Problemas medioambientales (destrucción de biodiversidad), de salud para quien los consume (por la manipulación genética y por el aumento de uso de pesticidas en muchos casos), de desigualdad social y hambre (las repercusiones sobre el campesinado son enormes), de irreversibilidad (la contaminación genética se reproduce a sí misma). Estos son algunos de los impactos negativos […]
Problemas medioambientales (destrucción de biodiversidad), de salud para quien los consume (por la manipulación genética y por el aumento de uso de pesticidas en muchos casos), de desigualdad social y hambre (las repercusiones sobre el campesinado son enormes), de irreversibilidad (la contaminación genética se reproduce a sí misma). Estos son algunos de los impactos negativos de la invasión de la soja en tierras paraguayas. El sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Asunción, Tomás Palau, afirma en un estudio que las ventajas del monocultivo de soja son nulas excepto para un sector social: los millonarios que dirigen las multinacionales agroindustriales.
El experto afirma que la situación actual de agricultura en Paraguay, planteada por la nueva ofensiva de la agricultura capitalista, está compuesta por un serie de elementos nocivos. Hay la conversión de la soja convencional a transgénica; la indolencia y complicidad en la acción gubernamental; el avance de la frontera del cultivo; intoxicación humana y contaminación de flora y fauna; la reacción campesina; creciente dependencia de importaciones a costa de las exportaciones; pérdida de soberanía; incremento del precio de las tierras; y pensión externa para lograr crecimiento del PIB.
«Se trata de un problema complejo, que tiene como efecto social final más importante el desalojo campesino de las áreas rurales del país», senãla Palau. Se expande el área de siembra del cultivo de soja en Paraguay. Esta superficie pasa de 1.176.460 hectáreas. Son 720.000 más en sólo cuatro años, lo que da un promedio de 180 mil has por año.
La soja plantada es casi toda transgénica (90%) traída de contrabando. Con esto se pierde soberanía genética sobre semillas convencionales que se habían desarrollado exitosamente en el país. Se introduce un factor de riesgo sanitario, ya que no está comprobado que los transgénicos no afecten la salud humana. Además se produce un efecto de contaminación genética a otros cultivos. Paralelamente, la Monsanto exige el pago de regalías.
Los cultivos con semillas transgénicas, que son resistentes a herbicidas, son profusamente fumigados con esos biocidas, muchos de los cuales son de uso prohibido. Estos biocidas producen en los humanos casos de muerte y de intoxicación, ya que las fumigaciones se hacen – muchas de ellas – mecanizadamente o incluso desde avionetas. Además de esto destruyen cultivos de autoconsumo y mortandad en la fauna doméstica, ictícola y microfauna del suelo.
El gobierno no actúa, ya que en el fondo, les conviene que aumente el área de siembra de la soja. La policía (y en no pocos casos, el ejército), la mayoría de los jueces y fiscales actúan a favor de los grandes propietarios. La legislación ambiental sobre tierras, migratoria, etc., no se cumple.
Se produce así, gradual pero rápidamente, una triple pérdida de soberanía. Por un lado, se continúa perdiendo soberanía económica, ya que se depende de las exportaciones de un solo producto (soja) cuyas semillas serán proveídas por una sola empresa (Monsanto), el aumento de esas exportaciones a su vez, hace depender al país de importaciones cada vez más importantes. Por otro lado, hay pérdida de soberanía territorial, ya que inmensas extensiones de tierras son adquiridas por propietarios (privados o corporativos) extranjeros. Finalmente, hay pérdida de soberanía alimentaria, ya que el monocultivo desplaza la diversificación y con ello a los cultivos de subsistencia, además los campesinos expulsados de sus tierras migran a las ciudades en las que – para comer – deben pasarse al bando de los consumidores, habiendo sido antes productores de parte de su comida.
Los afectados, principalmente campesinos, actúan de tres maneras: conformándose con lo que les pasa, venden sus tierras, se van a los pueblos o ciudades y terminan empobreciéndose rápidamente, quedan fuera, excluidos; se organizan en coordinadoras departamentales por la defensa de la vida y el medioambiente. Esta respuesta «institucional» hasta ahora no dio muchos resultados por la insensibilidad del gobierno; u ocupan tierra, queman sojales, bloquean el ingreso de maquinarias y personal para fumigación. Esta reacción directa es reprimida por el gobierno.
Palau afirma que si continúa esta tendencia que venimos observando desde hace algunos años se forma el siguiente escenario para el futuro próximo: un país con una gran cantidad de pobres (probablemente el 70% en no más de 20 años); casi completa desaparición de las clases medias urbanas; un pequeño grupo de familias tremendamente ricas; aumento de la delincuencia, del trabajo y explotación infantil, de la prostitución, consumo de drogas y alcohol; y creciente analfabetismo de la población, por falta de acceso a la educación y por su pésima calidad.
Además habrá el aumento de las enfermedades en general y de las de transmisión sexual, respiratorias agudas y las derivadas de la parasitosis en particular; aumento dramático de la desertificación del país por uso intensivo e irresponsable del suelo y por la deforestación; y aumento de la represión policial y militar para frenar el descontento social.