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El negocio de las bombas de racimo en el Estado español

Un ex secretario de Estado de Aznar representa a una empresa que vende bombas de racimo

Fuentes: Diagonal

Instalaza SA es la única empresa privada española dedicada a la fabricación y a la venta de bombas de racimo. Tiene como representante a Pedro Morenés Eulate, ex secretario de Estado durante el Gobierno del PP. Poco tiempo después de la Guerra Civil española -el 18 de agosto de 1943- se constituía la empresa Instalaza […]

Instalaza SA es la única empresa privada española dedicada a la fabricación y a la venta de bombas de racimo. Tiene como representante a Pedro Morenés Eulate, ex secretario de Estado durante el Gobierno del PP.

Poco tiempo después de la Guerra Civil española -el 18 de agosto de 1943- se constituía la empresa Instalaza SA, dedicada a la fabricación y venta de armamento para las Fuerzas Armadas españolas y para otros ejércitos del mundo. Actualmente tiene el dudoso honor de ser la única empresa privada española que cuenta con bombas de racimo en su stock (Explosivos Alaveses, una empresa pública, también fabrica estas bombas). Según su página web, uno de sus productos es la munición de mortero MAT-120 (en cuyo desarrollo la empresa ha invertido 12 millones de euros), habitualmente conocida como bomba de racimo o de dispersión. Instalaza, cuya sede social está situada en la calle Núñez de Balboa de Madrid y cuyo centro de producción se encuentra en Zaragoza, está presidida por Leoncio Muñoz Bueno desde el 8 de abril de 2000. Muñoz Bueno, que había sido consejero de la empresa desde 1993, forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad, la patronal de los fabricantes de armamento en el Estado español.

Ex alto cargo del PP

Según ha podido saber DIAGONAL, desde el 31 de mayo de 2007, Pedro Morenés Eulate, vizcaíno de 65 años, es el representante de Instalaza. Dos años antes, el 26 de agosto de 2005, Morenés había sido nombrado consejero de Instalaza, según los datos del Registro Mercantil. Morenés Eulate fue nada más y nada menos que secretario de Estado de Defensa del gobierno de José María Aznar entre 1996 y 2000, secretario de Estado de seguridad (2000-2002) y secretario de Estado de Ciencia y Tecnología (2002-2004). El ex secretario de Estado es nombrado consejero de Instalaza el 26 de agosto de 2005, habiendo transcurrido apenas un año desde que abandonó el cargo. Sin embargo, su currículum abarca multitud de dedicaciones.

Ha formado parte de los consejos de administración de Telefónica y Tabacalera (prácticamente un leit motiv en los antiguos altos cargos del PP). Nombrado secretario general del Círculo de Empresarios en 2005, Morenés preside el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, Ingeniería de Sistemas para la Defensa, SA, el Centro de Astrobiología, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y la Gerencia del Sector Naval, entre otros. Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y de la Agencia Industrial del Estado, Morenés ha sido secretario del Consejo de Astilleros Españoles SA, de Astilleros y Talleres del Noroeste SA, además de director general comercial del Grupo de Astilleros Públicos del Instituto Nacional de Industria. Es consejero delegado de Kuitver Estudios SL (uno de cuyos clientes es precisamente Instalaza). En junio de 2006 se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente del elitista Club Puerta del Hierro de golf incluyendo en su lista al Conde de Murillo, marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según las crónicas de la época en que accedió a la subsecretaría de Estado de Defensa (en 1996) y de Interior (2000), Morenés cuenta con excelentes conocimientos y contactos en los restringidos ambientes policiales, militares y de los servicios secretos.

Poco dado al protagonismo mediático, Morenés tuvo un papel clave en la profesionalización del ejército español. Cuenta con la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Cruz de Plata de la Guardia Civil, y la medalla al mérito Policial.

Banqueros y empresarios

Otro curioso personaje que figura como consejero de Instalaza es Juan Antonio Alcaraz García, ex consejero delegado del grupo inmobiliario Astroc entre mayo y noviembre de 2007. Desde que abandonara su cargo de consejero delegado de Astroc, Alcaraz García pasa a ser director general adjunto de La Caixa y responsable del área inmobiliaria del Banco Sabadell. Ha sido además director territorial de Catalunya del Banco Sabadell. Anteriormente, este madrileño licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros, fue subdirector general del Banco Central Hispano y más tarde del Banco Santander. El pasado mes de febrero, Alcaraz tuvo que declarar como testigo ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional a raíz de una investigación motivada por una querella presentada por un accionista minoritario de Astroc, la malograda inmobiliaria valenciana de Enrique Bañuelos. Por su parte, Nicolás Merigó Cook, consejero de Instalaza desde el 11 de Diciembre de 1998, es vocal del Consejo de Administración de Hispasat. También es miembro de la comisión directiva de Auna, operadores de telecomunicaciones, SA (empresa accionista de Hispasat con un 17,64%). Hispasat, empresa implicada en el negocio del armamento según el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, tuvo un resultado neto en 2007 que supera los 35,7 millones de euros. En 2002, el Grupo Auna tuvo unos ingresos de 3.242 millones de euros. Ricardo Horno Liria, hermano del último alcalde franquista de Zaragoza, también figuraba como consejero de la empresa de armamento. Jacobo Álvaro Vidal Roldán, consejero de Instalaza desde el 7 de enero de 2005, es administrador de Asesoramiento y Formación Financiera de Santander SL, una empresa dedicada a los servicios de asesoramiento con un capital social de 3.150 euros. León Ángel Llaguno Velasco, consejero de Instalaza desde el 26 de agosto de 2005 es también presidente del consejo de administración de Eikon 99 SICAV, SA. El vicepresidente de Instalaza es el abogado Esteban Vera Pala, y su consejero delegado, Miguel Muñoz Gámez. Sus apoderados solidarios son Leoncio Muñoz Bueno, Juan Muñoz Gámez, Ana María Gámez Lucena y Jesús Asín Castillo.

Tratado de Dublín

Si finalmente el Estado español diese apoyo efectivo al Tratado Internacional de prohibición de bombas de dispersión, Instalaza se vería obligada (junto con Explosivos Alaveses) a abandonar la fabricación de bombas de racimo. Sin embargo, ambas empresas cuentan con un amplio y siniestro catálogo de armamento que continuará engordando sus ya abultados bolsillos.

Avances y presiones en la convención sobre municiones de racimo

ALEJANDRO POZO, es miembro del Centre Delàs-Justícia i Pau.

Más información en: www.stopbombasracimo.org 

El tratado aprobado en Dublín a finales de mayo invita al optimismo. Prohibirá todas las municiones de racimo utilizadas en los últimos 40 años y la vasta mayoría de los arsenales existentes. Además, las víctimas estarán asistidas y la Convención entrará en vigor sin periodos de transición en cuanto 30 países depositen una ratificación que no admitirá reservas. Dos son las deficiencias. Por un lado, algunas municiones de racimo no serán prohibidas al no responder a la definición y podrán seguir fabricándose en el futuro. Contarán con una tecnología mucho más fiable, evitando así algunas de las tragedias de sus predecesoras, pero las excepciones dificultarán la condena de estas armas. Cabe recordar que fue esta estigmatización la que permitió que, en el tratado sobre las minas antipersona, los Estados no firmantes las dejaran de fabricar, comercializar y utilizar. La segunda laguna es la inclusión de la interoperabilidad (operaciones militares conjuntas con Estados no parte de la Convención), que entreabre la puerta al uso de las municiones prohibidas. Ausente en cuerpo, EE UU estuvo presente en alma. España, como otros fabricantes, intentó salvaguardar sus propios intereses. Presentó dos propuestas : una con las excepciones para dejar a las bombas de la empresa Instalaza fuera del Tratado y otra a favor de la interoperabilidad. A pesar de los esfuerzos, las municiones españolas quedarán prohibidas. La relación de la delegación gubernamental con la sociedad civil observadora fue amable y en el resto de artículos de la Convención estuvo correcta, si bien su actitud distó mucho de la ofrecida por Austria y otros países, soberanos para decidir por no formar parte de la OTAN. En esta amalgama de intereses económicos, lógica militar y consecuencias humanitarias, cabe celebrar que estas últimas hayan sacado los colores a los estrategas de la guerra.

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