Los ciudadanos chilenos votaron hace casi 20 años no sólo contra Pinochet, sino contra su régimen dictatorial. Sin embargo Chile se libró del dictador, pero no de su herencia, «atada y bien atada» por un sistema electoral que bloquea su posible modificación. Se trata por tanto de un sistema injusto y tramposo que quedó deslegitimado […]
Los ciudadanos chilenos votaron hace casi 20 años no sólo contra Pinochet, sino contra su régimen dictatorial. Sin embargo Chile se libró del dictador, pero no de su herencia, «atada y bien atada» por un sistema electoral que bloquea su posible modificación. Se trata por tanto de un sistema injusto y tramposo que quedó deslegitimado en el referéndum de 1988, y por tanto debería ser derogado.
En Chile se han celebrado recientemente elecciones al Senado, a la Cámara de Diputados y a la Jefatura del Estado en dos vueltas. Se ha hablado del sistema electoral binominal, pero generalmente no se explica en qué consiste la tramposa herencia que el dictador Pinochet ha legado a su patria, y que 15 años de gobiernos de la Concertación no han sido capaces de cambiar.
La votación a jefe del Estado es la más sencilla: Cada elector vota por un candidato, y si alguno obtiene más del 50% sale elegido automáticamente. En caso contrario los dos más votados pasan a la segunda vuelta, resultando elegido quien más votos obtenga, que será la persona que adquiera la Jefatura del Estado y del poder ejecutivo.
El congreso se divide en dos cámaras, de Diputados y el Senado. En ambos casos se eligen por circunscripciones electorales y un sistema mayoritario corregido llamado sistema binominal. ¿En qué consiste?
Cada coalición de partidos puede presentar hasta dos candidatos por circunscripción, figurando en la papeleta, junto al nombre del candidato, no sólo el nombre de la coalición sino su propia adscripción a tal o cual partido o independiente. Cada elector sólo puede marcar un candidato.
El reparto de los escaños de cada circunscripción se hace de la manera siguiente: El primero va al candidato más votado, y el segundo al candidato más votado de la segunda lista en votos, aunque el segundo de la lista más votada hubiera conseguido más votos que el primero de la segunda lista. Para que los dos escaños queden en poder de la lista más votada, ésta tiene que duplicar en votos a la segunda lista (el llamado doblaje), dándose la circunstancia absurda, también en este caso, de que puede salir elegida una persona con menos votos que otra.
Este es el famoso sistema binominal que tan desprestigiado está en Chile, pero que aún nadie de los que tienen capacidad para hacerlo lo haya transformado, o al menos intentado. Pero si aberrante resulta este sistema llamado binominal, que produce estos resultados tan injustos, lo verdaderamente antidemocrático es el propio sistema mayoritario, que impide la representación de las minorías (la coalición Juntos Podemos Más obtuvo un 7% de votos en las legislativas, sin conseguir ningún escaño).
Este sistema electoral es una de las herencias vigentes de la dictadura de Pinochet. Pero hay más aspectos que hacen pensar que la transición hacia la democracia en Chile todavía tiene un largo trecho que recorrer.
Los partidos, para ser legalizados, tienen que presentar un elevado número de firmas de votantes. Pero si en unas elecciones no alcanzan el 5% de votos en todo el territorio, o un porcentaje superior en tres pro- vincias consecutivas, tiene que repetir el proceso de presentación de firmas para poder volver a tener existencia legal, con el consiguiente desgaste de energías.
La ley obliga a votar, bajo sanción, a toda persona inscrita en el censo electoral. Por eso algunos partidos proponen el voto nulo (no la abstención) en segunda vuelta. Esto no significa que la participación sea del 100%, pues lo que ocurre es que muchos ciudadanos con derecho a voto no se inscriban, por no verse obligados a votar el resto de sus días, lo que ocurre con sectores poco identificados con las reglas de la democracia institucional, en particular la heredada de la dictadura, lo cual impide que estos sectores pudiesen votar en circunstancias especiales. Además, en las pasadas elecciones, ha habido un número considerable de personas, en particular jóvenes, que no han podido votar por culpa de la escasa diligencia de la administración censal. Esta obligatoriedad en el voto contrasta con la imposibilidad de voto de los residentes en el extranjero (otra de las herencias de Pinochet, para excluir a toda la colonia exiliada).
Los colegios electorales están separados por sexos, con lo que la familia, que la constitución pinochetista considera el pilar de la sociedad, no puede votar unida. Además los carabineros y militares son los encargados de resguardar el Orden Público.
Como anécdota, el día de las elecciones se prohíbe la apertura de casi todos los comercios, y la venta y distribución de alcohol durante las 24 horas. El periódico de mayor tirada en España informaba de la «ley seca» impuesta en las elecciones bolivianas, como para destacar algo pintoresco de un país que elige a presidentes también «pintorescos». Sin embargo oculta este mismo aspecto en Chile, afirmando que este país ha cerrado ya su transición democrática por el sólo hecho de no tener ya senadores vitalicios.
No quisiera que estas líneas se interpretaran como un análisis paternalista, desde la neo-metrópoli, sobre la transición de un país hacia la democracia siguiendo el modelo que España ha tratado de exportar con verdadero cinismo. Porque existen otros aspectos de los que deberían aprender con humildad algunos países que se llenan la boca de democracia todos los días.
Los cuatro candidatos presidenciales de la primera vuelta celebraron dos debates que fueron televisados por varias cadenas en directo. En ellos, las preguntas a las que les sometieron los periodistas, y el tiempo de respuesta, fue escrupulosamente el mismo para cada candidato.
Además en Chile, como es sabido, se está procesando al que fue jefe del estado y a unos cuantos responsables de la represión durante la pasada dictadura militar, sin que la dignidad de las víctimas tenga que soportar el castigo añadido del olvido por razones de coyuntura o posible enfado de los militares. Y se están rescatando para la memoria algunos de los lugares más tristes de aquel período, como la Villa Grimaldi, hoy parque por la paz, lo que debería ser ejemplo para nosotros.
Herencia de dictaduras
Aunque de todos conocido, no está de más recordar que las dictaduras militares suspenden y destruyen, de manera violenta e ilegal, no sólo un sistema democrático vigente con su ordenamiento jurídico, sus instituciones, sus representantes populares, sino también las condiciones que regulan las relaciones entre los agentes productivos, los derechos sociales y laborales conquistados, etc., eliminando físicamente además a una gran parte de los dirigentes políticos y sociales que expresaban y conformaban los intereses populares.
Sabido es también que durante los años de gobierno de la dictadura existen muchas empresas y grupos de poder que aprovechan la situación para enriquecerse, tanto por métodos ilegales, como por las condiciones de sobreexplotación que la nueva legislación y falta de libertades suele favorecer.
Cuando el trabajo sucio de las dictaduras ha cumplido su objetivo, y el lastre que suponen, para una burguesía que se las da de democrática, empieza a ser pesado, es cuando se plantea «el retorno» a la democracia, con procesos de transición más o menos complejos, en los que supuestamente se «restituyen» derechos suspendidos. ¿Desde qué premisas se plantea esa restitución?
Si aceptamos que el golpe de estado fue ilegal e ilegítimo, no cabe otra posibilidad que volver exactamente al punto en que se encontraba el país la víspera de dicho golpe, derogando la legislación dictada en el período excepcional, rescatando todos los derechos políticos, económicos y sociales anteriores al golpe, restaurando a las instituciones y restituyendo en sus cargos y puestos a todas las personas (u otras de su misma ideología). Además los empresarios que hicieron negocio con el régimen ilegítimo tienen obligación de devolver a los trabajadores y a la ciudadanía, todo el botín acumulado con el saqueo. Y a esto habría que sumarle la reparación de todo el daño moral e irreparable causado por la pérdida de vidas, las secuelas físicas, morales, etc. de todas las víctimas. Sólo así podríamos hablar con propiedad de una verdadera restitución del orden legítimo.
Cualquier proceso de transición que no cumpla escrupulosamente con estas premisas, es una transición deficitaria, y por ello inacabada. Algunas transiciones llamadas modélicas, como la española, presentan aspectos tan aberrantes como los siguientes:
– No se reinstauró el régimen republicano que estaba plenamente legítimo y en vigor cuando se produjo el alzamiento de Franco. Y para mayor escarnio se ha heredado al jefe del Estado impuesto por el dictador.
– Ningún responsable, militar o civil, de las matanzas, torturas y represión realizada, ha sido procesado.
– Algunas de las víctimas de la dictadura tienen que soportar todavía la cicatería con la que la reinstaurada democracia trata de sus derechos inalienables, mientras que otras aún ni siquiera han sido reconocidas ni enterradas dignamente.
– Las grandes fortunas acumuladas a la sombra del franquismo, algunas incluso de manera ilegal, no se han distribuido o expropiado, sino que han sido reconocidas hasta con títulos nobiliarios.
– Continúan en las calles y plazas de ciudades y pueblos, y hasta en las montañas, símbolos enaltecedores del alzamiento militar, construidos muchos de ellos con el sudor y la sangre de las víctimas de la represión.
En otros lugares (como en Chile) se hereda la legislación básica, la constitución y el sistema electoral diseñado por la dictadura, sin atisbo de rubor por aquellos que se llaman demócratas (de toda la vida). En Chile se ha heredado también un sistema educativo, sanitario y de previsión social de inspiración neoliberal fundamentalista, impuesto a sangre y fuego. Como ejemplo, todo el fondo millonario de pensiones se dio a la gestión de empresas privadas, que juegan con él en bolsa, con el consiguiente riesgo general y sin garantía ninguna para la población. Tan «bueno» era el invento, que Pinochet se guardó muy bien de que el ejército quedase fuera del nuevo sistema.
Por lo tanto en todo proceso de recuperación de la democracia hay que contemplar todos estos aspectos. Mientras que la reparación no sea total, la llamada transición no sólo será inacabada, sino que tendrá un déficit de legitimidad democrática proporcional a las causas pendientes de reinstaurar y reparar.
No bastaría, sin negar su importancia, con procesar a los responsables directos de la represión y la masacre, a los que han hecho el trabajo sucio para el capital. Podrán ser juzgados, condenados; pero cuando llegue otro momento necesario, el capital intentará reclutar a otro ejército, regular o mercenario, para hacer de nuevo un trabajo sucio que despeje el camino al beneficio y la rapiña. El capital lo acumulan «manos limpias», que pagan los servicios prestados, pero a las que nunca se les exige responsabilidad por los crímenes inducidos, ni por los beneficios obtenidos en una relación desigual e injusta. Hay que restituir derechos políticos, sociales y económicos en toda su dimensión histórica. –