Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Mustafa al-Kharouf, que ha vivido en la Jerusalén oriental ocupada, enfrenta la deportación a Jordania.
Mustafa al-Kharouf, hijo de madre argelina y padre palestino, vive en Jerusalén desde 1999 [Foto cortesía de Tamam al-Kharouf]
Durante los últimos cinco meses, Mustafa al-Kharouf ha estado languideciendo en la prisión de Givon en Israel, lejos de su esposa Tamam y su hija de un año y medio, Asia, pero ahora enfrenta la deportación a Jordania.
El periodista fotográfico de 32 años, hijo de madre argelina y padre palestino, ha estado viviendo en Jerusalén desde 1999, cuando su familia regresó.
A pesar de los repetidos intentos en la última década, se le ha negado el estatus de residencia permanente, al que tiene derecho, lo que lo convierte en apátrida.
Cuando la familia de Kharouf cumplió las condiciones establecidas por la política para obtener la residencia, Mustafa tenía 18 años y su familia no pudo presentar una solicitud de reunificación familiar o registro de menores en su nombre.
En enero, Mustafa, quien trabajaba con la Agencia Anadolu, fue arrestado después de que su abogado impugnara la decisión del Ministerio del Interior israelí de rechazar su solicitud de estatus legal.
Su destino está ahora en manos de un tribunal superior israelí, que decidirá si será deportado a Jordania, un país con el que no tiene vínculos.
Para alcanzar su estatus «legal» como palestinos en la ciudad, la familia de Kharouf solicitó los requisitos para lareunificación familiar.
Pero en el núcleo de las complicadas leyes de Israel para los residentes palestinos de Jerusalén, a quienes se les conceden los derechos de residencia pero no la ciudadanía israelí, está la política del «centro de vida», que se ha descrito como una «limpieza legalizada«.
La política, que exige que los palestinos que viven en la Jerusalén oriental ocupada demuestren que mantienen un centro de vida en la ciudad para defender su estatus legal, ha sido criticada por grupos de derechos como discriminatoria y como precursora de transferencias forzadas, una grave violación del derecho internacional.
Situación legal rechazada por el ministerio del Interior israelí
Adi Lustigman, el abogado de Kharouf de la organización israelí de derechos HaMoked, dijo a Al Jazeera que Kharouf intentó regularizar su estado en Jerusalén durante años, pero fue en vano.
«Tuvo una orden interina durante algunos períodos, pero el resto de las veces se las arregló, como muchos otros habitantes de Jerusalén apátridas y carentes de situación legal», dijo Lustigman.
«Por supuesto, es enormemente difícil ser una persona sin derechos, sin permiso de trabajo, y a dónde ir para ser legal».
Desde octubre de 2014 a 2015, Kharouf recibió una visa de trabajo israelí tipo B/1 sobre una «base humanitaria». Sin embargo, las solicitudes de extensión de visa finalmente fueron rechazadas por el ministerio del interior por «razones de seguridad».
Lustigman cree que los rechazos del ministerio están relacionados con su trabajo de fotoperiodista que documenta los abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades israelíes en la Jerusalén oriental ocupada.
Después de casarse con su esposa Tamam, palestina de Jerusalén, en 2016, Kharouf rellenó otra solicitud de reunificación familiar, pero también fue rechazada, en diciembre de 2018, por el ministerio del Interior.
Según Lustigman, la decisión se basó en acusaciones infundadas de que Kharouf era miembro de Hamás, lo que está prohibido por Israel.
El abogado apeló la decisión el 21 de enero de 2019, pero al día siguiente las fuerzas israelíes allanaron la casa de Kharouf, lo arrestaron y desde entonces ha estado en detención administrativa, encarcelamiento indefinido sin juicio ni cargos en su contra.
«Mi esposo es la persona más optimista que conozco, pero ahora está más que abatido», dijo a Al Jazeera la esposa de Kharouf, Tamam. A Tamam se le permite visitar a su esposo una vez a la semana por un máximo de 20 minutos detrás de un cristal.
«Su ánimo se ha deteriorado mucho desde su arresto», dijo Tamam, consejera escolar de 27 años. «Ha perdido 10 kilos y está muy deprimido».
Unos meses después, en abril, el Tribunal de Distrito de Israel rechazó la apelación de Kharouf y dio una orden provisional de no deportarlo para que pueda llevar su caso al Tribunal Superior de Israel, dando el 5 de mayo como fecha límite. La apelación ya se ha presentado, pero el Tribunal Superior aún no ha tomado una decisión. Kharouf corre el riesgo inminente de ser deportado por la fuerza a Jordania.
Orden de deportación «ilegal»
Saleh Hijazi, jefe de la oficina de Amnistía Internacional en Jerusalén, calificó la decisión israelí de rechazar la solicitud de residencia de Kharouf y deportarlo de «cruel e ilegal«.
«[Kharouf] debe ser liberado de inmediato y se le debe otorgar la residencia permanente en Jerusalén oriental para que pueda reanudar su vida normal con su esposa e hijo», dijo Hijazi.
«La detención arbitraria y la deportación planificada de Mustafa al-Kharouf reflejan la política a largo plazo de Israel para reducir el número de residentes palestinos en Jerusalén oriental, al tiempo que les niegan sus derechos humanos», continuó.
Tras la anexión ilegal de Israel de Jerusalén oriental en 1967, al menos a 14.600 palestinos se les han revocado sus permisos de residencia.
Según el Cuarto Convenio de Ginebra, la deportación de personas protegidas de un territorio ocupado es ilegal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional estipula que «la deportación o transferencia [por la potencia ocupante] de toda o parte de la población del territorio ocupado dentro o fuera de ese territorio» constituye un crimen de guerra.
«Una persona no puede quedarse sin Estado», dijo en un comunicado de prensa Jessica Montell, Directora Ejecutiva de HaMoked. «En el nivel práctico no tiene sentido mantener a Mustafa ‘pendiente de deportación’ cuando no hay un país al que Israel pueda deportarlo.
«El Tribunal Superior de Justicia ha reconocido a los habitantes de Jerusalén oriental como una población originaria con un estatus único. Por lo tanto Israel debe liberar a Mustafa sin demora y otorgarle el estatus legal al que tiene derecho como un habitante originario de Jerusalén».
Tamam ha estado ocupada consultando con abogados para ver qué se puede hacer, pero dijo que la mayoría de ellos dicen que el caso de su esposo es demasiado complicado y se niegan a hacerlo.
«No he pensado en un plan alternativo para nosotros», dijo Tamam. «Si Mustafa es deportado a Jordania, no recibirá la residencia y mucho menos la ciudadanía.
«De hecho, las autoridades jordanas lo detendrán tan pronto como cruce la frontera por el tiempo que les lleve revisar sus archivos y tomar una decisión sobre qué hacer con él», continuó.
«Si lo deportan, no será solo una familia la que se fragmentará. Nos lo arrebatarán a mí, a mi hija, a sus padres y a sus suegros».
Lustigman dice que la importancia de resaltar el caso de Kharouf puede marcar la diferencia en no desarraigar la vida del reportero gráfico.
«Esperamos que la opinión pública, los intereses de la prensa y las acciones de las ONG tengan cierto peso y sean de ayuda», dijo el abogado.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión.org como fuente de la traducción.