Trabajo Garantizado, aplicación en ayuntamientos y autonomías

La propuesta de Trabajo Garantizado (TG) fue ideada en los años sesenta del siglo pasado por el prestigioso economista Hyman Minsky como una solución a los problemas del desempleo que ya se vislumbraban entonces en la mayoría de las economías capitalistas occidentales. El diagnóstico de partida era sencillo: en la nueva fase del sistema económico capitalista (frecuentemente denominada neoliberalismo) el sector privado no es capaz de crear suficientes puestos de trabajo para alcanzar el pleno empleo debido a las limitaciones que muestra la lógica de la rentabilidad económica en un contexto de intensísima competencia internacional, de determinados avances tecnológicos y de transformación en la organización del trabajo.

En consecuencia, la receta del problema es también sencilla: se torna indispensable que intervenga el sector público creando la cantidad de puestos de trabajo que sean necesarios para alcanzar el objetivo del pleno empleo. El objetivo es que ninguna persona se quede sin trabajar si ese es su deseo, un derecho recogido en el artículo 35.1 de la Constitución Española. Se trata, pues, de convertir ese principio orientador en un derecho fundamental que disfrute de un status especial con garantías: frente al derecho del ciudadano a trabajar, la obligación del sector público de garantizárselo.

Creación de nuevos puestos de trabajo

Resulta indispensable disociar el término «trabajo» de «empleo». Un trabajo es todo aquel trabajo físico o intelectual que redunda en algún tipo de beneficio, económico, social, cultural, ecológico o de otra naturaleza. En cambio, un empleo es todo aquel trabajo por el que, quien lo realiza, recibe una contraprestación económica. El cuidado en el hogar de un padre a su hijo es un trabajo pero no un empleo.

En España hay más de cinco millones de desempleados, pero esto no quiere decir que no estén llevando a cabo ningún trabajo. Por eso, una forma importante y necesaria de crear puestos de trabajo con el TG es remunerando, visibilizando, dignificando y repartiendo buena parte de todo ese trabajo invisible que es absolutamente crucial para el desarrollo social, económico y humano de nuestras comunidades. Pero cuidado, la idea no es remunerar un trabajo que es realizado mayoritariamente por mujeres para que sigan realizándolo ellas a cambio de una renta monetaria, sino trasladar al ámbito público un trabajo que se lleva a cabo en el ámbito privado.

El TG serviría para dos cosas importantes: por un lado, para visibilizar, remunerar y dignificar un trabajo que hoy día es subestimado e invisible. Por otro lado, liberar total o parcialmente a las personas que hoy día dedican ingentes cantidades de horas a los ciudados en sus hogares y que mayoritariamente son mujeres, de forma que se avanza en la reducción de las desigualdades de género. Estamos hablando también, al fin y al cabo, del reparto del tiempo de trabajo.

En segundo lugar, es importante redefinir el concepto de la economía. En los centros académicos se está dejando en un segundo lugar buena parte de lo que hay que entender como economía: aquello que nos da utilidad, que nos permite vivir mejor, que nos hace más felices. Hay que repensar la economía y dejar de concebirla como algo relacionado exclusivamente con el beneficio, con lo físico y con el mercado.

Las actividades propuestas consisten fundamentalmente en servicios personales y ecológicos no intensivos en recursos naturales ni en generación de residuos, de forma que el impacto medioambiental es muy reducido. A ello hay que sumarle que en el reparto de los empleos debe primar la cercanía entre los puestos de trabajo y el lugar de residencia, de forma que el consumo energético derivado del desplazamiento también se reduce.

Financiación de los nuevos puestos de trabajo

Tras conocer la propuesta de TG, ¿cómo pagar los nuevos puestos de trabajo? En primer lugar, repensemos el dinero en su sentido más general.

Naturaleza del dinero El dinero es un invento del ser humano para facilitar las transacciones económicas que tienen lugar en una sociedad. Es sólo una unidad de medida para registrar cuánto aportan las personas a la sociedad. El dinero es la forma que tiene la sociedad de medir todo el valor que aporta la gente y es a las deudas lo que los kilómetros a la distancia. Es una unidad de medida, un concepto abstracto que no se puede tocar.

Precisamente por esto, no tiene sentido hablar de escasez de dinero. Si queremos medir una deuda y no tenemos a mano dinero, podemos crearlo. En otras palabras: si queremos medir la deuda que la sociedad adquiriría con el nuevo trabajador del TG por aportar valor, bastaría con crear la cantidad de dinero necesario. Así de sencillo. Ahora bien, que podamos crear dinero no quiere decir que siempre sea conveniente hacerlo. Existen límites a tener en cuenta que se pueden resumir en cuatro:

• 1. Para crear puestos de trabajo necesitamos a gente dispuesta a trabajar

• 2. Necesitamos que las personas dispuestas a trabajar tengan los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades correspondientes. Hace falta determinada formación.

• 3. Es imprescindible contar con la tecnología, herramientas y máquinas necesarias para realizar las actividades encomendadas.

• 4. Es necesario que la sociedad tenga la capacidad de saldar las deudas que contrae con la generación de nuevos puestos de trabajo. La sociedad tiene que tener a la venta tantos bienes y servicios y de suficiente diversidad para absorber ese nuevo dinero creado. De lo contrario, la inflación aumentaría notablemente y tendría impactos negativos en la economía.

Respecto a la última limitación mencionada, es necesaria una matización importante: la aparición de tensiones inflacionistas no es automática ni instantánea a la generación de dinero, algo que muchos economistas señalan erróneamente. Que los empresarios decidan elevar los precios de sus productos depende de muchos otros factores diferentes a la cantidad de dinero en circulación (capacidad de producción, nivel de competencia, disposición a incrementar beneficios, facilidad técnica de modificar los precios… De todo esto deducimos que se podrían crear muchos puestos de trabajo sin la necesidad de que surgieran tensiones inflacionistas. De hecho, en la mayoría de países avanzados el problema de empresas y autónomos es que no tienen suficientes clientes. Lo que hoy quieren la mayoría de vendedores es vender todo lo que producen y mejorar algo su situación, no hacerse de oro aumentando los precios aprovechándose de los clientes.

En el hipotético caso de que aparecieran tensiones inflacionistas, el Estado puede reaccionar a tiempo reduciendo la cantidad de dinero en circulación, ya sea reduciendo gasto público o incrementando impuestos, con el objetivo de controlar la inflación. De lo que se trata es, precisamente, de crear tantos puestos de trabajo como sean necesarios hasta llegar al punto en el que empecemos a tensionar la economía, momento temporal que está muy distante ahora.

Sin embargo, la economía española se encuentra inserta en el marco económico y político de la Unión Europea, regida por unos planteamientos neoliberales opuestos frontalmente a la creación directa de empleo público a través de generación de dinero. Esto conlleva importantes problemas a la hora de aplicar un TG, puesto que ni tenemos soberanía monetaria (capacidad de generar dinero) ni el Banco Central Europeo está dispuesto a respaldar un TG. De ahí que haya que plantear un proceso de financiación diferente.

Créditos fiscales transferibles La alternativa de financiación más rápida y adecuada sería la generación de créditos fiscales -instrumento que concede el sector público a una empresa o individuo para que pueda pagar sus impuestos con él-. Es una opción recurrente en empresas que hayan presentado pérdidas o que guardan parte de sus beneficios y los deja inmovilizados. Por ejemplo, si una empresa tiene que pagar 100 euros en impuestos y tiene en su poder créditos fiscales por valor de 100 euros o más podrá saldar la deuda con Hacienda recurriendo a ellos. La empresa se deshará de esos créditos y al mismo tiempo eliminará ese compromiso de pago.

Supongamos que el sector público permite que esos créditos fiscales sean transferibles entre agentes económicos, que sirvan para pagar cualquier tipo de impuesto y que parte del salario de los trabajadores del TG sea pagado con este instrumento. De esta forma, los trabajadores del TG podrían comprar bienes y servicios utilizando euros pero también usando créditos fiscales. El resultado es que aunque no se hayan creado nuevos euros, sí que hay más «dinero» en circulación. Dinero en el sentido de unidad de medida. Esto permite al Estado un mayor margen de maniobra fiscal y generar más puestos de trabajo de TG de los que podría crear sin recurrir a los créditos fiscales.

Una fórmula de financiación similar es la moneda social. La diferencia más importante es que los créditos fiscales son creados por los gobiernos locales y aceptados por ellos para el pago de impuestos, mientras que las monedas sociales son impulsadas por organizaciones privadas sin ánimo de lucro y no son aceptadas para el pago de impuestos. No obstante, muchas monedas sociales han recibido apoyo explícito de los ayuntamientos y también de entidades bancarias. Las monedas sociales más importantes son las de Priem am Chiemsee (Alemania) desde 2003, Bristol (Reino Unido) desde 2012, y Toulousse (Francia) desde 2011. En el último caso, el ayuntamiento paga parte de los subsidios de desempleo en moneda social.

Reforma fiscal y redistribución de gastos Esta alternativa de financiación es menos rápida y apropiada que la anterior, aunque perfectamente compatible. En la actualidad se emplea mucho dinero en 1) intentar que muchos desempleados encuentren trabajo en el sector privado, 2) ayudas monetarias a personas sin ingresos, y 3) resolver problemas derivados del desempleo. Esta opción integraría buena parte de los gastos recogidos en los puntos 1 y 2 para, con el paso del tiempo, ahorrar gastos en el punto 3.

Está claro que algo falla en la forma en que se combate el desempleo. Y lo que falla es la teoría, no tanto la puesta en práctica de la misma. El problema es que tanto en la citada teoría del mercado de trabajo como en las mentes de los gobernantes impera la idea de que los puestos de trabajo están ahí, están dados, y que por lo tanto lo único que hay que hacer es acondicionar a los parados para encuentren esos empleos. No se enteran o no se quieren enterar de que simplemente esos puestos de trabajo no existen.

Por eso, una mejor forma de combatir del desempleo es crear directamente esos puestos de trabajo con el TG. Poner todas las esperanzas en esperar a que los empresarios creen empleos o que los ciudadanos se autoemplean es absurdo. Puestos a utilizar dinero público con el objetivo de aumentar el volumen de empleo, creemos directamente puestos de trabajo mediante un TG y dejemos de malgastar recursos intentando conectar parados con empleos inexistentes.

La aplicación del programa en la economía española, teniendo en cuenta una horquilla salarial de 900 a 1.200 euros mensuales, tendría un coste del 2,68% del PIB, un coste muy inferior a lo que se podría recaudar si se combatiese con decisión el fraude fiscal de grandes empresas y fortunas. Es más, los sucesivos gobiernos españoles han dedicado más de un 6,9% del PIB a dar dinero a la banca, endeudándose en los mercados financieros por ello. Si hubiese voluntad política cualquier gobierno podría implementar desde ahora mismo un Trabajo Garantizado, ya fuese recaudando más dinero o endeudándose.

La aplicación del TG desde lo local y lo autonómico

Debido a la reforma de las Haciendas Locales el margen fiscal de las administraciones locales es muy reducido. Para colmo, la legislación española impide a un ayuntamiento crear nuevos puestos y limita sustancialmente que pueda modificar algunas figuras impositivas existentes. En el caso de las autonomías el margen es mayor, aunque la aplicación del TG en condiciones óptimas es limitada en comparación con el ámbito estatal.

Lo ideal es que los ayuntamientos y autonomías creen créditos fiscales para desarrollar políticas de TG. Sin embargo, también existen diferentes vías para mejorar el margen presupuestario.

Desde el gobierno local se pueden modificar o crear nuevas figuras impositivas siempre desde los principios de izquierda y la justicia social, teniendo en cuenta que deben ser progresivos, alterar lo mínimo las decisiones de quienes pagan esos impuestos y lo más simples posible, puesto que las capacidades de gestión y control tributario son limitadas en administraciones locales.

Una explicación al respecto de este tipo de figuras impositivas es la realizada por el profesor de Derecho Financiero y Tributario Agustín Turiel. Para empezar, sería conveniente reformar:

• 1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): eliminando ciertas exenciones y bonificaciones que vulneran su progresividad. Hay que equiparar la base imponible con la del valor de mercado y elevarlo mediante una escala progresiva que logre que los más acaudalados paguen más.

• 2. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: eliminar determinadas bonificaciones y exenciones, así como buscar la progresividad.

• 3. Impuesto sobre Actividades Económicas: recuperar las características que tenía en 2002, logrando que la totalidad de lo recaudado se quede en los ayuntamientos.

En segundo lugar, existen impuestos eliminados que se pueden recuperar:

• 1. Impuesto sobre Gastos Suntuarios: gravar las cuotas de entrada de socios en círculos o sociedades de recreo o deportivos que superen una determinada cantidad.

• 2. Impuesto sobre la publicidad: gravaba la exhibición o distribución de carteles y rótulos de carácter comercial o industrial.

En tercer lugar, se pueden crear diversos impuestos:

• 1. Impuesto sobre bienes suntuarios: gravar productos que revelan una elevada capacidad económica de su propietario

• 2. Impuesto sobre casas vacías.

• 3. Impuesto sobre grandes superficies, centros y cadenas comerciales.

• 4. Impuesto sobre centros de negocios: sobre edificios destinados a oficinas con una superficie superior a un determinado nivel.

• 5. Impuesto sobre estancia en establecimientos turísticos: pagarían los turistas que hagan estancia en dichos establecimientos

• 6. Impuesto sobre la distribución de folletos publicitarios.

• 7. Impuesto sobre titularidad societaria de activos no afectos a una actividad económica: grava a las sociedades mercantiles por los activos que no estén relacionados con una actividad económica.

De acuerdo a un importante número de estudios de viabilidad, el coste de la implementación del Trabajo Garantizado es perfectamente asumible por sociedades desarrolladas como la nuestra. Y aunque la medida está pensada para ser aplicada desde el ámbito estatal, aunque gestionado en los ayuntamientos, hay margen para llevar a cabo algunas políticas de TG desde municipios y comunidades autónomas y aunque la mejor opción es recurrir a los créditos fiscales como instrumento de financiación, existen paralelamente mecanismos que redistribuyen el gasto y reforman determinadas figuras impositivas que otorgarán mayor capacidad de financiar nuevos empleos en línea con los principios y características del Trabajo Garantizado.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Trabajo-Garantizado-aplicacion-en