Traducido para Rebelión por Felisa Sastre
El territorio de la Palestina histórica es el hogar de dos grupos étnicos: israelíes y palestinos. Hoy, todo el territorio se encuentra bajo el control político y militar de Israel, un Estado que se auto define como institución que está al servicio de los intereses de uno sólo de los grupos étnicos que residen en el territorio, en lugar de estarlo al de cualquiera de las personas que se hallan bajo su control, con independencia de su origen étnico. Históricamente, Israel ha intentado mediante el uso de la fuerza militar expulsar de la Palestina histórica a todos los individuos de origen no judío. De hecho, el establecimiento de Israel en 1948 fue posible gracias a una coordinada campaña de limpieza étnica contra el pueblo palestino. Además de su condición de habitantes nativos, los palestinos constituían una mayoría de dos tercios cuando se creó el Estado de Israel. Aunque una mayoría se vio obligada a exilarse, otros permanecieron. Hoy, por primera vez desde que fueron expulsados de su patria en masa, los palestinos de nuevo son una mayoría en el territorio bajo control de Israel. Durante la guerra regional de 1967, Israel expulsó a más de 400.000 palestinos de las zonas hoy conocidas como Cisjordania y Gaza. Desde 1967, las ocasiones de promover limpiezas étnicas masivas han sido escasas y, en consecuencia, Israel ha adoptado una política intermedia hacia los palestinos con la idea central de que debería existir una separación física entre los dos grupos étnicos en la Palestina histórica. Pero esta separación física no ha sido un preludio para la igualdad territorial y política. La política se ha dirigido a la utilización de una variedad de medios para expropiar la tierra de los palestinos y colonizarla con judíos israelíes. Si todo resulta según lo previsto, los palestinos se concentrarán en territorios no contiguos que constituyen sólo una parte de las tierras a las que moralmente tienen legítimo derecho.
Mientras Israel aplaca a la comunidad internacional proclamando que este nuevo esquema político supone la autodeterminación, la realidad es que a los palestinos se les niega la capacidad política para defender sus derechos individuales o acordar cualquier aspecto de su futuro como pueblo. Sin embargo, con este nuevo acuerdo, Israel se quita un peso de encima: ya no tendrá que facilitar servicios municipales o vigilar continuamente a los palestinos. Y si se vuelven demasiado molestos o rebeldes, Israel puede desplegar a su ejército para reprimirlos brutalmente. La vida en estas condiciones es totalmente insoportable, así que mucha de la gente que vive en esas zonas quizás se vaya o su cultura e identidad queden destruidas.
El proyecto se ha llevado a cabo lentamente para superar tres obstáculos. El primero, el pueblo nativo- los palestinos- que se han sublevado y han demostrado que son adversarios formidables. En segundo término, la comunidad internacional que continúa presionando para conseguir una final a esta violenta confrontación y un acuerdo pacífico del conflicto entre Israel y los palestinos. El tercero, Gaza, donde el proyecto de colonización de Israel se ha demostrado muy difícil de llevar a cabo. Para tratar con los tres problemas a la vez, el Gobierno de Israel se ha inventado algo llamado «plan de retirada». Gaza es insignificante territorialmente, y en contraste con otras regiones de la Palestina histórica, tiene escaso valor religioso, cultural y económico para Israel. Sin embargo, lo que sí tiene es una alta densidad de población pero de la clase no deseada. Para proteger a los pocos colonos judíos israelíes de la zona, Israel ha tenido que invertir enormes recursos humanos y materiales, y en consecuencia, le supone un coste mínimo el que los colonos y el ejército abandonen el territorio. Al mantener el control de la fronteras de Gaza, del espacio aéreo y de las aguas territoriales, Israel conserva el control económico y político del destino de los palestinos que residen en la franja.
El plan de retirada implica también otros beneficios significativos. En efecto, permite a Israel resolver los dos primeros problemas señalados anteriormente. Al crear una ilusión de compromiso político y racionalidad quita razón a la resistencia palestina. Después de todo, ¿por qué habría de resistirse nadie a tan magnánima apertura? En segundo lugar, el plan satisface a la comunidad internacional que anhela ver algún progreso en el «proceso de paz»; al menos, da la impresión de ser un primer paso en la buena dirección. Sin embargo, el beneficio más significativo del plan es que monopoliza la atención del mundo, gana tiempo, y acumula la clase de capital político que permite a Israel intensificar su colonización de tierras palestinas y reforzar, mientras tanto, su política de separación étnica.
Mientras el mundo se centra obsesivamente en la retirada de Gaza y en sus largas secuelas políticas, Israel se va a ocupar de reforzar su sistema de control territorial y va a trabajar para legitimarlo de facto. El Muro de separación continúa construyéndose desafiando la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que de forma inequívoca estableció su ilegalidad. El Muro se adentra en Cisjordania y su elaborado diseño rompe la contigüidad territorial de la región. Las colonias y la infraestructura que las apoya continúan expandiéndose. Hace muy poco, el Gobierno israelí confiscó grandes superficies de tierras palestinas en Jerusalén Este para construir 3.500 viviendas adicionales en la colonia de Ma’ale Adumin. Una vez que la ampliación haya terminado, Ma’ale Adumin romperá a Cisjordania por la mitad.
La definición del concepto de apartheid es la de separación sin autodeterminación. La Sudáfrica del apartheid concentraba a su población negra en «territorios» desconectados. Este sistema permitía a los negros ocuparse de sus asuntos municipales mientras les denegaba la autodeterminación y otros derechos humanos básicos. Israel está en camino de establecer un régimen similar en todo el territorio de la Palestina histórica. La versión israelí del sistema de bantustanes afectará a Gaza, al 40 por ciento de Cisjordania y a algunas pequeñas zonas del interior de Israel, donde una amplia gama de medidas racistas mantiene a la minoría palestina separada y en condiciones de desigualdad. En esas zonas, los palestinos continuarán viviendo sin las más básicas libertades, sin autodeterminación, y sin ningún tipo de control sobre su propio futuro.
Esa no es la única razón por la que se ha considerado, acertadamente, a Israel como heredera del legado de racismo y brutalidad del apartheid de Sudáfrica. Es cierto que desde el inicio de la segunda oleada de colonos judíos en 1905, Israel se ha esforzado por llegar a ser «colonia de colonos puros» que evitaba confiar en la mano de obra barata nativa y quería construir una economía exclusivamente judía mientras que el privilegiado blanco sudafricano siempre dependió de la explotación de la mano de obra negra. También es verdad que Israel tiene un Estado de apartheid Plus, en el sentido de que se opone activamente a la presencia de la población nativa en la tierra que codicia y aspira a su expulsión total.
Sin embargo, estas diferencias influyen poco en la comparación. Los ciudadanos árabes palestinos de Israel están segregados territorialmente y sus comunidades subdesarrolladas por completo. El 93 % del territorio de Israel pertenece a perpetuidad al Estado para beneficio exclusivo del pueblo judío en lugar del de todos los ciudadanos de Israel. La administración de esas tierras la asumen instituciones gubernamentales que aseguran que ningún ciudadano de origen árabe palestino pueda comprar, alquilar o trabajar en esas zonas. Mientras se niega a los ciudadanos no judíos esos recursos, se expropian sus tierras y hogares que el Estado destruye amparándose en una serie de triquiñuelas burocráticas. El subdesarrollo de sus comunidades es progresivo al negárseles otros bienes socialmente significativos como la financiación estatal de la educación y de los servicios municipales esenciales. El resultado es que año tras año, los ciudadanos israelíes de ascendencia palestina bajan cada vez más en todos indicadores socio-económicos. El aislamiento de la comunidad palestina en Israel se incrementa por otras medidas descaradamente racistas: las principales carreteras en Israel no tienen salida hacia las ciudades y localidades árabes; la discriminación incluso se extiende a las leyes sobre permisos de residencia, nacionalidad y matrimonio; un palestino de Cisjordania o de Gaza que se case con una ciudadana israelí tiene prohibido legalmente el establecerse en Israel y el obtener el permiso de residencia y, eventualmente, la nacionalidad. Esta ley sólo se aplica a los árabes palestinos. Mientras Israel se niega a aceptar el internacionalmente reconocido derecho de retorno de los palestinos a su patria, de la que fueron expulsados en 1948, garantiza la nacionalidad a cualquier persona de origen judío y le permite establecerse en las tierras que los palestinos tienen el legítimo derecho de reclamar. La ley del retorno es una de los muchas leyes y regulaciones del apartheid israelí. Finalmente, los ciudadanos israelíes de origen palestino pueden ser asesinados con total impunidad por la policía de fronteras o el ejército como ocurrió en octubre de 2000.
Cuando la comunidad internacional se enfrentó al espectro del apartheid en Sudáfrica, boicoteó al régimen hasta que fue reemplazado por un sistema político que aseguraba la igualdad política entre blancos y negros. Tras casi sesenta años de brutal tratamiento de Israel hacia los habitantes originario de Palestina, se debería hacer lo mismo.
Campaña de la Universidad de Wisconsin para la desinversión en Israel: http://alawda.rso.wisc.edu/
8 de septiembre de 2005