El 4 por ciento de la actual población palestina, equivalente a 140.000 personas, han sido arrestadas por Israel en los últimos 20 años, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que denuncia que la comunidad palestina reclusa es en la actualidad una de las más altas desde que el Ejecutivo israelí se anexionó Cisjordania, […]
El 4 por ciento de la actual población palestina, equivalente a 140.000 personas, han sido arrestadas por Israel en los últimos 20 años, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que denuncia que la comunidad palestina reclusa es en la actualidad una de las más altas desde que el Ejecutivo israelí se anexionó Cisjordania, la Franja de Gaza –desocupada en septiembre de 2005– y Jerusalén Este durante la guerra de 1967.
Durante meses, las autoridades egipcias han mediado y presentado un plan para lograr la liberación de 1.400 prisioneros palestinos a cambio de la puesta en libertad del soldado hebreo Gilad Shalit, secuestrado el pasado junio por milicias afines a Hamás.
En concreto, más de 4.600 palestinos fueron procesados por tribunales militares en 2006, incluidos 3.500 por delitos contra la seguridad pública y otros 1.120 por perturbación del orden público, la mayoría por el lanzamiento de piedras.
Dichos juicios se basan generalmente en las confesiones de los detenidos o en las acusaciones de otros presos para condenar o absolver a los acusados, aunque el 95 por ciento de los casos desembocan en una pacto de clemencia, según admiten letrados de la Defensa israelíes y la ONG Amnistía Internacional. Asimismo, en los años 90 se creó un Tribunal Militar de Apelaciones.
Por otra parte, desde que en 1999 el Tribunal Supremo israelí prohibió lo que el servicio de Inteligencia interno hebreo –el Shin Bet– denominaba «presión física moderada» que incluían prácticas como privación de sueño, exposición a temperaturas extremas o atar a los presos en posturas incómodas y dolorosas, los cuerpos policiales israelíes emplean menos fuerza bruta en los interrogatorios.
En este sentido, Israel alega que ha otorgado a los acusados palestinos más derechos y protección que los estipulados por el derecho internacional, incluido el derecho de apelación y casación. «Las personas son detenidas en Guantánamo sin aproximación a los tribunales por tiempo ilimitado», aseguró el juez retirado y antiguo presidente de las Cortes Militares en Cisjordania, Amnon Straschnov.
No obstante, el presidente del Comité Público contra la Tortura, Eliahu Abram, aseguró que, a pesar de las reformas introducidas en 1999, los métodos de iterrogación continúan siendo coercitivos y denuncia que muchos de los detenidos son encarcelados en células sin ventanas o son obligados a sentarse durante horas con las manos esposadas a sus espaldas, e incide en que sólo unos cuantos denuncias malos tratos.
Mientras que un detenido en Cisjordania tiene que ser puesto a disposición judicial en un plazo de ocho días, en Israel el tiempo se reduce a 24 horas, al tiempo que los detenidos palestinos les pueden negar asistencia letrada hasta un máximo de 90 días, si bien en fases posteriores tal privación sólo puede ser aprobada por un Tribunal.
Por su parte, muchos palestinos son representados por abogados israelíes, muchos de ellos activistas de Derechos Humanos que denuncian la falta de acceso a sus clientes hasta después de que éstos ya han confesado al Shin Bet.
Además, muchos palestinos permanecen detenidos varios meses, incluso años, sin ser procesados ni condenados formalmente. En la actualidad, más de la mitad de los 9.000 palestinos detenidos se encuentran en esta situación, a pesar de que comparecen con cierta regularidad ante jueces, quienes a veces reducen el tiempo de detención que solicitan los fiscales. En este sentido, más de 4.000 presos palestinos no han sido condenados todavía, a pesar de que la mayoría de ellos cumple una condenado de entre uno y diez años.
Decenas de ellos llevan encarcelados durante más de 15 años y ocho condenados a cadena perpetua han pasado ya un cuarto de siglo entre rejas, entre ellos, Fakhri Barguti, que lleva preso desde 1978 por el asesinato de un conductor israelí.
Por su parte, los palestinos acusados de lanzar piedras, poseer armas, reclutar a suicidas o acusados de atentar contra la seguridad del Estado son considerados como presos potencialmente peligrosos por lo que no se les permite el uso de teléfonos móviles, son separados de los criminales ordinarios, así como se les restringen las visitas de familiares. Asimismo, los palestinos empleados en la seguridad suelen recibir condenadas más firmes que sus homólogos israelíes.
Por otra parte, los palestinos son dividos por facciones, es decir, los miembros de Al Fatah y de Hamás son encarcelados en bloques diferentes.
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