«La llamada comunidad internacional, ¿existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, […]
Si algo hemos aprendido los argentinos en nuestra larga lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado que azotó la región suramericana en la séptima década del siglo pasado, es que no hay violación de derecho humano (desde la más pequeña discriminación hasta los espantosos genocidios) que no tenga un discurso justificador y la complicidad activa de los poderes estatales nacionales y supranacionales responsables de aplicar las leyes y convenios internacionales que -de aplicarse- impedirían cada uno de estos episodios de inhumanidad.
En nuestro país, fue la propia Corte Suprema de Justicia quien en 1930, poco después del primer golpe de Estado contra un gobierno electo bajo las normas constitucionales, sancionó la llamada «continuidad jurídica» de las acciones estatales, dándole dimensión de legalidad a lo que por su naturaleza era manifiestamente ilegítima e ilegal: nada legítimo ni nada legal puede surgir de un acto delictivo como es alzarse en armas contra el gobierno constitucional. De allí en más, golpe tras golpe (y hubo golpes de estado en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) serían legitimados por los gobiernos constitucionales que lo sucedían, de modo tal que dejaban preparadas las condiciones para el siguiente atentado a la legalidad.
Desde 1902, con la sanción de la llamada «ley de residencia», la 4144, un sofisticado edificio jurídico fue respaldando la discriminación, la persecución, la privación ilegal de la libertad y hasta la extradición de aquellos que no aceptaran el dominio capitalista sobre la nación, y la hegemonía imperial inglesa primero, norteamericana después, sobre el poder real.
Desde la 4144 hasta la 20840, toda la legislación represiva se basó en la ideología de la «Guerra Fría»: el anticomunismo que consideraba «subversivos» «terroristas» a todos los que luchaban por los derechos populares y la dignidad nacional. Casi siempre, pero especialmente con los gobiernos del matrimonio Perón (1974/1976) que el despliegue de la legislación represiva y del discurso anticomunista preparó y creó las condiciones suficientes para que el terrorismo de Estado se desate y el golpe de Estado se perpetre. Es en democracia que se gestan los regímenes antidemocráticos y son los ámbitos encargados de impedirlo los que los auspician con su silencio y/o pasividad cómplice. Así fue con el terrorismo de Estado contra los latinoamericanos y así es ahora contra los palestinos.
Las causas penales desplegadas en la Argentina, y en otros países de la región, que el plan de exterminio de la dictadura había sido consensuado y se articulaba con los gobiernos vecinos de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay bajo la supervisión y conducción del gobierno de los EE.UU. y la complicidad pasiva de los organismos internacionales de entonces: la OEA y la ONU.
La celebración del Mundial de Futbol de 1978 puso a prueba el verdadero compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos y ya sabemos cuál fue el resultado.
Los organismos de derechos humanos que nos comprometemos con la causa palestina, contra el terrorismo de Estado israelí contra el pueblo palestino, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fundada en 1937, el Servicio de Paz y Justicia presidido por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de amplia diversidad ideológica y política y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, tomamos en cuenta nuestra propia experiencia como el riguroso examen de los hechos para decidirnos a protagonizar iniciativas de respaldo a los reclamos de respeto a los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación nacional y el cumplimiento de la añeja resolución de crear dos estados en el antiguo territorio de 1948 tal como afirmamos en las dos declaraciones emitidas en estos días:
«Que esta nueva agresión israelí contra la población civil palestina constituye un paso más en todo el proceso de genocidio y limpieza étnica en Palestina, destinado a apropiarse de la totalidad del territorio palestino y quebrar su capacidad de resistir la ocupación que lleva ya 47 años. Que este despiadado ataque potencia las ambiciones coloniales e imperialistas en la región, donde Israel se ha convertido sin ambages en el más grande portaaviones que poseen los Estados Unidos de Norteamérica en lugar alguno del planeta, destinado a ser una verdadera cuña en el mundo árabe con el claro fin de acceder y apropiarse de sus recursos naturales e hidrocarburos. Que esta agresión ha tenido como objetivo primario destruir cualquier intento de consolidar el Gobierno de unidad nacional palestino, conformado luego de un arduo trabajo colectivo, para que ese querido pueblo pueda contar con una sola voz ante el concierto de las Naciones y para terminar con la división en el seno de las organizaciones palestinas.
Que la excusa esgrimida por el Gobierno israelí para iniciar este despiadado ataque ha sido el repudiable asesinato de tres jóvenes colonos israelíes en Cisjordania, del que acusó inmediatamente al movimiento Hamás, sin que hasta la fecha se haya constatado de manera alguna que así haya sido, ni se hayan exhibido pruebas que respalden tan temerarias afirmaciones… No aceptamos de manera alguna que se invoque la «teoría de los dos demonios», de tan triste recuerdo en nuestro país, para justificar la salvaje agresión militar de la que es objeto el pueblo palestino. Debemos recordar para todo efecto, que nos encontramos ante un Estado ocupante y un pueblo bajo ocupación y no existe simetría posible entre ambas condiciones».
Conmovidos por la magnitud del genocidio en curso, nos autoconvocamos en los primeros días del inicio de los bombardeos y el miércoles 16 de julio realizamos la primera marcha ante la embajada de Israel en Buenos Aires, de modo tal de manifestar nuestro rechazo a sus prácticas terroristas y exigir medidas diplomáticas de nuestro Gobierno, tal como habíamos reclamado desde el exilio y desde la Argentina contra el Gobierno argentino en los años de perpetración del genocidio argentino y de su continuidad por medio de la impunidad para sus gestores. Así fue que elaboramos un segundo documento (firmado por un amplio espacio social, político y personalidades de la cultura y la ciencia) en el que afirmamos: » Ante la gravedad de la agresión del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, agudizada por la invasión de tropas israelíes a la misma, el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino reitera su pronunciamiento del día 16 de este mes, en el sentido de que esta nueva agresión israelí contra la población civil palestina, que al momento supera las quinientas vidas humanas y miles de heridos, constituye un paso más en todo el proceso de genocidio y limpieza étnica en Palestina, destinado a apropiarse de la totalidad del territorio palestino y quebrar su capacidad de resistir la ocupación, que lleva ya 47 años.
No aceptamos de manera alguna que se invoque la «teoría de los dos demonios», de tan triste recuerdo en nuestro país, para justificar esta salvaje agresión militar. Señalamos que nos encontramos ante un Estado ocupante y un pueblo bajo ocupación y no existe simetría posible entre ambas condiciones. Consideramos que los actos del Estado de Israel están comprendidos entre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, definidos por el Estatuto de Roma, que nuestro país ratificó en febrero de 2001. Constituyen un acto de genocidio, porque comprenden la matanza general de la población palestina, incluidos sus ancianos, sus mujeres y sus niños. Constituyen un crimen de lesa humanidad porque comprenden asesinatos generalizados y sistemáticos de la población palestina, que vienen a agravar la situación de apartheid en que esta población ya se encuentra, e incluyen la privación del acceso a alimentos y medicinas por el empeoramiento de las condiciones de bloqueo preexistentes.
Constituyen también crímenes de guerra porque todos los actos de la presente agresión comprenden el homicidio intencional de los dirigentes del pueblo palestino, y la destrucción de la infraestructura imprescindible para la vida en todo el territorio de Gaza (hospitales, escuelas, viviendas, etc.) a gran escala, ilícita y arbitrariamente. El Gobierno de Argentina, en su carácter de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene particular responsabilidad de cumplir con el propósito fundamental de la ONU de «tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión». Consideramos que toda declaración de repudio de la agresión israelí debe servir de base a acciones concretas que conduzcan efectivamente a frenar esta escalada de violencia, para que de una buena vez se pueda establecer un mecanismo que finalice en la creación de un Estado Palestino con capital en Jerusalén Oriental, que signifique paz y seguridad para todos los pueblos de la región sin excepciones. En definitiva, dar cumplimiento a las normas internacionales, únicas garantes de una perspectiva de paz real para todo el Medio Oriente. En consecuencia, solicitamos por su intermedio al Gobierno Nacional que, como parte de estas acciones concretas, y en tanto esta grave crisis humanitaria no esté resuelta:
1. Retire el embajador argentino ante el Estado de Israel.
2. Realice por sí, y promueva en la ONU, un embargo militar al Estado de Israel, tanto de ventas como de compras.
3. Suspenda en todos sus alcances el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel.
4. Suspenda toda compra gubernamental a empresas del Estado de Israel,
5. Realice por sí, y promueva en la ONU, la efectiva asistencia sanitaria, alimentaria y toda otra ayuda humanitaria que pueda aliviar la crítica situación que vive la población de Gaza.»
La declaración respalda de manera explicita la valiente decisión de los Gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil y busca influir positivamente en las deliberaciones del Mercosur a realizarse en Caracas en estos días, donde se tratará el tema.
Si el terrorismo de Estado de los 70 se justificó en el anticomunismo, el genocidio israelí busca justificarse en un discurso de «victimización» que aprovecha la descontextualización de los análisis. Excede el sentido de este articulo la construcción discursiva del Holocausto como un genocidio particular y separado del resto de los genocidios, pero se asienta en una secular idea de la «particularidad» de los judíos que alguna vez fundamentara el antisemitismo y hoy el sionismo genocida.
Fue Ana Arendt la que reveló la responsabilidad de la cúpula sionista en la colaboración con el mismo Adolf Eichman que juzgarían a principios de los 60. Fue en función de lo sufrido que se aceleró el plan de creación de un estado nacional judío, y se lo hizo en detrimento de los derechos ancestrales de los palestinos. La increíble sucesión de incumplimiento a todas las resoluciones de las Naciones Unidas, consentidas por estas, ha sido la causa principal de la crisis de estos días. Podríamos preguntar qué tienen que ver los niños palestinos asesinados a mansalva como ratas con el terrorismo de Estado alemán inspirado por el nazifascismo, pero sencillamente afirmamos que la condición de víctimas no genera derechos sino deberes: el deber de luchar por la verdad, por la memoria y por la justicia. Como proclamaban los guerrilleros judíos que se rebelaron contra el extermino nazi en el gueto de Varsovia: la lucha es siempre por nuestra y vuestra libertad puesto que al luchar por la dignidad del agredido, se lucha por la dignidad de la humanidad toda.
Esa es la relación entre la resistencia palestina y la dignidad humana, y viceversa, entre el fascismo sionista israelí y la decadencia ética y el hundimiento de la humanidad en los centros capitalistas de Europa y Norteamérica. Cada cual, elige el lugar donde colocarse. Del lado del humanismo y la dignidad o del lado del fascismo y la claudicación moral.
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