El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) concluyó en abril pasado con la aprobación final de los «Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución», antes sometidos a consulta popular, que servirán de guía a la reforma del socialismo cubano. Desde su elección como presidente (febrero de 2008), Raúl […]
El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) concluyó en abril pasado con la aprobación final de los «Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución», antes sometidos a consulta popular, que servirán de guía a la reforma del socialismo cubano.
Desde su elección como presidente (febrero de 2008), Raúl Castro -también electo primer secretario del PCC en el reciente Congreso-, anunció las prioridades de su gestión: producir alimentos y reforzar la institucionalidad. Con ello, afirma que la economía no debe estar primero que la política ni la política por encima de la ley.
Se trata de una novedad: si bien la política ha estado primero que la economía en Cuba tras 1959, la decisión política ha prevalecido sobre la ley. Sin embargo, la agenda del Congreso no recogió ambos temas: debatió sobre «economía» y remitió a una Conferencia Nacional del PCC -convocada para principios de 2012- el análisis de las cuestiones «políticas».
Si hoy está en juego la reforma de lo que se ha entendido por socialismo, puede disputarse su recorrido, sus garantías y sus valores. En este texto hago balance de temas que han estado en la base de lo debatido alrededor de los Lineamientos: «la desconcentración de poderes», «la descentralización estatal», y «la democratización de la propiedad». Estos comportan desafíos que entiendo claves para repensar la relación entre socialismo y democracia: ser colocados en función del pluralismo político, la construcción de ciudadanía y la igualdad política, respectivamente.
El pluralismo político y la concentración de poderes
El pluralismo político requiere la desconcentración del poder, su difusión entre diversos actores institucionales y sujetos políticos.
La concepción monopartidista, a la que la Revolución cubana se ha adscrito, apuesta por el reforzamiento de la democratización del partido como cauce del pluralismo: la expresión de distintas voluntades políticas.
En esa búsqueda, la reforma constitucional cubana de 1992 delimitó Partido, Estado, gobierno y administración de justicia, otorgó mayores poderes a las bases ciudadanas y a los poderes locales y eliminó el carácter restrictivamente clasista (de «obreros y campesinos») y confesional (ateo) del Estado.
No obstante, conservó la apelación al marxismo [-leninismo] como contenido de la política educativa y cultural del Estado (art. 39) y el deber de cada ciudadano de «observar las normas de la convivencia socialista» (art. 64), a lo que suma que el Estado es dirigido y orientado por el Partido. Así, reivindica una doctrina de Estado, que determina la existencia de una voluntad política única -la estatal- sobre las voluntades políticas presentes en la sociedad. En la práctica, la unidad revolucionaria se identifica con unanimidad, porque expresa necesariamente una voluntad política única.
El VI Congreso anunció nuevas garantías al pluralismo, a través de disposiciones dirigidas a desconcentrar el poder, que deben en lo adelante convertirse en norma y práctica: una regla de limitación de mandato para diez años a los máximos dirigentes, la posibilidad de acceder a cargos estatales sin ser militante del PCC, el reconocimiento de la expresión de opiniones diferentes en tanto «derecho» ciudadano, rehusar la presentación de decisiones a través de la «falsa unanimidad», al tiempo que ratificó la importancia de distinguir entre Estado y Partido, y entre Estado, gobierno y sistema empresarial, y del papel que debe desempeñar la prensa y la deliberación ciudadana en la constitución de esferas públicas.
El despliegue del pluralismo puede reforzarse, además, con la introducción de otros principios, inexistentes en la práctica cubana: rotación en los cargos, límites temporales de mandato para todo el funcionariado, electividad de los cargos estatales que cumplen funciones públicas frente a las prácticas habituales de designación y nombramiento, incompatibilidad de funciones, igualdad política en el acceso a cargos, independencia de los órganos estatales, autonomía de las organizaciones sociales y de masas, así como con la reelaboración colectiva de qué se entiende por revolución y por contrarrevolución, que procese republicanamente los desacuerdos: sin penalizar diferencias expresadas en virtud de un derecho fundamental.
La descentralización estatal y la construcción de ciudadanía
El recurso más utilizado en Cuba para ejercer la participación ciudadana, amén de las elecciones, ha sido la consulta popular. Esta permite expresar intereses y colocar demandas en la esfera pública que «retroalimentan» a la dirección política, deja saber si el aparato estatal es sensible a tales demandas y multiplica los espacios de reflexión de la sociedad sobre sí misma.
Sin embargo, el diseño de la consulta popular estructura una relación desigual de poder entre la ciudadanía y las instancias superiores de decisión, en la cual la base aporta opiniones y propuestas y el nivel superior controla el tiempo y el espacio del proceso: se reserva la decisión, la ejecución, el control, la evaluación, la información, la comunicación tanto como el momento y la escala en que este ha de desenvolverse. La consulta apuesta por los instrumentos representativos y no potencia los de participación directa que establece la propia Constitución: referendos e iniciativa legislativa popular.
La consulta popular puede dejar intacta la centralización estatal, fuerte obstáculo para la participación. Esta conforma un orden que controla desde arriba el tiempo y el espacio de la producción política, en lugar de favorecer los mecanismos que canalizan directamente la politización de la vida ciudadana, colocando la política como derecho de todos y todas.
El Congreso se pronunció por estrategias de descentralización: continuar el recorte del aparato administrativo del Estado y el Gobierno, ceder poderes hacia los gobiernos locales y hacia los ministerios, respetar la autonomía del sistema empresarial, la promoción del desarrollo local y de la vida municipal y la expansión de formas no estatales de gestión.
Los pronunciamientos se han venido orientando, en concreto, a la descentralización preferentemente económica: la supresión del tope salarial, la eliminación de los Comités de Aprobación de Divisas, el otorgamiento de mayor autonomía financiera para algunos sectores, la ampliación de las posibilidades del trabajo por cuenta propia, el arrendamiento de tierras en usufructo, la comercialización libre de los productos del agro y la ampliación del régimen cooperativo.
El conjunto genera nuevos actores institucionales, sujetos sociales y escenarios de relaciones que desmonopolizan el control estatal sobre la economía, el empleo y sobre el control de los ingresos personales. No obstante, los cambios no han relacionado explícitamente la descentralización estatal con la construcción de ciudadanía, con la promoción de formas de vida ciudadana basadas en los valores de autoorganización, autonomía, solidaridad y consumo responsable.
Para conseguirlo, la descentralización económica debería democratizar la vida de la empresa desde abajo. Los Lineamientos no mencionan la participación de los trabajadores, ni profundizan en el desarrollo de formas de control ciudadano sobre la actividad mercantil, como podrían ser: someter todo tipo de propiedad a responsabilidad social, comunitaria y ambiental y a los principios de la economía del cuidado (derechos de cuidadanía), establecer mecanismos ciudadanos de protección de derechos de las consumidoras y consumidores y de reparación de daños, establecer derechos laborales para los trabajadores asalariados no estatales, legislación antimonopolio (sea estatal, cooperativo o privado), etcétera.
Considerar la descentralización como un principio general de ejercicio de poder, a la vez que una estrategia económica, abriría la posibilidad de un cambio de paradigma según el cual el Estado establezca relaciones de autoridad compartidas entre diversos sujetos -Estado, grupos y colectivos sociales, asociaciones ciudadanas-, en una renovada comprensión sobre su lugar en el socialismo.
Las garantías de este desempeño podrían radicar en introducir en la práctica cubana el derecho a participar en la elaboración, ejecución y control de los presupuestos del Estado, a exigir audiencias, auditorías, consultas previas, asambleas abiertas con carácter deliberativo, consejos consultivos y observatorios, así como reconocer todas las formas de organización de la sociedad, establecer derechos de participación, ampliar el campo de la iniciativa popular, legislativa y constitucional o el referendo aprobatorio, consultivo, revocatorio y abrogatorio, regular vías ágiles de acceso a los tribunales y la participación directa de la ciudadanía en la designación de jueces, como hacen las Constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
La democratización de la propiedad y la igualdad política
La democratización de la propiedad es la base socioinstitucional de la libertad.
La reforma de 1992 amplió las formas de propiedad a los medios «no fundamentales» de producción y a la inversión extranjera-, pero no avanzó más en su democratización: no autorizó nuevas formas de propiedad personal, privada, comunitaria, social, colectiva, pública y de combinaciones entre ellas.
La democracia reclama la existencia de un régimen expandido de propietarios no capitalistas, que puedan disponer de una base material propia para la reproducción de su vida cotidiana. Por ello, es extraño que el Congreso se haya convocado con el punto único de la economía. La reflexión sobre la democracia es integradora: piensa al unísono la política de la economía, la ecología de la política, la ética de la economía, la cultura de la política, etcétera.
El VI Congreso incorporó formas diversificadas de propiedad -personal, privada (lo es si se permite, por ejemplo, compra-venta de casas y automóviles y se introduce el impuesto a la propiedad), ampliación del régimen cooperativo-. Estas deben servir de base a alternativas de gestión de producciones y prestación de servicios eficaces para absorber una cifra cercana a 20% de la población económicamente activa, que debe quedar «disponible» -sin empleo estatal- en el proceso de «actualización» del modelo económico aprobado. Para evitar, a causa de esto, la ampliación de las desigualdades, se precisa de una intervención pública muy activa creando condiciones equitativas para la competencia, con estrategias de promoción hacia sectores desfavorecidos.
La intervención estatal debe limitar, como aseguran los Lineamientos, la concentración de la propiedad, pero, sobre todo, debe socializar la posibilidad de acceder a la propiedad: esto equivale a redistribuir las oportunidades existentes y a crear nuevas oportunidades para los desposeídos de ellas. Asimismo, no debería encaminarse solo a hacer prevalecer el plan sobre el mercado, y ajustarlo a este, sino a promover escenarios de interacción económica no subordinados al mercado, como el comercio justo, el intercambio de equivalentes, protecciones públicas al consumo de bienes sostenibles y duraderos y formas de economía popular.
La propiedad capitalista se ejerce sobre los valores de la concentración y la exclusión. El uso democrático de la propiedad se funda en los de su socialización para garantizar la igualdad política. Por tanto, el tratamiento dado por el VI Congreso al llamado «igualitarismo» es contradictorio: lo entiende como la corrupción de la igualdad.
La corrupción de la igualdad es la desigualdad. La corrupción del igualitarismo es la uniformidad -la restricción de la diversidad-, pero no «dar a todos lo mismo», pues es preciso «dar» iguales derechos y oportunidades a todos y todas. Para la política, el trato igualitario es condición del pluralismo.
No existe ideal democrático que pueda rehusar el compromiso igualitario sin renunciar a sí mismo, si la democracia es un orden de convivencia entre seres libres y recíprocamente iguales. Es ese el igualitarismo de José Martí: la República ha de satisfacer «el anhelo y la necesidad de cada ciudadano, sin distinción de razas ni de clases, mediante la abolición de todas las desigualdades sociales y de una equitativa distribución de la riqueza».
La autonomía: la patria de los derechos
El conjunto anterior aspira a hacer gravitar la política en torno a lo que Raúl Roa llamó la «soberanía de la conciencia», base de la autonomía ciudadana.
La denuncia de la burocracia hecha por el Congreso debe contribuir a dos grandes objetivos: permitir el acceso de otras generaciones a la dirección del país y a hacer más dependiente el ejercicio del poder estatal de las demandas y el control de la ciudadanía.
El VI Congreso anunció la presencia de «errores» en la «política de cuadros» que impiden contar con una reserva de jóvenes preparados para ejercer altas funciones de gobierno.1 Ahora, una evaluación sobre tal «preparación» debe corresponder también a la ciudadanía, que debe contar con condiciones que permitan generar nuevos liderazgos y poder colocarlos, también, en todas las esferas estatales.
Si la burocracia es carencia de control social sobre el poder estatal («autonomización» del poder), el éxito de una política antiburocrática depende de su democraticidad: de la promoción de mecanismos de control jurídicos (proceso contencioso administrativo, queja, petición), sociales (de control social sobre los actos de gobierno, la prensa, el funcionamiento de los organismos de policía y seguridad, el gasto militar, la política cultural, sobre todo el actuar estatal en general) y políticos (de impugnación de decisiones y cauces de presentación de alternativas ciudadanas).
El Congreso anunció un programa de creación legislativa para dar cobertura a los cambios. Es imperioso impulsar desde la ciudadanía los sentidos -y los tiempos- de las nuevas normas: sobre la política económica, laboral, migratoria (por primera vez se anuncia oficialmente que está en «estudio»), etc. Para ello, existe un margen de recursos constitucionales: consultas, referendos constitucional, ejecutivo y legislativo, ejercicio de iniciativa legislativa popular y los imaginables dentro del marco legal.
Para ofrecer garantías a este proceso, en cuanto la Constitución consagra que el ejercicio de las libertades ciudadanas tendrá lugar en el marco del socialismo, es imprescindible someter al debate público, en una esfera pública de mayor tamaño y con sujetos empoderados, el significado del «socialismo». Asimismo, lo es traducir ese significado a un programa de valores mínimos compartidos afincado sobre un suelo institucional: traducirlo a un lenguaje universal, capaz de ser utilizado, interpretado y reivindicado por toda la ciudadanía: un lenguaje de derechos y deberes que legitime los comportamientos cívicos y penalice a quien atente contra la libertad de la República.
Aquí yace una oportunidad de relanzar la preocupación cívica por Cuba hacia un proyecto de nación reconstituido para todos y todas -de un «consenso nacional», en las palabras de Raúl Castro- a partir de comprender republicanamente el patriotismo: una pasión política que encuentra la patria allí donde se respetan todos nuestros derechos y nos exige lealtad al orden que lo hace posible.
1 El promedio de edad del Buró Político del PCC es de 68 años. Cuenta entre sus miembros con una sola mujer y nueve de sus quince miembros provienen del sector militar.
Fuente: América Latina en Movimiento