot Act: seguridad y libertad», Diario Córdoba, abril de 2010).
Las XX Jornades Llibertàries de CGT-València, tituladas «I els pobles es mouen», han dedicado una sesión a las desigualdades, el control y la represión causadas por la globalización capitallista. La periodista y defensora de los derechos humanos, Thais Bonilla, subraya en las jornadas los efectos que ha tenido en el estado español la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o «Ley Mordaza» (2015), la reforma del Código Penal (2015) y el llamado «Pacto Antiyihadista», firmado inicialmente por el PP y el PSOE también en 2015. Así, desde la entrada en vigor de la «Ley Mordaza» en julio de 2015 y hasta marzo de 2018, se impusieron cerca de 50.000 multas «por falta de respeto y/o consideración» a miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones (la legislación establece sanciones entre 100 y 600 euros por este motivo). La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha denunciado que, desde su entrada en vigor, la cuantía de las multas por los diferentes apartados de la «Ley Mordaza» alcanza los 270 millones de euros. En una carta fechada el pasado 20 de noviembre, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, instaba al Estado español a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica (84 personas fueron condenadas en España -entre 2015 y 2017- en aplicación del artículo 578 del Código Penal, que castiga el «enaltecimiento del terrorismo» y la «humillación a las víctimas»; en el periodo 2011-2013 fueron 23).
Thais Bonilla trabaja desde 2012 en Novact-Institut Internacional per a l’Acció No Violenta. Destaca que con la «Ley Mordaza» se han mantenido las devoluciones «en caliente» de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, que las organizaciones de derechos humanos califican de «ilegales» (la «Ley Mordaza» incluía una disposición final para intentar que estas expulsiones tuvieran cobertura legal). El pasado 23 de agosto el Gobierno español expulsó a 116 personas migrantes y refugiadas que el día anterior accedieron a España por la valla de Ceuta; ante la decisión del ejecutivo, cerca de 50 organizaciones sociales firmaron un manifiesto contra estas devoluciones «exprés» al Reino de Marruecos. El mismo procedimiento de expulsión «sumaria» fue utilizado en octubre con 55 de los 209 migrantes que lograron franquear la valla de Melilla. En los dos casos el Ministerio del Interior ha hecho valer un convenio de «readmisión» firmado con Marruecos en 1992.
Novact constituye uno de los núcleos de la Red Malla, además del Centre Irídia en Cataluña, la Plataforma por la Desobediencia Civil en Madrid, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en Cádiz y Sevilla; Sevilla Sin Miedo y Stop Represión Granada. Surgida del trabajo de los colectivos que integran la plataforma «Defender a quien defiende», la Red Malla tiene como objetivos el apoyo y la denuncia de la represión durante el ejercicio de las libertades civiles y políticas. En el mapa de la red figuran casos de multas (por ejemplo un activista estudiantil de Cáceres multado con 600 euros tras una protesta -en diciembre de 2015- en el pleno municipal), detenciones (jóvenes de Arran -organización de la esquerra independentista dels Països Catalans- detenidos en junio de 2017 por quemar fotos del monarca Felipe VI en Palma de Mallorca), encausados y víctimas de malos tratos y torturas.
Thais Bonilla ha informado en las jornadas de la CGT de la Red Malla y de la Xarxa d’Observadores de Drets en un contexto de protesta, formada en 2017 en Barcelona y en la que participan 70 personas; la Xarxa facilita unos teléfonos de contacto para casos de detención o violencia policial y una guía para actuar en situaciones de represión. La red ha difundido el informe sobre «Violación de derechos civiles y políticos» en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, que recoge la cifra oficial de 893 heridos (cuatro hospitalizados y dos en estado grave) por las cargas policiales del 1 de octubre (día de la consulta popular sobre la independencia).
En las XX Jornades Llibertàries de la CGT ha intervenido asimismo Fernando Ntutumu, investigador del proyecto porCausa. Investigación, Periodismo y Migraciones. El politólogo se centra en la función de las vallas, las fronteras y los muros. Menciona «In time», filme futurista de 109 minutos en el que se expresa el «capitalismo darwiniano» y además el tiempo (no el dinero) posee valor de cambio. «La película -explica Ntutumu- identifica cuatro zonas separadas y custodiadas por el Estado; ‘In Time’ hace una interpretación de la verdadera utilidad de las fronteras: proteger a la minoría adinerada (inmortal) frente a la mayoría explotada (vulnerable)». El consultor de comunicación pública destaca otra nota de esta película estadounidense de ciencia ficción y thriller, dirigida por Andrew Niccol y estrenada en 2011: «La mayoría de los habitantes del suburbio viven literalmente al día, son incompatibles con la posibilidad de moverse libremente».
Otra idea resaltada por Fernando Ntutumu en la conferencia es la «Arquitectura de la exclusión en los espacios fronterizos», según la define la arquitecta y activista Lucía Gutiérrez Vázquez. Y el «síndrome de Atenas» de la Unión Europea, que el catedrático de Filosofía del Derecho, Javier de Lucas, explicó hace dos décadas en una tribuna en El País; el modelo se resume en una Europa que aspira a los ideales de civilización, bienestar y progreso, pero de la que se excluye a los considerados «bárbaros e ilotas»: extranjeros o no ciudadanos de la UE y, más aún, los «nuevos esclavos» o inmigrantes extracomunitarios. El pasado 26 de julio 602 migrantes entraron en Ceuta al franquear la valla que separa esta ciudad del Reino de Marruecos; un mes después la Guardia Civil detuvo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta a diez de estas personas, como presuntos organizadores de la acción. Se les acusó, entre otros delitos, de pertenencia a organización criminal. Un juzgado de Ceuta ordenó el pasado 30 de agosto que dos de los migrantes ingresaran en prisión.
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