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Entrevista a Anthony Carty, catedrático de derecho público en la Universidad de Aberdeen

«Sin el derecho de formar una nación, también se resiente el resto de derechos»

Fuentes: Berria

Traducido para Rebelión por Daniel Escribano

Anthony Carty (Belfast, Irlanda, 1947) es catedrático de derecho público en la Universidad de Aberdeen, Escocia. Es experto en derecho internacional y ha estado esta semana en el País Vasco para participar en el Congreso sobre Derechos Humanos.

En el congreso ha hablado de naciones sin estado y del derecho de autodeterminación. ¿Cómo trata el derecho internacional ese tema?

El derecho internacional clásico siempre ha considerado el asunto de la creación de estados como un conflicto que está fuera del derecho. Los legisladores no han intentado realizar interpretaciones progresistas del conflicto. En efecto, el derecho internacional y el conjunto de leyes se vertebran en torno a las opiniones de los estados ya existentes y esos estados jamás han reconocido el derecho de las naciones sin estado a convertirse en estado. No obstante, esa práctica del derecho internacional está en contradicción con la historia del mundo de los últimos 200 años. En las conferencias realizadas después de las grandes guerras, en la de Versalles, por ejemplo, los estados han reconocido el derecho de autodeterminación.

¿Cuál es su tesis en torno a ello?

Yo pienso que el derecho de autodeterminación subyace en la creación de los estados del mundo y que las dificultades para ejercer ese derecho no invalidan ese fundamento. Después de la Revolución francesa, el derecho internacional reconoce que la legitimidad de un estado se basa en dar una salida al problema de la identidad nacional y, con ello, hay otra tesis que todo el mundo reconoce, a saber, que los conflictos deben resolverse de manera pacífica y que los estados no pueden utilizar la fuerza contra los grupos humanos que quieren separarse. Los conflictos entre estados y entre grupos humanos más pequeños deben resolverse según las normas de la democracia, la ley y los derechos humanos.

Por tanto, en el meollo del problema está la democracia.

Sí, así es. El asunto del derecho de autodeterminación, al cabo, es un problema de democracia. Cuando una comunidad más pequeña expresa de forma clara la voluntad de separarse de un estado, la democracia ordena que se reconozca esa voluntad, siempre mediante la negociación entre ambas partes, para limitar la influencia que tendría en el estado la separación. Los estados democráticos occidentales lo reconocen: Canadá respecto al Québec, el Reino Unido y la república de Irlanda respecto a Irlanda del Norte y también se reconoce para regular la relación entre el Reino Unido y Escocia.

¿Es el derecho de autodeterminación un derecho humano?

Sí, sin duda. Es un derecho de participación política fundamental que tienen los individuos, en tanto que miembros de una comunidad, para que puedan ejercer el resto de derechos que les corresponden. Sin el derecho de formar una nación, también se resiente el resto de derechos individuales. Y el poder ejercer ese derecho tiene gran relación con el convencer a los estados para que actúen de acuerdo con las normas de la democracia.

Durante muchos años el derecho internacional ha entendido que el derecho de autodeterminación correspondía a los procesos de descolonización. En los últimos años, sin embargo, ese derecho se ha ejercido en Europa y se han creado nuevos estados.

Es un problema complicado. Yo cuestiono la importancia de la era de la descolonización en este asunto. Yo creo que el derecho de autodeterminación es anterior, de la época de la Revolución francesa, y que tiene su fundamento en la creación de los estados europeos y de los Estados Unidos de América, mucho antes de la descolonización.

¿Cómo responde el derecho internacional al problema de la creación de nuevos estados? ¿Hay herramientas jurídicas para ello?

Los legisladores internacionales tienen miedo a que se ejerza de nuevo el derecho de autodeterminación. Propiamente, el derecho de autodeterminación afecta a todos los países del mundo y tiene relación directa con la democracia, puesto que subyace la idea de que todos los ciudadanos son iguales y, por tanto, los ciudadanos de una nación no tienen por qué estar bajo el mando de otra comunidad si no quieren. Ese fundamento es muy claro, lo que sucede es que la comunidad internacional no tiene herramientas institucionales para resolver los conflictos que se derivan de ello, a pesar de ser conflictos muy claros. Se me ocurren los ejemplos de Palestina y Cachemira. Todo el mundo conviene en que les corresponde el derecho de autodeterminación, pero la comunidad internacional carece fuerza suficiente para imponer ese criterio.

En 1996 publicó el libro Was Ireland Conquered?, sobre el conflicto de Irlanda. ¿Puede considerarse la salida que allí se adoptó como modelo para resolver tantos otros conflictos?

Ésa es una pregunta difícil. Eso implica reconocer la territorialidad de Irlanda, esto es, que Irlanda del Norte tiene ser nacional; y cualquiera podría cuestionar que Irlanda del Norte tenga una identidad nacional única. La solución podría haber sido una suerte de punto intermedio buscado entre el Reino Unido e Irlanda, y eso mostraría que hay dos seres nacionales. No obstante, el Reino Unido e Irlanda han preferido un componente importante que hay en la salida, a saber, que se reconocerá la opinión de la ciudadanía en torno a la identidad nacional del futuro. Es una salida democrática y la mayoría de ciudadanos la aceptan. Pueden realizar consultas cada siete años en torno a su futuro y eso es de todo punto democrático.

Conoce directamente la situación de Escocia. ¿Le han sorprendido la victoria en las elecciones del año pasado del Partido Nacional Escocés (SNP) y las opiniones que van en aumento en la sociedad escocesa favorables a la independencia?

No creo que hoy en día la mayoría de ciudadanos estén a favor de la independencia. La gente está muy contenta con el gobierno del SNP, porque es un gobierno nuevo y fuerte, y los laboristas, en cambio, están agotados y desnortados. El gobierno está convenciendo a muchos ciudadanos de los beneficios de tener mayor autonomía, pero no tiene intención de realizar la consulta a corto plazo. En cualquier caso, aquí lo más interesante es que no hay polémica de ningún tipo en torno a la consulta, porque creen que saldrán ganadores. Por tanto, no hay tensión en el ambiente.

¿Aceptaría el gobierno del Reino Unido la propia consulta y su resultado?

Hasta ahora no ha puesto ningún obstáculo, porque sabe que la mayoría no está a favor de la independencia. Y la opinión pública piensa que, si los escoceses quieren separarse, no hay ningún problema. El debate está siendo muy tranquilo y pragmático.

¿Qué opina de la consulta que quiere organizar el lehendakari Ibarretxe y de la respuesta que le ha dado el Gobierno de España?

Si la iniciativa se propone como consulta, se sitúa dentro de las normas democráticas, porque impulsa el debate público. Prohibir eso iría contra la cultura democrática.

 Berria, 15 de junio de 2008