Con mucho gusto, señor presidente, recibo su propuesta de nombrarme ministro de Ayuda Alimentaria. Antes de aceptar el cargo, le adelanto, de forma muy somera y directa, las líneas maestras que dibujaré durante este mandato, con la seguridad de que le parecerán acertadas.
Dice usted, en su amable carta, que valora mi larga trayectoria en el seno de diferentes movimientos civiles, «los verdaderos motores de la sociedad», por lo que le parecerá bien que sean estos actores los que protagonicen gran parte del programa. También hace referencia a la voluntad de su gobierno «de garantizar alimentación sana y sostenible». Esto es posible solo mediante una apuesta decidida por la agroecología, entendida como la agricultura a pequeña escala que en forma de unidades familiares o cooperativas, maneja fincas, obradores y granjas con técnicas campesinas que cuidan los bienes naturales y el territorio. No está la civilización del cambio climático y las pandemias como para ir poniendo parches, ¿verdad? La agroecología se sitúa, además, en el marco de la soberanía alimentaria y permite, entre otras cosas, que terceros países dejen de estar obligados a dedicar sus mejores tierras a cultivos de materias primas para la exportación, como bien saben los migrantes que se ahogan en el Mediterráneo.
Y ¿cómo? No se preocupe, no tendrá que gastar más dinero ni recurrir a los fondos Next Generation, que solo son más deudas para las futuras generaciones. En primer lugar, este Ministerio trabajará en paralelo con el de Hacienda y el de Agricultura para incorporar unos pequeños cambios. En colaboración con el primero, introduciremos fórmulas para garantizar públicamente el derecho a la alimentación, igual que se hace con la salud y la educación. Lo haremos a partir de la contribución mensual o las retenciones a cuenta de empresas y trabajadores; y, a largo plazo, nuestra idea es que estos fondos se gestionen directamente desde los territorios, de forma participativa, sin pasar por las estructuras del Estado. Esta idea está inspirada en las propuestas de la Renta Básica Universal y de la Seguridad Social de la Alimentación que se está debatiendo en Francia. Con el Ministerio de Agricultura trabajaremos para reorientar los ingentes y desperdiciados fondos de la PAC, que se quedan en manos de terratenientes y capitalistas de la agricultura industrial, para dedicarlos, también, a cubrir la alimentación pública. Es decir, con estas vías de recaudación todas las personas recibirán mensualmente una renta alimentaria básica para adquirir productos agroecológicos.
Introduciremos fórmulas para garantizar
públicamente el derecho a la alimentación, igual que se hace con la salud y la
educación.
Toda la propuesta que estoy tratando de explicarle se basa en resolver virtuosamente una ecuación que garantiza alimentación sana y sostenible a la población a la vez que el sustento digno de quienes producen estos alimentos. Si esta «renta alimentaria universal» solo se puede gastar en productos agroecológicos, quienes trabajen con estos criterios se beneficiarán de este recurso público. Indirectamente, entonces, no dejarían de ser ‘funcionariado’, igual que lo son las personas que trabajan en la sanidad o la educación pública. En las escuelas de negocios de hoy lo llamarían un win-win.
Aún no hemos hablado de ayuda alimentaria, estará pensando, y es que se trata de evitarla. Con todos estos cambios y en coordinación con la Secretaría General de Reto Demográfico, conseguiríamos generar empleo, que la gente pueda quedarse en los pueblos (e incluso volver a ellos) y dedicarse a la producción sana de alimentos y que se reactiven las economías locales.
Pero sí, por un tiempo necesitaremos organizar lo que usted llama «ayuda alimentaria», aunque, insisto, habrá que entenderla como un episodio coyuntural que debe resolver una pregunta estructural: ¿cómo hacemos para ir construyendo el sistema de alimentación público descrito? Tampoco es complicado. Hoy en día, el gobierno y el resto de las administraciones manejan unos presupuestos significativos, el FEAD, destinados a promover diferentes servicios de acción social como los Bancos de Alimentos, que acaban fortaleciendo la gran industria agroalimentaria, como han denunciado algunas organizaciones. Aquí es donde tenemos que contar claramente con el tejido social y, de forma urgente, trasladar estos fondos públicos a proyectos que, a precios remuneradores, compren alimentos a la producción agroecológica para distribuirlos a las familias vulnerabilizadas, como ya están haciendo iniciativas como Alterbanc. Apoyar este tipo de acciones provocará la reconversión progresiva del sector y que productoras que ahora exportan o venden a grandes superficies reorienten su comercialización a lo local y social. Con estos fondos podemos también apoyar espacios de distribución alimentaria, como los mercados campesinos, las cooperativas de consumo o los comedores populares. Estas piezas de la economía social y solidaria, que también generan muchos puestos de trabajo, serán los lugares donde las familias vulnerabilizadas recojan su cesta.
Esta transformación llevará su ritmo, no puede ser rápida y quizá trascienda a su mandato. Esto debemos tenerlo en cuenta. De todas formas, lo más impactante, seguramente, no se producirá porque se apoyen todas estas iniciativas, sino por las que dejarán de apoyarse. ¿Me entiende, verdad?
Por último, creo que con todo lo explicado comprenderá que la aceptación de mi cargo depende de que usted tenga la valentía de nombrarme con plenos poderes para desarrollar los planes aquí descritos, en un Ministerio que cambiará su nombre, lógicamente, por el de Espacio participado para el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Perdone, salió un nombre largo.