En el ataque de junio que el joven palestino Basel Adra presenció y quedó grabado, los colonos israelíes no solo arrojaron piedras, quebraron olivos e incendiaron material agrícola, sino que uno de ellos abrió fuego contra los residentes árabes. Una violencia, rutinaria y sistémica, que aumenta contra la población ocupada de Cisjordania.
«Desde mayo [cuando la escalada de tensión se extendió por la región], estamos enfrentando muchos ataques organizados. Llegan en minibuses, llevan la cara tapada, palos y piedras», cuenta a Efe Adra, desde los altos de las Colinas del Sur Hebrón, donde los asentamientos israelíes proliferan entre comunidades palestinas.
La colonia que queda a su espalda, coronando uno de los cerros y de la que proceden los israelíes que atacan, se llama Havat Maon y es lo que Israel denomina «outpost», es decir, un asentamiento que no está regularizado aunque recibe los mismos servicios que el resto construido con autorización previa del Gobierno israelí.
Todos -regularizados o no por Israel- contravienen la ley internacional, tanto como transferir población de una potencia ocupante a un territorio ocupado.
Hoy son más de 440.000 los colonos judíos que residen entre unos 2,7 millones de palestinos y que, según Adra, tienen como objetivo «hacer la vida miserable para expulsar a las poblaciones locales» de Cisjordania.
En aumento
En lo que va de año, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en territorio ocupado (OCHA) ha registrado al menos 212 ataques contra propiedades palestinas y 94 contra residentes que quedaron heridos.
Un considerable aumento con respecto incluso al pasado año de pandemia que, pese a confinamientos, alcanzó los 270 ataques con resultado de daños materiales y 82 con daños físicos, ya de por sí superior a 2019: 259 y 76 respectivamente.
«Todo va aumentando: más demoliciones, más confiscaciones, más ataques de colonos. Incluso incursionan en las villas y agreden a la gente; antes eso no ocurría», alerta a Awda Hadalin en el pueblo beduino de Um Jair, uno de la veintena de comunidades palestinas de esta región conocida como Masafer Yata, en el sur de Cisjordania.
La aldea de Hadalin, cuyas tierras compraron refugiados palestinos de 1948 tras la creación del Estado de Israel y hoy todavía sin electricidad, ha quedado encajonada entre el asentamiento de Carmel y las granjas que gestionan los colonos israelíes. Por la carretera que atraviesa la villa y conecta las dos zonas colonas, con red eléctrica, ruedan los jeep del Ejército israelí.
La colonia del Carmel, a diferencia de Havat Maon, es legal para Israel. Establecida en 1981, cuando comenzó «el desastre» según Hadalin, se levantó sobre tierras de Um Jair y sus planes de expansión se adentran en el pueblo palestino, separado tan solo una valla de seguridad, a escasos metros.
El acoso de los colonos no es nuevo, recuerda Hadalin, cuando en 2017 «cada noche y durante más de dos meses» no pararon de tirar piedras hacia el pueblo. «Quiere a tus vecinos», escribieron los palestinos en los techados de sus casas beduinas.
«Aquí los derechos básicos se convierten en un sueño», valora Hadalin sobre un suma y sigue de dificultades y presión que afrontan estas comunidades.
Impunidad israelí
«Los soldados no somos enviados a Cisjordania para proteger a los palestinos, la orden es proteger a los israelíes y a las colonias judías», resume a Efe Ori Givati, miembro de la ONG Rompiendo el Silencio (Breaking the Silence, BTS), plataforma de exmilitares israelíes que denuncia las prácticas del Ejército en territorio ocupado.
La impunidad rodea el fenómeno de la violencia colona, cuando los ataques se están produciendo en presencia de la Policía y el Ejército israelíes, que o bien no actúa o solo interviene para dispersar palestinos, lamentan estos activistas.
«Como soldado lo único que quieres es que la situación termine y por eso, en muchos casos, vemos que en lugar de parar la violencia de los colonos, lanzan granadas de gas hacia los palestinos, que son las víctimas», ilustra Givati.
Sucedidas las agresiones, gran parte documentadas por los residentes palestinos y posteriormente denunciados ante Israel, no hay consecuencias ni detenciones. Adra, Hadalin y Givati coinciden en enmarcar el fenómeno en una política sistémica.
«Como sistema, como país, como Estado, como Ejército, como Ministerio de Defensa rechazamos reconocer el hecho de que los colonos son una comunidad extremadamente violenta, por supuesto no todos, pero gran parte de ellos», considera el israelí Givati.
La expansión de «outpost» en esta región que, aun no estando autorizados por Israel, los colonos construyen mientras son protegidos por el Ejército israelí, acrecienta la sensación de impunidad y los «ecosistemas de violencia».
Adra y Hadalin suman al deterioro del contexto las crecientes demoliciones de casas y corrales en sus poblados, al carecer de permisos de construcción que en el 90% de los casos Israel han rechazado previamente. «Destruyen, construimos», añaden estos dos jóvenes palestinos.
«Hasta las ovejas se vuelven vagabundas», ironizan sobre los poblados de este área, mayoritariamente agrícola y ganadera.
«No hay incentivos para Israel por hacer cumplir la ley [a los colonos}, porque al final sirve como las demoliciones, restricciones o confiscación de tierras, al mismo propósito: hacer imposible la vida de los palestinos, echarlos», zanja Givati.