Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Cuando el ex vicepresidente (y jefe de la inteligencia) Omar Suleiman anunció el pasado 11 de febrero por la televisión estatal la transferencia de poderes de Hosni Mubarak al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), millones de egipcios empezaron a celebrar en las calles la culminación de una revolución, la suya, que les había librado al fin del dictador. Las consignas de los manifestantes eran entonces «el pueblo y el ejército son solo uno». En efecto, el papel del CSFA al negarse a reprimir a los manifestantes y forzar la renuncia de Mubarak fue algo decisivo en la revuelta que duró en principio tres semanas.
Nueve meses después, cientos de miles de egipcios han vuelto a la Plaza Tahrir y a las calles de todo el país. Pero, irónicamente, sus consignas son ahora: «La policía y el ejército son solo uno», en un claro rechazo a las tácticas violentas empleadas por la policía contra los manifestantes. En tres días de confrontación desde el 20 de noviembre, hay al menos 20 muertos y más de 2.000 heridos a manos de las fuerzas de seguridad. Pero esta vez la juventud egipcia no va a empacar e irse de vuelta a casa. Están decididos a reclamar su revolución y la transferencia de poderes del ejército a un gobierno verdaderamente civil.
Pero, ¿cómo hemos llegado aquí desde allí?
Poco después de deponer a Mubarak, el CSFA prometió no permanecer en el poder más de seis meses. Posteriormente, el 19 de marzo se celebró un referéndum popular para convocar elecciones parlamentarias, que irían seguidas de la redacción de una nueva constitución y de elecciones presidenciales después. Impulsados por los Hermanos Musulmanes y otras facciones islámicas, el pueblo aprobó el referéndum con una abrumadora mayoría del 77%, aunque los partidos laicos querían redactar primero la constitución ante el temor de que los partidos islámicos obtuvieran ventajas sobre ellos tras las elecciones.
Durante esa breve campaña, todas las tendencias políticas tuvieron claro que los partidos de inspiración islámica, dirigidos por los Hermanos Musulmanes (HM), están mejor organizados, bien financiados y tienen capacidades y habilidades para movilizar a la gente a favor de su causa. Este hecho causó temor y pánico no solo entre los partidos liberales, laicos e izquierdistas de Egipto sino también entre otras potencias occidentales lideradas por EEUU.
Por otra parte, los tradicionales partidos liberales y laicos expresaron su preocupación por el hecho de que si las elecciones se celebraban pronto, los islamistas estarían mejor preparados para ganar gran parte de los escaños y dictar una nueva constitución que podría recortar algunas libertades o favorecer la aplicación de las leyes islámicas. A pesar del pronunciamiento de la mayoría de los partidos islámicos, incluido el Partido por la Libertad y el Trabajo, el brazo político de los HM, de que el comité de redacción de la constitución incluiría a todos los partidos y tendencias políticas, la mayoría de los partidos laicos no confiaban mucho en esas ofrecidas seguridades.
Durante el verano, los partidos más liberales y laicos presionaron al CSFA para emitiera un decreto que impusiera una serie de principios supraconstitucionales que poder así encasquetar al futuro parlamento. Quienes se opusieron a esto defendían que, a primera vista, esta práctica es antidemocrática, usurpa los derechos del pueblo y pisotea su derecho a manifestar su libre voluntad. También argumentaban que no eran necesarios ya que todos los partidos se habían puesto de acuerdo en la naturaleza del estado, es decir, que sea de carácter civil y democrático.
Sin embargo, los partidarios del primer enfoque presionaron para imponer su visión. En consecuencia, el viceprimer ministro Ali Al-Silmi, apoyado por el CSFA, convocó una conferencia con todos los partidos políticos donde se aprobara su plan para la futura constitución. Pero hay que destacar que en ese documento se solicitaba también un privilegio constitucional especial para el ejército, que le dotaba de hecho de un estatus soberano. De hecho, pedía que su presupuesto quedara fuera del ámbito parlamentario y que tuviera un poder de veto sobre cualquier decisión estratégica del gobierno. En resumen, un papel similar al que el ejército turco tuvo en su país a partir del golpe militar de 1960, hasta que el primer ministro Erdogan, del Partido por la Justicia y el Desarrollo, salió elegido en 2002.
El rechazo al documento propuesto por Al-Silmi fue rápido y total no sólo en principio por parte de los partidos islámicos, sino también por otros partidos laicos y nacionalistas debido a su vuelco a favor del ejército. Fue un esfuerzo apenas velado por mantener al ejército fuera del control y supervisión de las futuras instituciones democráticas del estado.
Pero ese ha sido solo el episodio más reciente de los muchos intentos del CSFA por manipular el futuro curso de Egipto. Desde el mismo principio se ha ido quedando rezagado a la hora de poner en marcha los objetivos de la revolución. Las rechazadas leyes de excepción no se han derogado nunca. Aunque han cambiado el nombre del aparato de la seguridad, se han mantenido las mismas tácticas y a gran parte de los altos responsables. Alrededor de 12.000 civiles fueron acusados y procesados velozmente en juicios militares por los que tuvieron que hacer frente a duras sentencias, mientras la mayoría de los dirigentes corruptos del régimen de Mubarak -incluido el depuesto presidente y sus hijos- han sido juzgados a regañadientes en lentos tribunales civiles.
Además, ninguna de las reformas anunciadas por el CSFA salió de su propia iniciativa. O bien se adhirieron de mala gana a las sentencias finales dictadas por el poder judicial o bien tuvieron que plegarse a las demandas del pueblo, puestas en pie tras muchas semanas de lucha que culminaron finalmente en grandes manifestaciones y sentadas. A saber:
La destitución del gabinete de Mubarak a favor de un nuevo gobierno apoyado por el pueblo; la prohibición del corrupto partido de Mubarak y la confiscación de sus activos; la destitución de miles de funcionarios corruptos de los consejos locales; el juicio a altos dirigentes y ministros del depuesto régimen; la apertura del cruce de Rafah para aliviar el bloqueo contra Gaza; tras muchos retrasos, el establecimiento de fechas definitivas para las elecciones; la reforma de las leyes electorales para poder incluir listas de partidos así como candidatos individuales; permitir que los emigrantes egipcios puedan votar desde el extranjero. Es preciso señalar que ninguna de estas demandas, así como otras muchas, hubiera podido conseguirse sin llevar la cuestión a las calles. Y muy a menudo, las decisiones llegaban tarde, mal y nunca, o con resultados ineficaces e intrascendentes.
Por ejemplo, todos los partidos políticos han estado pidiendo que se activase una ley que marginara de la política a todos aquellos individuos anteriormente implicados en la corrupción política, excluyendo realmente a todos los dirigentes del Partido Democrático Nacionalista de Mubarak (PDN). Pero el CSFA estuvo durante meses dando largas al tema mientras cientos de esos mismos dirigentes del PDN se presentaban a la semana siguiente como candidatos a las elecciones, bien como independientes o formando parte de las listas de seis nuevos partidos vinculados con el viejo régimen. Finalmente, el pasado lunes, solo una semana antes de las elecciones, el CSFA fue y promulgó la Ley sobre la Corrupción Política, que hace casi imposible que se pueda impugnar a algún candidato ya que solo puede descalificársele a través del lento sistema judicial egipcio.
Mientras tanto, el CSFA ha devenido vulnerable ante las tremendas presiones aplicadas por gobiernos extranjeros por diferentes motivos. Algunos gobiernos árabes dirigidos por Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han utilizado sus influencias financieras para sacar del apuro al depuesto presidente deteniendo o ralentizando su juicio debido a sus fuertes vínculos con él. Además, EEUU y otros países occidentales han insistido en que el CSFA ofrezca seguridades específicas respecto a los intereses israelíes y occidentales, así como que asegure ciertas concesiones por parte de los partidos políticos islámicos. Por ejemplo, ante la insistencia de EEUU, el CSFA exigió y recibió seguridades de los HM a finales de abril de que el grupo no se presentaría a las futuras elecciones presidenciales.
En junio, el CSFA estaba exigiendo que el grupo no propusiera a ninguno de los suyos para el puesto de primer ministro aunque ganara las elecciones. En agosto, se dijo de nuevo a los HM que respecto a cualquier futuro gobierno no deberían presionar para conseguir puestos importantes tales como el de ministro de asuntos exteriores o del interior para no crear enfrentamientos con Occidente. Aunque el grupo había aceptado de mala gana no presentarse a los puestos de jefe de estado o de gobierno, esta vez sintieron que se les exigía ya demasiado y se negaron a aceptar nuevas restricciones a su participación en la política.
El pasado julio, el Comité de Asignaciones del Congreso estadounidense destinó 1.550 millones de dólares a Egipto con la condición de que esa ayuda se destinara en gran parte a «programas y actividades de seguridad fronteriza en el Sinaí», para aliviar las preocupaciones de Israel por la seguridad. También sirvió para que la secretaria de estado Hillary Clinton certificara la humillante exigencia de que el gobierno de Egipto (supuestamente elegido de forma democrática) «no estará controlado por una organización terrorista extranjera, ni sus afiliados o simpatizantes; que está cumpliendo el Tratado de Paz entre Israel y Egipto, y que está dando pasos para detectar y destruir los túneles y las redes de contrabando entre Egipto y la Franja de Gaza». Así pues, cuando las autoridades egipcias accedieron el pasado mayo a la demanda del pueblo egipcio de que se abriera el cruce de Rafah para aliviar el bloqueo contra Gaza, el cruce se cerró de nuevo tres días después a causa de las presiones de EEUU e Israel. En la actualidad, el estatuto del cruce de Rafah no difiere mucho del de la era de Mubarak.
El pasado septiembre, el CSFA fijó finalmente la fecha de las elecciones parlamentarias para el 28 de noviembre. Pero pidió un proceso electoral escalonado que se llevará a cabo en tres etapas para la cámara baja y en dos etapas para la cámara alta, finalizándose realmente el proceso electoral en marzo de 2012. Muchos partidos políticos y movimientos a favor de la democracia manifestaron su preocupación de que con un sistema tal (junto a la prohibición de observadores internacionales de las elecciones), las elecciones podrían manipularse, sobre todo al ser el mismo ministerio del interior (integrado por nombramientos de Mubarak) quien supervisaría partes importantes del proceso electoral.
Para asegurar unas elecciones libres y justas, el CSFA empezó tácitamente a exigir concesiones de los principales partidos políticos, especialmente de los HM y otros partidos de tendencia islámica. A cambio de su apoyo a los principios supraconstitucionales de Al-Silmi, el CSFA se comprometió a garantizar unas elecciones parlamentarias libres y justas. Pero los HM y otros partidos salafíes se negaron incluso a aparecer para discutir el documento. Mientras tanto, otros grupos de jóvenes y liberales por la democracia se sentían inmensamente preocupados por los poderes extra constitucionales concedidos al ejército en ese documento. Temiendo un intento de hacerse con el poder, la mayoría de movimientos y partidos políticos se unieron para rechazarlo, y convocaron una manifestación de un millón de personas en la plaza de Tahrir el viernes 18 de noviembre, insistiendo en la restauración de los objetivos de la revolución. Recordando los primeros días de la misma, cientos de miles de personas se reunieron esa tarde no solo en Tahrir sino también en otras ciudades importantes como Alejandría, Suez y todo el Delta del Nilo.
Tras la impresionante manifestación de todas las facciones políticas: islámicas, laicas, liberales, izquierdistas y grupos de jóvenes, el CSFA no tuvo otra opción que retirar el documento. El sábado, unos cuantos miles de activistas de los movimientos de jóvenes que prendieron la llama de la revolución el pasado enero, decidieron permanecer en la Plaza de Tahrir e iniciar una sentada para exigir el desmantelamiento del ineficaz gobierno, a cuyo frente está el Dr. Esam Sharaf desde el mes de marzo, controlado por el CSFA y exigir el fin del régimen militar.
Esa tarde, por razones que aún no están muy claras, las fuerzas de seguridad decidieron evacuar por la fuerza a los pocos miles de manifestantes. Para hacerlo utilizaron todas las tácticas de era Mubarak: gases lacrimógenos, balas de goma, bastones, palizas, arrestos masivos, rociadas de gas pimienta y humillaciones físicas y verbales. Pero los manifestantes se negaron a marcharse, se pusieron a luchar y pidieron refuerzos tras sufrir muchas bajas. En unas horas, Tahrir se llenó de nuevo de decenas de miles de personas exigiendo sus demandas una vez más.
Si hubo una lección a aprender del derrocamiento de Mubarak, fue que cuando a la gente se le niegan sus demandas, el techo de las mismas se eleva. Al tercer día de esta fabricada confrontación, la mayoría de los grupos políticos, con la excepción de los HM, estaban no solo protestando en la Plaza de Tahrir sino por todo Egipto. Los indignados manifestantes exigían ahora la dimisión total del gobierno y la expulsión de la cúpula militar que debía ser reemplazada con un consejo presidencial civil interino.
Los HM anunciaron que aunque apoyaban las demandas del pueblo no participarían para no agravar la peligrosa situación con las fuerzas de seguridad. En sus pragmáticos cálculos, los HM vieron este último episodio como un intento deliberado por parte del ejército de utilizar la inducida violencia para aplazar de nuevo las elecciones en las que muchos creen que su partido puede salir vencedor. De forma parecida al acuerdo que los HM alcanzaron con Suleiman en los días anteriores al derrocamiento de Mubarak, de nuevo los HM pensaron más en sus beneficios inmediatos que en el consenso nacional para forzar el fin del régimen militar. Al igual que cambiaron su decisión en dos días el pasado febrero debido a las presiones de la calle, muchos de sus miembros y simpatizantes en las calles están abiertamente exigiendo su inclusión junto a los jóvenes revolucionarios.
El martes 22 de noviembre, el jefe del CSFA, el Mariscal de Campo Hussein Tantawi y el Jefe del Estado Mayor, el general Sami Anan, se reunieron con todos los partidos políticos y posibles candidatos presidenciales. Después de una reunión-maratón de cinco horas, el CSFA capituló y aceptó todas las demandas: declarar un alto el fuego inmediato; liberar a los miles de manifestantes detenidos desde el sábado; atender a todos los heridos y compensar a las familias de los asesinados; y llevar ante la justicia a todos los responsables de la violencia. En las demandas políticas, acordaron además destituir al gobierno del Dr. Sharaf y nombrar un gobierno de unidad nacional; mantener la fecha del comienzo de las elecciones de la próxima semana; garantizar elecciones libres y justas; y fijar una fecha definitiva para la transferencia al poder civil celebrando elecciones presidencias a más tardar el 30 de junio de 2012.
Cuando Tantawi presentó su discurso esa tarde prometiendo un nuevo gobierno, dejando intacta la fecha de las elecciones y poniendo fin al régimen militar el próximo junio, la gente de Tahrir no se sintió satisfecha. Siguieron gritando: «Vosotros os vais, nosotros nos quedamos», la misma consigna que le dedicaron a Mubarak.
El problema inmediato ahora es la total falta de confianza entre la gente en las calles y el consejo militar. La gente está harta del juego del gato y el ratón desplegado por el CSFA, donde cada demanda importante se consigue solo tras intensas luchas. Aunque es verdad que el CSFA fue fundamental para acelerar la caída de Mubarak, los revolucionarios tienen también bastante claro de que el CSFA tiene una agenda diferente que a menudo entra en conflicto con los objetivos de su revolución.
Ahora los revolucionarios han jurado permanecer en Tahrir hasta que el CSFA ceda realmente el poder mucho antes del próximo año ante un nuevo gobierno civil de unidad nacional investido de poderes para vigilar las elecciones, supervisar la redacción de la constitución y poner en marcha todos sus objetivos sin interferencias ni dictado alguno del ejército.
Esam Al-Amin es un escritor independiente colaborador de numerosas páginas en Internet. Puede contactarse con él en: [email protected]
Fuente: http://www.counterpunch.org/