La actual política de la administración de Donald Trump genera un grupo de desafíos en la materialización del acuerdo migratorio del 12 de enero del 2017 que pueden tener implicaciones para la seguridad de ambos países
El pasado viernes se cumplió el primer aniversario del último acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, refrendado en una Declaración Conjunta el 12 de enero del 2017.
Su entrada en vigor fue un «importante paso en el avance de las relaciones bilaterales (…) dirigido a garantizar una migración regular, segura y ordenada».
El acuerdo ha tenido un impacto inmediato en la ostensible disminución del flujo migratorio irregular.
Cifras del Departamento de Estado señalan que se ha reducido el flujo total de la inmigración procedente de Cuba en 64 % con respecto al año fiscal 2016 y el número de migrantes irregulares interceptados en el mar disminuyó en un 71 %.
La adopción y materialización de este acuerdo ha sido coherente con la voluntad del Gobierno cubano de, en ejercicio de su soberanía, de actualizar la política migratoria vigente y ajustarla a las condiciones del presente y futuro previsible.
A punto de cumplirse un lustro de la entrada en vigor de la actualización migratoria anunciada el 14 de enero del 2013, han viajado a distintas partes del mundo en estos cinco años más de 2,6 millones de ciudadanos cubanos, de ellos más de 896 000 específicamente a Estados Unidos.
El uso de la política migratoria como un arma contra la Revolución ha causado en el pasado la muerte de personas inocentes y dañado a los pueblos estadounidense y cubano.
Cuba ha manifestado a Washington su profunda preocupación por las consecuencias negativas que tienen en las relaciones migratorias entre las dos naciones las decisiones unilaterales, infundadas y políticamente motivadas, que fueron adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en septiembre y octubre del 2017.
La actual política de la administración de Donald Trump genera un grupo de desafíos en la materialización del acuerdo migratorio del 12 de enero del 2017 que pueden tener implicaciones para la seguridad de ambos países, sobre lo cual se ha alertado a las autoridades norteamericanas.
Se ha instado al Gobierno de Estados Unidos a cumplir su obligación de emitir no menos de 20 000 visas a ciudadanos cubanos para emigrar legalmente a ese país.
La permanencia de la Ley de Ajuste continúa siendo un obstáculo para la normalización de las relaciones migratorias. El Comandante en Jefe, Fidel Castro, la catalogó en reiteradas ocasiones como una «ley asesina» y «selectiva», que no se aplicaba de igual manera a todas las naciones del mundo.
«Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en los últimos meses, no solo interrumpieron el proceso iniciado por decisión soberana de ambos países para avanzar hacia un nuevo tipo de relación, por primera vez en su historia, basado en el respeto y la convivencia civilizada, sino que han abierto nuevos frentes de tensión», aseguró el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, durante la pasada sesión de la Asamblea Nacional.