Se consolida nuestro autoritarismo amable: PSOE, PP, CIU, PNV y CC se han negado, en el Congreso de los Diputados, a reformar la ley electoral para que los españoles seamos iguales ante las urnas. Quieren que el voto de quienes apoyamos a la izquierda con programa de izquierdas siga valiendo siete veces menos que el […]
Se consolida nuestro autoritarismo amable: PSOE, PP, CIU, PNV y CC se han negado, en el Congreso de los Diputados, a reformar la ley electoral para que los españoles seamos iguales ante las urnas. Quieren que el voto de quienes apoyamos a la izquierda con programa de izquierdas siga valiendo siete veces menos que el de ellos. Y quieren que les llamemos demócratas pese a su adicción al fraude electoral preventivo y, a ser posible, vitalicio. La ley establece la trampa y la ley niega el igual valor que debiera tener el voto de cualquier ciudadano. Cada día son más tramposos y menos demócratas, porque ya no tienen la excusa del peligro golpista para marcar la baraja.
Han utilizado procedimientos democráticos para negar la democracia. Son mayoría, pero no mayoría democrática. Democracia no es sólo forma, es decir, articular mayorías, sino también contenido, es decir, respetar los derechos humanos. Y la igual valía de cada ser humano implica la igual valía de cada voto porque, si de verdad somos iguales en derechos, debemos tener idéntico derecho a influir en los asuntos de todos. Una mayoría que estableciera la discriminación racial, la tortura legal o el gerontocidio (cuando no baste con los pensionazos) sería indudablemente mayoría, pero no sería mayoría democrática.
En las últimas elecciones generales a Izquierda Unida cada diputado le costó 484.935 votos, al PSOE 66.797 y al PP 66.739. Si al PSOE y al PP cada escaño le hubiera requerido los mismos votos que a IU, habrían obtenido 23 y 21 escaños respectivamente, en vez de 169 y 154. En tal caso, seguro que estarían de acuerdo conmigo en que la foto de quienes hacen tales leyes electorales debía aparecer en los diccionarios junto a la palabra tramposo y no junto a demócrata.
La negativa del Congreso a reformar la ley electoral condena a España al autoritarismo blando. El estudio de Torben Iversen y David Soskice sobre diecisiete sistemas electorales democráticos, entre 1945 y 1998, demostró que en los estados con sistema proporcional (igual porcentaje de diputados que de votos) hubo un 25% de gobiernos de la derecha. Por el contrario, en donde los sistemas electorales eran mayoritarios (los partidos grandes obtienen más porcentaje de diputados que de votos), la derecha tuvo el 75% de los gobiernos. Iversen y Soskice afirman que «los gobiernos de centroizquierda tienden a predominar durante largos períodos de tiempo bajo sistemas proporcionales, mientras que los gobiernos de centroderecha tienden a predominar bajo instituciones mayoritarias»1. Creo que los sistemas mayoritarios no debieran considerarse democráticos porque tergiversan el valor del voto.
La negativa del Congreso a reformar la ley electoral también nos condena al atraso social. Un estudio de Vicenç Navarro sobre los sistemas políticos y los estados del bienestar, para el período 1946-1980, caracteriza a Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Austria como «sistemas socialdemócratas» porque estuvieron gobernados durante la mayor parte del tiempo por partidos y coaliciones de izquierdas2. Todos ellos tenían sistemas electorales proporcionales3 y lograron los mayores niveles de bienestar y redistribución de la renta en el mundo desarrollado.
Por el contrario, Canadá, Irlanda, Gran Bretaña y Estados Unidos, los de «sistemas liberales», apenas tuvieron gobiernos de izquierdas durante la etapa indicada. Todos ellos tenían sistemas electorales mayoritarios y sus niveles de bienestar y redistribución de la renta fueron comparativamente más bajos.
El sistema electoral español tiene efectos similares a los mayoritarios y, teóricamente, podría proporcionar una mayoría absoluta con tan sólo el 33% de los votos4. El pecado original de nuestro sistema electoral se halla en su sometimiento a elementos políticos antidemocráticos.
El Informe sobre la reforma del sistema electoral, presentado en diciembre de 2008 a la Comisión de Estudios del Consejo de Estado, afirma sobre la primera formulación de nuestra ley electoral, que «mientras que en los contactos con el ala dura del franquismo se llegó a un cierto compromiso, a la oposición democrática se le hicieron sólo concesiones menores». Y así se diseñó un sistema a la carta para que UCD pudiera obtener más del 50% de los escaños con el 36-37% de los votos. «La Constitución de 1978 elevó a rango constitucional los aspectos sustanciales del Decreto-ley de 1977» y la LOREG, en 1985, mantuvo «inalteradas las principales disposiciones contenidas en el Decreto-ley de 1977»5, señala el informe.
Ahora, en 2010, se decide mantener el «cierto compromiso» con el «ala dura del franquismo», precisamente cuando se procesa a un juez por investigar crímenes de la dictadura. Los representantes niegan a los representados un sistema electoral plenamente democrático y perpetúan su visión de la democracia como técnica de control social y no sólo expresión de la voluntad popular. Y los representados, un tanto despistados, seguimos llamando al pan vino y al vino pan.
[i] Torben Iversen, David Soskice, «Electoral Institutions and the Politics of Coalitions: Why Some Democracies Redistribute More Than Others», American Political Science Review, Vol. 100, Núm. 2, mayo de 2006, pp. 166 y 175.
[ii] Vicenç Navarro, Globalización económica, poder político y Estado del bienestar, Editorial Ariel, Barcelona, 2000, p. 56.
[iii] T. Iversen, D. Soskice, op. cit., p. 173.
[iv] Ignacio Lago, José Ramón Montero, «`Todavía no sé quiénes, pero ganaremos:´´ manipulación política del sistema electoral español», Working Papers Online Series, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2005, p. 33.
[v] José Ramón Montero, Pedro Riera, Informe sobre la reforma del sistema electoral (Presentado a la Comisión de Estudios del Consejo de Estado en Diciembre de 2008), Madrid, 2008, pp. 8, 9 y 10.
Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.