El día 30 de octubre de 2005, en las páginas del quincenario El Juguete Rabioso de la ciudad de La Paz, sede de gobierno de la República de Bolivia, se efectuó una denuncia (que puede leerse íntegra en http://www.bolpress.com/especiales/madidi.php ) sobre el saqueo de los recursos naturales del Parque Nacional Madidi. En la misma, ilustrada […]
El día 30 de octubre de 2005, en las páginas del quincenario El Juguete Rabioso de la ciudad de La Paz, sede de gobierno de la República de Bolivia, se efectuó una denuncia (que puede leerse íntegra en http://www.bolpress.com/especiales/madidi.php ) sobre el saqueo de los recursos naturales del Parque Nacional Madidi.
En la misma, ilustrada con numerosas fotografías -que mostraban, entre otras, a gente trabajando con motosierras- se describía la explotación indiscriminada de árboles de madera preciosa, como la caoba y el cedro, que está sacudiendo al sector San Fermín del citado parque.
El Parque Madidi es considerado como una de las reservas naturales que alberga uno de los mayores potenciales de biodiversidad del mundo entero. Tiene una extensión de 18.957 kilómetros cuadrados -más de la mitad de la superficie de toda Cataluña- y está situado en la región amazónica del departamento boliviano de La Paz. El sector San Fermín se ubica en su extremo occidental y colinda con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en la República del Perú. Ambos parques forman parte del corazón de un proyecto de corredores de reservas naturales denominado Vilcabamba- Amboró.
El saqueo de la madera involucraba a trabajadores bolivianos y a empresarios del vecino Perú y contaba con la complicidad y el encubrimiento de los guardaparques asignados en la región por la dirección del parque que depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Ministerio de Desarrollo Sostenible de la República de Bolivia.
La denuncia fue efectuada por miembros de la llamada Expedición Madidi que había sido declarada de «Interés Nacional» por la Cámara de Diputados de Bolivia el 8 de septiembre pasado y que contaba, en esta ocasión, con el respaldo institucional de la Dirección Nacional de Arqueología del Viceministerio de Cultura.
Fuera de la realidad
La respuesta del Gobierno boliviano no se hizo esperar.
Las primeras declaraciones efectuadas en conferencia de prensa, tanto por la Ministra de Desarrollo Sostenible, Martha Bozo, como el director del SERNAP, Jhonn Gómez, no sólo no tomaban en cuenta la gravedad de la denuncia efectuada sino que perecen destinadas a eludir la responsabilidad que ambas autoridades tienen en lo que, a todas luces, es una tragedia ambiental.
Cuando el sentido común indicaba que el camino adecuado para resolver este problema era investigar la denuncia in situ, Gómez informó que se solicitarían informes a la oficina de Áreas Protegidas y a la Intendencia Forestal de la República del Perú. Este exabrupto -ya que sólo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia es factible demandar informes a otra nación- generó la necesidad de un desmentido de la propia ministra donde se descartaba la «invasión» de ciudadanos peruanos al Parque Nacional Madidi (ver cable de la agencia Jatha en www.redbolivia.com, 3 de Noviembre de 2005)
La ministra, aparte de quejarse de la extensión de las áreas protegidas como el Madidi y de la carencia de vías de acceso a las mismas, manifestó un desconocimiento absoluto de la denuncia misma y, a pesar de aludirla, declaró que «dicha comercialización está ampliamente controlada por la Superintendencia Forestal (de Bolivia) y que cuando se detecta volúmenes de madera preciosa cuya procedencia no se conoce, la entidad reguladora está totalmente habilitada para decomisarla y hacer las investigaciones sobre su procedencia».
La denuncia efectuada por la Expedición Madidi indicaba que la madera era cortada dentro del territorio del Parque Nacional Madidi en Bolivia y transportada por las aguas del río Tambopata -límite internacional- hasta la localidad de Pampa Grande en Perú, donde era cargada en camiones que la transportaban fuera de la selva. Las autoridades peruanas del parque Bahuaja Sonene habían intentado sin éxito decomisar algunos embarques de madera pero los empresarios hicieron valer permisos legales para su transporte otorgados por la máxima autoridad forestal peruana.
Desde ya, las declaraciones de Bozo desconocen en absoluto está situación, a la vez que anulan de un plumazo la Ley 1333 de Medio Ambiente vigente en Bolivia que prohíbe de manera terminante la tala de cualquier especie forestal dentro de los parques nacionales, por lo que la Superintendencia Forestal de Bolivia mal podría controlar la comercialización de la misma..
Irresponsabilidad oficial
Otras declaraciones de Gómez para desmentir la «invasión» de súbditos peruanos al Madidi son también asombrosas y rompen con el respeto que debe primar en las relaciones diplomáticas entre las naciones.
La citada autoridad, en referencia al sector San Fermín del parque nacional que está bajo su custodia, explicó que «la región es bastante peligrosa puesto que al otro lado de la frontera (Perú) no existe mayor control de recursos naturales y que la única vigilancia se desarrolla por parte del Sernap y del personal del Parque Madidi».
Esto se contradice con la realidad: en Putina Punco, dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional peruano de Bahuaja Sonene, se encuentra ubicado un campamento cuyo personal fue, precisamente, el que efectuó los decomisos de madera boliviana que fueron denunciados y que, según consta en el informe oficial elevado por la Expedición Madidi a las autoridades bolivianas, fueron incluso comunicados a la jefatura de protección del Parque Madidi, sin que por ello se realizara ninguna acción para impedir el saqueo de maderas preciosas. Por otra parte, Gómez no explicó los alcances de la denuncia que involucra a ese personal -los guardaparques asignados a San Fermín- que, según él, es el único que controla la zona de frontera, junto con un grupo de militares bolivianos.
A la vez, informó que el 30 de septiembre pasado, realizó un sobrevuelo de la región donde «se pudo constatar que no existe invasión de ciudadanos peruanos, pero que en todo caso existe intención de generar conflicto en la zona», sin dar mayores explicaciones acerca de quien o quienes estarían detrás de esas supuestas intenciones de promover conflictos que la referida autoridad observó desde el aire.
Por último, desestimó la investigación aparecida en El Juguete Rabioso, uno de los medios independientes más prestigiosos de Bolivia, declarando que la misma tiene «un fin mal intencionado» y que son «denuncias sin fundamentos claros y sin pruebas consistentes». (www.hoybolivia.com, 3 de Noviembre de 2005), sin mencionar las fotografías que acompañan el informe que incluyen cantidades de madera cortada y apilada en las playas del río Tambopata, trabajadores disimulando frente a la presencia de extraños y luego los mismos trabajadores de origen boliviano cortando madera con una motosierra.
La situación que se vive dentro del Parque Nacional Madidi y la falta de control y la negligencia, la complicidad y el encubrimiento que exhiben las autoridades merecería ser tomado en cuenta e investigado en profundidad ya que lo que se está destruyendo es uno de los patrimonios naturales más importantes del mundo entero y eso debería escandalizar y movilizar a todos.