El desarrollismo y el maridaje del poder político y empresarial en la concesión de licencias disparan las denuncias de corrupción en Canarias, pero la Justicia sigue apuntando a los simples intermediarios. La corrupción en Canarias es y ha sido un hecho cotidiano, casi consustancial a ‘lo nuestro’. Paulino Rivero, presidente de Coalición Canaria (CC) y […]
El desarrollismo y el maridaje del poder político y empresarial en la concesión de licencias disparan las denuncias de corrupción en Canarias, pero la Justicia sigue apuntando a los simples intermediarios.
La corrupción en Canarias es y ha sido un hecho cotidiano, casi consustancial a ‘lo nuestro’. Paulino Rivero, presidente de Coalición Canaria (CC) y diputado en las Cortes, ha llegado a declarar en referencia a esta realidad que «las cosas hay que verlas con normalidad y no dramatizar». Miembros del colectivo Asamblea por Tenerife consideran que el modelo ultradesarrollista basado en el turismo y la construcción, junto a la condición de paraíso fiscal generada por los sucesivos Gobiernos de Canarias y las abundantes ayudas y subvenciones europeas, han configurado un paisaje propicio para toda una fauna de comisionistas y de empresarios.
El 2006 ha comenzado con una campaña de limpieza desde la judicatura amplificada en los medios. En enero se supo que las escuchas telefónicas autorizadas por el juez Miguel Ángel Parramón, captaron cómo el magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José A. Martín, asesoraba, en presencia de su amigo Wilebaldo Luis Yanes a Julio Bornia sobre la excarcelación de su hermano Rafael, actualmente en prisión preventiva por narcotráfico y blanqueo de capitales. Sin embargo, desde que el 18 de enero el Consejo General del Poder Judicial suspendiera de sus funciones al magistrado, y a pesar de que se le imputan, entre otros, los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, nada ha trascendido de este grave episodio de corrupción judicial surgido al hilo de las investigaciones sobre el tráfico de influencias en la concesión de los parques éolicos en Canarias.
La primera trama municipal
Estas investigaciones se basaron en la denuncia que en febrero de 2005 había presentado Alberto Santana -ex gerente de la empresa Siemenca- contra Celso Perdomo, Wilebaldo Luis y el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, José Suárez Gil, por «presunta corrupción y asociación mafiosa». Santana aportó pruebas que demostraban cómo a mediados de 2004 desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, gobernada por Luis Soria (PP), se habían enviado correos electrónicos con información privilegiada acerca del futuro decreto del concurso eólico. El remitente de los e-mail donde se filtraron hasta tres borradores del decreto era Celso Perdomo, director general de Industria.
Por otro lado, en noviembre de 2004 Francisco Cabrera, consejero de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga S.A., acusaba al presidente de la autoridad portuaria, José Manuel Arnáiz, de practicar «tráfico de influencias» al transmitir información privilegiada a las sociedades controladas, entre otros, por los empresarios Javier Esquivel, Germán Suárez y Eustasio López. La renuncia de Megaturbinas -empresa controlada por los hermanos Soria y el PP- al negocio de la energía eólica propició que Promotora de Recursos Eólicos S.L., creada por los citados empresarios en mayo de 2003 para la administración de fincas rústicas, solicitara suelo en Arinaga, Puerto del Rosario y Arrecife para la instalación de aerogeneradores. A pesar de la alarma social que se ha generado lo cierto es que solamente permanecen en prisión Celso Perdomo y su novia Mónica Quintana, titular de la cuenta en Luxemburgo donde se ingresaban las comisiones, pues el resto de los imputados, pues el abogado Alfredo Briganty, Wilebaldo, Esquivel, Honorato López y Enrique Guzmán, vinculado a Hidrocantábrico, se encuentran en libertad bajo fianza. Los empresarios madrileños Daniel Fernández de Salamanca y Javier Colino, y el director comercial de Unelco, José A. Lucendo, solamente son imputados en el caso. De los propietarios de las empresas nada se sabe. También se ignora si el juez tomará declaración a Luis Soria, entonces consejero de Industria.
Además, en los últimos días de febrero la Operación Faycan ha puesto al descubierto una nueva trama de corrupción, esta vez en el municipio grancanario de Telde -segundo de la provicincia en población-, donde María Antonia Torres, una histórica concejal del PP, cobraba un 20% de comisión por las obras que ella misma asignaba en nombre del Consistorio teldense. La concejal y su asesor municipal, Francisco Gordillo, han ingresado en prisión mientras el marido de la edil y también interventor municipal, Enrique Orts, ha quedado en libertad bajo fianza.
Mientras en el Cabildo de Gran Canaria, presidido por José Manuel Soria, se ha vetado una comisión de investigación sobre la trama eólica y la comparecencia del denunciante Francisco Cabrera, en el Parlamento de Canarias se investigarán las responsabilidades de su hermano, Luis Soria, durante su etapa como consejero de Industria. El PP ha contraatacado con una comisión de investigación sobre el más que posible caso de corrupción en el que está implicado un antiguo director general del Tesoro, Alberto Amorós, que formaba parte del equipo del presidente Adán Martín (CC) cuando éste era consejero de Economía y Hacienda.