Todavía hay quien se sorprende de que las tropas estadounidenses hayan torturado a prisioneros iraquíes. ¡Vaya! Llevan haciéndolo años con los de Guantánamo, a la vista de todo el mundo, y sin que parezca que vaya a cambiar la situación algunos periodistas aún se atreven a fingir y exclamar sorprendidos: ¡y qué estas cosas pasen […]
Todavía hay quien se sorprende de que las tropas estadounidenses hayan torturado a prisioneros iraquíes. ¡Vaya! Llevan haciéndolo años con los de Guantánamo, a la vista de todo el mundo, y sin que parezca que vaya a cambiar la situación algunos periodistas aún se atreven a fingir y exclamar sorprendidos: ¡y qué estas cosas pasen en una democracia! Tantos actos inauditos e inhumanos se han llevado a cabo en el nombre de esta supuesta democracia que ya va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre. Estados Unidos es una dictadura global que intenta, y en muchos casos consigue, subyugar a pueblos y a gobiernos. Ninguno de los dos grandes principios que los ideólogos del liberalismo tratan de «exportar» se cumplen, en sentido estricto, en los EE.UU.
Me estoy refiriendo, básicamente, al sometimiento de las instituciones públicas a lo que denominan pomposamente «el imperio de la ley», el acatamiento al estado de derecho; y al principio de soberanía popular, expresado formalmente a través de elecciones que facultan la formación de gobiernos representativos. Resulta evidente que ambos pilares están siendo socavados, desde hace ya años, por las diferentes administraciones que se vienen sucediendo.
No es sólo -con ser grave- que EE.UU. vulnere la legislación internacional y que dinamite el edificio que durante décadas la comunidad internacional había tratado de poner en pie, mediante actuaciones que vulneran los principios más básicos del Derecho: el concepto de guerra preventiva, la extraterritorialidad de sus leyes, la injerencia en la política interna de terceros países, el bloqueo de resoluciones en la ONU, el apoyo explícito y la legitimación de estados terroristas como el de Israel o el de Colombia… También la propia legislación interna de los EE.UU. es sistemáticamente incumplida (como en el caso de los ya citados prisioneros de Guantánamo) sin que en ningún caso ello genere problema o impedimento para que la administración de turno, en este caso la de Bush II, continúe con sus conductas unilaterales, arbitrarias y desestabilizadoras que afectan, directa o indirectamente, al conjunto de las naciones.
La burda farsa electoral que llevó a George Bush a la presidencia del país, debiera ser tenida en cuenta un día tras otro, y repetida en cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos para que no se olvide que el gobierno estadounidense no es ni democrático ni representativo. ¡Cómo si no tuvieran bastante con la grosera monopolización y el absoluto control de todos los medios de comunicación y de cualquier espacio donde difundir su propaganda -en el peor sentido del término- electoral! Michael Moore explica en Estúpidos hombres blancos cómo se gestó el «pucherazo»: manipulando el censo electoral del Estado de Florida, aceptando votos nulos… y cómo el Tribunal Supremo dio todo por bueno llegando a paralizar un recuento que habría dado la victoria al partido demócrata.
EE.UU. cuenta por tanto con un gobierno que no proviene de una consulta electoral y que vulnera cuantas leyes se le interponen en su camino hacia el control y la dominación mundial. Es este gobierno, abiertamente terrorista, el que el pasado 29 de abril presentaba el Informe «Reseña del terrorismo patrocinado por Estados». El gendarme mundial se permite realizar un documento sin ninguna base legal, pues no ha sido solicitado por nadie ni responde a instrumento jurídico internacional alguno, ni tampoco moral, pues se atribuye el derecho de certificar al mundo sin tener en cuenta su propia conducta.
Como parte de su política hegemónica mundial, el gobierno de Estados Unidos emite desde diciembre de 1979 la lista de quienes considera «Estados auspiciadores del terrorismo internacional». En el informe se enumera y describe, bajo la óptica del Imperio, la conducta de estos «estados terroristas». Estar incluido en este listado implica, automáticamente, sanciones económicas, control de las exportaciones, prohibición de asistencia económica, imposición de restricciones financieras, etc. Estas sanciones también pueden afectar a terceros como ocurre con la Ley Helms-Burton que pesa sobre Cuba.
Precisamente Cuba es uno de los 7 estados que este año engrosan el citado informe. Entre las razones aducidas por el Departamento de Estado, se encuentra la oposición de Cuba a que la coalición encabezada por Estados Unidos prosiga la guerra imperialista contra Iraq y también porque «condenó activamente en 2003 muchas de las políticas y acciones estadounidenses asociadas con la misma». Cuba fue incorporada a la lista en marzo de 1982. Desde entonces, y durante 22 años, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido calumniosas y cínicas acusaciones contra Cuba en materia de terrorismo.
El problema de ser un mentiroso es el de poder mantener el rictus cuando, de repente, se conoce la verdad. ¿En qué situación habrá quedado el alto funcionario encargado de elaborar el informe, cuando tras su publicación ha salido a la luz pública los casos de torturas sobre prisioneros iraquíes? Fíjense que dice: «La prensa [cubana] controlada por el gobierno, al informar acerca de las operaciones militares dirigidas por Estados Unidos en Iraq y Afganistán, criticó constantemente a Estados Unidos y frecuentemente y sin fundamento alegó que Estados Unidos estaba involucrado en violaciones de derechos humanos«. La realidad ha jugado una mala pasada a estos necios, elaboradores de informes de política ficción.
El gobierno de EE.UU. considera que defender a «quienes combatan en favor de la autodeterminación o contra la ocupación extranjera» es legitimar el terrorismo, como lo es afirmar que los «atentados de parte de los estados para desestabilizar a otros estados es una forma de terrorismo». Es extraño que bajo estos parámetros no haya sido incluida la propia ONU en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional.
A Cuba se le achaca, además, no extraditar ni reclamar la extradición de presuntos terroristas, permitir a veinte miembros de ETA residir en Cuba, proporcionar un cierto grado de refugio y apoyo a miembros del FARC y del ELN, y dar refugio a docenas de fugitivos de la justicia estadounidense. Igualmente el informe define como «terrorismo interno», el hecho de que le gobierno cubano, en estricta aplicación de su legislación, condenara a muerte a los tres cubanos que intentaron secuestrar una barcaza y llevarla hacia Estados Unidos. Obviamente, en el tema de la pena de muerte más les valdría callarse o mirar hacia el interior de su propio sistema judicial y penitenciario.
Sin entrar a rebatir cada una de las acusaciones que el informe recoge, todas ellas fácilmente refutables-, baste recordar que la presencia en Cuba de miembros de la organización vasca ETA, se originó a partir de una solicitud de los gobiernos de España y Panamá con el objetivo de ayudar a la solución de una situación que amenazaba con tornarse muy compleja en este último país. Teniendo en cuenta esa solicitud, se alcanzó un acuerdo en 1984 con el gobierno español, encabezado en aquel entonces por el presidente Felipe González, y con el gobierno de Panamá, mediante el cual viajaron a Cuba un grupo de militantes de ETA. Estas personas nunca han utilizado el territorio cubano para actividades de esa organización contra España ni contra ningún otro país. El tema de la presencia de miembros de la ETA en Cuba es un asunto de índole bilateral, sobre el cual los gobiernos de Cuba y España han mantenido contactos. Razones por las que Estados Unidos no puede contar con legitimidad para inmiscuirse en esos temas, que en lo absoluto lo involucran, ni mucho menos afectan su seguridad nacional, como tampoco afectan la seguridad de ningún otro Estado.
El informe del pasado año, recogía prácticamente las mismas acusaciones que se presentan en el de 2004. En aquella ocasión el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió un comunicado en el que recordaba que EE.UU. había rechazado «mediante argumentos vacíos, irracionales y sin ningún sustento real, la propuesta realizada por Cuba para suscribir un Programa Bilateral de lucha contra el terrorismo, presentada al gobierno de Estados Unidos desde el 29 de noviembre de 2001 y reiterada el 3 de diciembre de 2001, el 12 de marzo del 2002, y el 17 de diciembre del 2002 en ocasión de celebrarse la 19na ronda de conversaciones migratorias entre ambos países». Y precisaba que «asesinos confesos, terroristas, secuestradores de embarcaciones y aeronaves y delincuentes de todo tipo, han sido acogidos por el gobierno norteamericano, el que jamás ha intentado, siquiera, devolver a alguna de estas personas reclamadas por la justicia cubana […]. Nunca Estados Unidos ha devuelto a uno solo de los fugitivos de la justicia cubana». Cuba, por el contrario, «ha devuelto a Estados Unidos a personas [reclamadas por la justicia] y ha mostrado siempre su total cooperación para intercambiar información con las autoridades norteamericanas; para recibir a fiscales e investigadores norteamericanos involucrados en casos de narcotráfico, emigración ilegal, secuestros, etc; funcionarios cubanos han testificado en diferentes juicios en Estados Unidos en los cuales las autoridades norteamericanas han solicitado colaboración».
Nunca el gobierno de los Estados Unidos ha podido probar la participación de Cuba en acto terrorista alguno. En cambio, EE.UU. fue condenado en 1986 por el Tribunal Internacional de Justicia por «uso ilegal de la fuerza» contra la Nicaragua sandinista. El Senado de Estados Unidos, controlado entonces por mayoría demócrata, «demostró su respeto por la leyes internacionales votando, según los deseos de Reagan, un paquete de ayuda militar [a la Contra nicaragüense] por valor de 100 millones de dólares, apenas dos semanas después de que el Tribunal Internacional emplazara a Estados Unidos a poner fin a su empleo ilegal de la fuerza» (Noam Comsky, La Cultura del Terrorismo) (1).
El informe presentado por el gobierno estadounidense es, fundamentalmente, un instrumento para justificar su agresiva y desafiante política contra Cuba. El documento reitera viejos argumentos ya desmentidos por el gobierno de la isla.
No obstante su peligrosidad estriba en dar por sentado un argumento que justifica la escalada de acciones contra Cuba, pudiéndose llegar incluso a una intervención armada contra el gobierno de La Habana. Es bien conocida la afirmación de que Iraq poseía armas de destrucción masiva. El mismo rigor se emplea para criminalizar a Cuba.
La manipulación en los informes les lleva, incluso, a afirmar que Cuba cuenta con un programa de armas biológicas. La intencionalidad política es clara: preparar un estado de opinión favorable hacia una posible invasión de la isla.
Así lo ha expresado George W. Bush: «No vamos a esperar el día (en que llegará) la libertad cubana; estamos trabajando por (acercar) el día de una Cuba libre. […] Una Cuba libre está en nuestro interés nacional, en el interés de nuestro barrio (por América Latina) y sobre todo, en el interés del pueblo cubano, estar libres de la tiranía».
Si de estados terroristas hablamos…
Nota:
(1) Para un conocimiento bastante más detallado y profundo de las actividades terroristas de la Administración estadounidense, este libro de Chomsky (La Cultura del Terrorismo) es una buena herramienta de análisis.