Tras un análisis sobre la evolución de la representatividad de la izquierda transformadora, explico la necesidad de que la coalición Sumar -incluido Podemos- encare su tarea pendiente de ensanchar su campo socio-electoral e impulsar una acción reformadora sustantiva en la acción gubernamental y política.
Una remontada electoral pendiente
Doy por supuesto lo que ha deslizado el Presidente del Gobierno en funciones y candidato a la Presidencia, que la composición de la representación de Sumar en el Ejecutivo la debe decidir la propia coalición -faltaría más-. Pero, al mismo tiempo, se ha filtrado intencionadamente a la opinión pública la opinión de diversos componentes socialistas del Consejo de ministros de que Yolanda Díaz debe ‘poner orden en Sumar’. Es un secreto a voces que la dirección socialista prefiere la exclusión de representantes propuestos por Podemos por su incomodidad, en particular Irene Montero. Se trata de una injerencia en los procesos de deliberación y decisión interna de otra agrupación política soberana en una dinámica que conduce a la moderación política antipluralista. Esto no es nuevo.
Podemos, con sus aliados, ha encabezado en España el mayor desafío transformador al poder establecido, con un apoyo social y electoral que, entre los años 2015 y 2019, llegó a disputar al propio Partido Socialista la primacía de las fuerzas progresistas, momento en que comenzó su declive representativo aun con su mayor incidencia institucional, con el acceso al Gobierno de coalición progresista. Todos los poderes fácticos -institucionales, mediáticos, judiciales, económicos…- se pusieron manos a la obra para contener y reducir su influencia política con medidas, muchas de ellas, ilegítimas y antidemocráticas y una persistente descalificación política. A ello hay que añadir dos hechos relevantes.
Por un lado, la renovación y reorientación confrontativa con el Partido Popular de M. Rajoy y más de izquierdas del Partido Socialista y su aceptación unitaria de la gobernabilidad con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas, que fue capaz de frenar a las derechas e iniciar una etapa institucional de progreso, aun con sus límites, con el Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos, en 2020, y que se revalida ahora con la coalición Sumar. En el marco descalificatorio antedicho, la nueva estrategia socialista -el sanchismo-, con una posición dominante en la gestión gubernamental, le ha permitido al PSOE ensanchar su electorado, fundamentalmente, a costa de una parte del electorado de Unidas Podemos, que lo ve reducido casi a la mitad, tal como he desarrollado en ‘Formación, declive y rearticulación de la izquierda transformadora’.
Por tanto, el momento más duro y de mayor declive representativo de las fuerzas del cambio se produjo en esa dinámica previa que se tradujo en los comicios de 2019 con tres hechos encadenados: ofensiva total descalificatoria de casi todos los poderes fácticos y mediáticos, relativa renovación y recomposición socialista y fuerte fragmentación interna con gran división sectaria. En ese contexto, la acción reformadora e institucional (gubernamental y territorial) de la izquierda transformadora no ha sido suficiente para impedir el declive representativo que también se constató el 23-J, a pesar de presentarse de forma unificada y renovada bajo la coalición Sumar, ni la pérdida de presencia institucional territorial en el 28-M.
En las izquierdas hay ciertos vasos comunicantes, con un sector intermedio que fluctúa entre ambas fuerzas, aunque es diferente en el ámbito estatal de las elecciones generales y el local de las elecciones autonómicas. Así, en las elecciones generales, el PSOE que venía de tener 11 millones de votos en 2008 y 7 millones en 2011 (pierde unos cuatro hacia la abstención crítica), se queda con el suelo de 5,5 en 2015 y se va recuperando hasta 6,8 millones en 2019 y 7,7 en 2023. Comparativamente las fuerzas del cambio de progreso tienen los siguientes resultados (entre paréntesis los datos de las elecciones autonómicas en cada fase): 2015, 6,1 millones (3,6); 2019, 3,7 (2,9); 2023, 3,0 (2,5).
En este ciclo de ocho años el Partido Socialista gana unos 2,2 millones de votos mientras la izquierda transformadora pierde 3 millones. Su bajón representativo más relevante se produjo ya en las elecciones generales de 2019, con la particularidad de que se mantuvo UP y sus convergencias como fuerza determinante para formar un Gobierno de coalición progresista y, por tanto, con mayor influencia institucional. La disminución no es tan pronunciada en las elecciones autonómicas, que partían de un volumen inferior al ser menos competitivos.
O sea, la izquierda alternativa siempre ha sacado más votos en las generales que en las autonómicas, incluidas las últimas del año 2023, en este caso bajo diferentes siglas. En las autonómicas, a través de Unidas Podemos y sus convergencias, en particular Catalunya en Comú Podem, junto con las fuerzas del acuerdo del Turia -Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Més…- y Adelante Andalucía, consiguieron 2,5 millones de votos, mientras en las generales ascendieron a 3 millones. Pero esa distancia de medio millón entre ambos tipos de elecciones es inferior a la conseguida en las de 2019 (0,8 millones) y 2015 (2,5 millones).
La aportación adicional de Movimiento Sumar a ese electorado en las generales del 23-J, respecto del constituido en las autonómicas del 28-M -e incorporados el de las realizadas en el resto de las Comunidades Autónomas en esa misma fase-, por el resto de fuerzas de la coalición ha sido escasa; las expectativas de recuperar una parte sustancial de la base electoral anterior de Unidas Podemos trasvasada al Partido Socialista o de nuevos votantes, tal como anunciaban algunas encuestas previas, se han visto frustradas.
La conclusión es clara: Movimiento Sumar ha podido generar mayor ilusión, expectativas o comodidad en partes de ese electorado, pero no ha generado mayor apoyo social y electoral y, por tanto, mayor presencia institucional y fuerza transformadora. Su moderación política y su mejor trato mediático no han aportado nuevo electorado; aunque haya divulgado otra cultura más dialogante con el PSOE, ésta no ha convencido lo suficiente para ensancharlo. Estos elementos solo han servido para justificar la supuesta bondad del cambio de liderazgo y de orientación política y discursiva, más aplaudida desde el Partido Socialista y los medios, en sustitución de la más exigente y crítica de Podemos.
Dicho de otro modo, el giro político hacia la moderación política, discursiva y de afinidad con el Partido Socialista, junto con el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz y el Movimiento Sumar y un frágil acuerdo de coalición electoral, fueron insuficientes para mejorar la representatividad del conjunto, reequilibrar la subalternidad respecto del partido mayoritario de la izquierda, el PSOE, y condicionar más y mejor la acción gubernamental e institucional.
La coalición Sumar -incluido Podemos- ha dado un paso unitario positivo aunque forzado, al presentarse conjuntamente a las elecciones parlamentarias por responsabilidad ante el riesgo de victoria de las derechas, cosa que se ha evitado, y constituye el gran valor colectivo de la apuesta unitaria. Pero el hecho evidente es que todavía persiste la tendencia representativa descendente que denota los límites de su credibilidad transformadora ante su base social ampliada de esos seis millones iniciales. Persisten esos dos factores externos: la estrategia fáctica y mediática de aislamiento político, particularmente contra Podemos -recrudecida contra el Ministerio de Igualdad y su referente Irene Montero con ocasión de la ley del ‘solo sí es sí’- y el refuerzo de la posición dominante socialista, renovada y que aguanta la presión de las derechas extremas.
Un plan progresista firme y ambicioso
El programa de gobierno acordado entre las direcciones del Partido Socialista y Sumar, junto con el refuerzo de las alianzas con el bloque nacionalista con la amnistía y el abordaje de la crisis territorial, es positivo aun con sus límites. La reforma social apalabrada es excesivamente genérica e intencional, con pocos compromisos concretos claros y dependiente de la buena voluntad de la patronal al condicionar su desarrollo al diálogo social. Además, hay áreas como la política internacional y de seguridad que apenas aparecen y que se supone que estará en manos socialistas. Por tanto, hay un problema de credibilidad sobre su alcance y su cumplimiento; está asociado más a la consolidación y continuismo de la anterior etapa que a un avance significativo de los derechos sociales y civiles y la democratización política. Para afrontarlo y dar un impulso transformador se necesitan mayores esfuerzos políticos y activación cívica dado el menor peso parlamentario de las izquierdas.
Además ese problema se puede agravar. En un contexto económico, institucional y geopolítico complicado, con tendencias regresivas y hacia una nueva austeridad fiscal y restrictiva, los diferentes poderes empresariales, institucionales y europeos pueden imponer modificaciones desfavorables para la justicia social y la democracia. El marco es la pugna entre el mercado y los poderes ocultos, que privilegian a las minorías pudientes, frente a la política pública y la democracia participativa que defienden el bien común. En consecuencia, la política progresista debe redoblar sus esfuerzos para contrarrestar y revertir esos riesgos y desigualdades.
En particular, tras la persistencia de los grandes recortes sociales y de derechos con ocasión de la crisis socioeconómica y las políticas de ajuste (2008-2014), solo frenados parcialmente estos últimos años, existen nuevos retrocesos sociales evidentes derivados de la inflación de precios, con la pérdida de poder adquisitivo y la calidad de vida de la mayoría de la población, así como la restricción de la protección social y los servicios públicos para la ciudadanía -sanidad, educación…-, con su continua trayectoria privatizadora y segmentadora.
Por otra parte, hay dinámicas que empujan hacia la involución política y la segregación social y cultural derechista en ámbitos sensibles como la igualdad feminista, la integración inmigrante, la sostenibilidad medioambiental y los propios derechos civiles y democráticos. En caso de no atajarlos desde una óptica progresista el resultado sería la deslegitimación gubernamental por su impotencia transformadora.
En esa circunstancia previsible es cuando adquiere relieve una apuesta más decidida y ambiciosa de control de precios, defensa de lo público y los derechos sociolaborales y reforma fiscal global, junto con la activación participativa, igualitaria y democrática de la sociedad. Supone la perspectiva de reforzar la legitimidad y el apoyo social y electoral del Gobierno de coalición progresista para asegurar su credibilidad ante la ciudadanía y garantizar la derrota de las derechas ante sus ofensivas reaccionarias de todo tipo y en las próximas convocatorias electorales.
Pero ahí topamos con dos dinámicas y enfoques estratégicos en las izquierdas que constituyen dilemas históricos. Una solución está en la moderación de las reformas, con la vista puesta en el electorado centrista y el aislamiento y el desprecio de los sectores de izquierda; otra respuesta está en la acción trasformadora real con la activación y ensanchamiento de las bases sociales progresistas y el refuerzo de su unidad respetando su pluralidad.
Para el Partido Socialista es dudosa la ganancia electoral de esa política continuista sobre los consensos de Estado con las derechas y el poder establecido y timorata en la reforma sociolaboral, aunque ha tenido que aceptar, aparte de la alianza con Sumar, una reforma democrática sustancial -la amnistía- para encauzar el conflicto catalán y asegurar la gobernabilidad.
Pero, para la coalición Sumar es decisiva una firmeza transformadora y, al mismo tiempo, de colaboración de todo el conglomerado alternativo y con la izquierda nacionalista. Se encadena la estrategia reformadora ambiciosa con una articulación interna unitaria y plural. Así, ganaría más autonomía respecto de su socio mayoritario e incrementaría su representatividad e influencia política. Sería un factor clave para aumentar su legitimidad social, su ensanchamiento electoral y su eficacia reformadora en la gestión institucional. El proyecto transformador necesita de unidad desde la pluralidad y, al revés, el respeto de una pluralidad colaborativa es la condición para avanzar con una estrategia transformadora real.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.
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