Durante los últimos meses, y en especial en las últimas semanas, una vez más hemos sido testigos atónitos de la escandalosa condescendencia y complicidad por parte del Gobierno español y de la Unión Europea con Israel. Durante los últimos meses hemos visto cómo Israel expulsaba por norma y de forma arbitraria un continuo de cooperantes […]
Durante los últimos meses, y en especial en las últimas semanas, una vez más hemos sido testigos atónitos de la escandalosa condescendencia y complicidad por parte del Gobierno español y de la Unión Europea con Israel. Durante los últimos meses hemos visto cómo Israel expulsaba por norma y de forma arbitraria un continuo de cooperantes internacionales y defensores de derechos humanos, bajo el pretexto de la seguridad nacional. Hemos visto cómo Israel impedía el paso a Gaza de un grupo de parlamentarios vascos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara autonómica que iba a visitar los proyectos de cooperación realizados con financiación vasca. Hemos sido testigos de cómo compañías aéreas europeas vulneraron derechos básicos de sus clientes a petición de Israel, impidiéndoles su libertad de movimiento incluso en territorio europeo, y esta complicidad la hemos visto tanto contra la Flotilla, por mar, como contra lo que algunos llamaron la «flytilla«, por aire. Ya no solo bloquean el paso a las personas que viven en territorio ocupado; ahora también se permiten decidir por otros qué hay que hacer en Europa.
Volviendo la mirada hacia España, si algo ha marcado siempre la política exterior española son sus ansias de protagonismo en el Mediterráneo y el maquiavelismo con el que enfrenta el conflicto en Oriente Próximo. Dicen que para muestra un botón: Los «Territorios Palestinos» han sido en los últimos años destinatarios prioritarios de la cooperación española, e incluso la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, reconoce que este trabajo humanitario y de cooperación tiene «desde luego una causa, que es la ocupación» israelí. Al mismo tiempo, Israel y, más exactamente, su Ministerio de Defensa, ha pasado a ser un socio de honor de España en términos de colaboración militar, y así lo pone de manifiesto un nuevo «Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel / el Ministerio de Defensa israelí» hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011 y que se encuentra actualmente en el Senado.
Este no es un acuerdo aislado; la historia viene de largo. Hace dos años, en octubre de 2009, los medios de comunicación anunciaron, apenas en un lapsus, un inminente acuerdo de cooperación militar, el cual ya se preveía como un «paraguas» capaz de albergar mucho contenido. Acabó de fraguarse en marzo de 2010 con un Memorando sobre cooperación militar entre los dos Ministerios de Defensa que sirvió de preludio a un aumento de las relaciones comerciales en materia militar y de seguridad, y que será reforzado con el mencionado Acuerdo sobre «Información Clasificada». Este último responde al propósito de intensificar las relaciones entre ambos en materia militar, sobretodo en I+D+i e intercambio de tecnología y regula el intercambio entre las partes de información confidencial relacionada con la seguridad y el secreto de proyectos en asuntos de defensa y militares, información sobre contratos, empresas, ventas de equipos y conocimientos técnicos, con mención especial sobre la seguridad industrial. Evidentemente, esto aumentará el secretismo sobre las criticables relaciones en materia militar entre España e Israel y, como señaló Llamazares en el Congreso de Diputados, «la información clasificada que vamos a intercambiar puede proteger el encubrimiento de actuaciones ilegales y secretas por parte del Estado de Israel».
Pero además, como se manifestó también en el Congreso de Diputados, debería ser un escándalo el hecho de tratar «casi como un Estado diferenciado al Ministerio de Defensa israelí», o apelar tranquilamente a «la normalidad en las relaciones con todos los Estados, sin entrar a juzgar políticamente las actividades de los gobiernos de los Estados», como hizo el Sr. Pedret para justificar su aprobación. No es necesario volver a recopilar todas las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel para saber que no se trata de un Estado cualquiera. Sin duda se trata de un acuerdo extremadamente controvertido.
Parafraseando un derivado de Clausewitz, la guerra es la continuación de la economía por otros medios. Y en este caso, hablamos de dos Estados que se benefician, económica y políticamente, de la perpetuación de la ocupación que uno de ellos mantiene en un conflicto armado que ha costado la vida a miles de personas. ¿Cuánto tiempo tardarán en arrepentirse de estas amistades interesadas? ¿Qué tendrá que pasar para reconocer que nos hemos vuelto a equivocar?
Camino Simarro – Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs
(Artículo publicado en catalán en La Directa)
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