Escribo este artículo de opinión el 10 de marzo de 2023. En esta misma fecha, hace setenta y cinco años, el mando militar del liderazgo sionista hizo público el Plan Dalet o Plan D, que entre otras directrices, daba a instrucciones a las fuerzas sionistas que se dirigían a ocupar centenares de pueblos palestinos y varias ciudades y barrios de la Palestina histórica para que llevaran a cabo:
- “[…] La destrucción de los pueblos (incendiando, detonando y sembrando minas entre los escombros) y especialmente de aquellos núcleos de población que resulten difíciles de controlar de forma continuada.
-Montar operaciones de reconocimiento y control de acuerdo con las siguientes pautas: cercar el pueblo y llevar a cabo registros en su interior. En caso de hallar resistencia, se debe aniquilar a la fuerza armada y la población debe ser expulsada fuera de las fronteras del Estado”.
Para las áreas urbanas se establecieron directrices similares. Eran una versión más blanda de las órdenes reales que se daban a las unidades sobre el terreno. Lo siguiente es un ejemplo de una orden enviada a una unidad encargada de ocupar tres grandes pueblos de Galilea Occidental siguiendo el mandato del Plan D:
- “Nuestra misión es atacar con el objetivo de ocupar […], matar a los hombres y destruir e incendiar Kabri, Umm al Faraj y An Nah”.
Por lo tanto, no es ninguna novedad que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, llame a eliminar la ciudad de Huwara. Se ha disculpado porque comentarios así sólo deberían enunciarse en hebreo pero se ha olvidado de que estamos en 2023 y sus palabras se tradujeron al inglés de inmediato. Smotrich ha pedido disculpas porque han traducido lo que dijo, no porque lo dijera.
La academia palestina ya comprendió muy tempranamente que el discurso sionista orientado al consumo doméstico es muy diferente del que se presenta en el exterior. Se dieron cuenta de que aquí y allá se usaban expresiones similares –en realidad peores– sobre una trayectoria histórica que lleva del Plan D a las actuales matanzas diarias de palestinos, a la demolición de sus casas y a la quema de sus negocios.
Walid Jalidi llevó el Plan Dalet al lector en inglés y Edward Said, en su trascendental obra La cuestión de Palestina, llamó nuestra atención sobre una entrevista a Mordechai Gur, entonces jefe del Estado Mayor de Israel, publicada en 1978 en un periódico local israelí. La entrevista se realizó a raíz de la primera y casi desapercibida invasión israelí de Líbano de ese año. El jefe del ejército israelí decía:
- “No soy de esa gente que tiene memoria selectiva. ¿Cree que pretendo no saber lo que hemos estado haciendo todos estos años? ¿Lo que hemos hecho a lo largo de todo el Canal de Suez? Un millón y medio de refugiados… Bombardeamos Ismailia, Suez, Port Said y Port Fuad”.
Estoy seguro de que muy pocos de nuestros lectores y lectoras saben que Israel convirtió en refugiadas a un millón y medio de personas egipcias tras la guerra de junio [de 1967].
Más adelante le preguntan a Gur si hicieron diferencias entre población militar y civil:
- “Por favor, sea serio. ¿No sabía usted que todo el valle del Jordan había sido vaciado de sus habitantes como resultado de la guerra de desgaste [con Jordania]?”.
El periodista seguía preguntando:
- “Entonces, ¿considera usted que hay que castigar a la población?”
- «Por supuesto. Y nunca he tenido ninguna duda al respecto… Hace ya 30 años, desde el momento de nuestra independencia, que luchamos contra la población civil [árabe] que habitaba los pueblos y las ciudades…».
Esto fue en 1978, y como sabemos, esta política se ha mantenido hasta nuestros días como ilustran espantosos hechos entre los que se encuentran Sabra y Chatila y Kafar Qana en Líbano, Yenin, y la Franja de Gaza. Y sin embargo, cuando revisé esas atrocidades como hicieron otros, las definimos con cierta justicia como limpieza étnica; o como lo llamó Edward Said, un proyecto de acumulación –de tierra y poder– y de desplazamiento –de personas, de su identidad y de su historia–.
Dudé en calificar a todos esos oscuros capítulos con el término genocidio. Sólo lo utilicé una vez cuando al describir la política israelí hacia la Franja de Gaza desde 2006 la denuncié como un genocidio gradual. Las últimas oleadas de asesinatos desde principios de este año –y que conformen otro hito conmemorativo para la memoria– justifican probablemente que el término se aplique no solo a los atroces ataques y al asedio de Israel contra la Franja de Gaza.
Conectar los puntos de asesinatos de un periodo de escasos meses en los que sólo se dispara a diario a un número bajo de personas con las masacres prolongadas durante más de 70 años es algo que no se acepta fácilmente como prueba de políticas genocidas.
Y sin embargo, esa historia conforma la genealogía del genocidio según recoge el artículo 2 de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de Naciones Unidas, que estipula que los actos enumerados a continuación son genocidio si se realizaron “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional”:
- Matar a miembros del grupo;
- Causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo;
- Someter intencionadamente al grupo a condiciones de vida premeditadas para producir su destrucción física, total o parcial;
- Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo;
- Trasladar por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo.
Estoy seguro de que bastantes de nuestros lectores y lectoras reaccionarían diciendo que ya saben que esto es genocidio. Pero ninguno de los que formamos parte del equipo de Palestine Chronicle y por extensión del movimiento de solidaridad con las y los palestinos, estamos aquí para predicar a los conversos. Todos y todas formamos parte del esfuerzo que lidera la Campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) para demostrar a la sociedad civil internacional que Israel debe ser considerado como un Estado de apartheid. No se trata de un mero propósito, aunque la mayoría de los gobiernos del mundo sigan negándose siquiera a considerarlo. Es un proyecto encomiable porque cuando lo consigamos provocará sanciones trascendentales.
Asimismo puede que el clarísimo despliegue de las políticas genocidas de Israel en Cisjordania y no sólo en la Franja de Gaza, y no sólo recientemente sino desde 1948 (basadas también en pruebas aportadas por los propios generales israelíes) nos permita por fin hacer que el derecho internacional se aplique a Palestina. Las principales instituciones y tribunales han abandonado durante años a las y los palestinos y han concedido inmunidad a Israel principalmente por jactarse de que cuenta con un sistema judicial independiente y fuerte. Se trata de una afirmación sin fundamento en el mejor de los casos, y de un alegato palmariamente ridículo a la vista de las últimas iniciativas legislativas de Israel.
Incluso aunque las instituciones del derecho internacional hubieran sido más auténticas en su apoyo a los y las palestinas les habría resultado difícil llevar a juicio a dirigentes o soldados israelíes por acusaciones de limpieza étnica de palestinos y palestinas. La limpieza étnica no es un concepto jurídico en el sentido de que sus perpetradores no pueden ser llevados ante la justicia bajo esa acusación concreta; no está reconocida como delito en el derecho internacional. Es injusto y puede que eso cambie, pero es la realidad con la que tenemos que contar. El crimen de apartheid sí que está reconocido como crimen contra la humanidad por el derecho internacional y sus autores sí que pueden ser llevados ante la justicia.
Es importante considerar la utilización del término genocidio por otra razón. La opinión generalizada del sionismo liberal es que lo ocurrido en Palestina es una pequeña injusticia cometida para rectificar otra más horrible. Esta absurda justificación se ha visto acompañada recientemente por las nuevas definiciones sobre negación del Holocausto adoptadas por muchos países y universidades que rechazan cualquier comparación entre el Holocausto y la Nakba; una ecuación que será considerada como antisemitismo.
Estos dos supuestos son erróneos por dos motivos. En primer lugar, la pequeña injusticia aún continúa; todavía no sabemos lo horrible que llegará a ser pero lo que sí sabemos es que no es pequeña y que encaja con la definición de genocidio.
En segundo lugar, no se trata de compararla con el Holocausto. Se trata de insistir en que se está permitiendo que un crimen contra la humanidad bien definido en el derecho internacional se siga perpetrando. Y que para que esto acabe quizá no baste con hablar de apartheid y limpieza étnica.
Podemos y debemos utilizar un lenguaje más incisivo y preciso a la luz de lo que vemos que ocurre a diario en Cisjordania y en Jerusalén, donde se asesina sobre todo a hombres jóvenes y a niños. Es igualmente necesario habida cuenta de la sistemática criminalización de los árabes de 1948, en cuyos pueblos y ciudades las fuerzas de seguridad israelíes permiten a bandas locales, desgraciadamente palestinas, cometer asesinatos para el Estado.
Fuente original: Palestine Chronicle Traducción para viento sur: Loles Oliván Hijós