Leo los programas electorales, atiendo las informaciones de las negociaciones para formar gobierno en España. Me surge la duda de si comprendemos que nuestra capacidad de decisión dentro de la zona euro es casi irrelevante. En principio, la economía española es, en la zona euro, algo equivalente a una Comunidad Autónoma en el modelo español. […]
Leo los programas electorales, atiendo las informaciones de las negociaciones para formar gobierno en España. Me surge la duda de si comprendemos que nuestra capacidad de decisión dentro de la zona euro es casi irrelevante.
En principio, la economía española es, en la zona euro, algo equivalente a una Comunidad Autónoma en el modelo español. Comparte moneda con el resto de países del euro, por lo que no tiene ninguna capacidad de plantear una política monetaria. Y, si es cierto que mantiene una capacidad teórica de decisión en política fiscal, no lo es menos que con una deuda pública del 100% de su PIB, ya no puede tomar decisiones de estímulo a través del gasto público.
Hace diez años era del 38’90% de nuestra renta nacional. Es precisamente nuestra posición en la moneda común la que ha disparado el gasto como única vía de amortiguar el impacto del ciclo económico. Pero ya no queda margen de uso. No es casualidad que Italia debe, en este concepto, el 135% de su PIB, Grecia el 171%, Portugal el 131%. Y, sin embargo, Alemania, la economía dominante de la zona, el 72%, en un leve crecimiento en diez años desde el 66’50%.
Sin embargo, como demostró la crisis griega, el mejor modelo para comprender la situación española es el de una economía con tipos de cambio fijos y casi movilidad perfecta del capital entre fronteras. Cuando Grecia pretendió renegociar el pago de su deuda, el BCE privó de financiación suficiente a los bancos griegos, forzando un «corralito». Un Estado no podría cerrar las entidades bancarias y medios de pago de una de sus regiones, comunidades o Estados federados. En la zona euro se hace.
Cualquier modelo estándar de una economía con esas características, como es ahora mismo la española, prevé que el tipo de interés real puede ser una limitación clave de las políticas. La economía se ve obligada a mantener un tipo de interés real que le permita financiarse. Ahora bien, cuanto mayor sea este tipo de interés, menor será el crecimiento, ya que un coste adicional de financiación implica menores inversión y consumo.
Los últimos datos disponibles resaltan los diferentes costes que afrontan las economías de la zona euro. Tomo el tipo de interés (la deuda pública a 10 años) y le resto la tasa de inflación última conocida, para calcular el coste efectivo, real, de pedir prestado. España tiene un tipo de interés real del 2’34%, Italia 1’40%, Grecia el 11%, frente a Alemania el 0’25%, la zona euro global el 0’35% (datos del The Economist). Lo que tiene que ver con el paro: España el 21’4%, Italia el 11’3%, Grecia el 24’5%, frente a Alemania 6’3% y la zona euro global el 10’5%.
El problema reside en que una economía sobreendeudada y que se expone a subidas de tipos de interés y problemas de financiación externa, difícilmente puede lanzar programas fiscales de estímulo. Ni puede plantear medidas coherentes que modifiquen sustancialmente la situación de derechos laborales, porque rápidamente generaría problemas de financiación y una subida de costes salariales que tendría un impacto negativo en las exportaciones netas, y, por lo tanto, en la capacidad misma de sostener el gasto público.
En definitiva, sostener una política keynesiana de aumento de la demanda efectiva y un programa sustancial de mejora de derechos laborales requiere, como condición sine qua non, poseer un tipo de cambio flotante y una moneda propia. La otra posibilidad es lograr una mayoría de gobiernos de izquierdas en la zona euro, que genere una política diferente y un cambio en los estatutos del BCE. Pero esta mayoría no existe. En el euro actual, no hay ventana de oportunidad.
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