Juana Ruiz, trabajadora española y palestina, vecina de Beit Sahour, en la Palestina ocupada, cumple seis meses presa por Israel. Ella fue secuestrada por el ejército israelí el 13 de abril en su casa familiar.
La detención israelí no es casual. Forma parte de una estrategia desde hace años de desarmar e inhabilitar la resistencia, la autonomía palestina, quebrar la voluntad de libertad del pueblo palestino.
Las negociaciones de Madrid, ahora se cumplen los 30 años, empezaron de forma asimétrica. Los palestinos no tuvieron delegación propia y su representación estaba incluida en la jordana por imposición israelo estadounidense. La OLP había reconocido a Israel (con las fronteras anteriores a 1967) en su congreso de Argel en 1988. En ese Congreso pasó de reivindicar un solo Estado en la Palestina histórica, democrático y laico, donde todos sus habitantes, independientemente de su origen, tuvieran cabida, a dos Estados. Israel nunca ha reconocido a los palestinos como sujeto político. Son para ellos, los árabes.
Posteriormente, el laureado Rabin reconoció una nominativa Autoridad Palestina, con limitados poderes y en una parte del territorio ocupado, dejando para los siguientes años los limites finales de lo que podría ser soberanía palestina, el qué hacer con los refugiados o el estatuto de Jerusalén. Pero mientras tanto, las expropiaciones, las expulsiones de palestinos, su economía colonizada o los presos siguieron conformando hechos consumados. Hechos no combatidos por las potencias que auspiciaron esas negociaciones en el Palacio Real, los después conocidos como el Cuarteto, Estados Unidos, Rusia, La Unión Europea y una carente de poder Naciones Unidas.
Los palestinos fueron ingenuos. Rabin o Peres fueron los cínicos que nunca hicieron política para que llegase una soberanía palestina en lo que son los Territorios Ocupados.
Israel es, y esto es una afirmación basada en sus propias leyes y conductas, un Estado ocupante sobre otros territorios palestinos, sirios y libaneses, con leyes desiguales según sea el origen de sus habitantes, vulgo supremacista. A partir de ahí, sus leyes y las interpretaciones de las mismas, por parte de sus tribunales, están conformadas para mantener y fortalecer el apartheid, la ocupación y vencer la resistencia y doblegar la dignidad palestina.
Tras anular en alto grado a la Unión Europea, bloqueada por sus discrepancias internas, con gobiernos acomplejados de ser acusados de antisemitismo si defienden el derecho internacional y sin atreverse a sancionar a Israel por sus crímenes cotidianos como potencia ocupante, Israel y su aliado estadounidense llevan tiempo intentando diluir la obligación internacional de lograr que los refugiados palestinos vuelvan a sus hogares. Su objetivo es que la organización de los refugiados palestinos, la UNRWA, quiebre y abandone su misión.
Pero, aún si ya la Autoridad Palestina y la propia OLP están débiles, siguen existiendo. Su vocación declarada es responder al ansia de libertad palestina. Israel deja que exista la primera subsidiariamente a la ocupación y sigue queriendo debilitar cualquier atisbo de resistencia.
El paso en el que estamos ahora, dada la complicidad europea y el desistimiento de varios gobiernos árabes, es debilitar a la sociedad civil palestina. Para ellos, es necesario laminar y hundir sus estructuras y organizaciones sociales. Empezando por las que alivian las consecuencias de la ocupación o que fortalecen la resistencia, aunque sea por trabajar en la documentación y comunicación de los crímenes israelíes. Así, han puesto en aprietos económicos o personales sin ser exhaustivos a World Vision, la Asociación de mujeres de Ramala, la ONG ADAMER que atiende a los presos palestinos en cárceles israelíes, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro para la Investigación y el Desarrollo de Bisan; la DCI, una ONG en Defensa de la Infancia y los Comités de Trabajadores de la Salud (HWC), de los que Juana Ruíz, la directora, Shatha Odeh y Tayseer Abu Sharbak han sido detenidos.
Todo sirve para los israelíes y su intento de romper la resistencia. Primero, la arbitrariedad de los soldados que dejan o no pasar un control, dar trabajo o quitarlo, permitir la residencia o expulsarles. La detención de niños, la detención administrativa, sin pruebas, indefinida. La traza del Muro o la expropiación de otras tierras y la expulsión. La pauperización sistemática, el asesinato extrajudicial, … Todo esto ha sido denunciado. Los cónsules europeos hacen informes anuales. La biblioteca de las Naciones Unidas y de diferentes asociaciones de derechos humanos están llenos de documentos que transcriben la realidad de la ocupación. El abogado de Juana Ruíz es el mismo que defendió a Mordajai Vanunu, el Snowden de los años 80, denunciante de las bombas atómicas israelíes, secuestrado por Israel y preso largos años, sin que se produjera un escándalo internacional.
Los europeos, España, tratan a Israel como si la ocupación y las leyes supremacistas no existieran.
Los ministros de exteriores españoles piden que a Juana Ruiz o Juani Rishmawi (¡bendito sea que sea española!) sea interrogada sin torturas, que no se la pongan grilletes, que es feo; ‘tratando de asegurar la adecuada protección de los derechos de defensa’, ante una “justicia militar” que forma parte de la ocupación israelí.
Todo esto nos lleva a que debemos solidarizarnos por Juana Rishmawi y protestar por su detención y la del resto de palestinos. Y nos incumbe exigir a nuestro Gobierno, a la UE, coherencia y defensa del derecho internacional, que no tengan relaciones militares con el ocupante. Por coherencia debemos solidarizarnos con el pueblo palestino y debemos presionar comercial e institucionalmente al ocupante israelí, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, para mejorar la vida de todas las personas que viven en esa región.
Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
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