Tras las sucesivas declaraciones de la izquierda abertzale, en las cuales opta exclusivamente para la vía política, y la decisión de ETA de detener las acciones armadas ofensivas, se abreun nuevo escenario en el posible proceso de paz y en la lucha por la autodeterminación de Euskal Herria. El comunicado de la organización armada ETA, […]
Tras las sucesivas declaraciones de la izquierda abertzale, en las cuales opta exclusivamente para la vía política, y la decisión de ETA de detener las acciones armadas ofensivas, se abreun nuevo escenario en el posible proceso de paz y en la lucha por la autodeterminación de Euskal Herria.
El comunicado de la organización armada ETA, del pasado 5 de septiembre, donde anunciaba el paro de las acciones ofensivas de forma unilateral y sin un horizonte temporal predefinido ni condicionantes, enmarca y es fruto de la estrategia impulsada por la izquierda abertzale de definir una hoja de ruta para una resolución, basada exclusivamente en las vías políticas y democráticas, del conflicto que se vive en Euskal Herria.
La estrategia del gobierno: apartheid político y represión
Nos encontramos en un escenario propicio a una resolución definitiva del conflicto armado. Desgraciadamente, la estrategia del gobierno no contempla la suspensión de sus «acciones ofensivas», amedrentado ante la histeria de la derecha española. Continúa apostando por la negación del conflicto político y por la represión; una represión que cada vez cepa límites más inesperados.
Los últimos acontecimientos van en la misma línea. Por una parte, la prohibición por parte de la Audiencia Nacional (por partida doble) de la manifestación convocada a Bilbo el pasado 11 de septiembre que, bajo el lema «Todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria», convocaba la iniciativa popular Adiezari EH (iniciativa nacida hace unos meses para reclamar el restablecimiento de los derechos sociales y políticos). La prohibición de la manifestación, que se ampara en el paraguas infundado del «todo es ETA», aducía la posibilidad de un delito de enaltecimiento del terrorismo y que la manifestación formaba parte de la estrategia de ETA. Por otra parte, la detención de nueve personas para formar parte (según la Guardia Civil) de la nueva dirección de Ekin no hace más que confirmar la nefasta estrategia represiva ‘rubalcaviana’ del gobierno de Zapatero, que continúa con la prohibición de actos de solidaridad en Madrid, los juicios trampa contra Udalbiltza (asamblea de cargos electos municipales vascos de diversa sensibilidad política), la detención de los 34 jóvenes de SEGI, el mantenimiento en la prisión de Arnaldo Otegi y un largo etcétera.
Esto se puede interpretar dentro de una estrategia concreta para el momento político actual, basada en debilitar a los sectores más combativos en el seno de la izquierda abertzale.
El comunicado de ETA sitúa la responsabilidad política en el campo del gobierno español, que ve cómo diversas personalidades internacionales expertas en el ámbito de la resolución de conflictos, como Brian Currin, uno de los impulsores de la declaración de Bruselas, recomiendan al gobierno hacer pasos en el reconocimiento de la evolución que la izquierda abertzale ha hecho a los últimos años (declaración de Anoeta, declaración de Altsasu y, hace poco, el documento Zutik Euskal Herria) hacia posiciones que cada vez se distancian más de la estrategia armada. Es más, el Financial Times recomendaba al gobierno español la legalización de la izquierda abertzale y el acercamiento de los presos y presas. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno que ostenta actualmente la Lehendakaritza (PP-PSE), con Patxi López al frente, se fundamenta en la negación del derecho de voto de un 15% del electorado vasco a través del apartheid político que representa la ilegalización de la izquierda abertzale (ley de partidos).
Debates, estrategias y ejemplos
La reacción de la mayoría de los partidos políticos institucionales de ámbito estatal, o de otros de ámbito vasco como el PNV, delante los comunicado de ETA ha sido el de coniderarlo como «más de lo mismo». El debate en los medios de comunicación de masas se ha centrado en la suficiencia o insuficiencia del comunicado. Con este enfoque, el debate y la negociación no se pueden emprendre hasta que ETA no declare un alto al fuego definitivo y entregue las armas.
Cuando a Rubalcaba le preguntaron qué lecciones se tenían que sacar del proceso de paz norirlandés, él respondió de que Irlanda no tenía nada a ver con el caso vasco y que eso no vendía al caso. Quizás, lo que no viene al caso para el ministro es debatir cómo es que un gobierno social liberal (el Partido Laborista con Tony Blair al frente) fue capaz de firmar un acuerdo de paz que reconoce el derecho de autodeterminación de Irlanda del Norte; o cómo es que el acuerdo se firmó el año 1998 mucho antes de que el IRA se desarmase definitivamente y se hubiesen puesto ya en marcha la reinserción de los presos amnistiados. Es evidente, sin embargo, que Euskal Herria no es Irlanda del Norte, y que el pacto sellado en la isla no consiguió la reunificación irlandesa, que gracias a la necesidad de ser referendado por la población norteirlandesa (mayoritariamente protestante, fruto de la larga ocupación británica) será, como mínimo, difícil. Así, aunque el proceso de paz irlandés tiene luces y sombras, hay factores que se tienen que utilizar para presionar políticamente al gobierno para que haga pasos.
A lo largo de la Historia, los debates que se desarrollan en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MANV) giran entorno a dos ejes básicos: uno, cómo combinar la estrategia militar y la estrategia política; y dos, cuál es el balance entre la política de clase y la política nacional. Así, ya en 1967 en la V asamblea se expulsa de ETA al sector que desde hacía cerca de un año defendía en Zutik (la publicación de ETA) un giro basado en la idea del abandono progresivo de la lucha armada, para dar el protagonismo al Frente Obrero (desmarcándose de la idea del frente nacional). Los expulsados se agruparon en ETA-Berri (Nueva ETA), que más tarde se denominó Komunistak y que sería una de las bases para la formación del Movimiento Comunista de España (Movimiento Comunista a partir de 1976).
La política de frentes (Frente obrero, Frente militar, Frente cultural…), un intento por dar una solución al difícil problema de combinar la lucha armada y la lucha de masas, provocó en 1970, durante la VI Asamblea, una escisión autodenominada ETA V que apostaba por una mayor autonomía del frente militar. El otro sector de aquella asamblea, ETA VI, se aleja de los planteamientos nacionalistas y de la estrategia armada para confluir con la LCR (organización revolucionaria, de la IV Internacional) en 1973. ETA V, continuadora de la estrategia armada, sufre una escisión 1974 de donde surgen ETA-m (militar) y ETA-pm (político-militar). La escisión es fruto de la necesidad de adaptarse al fin del franquismo. Retomando de nuevo los debates anteriores, ETA-pm propone eliminar la autonomía de los frentes (militar y político), mientras que ETA-m apuesta por la separación total de los que se dedican a la acción militar y los que se dedican a la acción política.
Este esquema (lucha armada y frente nacional o de clase, etc.) se repetirá a lo largo de la historia de ETA. Aunque estos debates existen, de una forma muy diferente, en el seno del movimiento hoy en día, está claro que la apuesta por una lucha de masas por vías políticas es la opción mayoritaria, y la única tácticamente viable en la situación de bloqueo actual.
En 1975, la oleada de huelgas en Euskal Herria, en parte como respuesta a la represión, desencadena la creación de la Koordinadora Abertzale Socialista, que propone la Alternativa KAS (una serie de principios) para negociar con el gobierno. Después de que ETA-pm tomara un viaje de no retorno hacia posiciones más moderadas para acabar formando Euskadiko Eskerra, que acaba integrándose en el Partido Socialista de Euskadi, ETA-m se convierte en el único referente de la lucha armada hasta hoy en día.
El año 1978, con la creación de Herri Batasuna (HB), se abrió un período donde, poco a poco, HB se convierte en el aglutinador del independentismo de izquierdas. HB participa en actividades mucho más allá de las elecciones. El discurso rupturista con el modelo autonómico es el baluarte político más importante de HB; un discurso que, lejos de acomodarse a la injusticia post-franquista (como hicieron otras organizaciones de la izquierda, tomando el marco constitucional), hizo una apuesta clara y decidida para mantener una política radical basada en la movilización. En el periodo 1978-1987, ETA aumentó la acción armada con gran apoyo popular, en parte por la estrategia continuada de represión por parte del Estado (los GAL). Pero con el atentado en el Hipercor (21 muertos y 45 heridos) ETA empieza a perder parte del apoyo popular, y la causa vasca fuera de Euskal Herria también. La fórmula acción – represión – acción en espiral ascendente se convierte en represión – acción – y mucha más represión. El número de presos no para de crecer, y a principio de los ’90 las movilizaciones en contra de las acciones de ETA empiezan a tener más protagonismo. La estrategia armada se sitúa en un callejón sin salida. Los diversos gobiernos españoles, con la complicidad de los sectores derechistas de la sociedad vasca, utilizan el conflicto armado para reprimir a la izquierda abertzale, hasta llegar a la situación actual.
Treguas y diálogos
Todos los gobiernos españoles desde la Transición han negociado con ETA. El debate sobre el tema político y el militar cobra fuerza otra vez cuando hacemos una ojeada a los diversos procesos negociadores que se han llevado a cabo: Argel (1988-89), Lizarra (1998) y el alto el fuego del 2006. En estos procesos, la política de alianzas de la izquierda abertzale se sustenta también en los viejos debates sobre el frente de clase o el frente patriótico. Estos debates existen en la actual tregua, y la resolución de los mismos tendrá una gran trascendencia en la evolución del proceso.
Si las conversaciones de Argel, pusieron sobre la mesa la imposibilidad de llegar a un escenario sin lucha armada sin la participación de la izquierda abertzale en la negociación y con todo el protagonismo negociador sobre ETA, el pacto de Lizarra (con el PNV y EA y EB entre otros) mostraba las limitaciones que pactar con el PNV (garante hasta entonces del status quo autonomista) tenía. Las expectativas del pacto de Lizarra, junto con la tregua paralela que ETA declaró, generaron dinámicas de acumulación de fuerzas que posibilitaron el surgimiento a la escena política de Euskal Herritarriok -coalición electoral que agrupaba fuerzas más allá de la izquierda abertzale histórica. Una vez más, la cortedad de miras del gobierno (estrategia represiva) y la ruptura de la tregua dinamitaron la coalición y supusieron un golpe muy duro para la izquierda abertzale. En este punto, con la firma del pacto antiterrorista el año 2000, el PSOE se alinea totalmente con el PP en una estrategia negacionista del conflicto, basada exclusivamente en soluciones policiales, que obliga a la izquierda abertzale a encarar un posible desbloqueo donde la vía política tenga un peso específico determinante para cambiar la situación.
La propuesta de Anoeta, presentada en el 2004, fue una hoja de ruta diseñada por la izquierda abertzale, cuya línea política se ha continuado hasta la fase actual. En Anoeta, Batasuna propuso la constitución de dos mesas de negociación: una Gobierno – ETA (desmilitarización, presos/refugiados, víctimas) y otra donde estarían representadas todas las opciones políticas, incluyendo al independentismo. Lo importante y nuevo de esta fórmula es que, en cierta medida, permite separar la negociación política de la militar.
En el documento Zutik Euskal Herria de febrero de 2010, la izquierda abertzale define el proceso democrático como palanca de cambio que tiene que llevar a una solución pactada del conflicto. El proceso marca tres fases: una primera de mínimos democráticos, principalmente legalización de la izquierda abertzale (IA); una segunda de acuerdo democrático, desarrollando de los acuerdos de la última negociación -acuerdos de Loyola-; y una tercera fundamentada en un marco democrático que tiene que permitir desarrollar la segunda fase (autonomía compartida en Hego Euskal Herria y derecho a decidir). La fórmula de fases basadas en contenidos y no en etapas temporales (preliminar, resolutivo) confiere fuerza a la negociación política y le resta argumentos a ETA para intervenir (acción armada) en la negociación. Hay que recordar que las negociaciones en Irlanda duraron 21 meses.
Si ETA se vincula a sí misma a los nudos más importantes pendientes de resolverse en Euskal Herria (autodeterminación y territorialidad), los objetivos serán imposibles de alcanzar. En cambio, a diferencia del último alto el fuego en el 2006, la etapa de redefinición del marco estatutario se ha mostrado incapaz de hacer frente a la demanda creciente del derecho a decidir, especialmente en Catalunya. Eso tiene una consecuencia importante: resta fuerza a la estrategia encorsetadora en el marco constitucional, que a buen seguro impulsará el Estado español.
Política de alianzas, movilización y solidaridad
El pacto firmado con Eusko Alkartasuna responde a la difícil situación de ilegalización en que se ve obligada a actuar la IA. Puede ayudar a la IA a romper el argumento vacío del «todo es ETA» y dificultar la estrategia represiva del Estado. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de los peligros que un pacto de este tipo puede traer. Una vez más el debate frente nacional o frente de clase vuelve a estar encima de la mesa. EA, hasta hace poco vilipendiada por la escisión sufrida, está aprovechando el proceso para ganar centralidad política y eso es un peligro importante para el proceso. En el pasado (Lizarra) se han visto ya las limitaciones de los procesos que priorizan las alianzas con la derecha vasca (aunque EA dice apostar por el derecho a decidir). Lo importante es evitar que sea la burguesía vasca la que hegemonice el proceso, como en el caso de Irlanda, con lo cual es posible que tanto el gobierno español como las organizaciones no ligadas a la clase trabajadores pacten salidas basadas en el enquistamiento del problema del no reconocimiento de los derechos democráticos del pueblo vasco. Por eso es tan importante, tal como recalca la IA en sus últimos documentos, que el proceso se base en la consulta permanente en el pueblo vasco y en la movilización y la lucha desde bajo.
El problema político que la tregua de ETA tendría que provocar en el gobierno español no es automático, después de décadas de impulso del discurso «guerra contra el terrorismo», que toma forma especialmente en los últimos diez años,. El daño ideológico que eso ha causado, especialmente entre los sectores populares del Estado español, da cierto margen al gobierno para seguir inmóvil ante los pasos que ETA está haciendo, obligada por la IA -que parece que quiere tomar definitivamente la dirección del MANV.
Este problema político es fundamental hacerlo salir a la luz pública tanto dentro de como fuera de Euskal Herria, y en este punto la izquierda consecuente (que defiende la autodeterminación del pueblo vasco) del resto del Estado tiene un papel importante que jugar. Así, es posible movilizar desde bajo para queel proceso de paz llegue a buen puerto, ligando las demandas nacionales con las sociales. Iniciativas, dentro y fuera de Euskal Herria como Ahotsakdones para impulsar el proceso de paz (parlamentarias y cargos públicos de Euskal Herria) o campañas como «Sí al proceso de paz» (campaña popular de apoyo al proceso en Barcelona), que desaparecieron después de que se rompiera la última tregua con el atentado a la T-4 de Barajas, son ejemplos del tipo de movimiento de solidaridad que necesitamos para hacer frente a los intentos de limitar el proceso que seguramente impulsarán el gobierno español y la derecha.
Fuente: http://enlucha.org/?q=node/