Dos diplomáticos cubanos fueron secuestrados y hechos desaparecer por un organismo represivo argentino, en Buenos Aires. Pero hoy se sabe que organizaciones anticastristas acudieron a las policías políticas de Chile y Argentina para cometer crímenes. Y son las mismas organizaciones que colaboraron en el atentado contra Orlando Letelier.
El 20 de septiembre de 1976 culminó una de las operaciones terroristas más insolentes que recuerde la historia de EEUU, sólo superada por el atentado a las Torres Gemelas de 2001. Ese día, una bomba activada por control remoto hizo estallar el vehículo que trasladaba al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronney Moffit. Ambos murieron despedazados y envueltos en llamas.
El atentado, en el corazón de un barrio que alberga varias embajadas en Washington D.C., fue planificado por la DINA. Pero los hombres de los servicios de seguridad de Pinochet no estuvieron solos. Desde la dirección del organismo represivo, Manuel Contreras transmitió a su segundo hombre, Pedro Espinoza, el encargo para que el agente estadounidense, Michael Townley, organizara y ejecutara el ataque. El agente encontró el apoyo decidido del Movimiento Nacionalista Cubano, un grupo de anticastristas radicados en Miami y dispuestos a todo. Fue así como se orquestó y terminó la sangrienta misión.
Pero hoy se sabe que la colaboración de la DINA con la organización terrorista cubana fue mucho más íntima y también comprometió a todos los organismos de seguridad de las dictaduras sudamericanas (Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) que conformaron el Plan Cóndor, una concertación para eliminar a todos los grupos opositores a los regímenes que en ese entonces asolaban el cono sur.
Y estos organismos también estuvieron encima de quienes eran sospechosos de colaborar desde otros países. Fue así como la vida de los funcionarios de la Embajada de Cuba en Argentina, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, fue también tomada por el Plan Cóndor y -recién hoy se está conociendo- sirvió como prueba de confianza para que los nacionalistas cubanos colaboraran decididamente con la DINA, al punto de que fueron ellos quienes apretaron el botón del dispositivo electrónico que hizo estallar el auto del ex canciller Letelier, en las cercanías del Sheridan Circle, la plaza del barrio diplomático de la capital de EEUU.
Fuentes allegadas al gobierno cubano, consultadas por LND, reconocen que la situación de Galañena y Cejas se mantuvo en silencio durante 30 años, pese a existir testimonio sobre la suerte que corrieron y, además, por estar reconocidos como víctima de la represión. No fue fácil para Cuba reconocer que estos funcionarios eran agentes de inteligencia y el canal de mayor confianza de Fidel Castro con la Junta Coordinadora Revolucionaria.
El SIDE y la CORU
Eran años en que todo tenía siglas. También una época en que o eras amigo de Estados Unidos o enemigo. En un contexto de represión máxima contra partidos y movimientos políticos de izquierda, las organizaciones de resistencia armada sudamericanas intentaban conectarse para colaborar mutuamente en la lucha por la recuperación de la democracia.
Fue así como la Junta Coordinadora Revolucionaria se levantó como el único ente que aparecía como alternativa para oponerse a las dictaduras. La organización estaba compuesta por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile (había otro grupo del mismo nombre en Uruguay); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en Argentina; el Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, en Uruguay, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia.
Amparados en la clandestinidad, cada uno de estos movimientos tuvo sus representantes, que se reunían principalmente en Argentina. La DINA, manejada sin frenos ni controles por Manuel Contreras, y con íntimos lazos con los nacionalistas cubanos Orlando
Bosch y Luis Posadas Carriles (ver recuadro), había detectado que la organización era apoyada soterradamente por el gobierno cubano de Fidel Castro. Pero tan bien estaba organizado el organismo que hasta principios de 1976 era imposible saber cómo o quienes eran la conexión de La Habana con la mencionada junta.
En Buenos Aires, los movimientos militaristas que se levantaron contra la viuda de Perón, Isabelita, se tomaron el poder tras la renuncia de la mujer. Fue la llegada de Rafael Videla y el inicio de la llamada «guerra sucia». Las detenciones ilegales, secuestros violaciones de mujeres y salvajes torturas permitieron obtener los primeros datos de la entidad izquierdista. Pero hubo otro actor que sería decisivo: la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). Según un informe desclasificado del FBI de 1978, la CORU era «una organización terrorista anticastrista que aglutina a cinco grupos anticastristas, que se unieron en la República Dominicana el 11 de junio de 1976, bajo la dirección del doctor Orlando Bosch» (ver recuadro).
Las oleadas de detenciones no demoraron y fue así como, en julio de 1976, por ejemplo, fue detenido (posteriormente enviado a Chile y hecho desaparecer) en Buenos Aires Patricio Biedma Schadewaldt, de nacionalidad argentina, un reconocido líder del MIR y el último nexo que tuvo este movimiento con la Junta Coordinadora Revolucionaria.
Un mes después, un comando del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino, con apoyo de la CORU, implementa un dispositivo para cazar a quienes actuaban como nexo entre los movimientos izquierdistas sudamericanos y Cuba.
Los seguimientos y escuchas telefónicas apuntaban a un joven funcionario consular y su chofer. El 9 de agosto de 1976, a las 17 horas, en una calle que bordeaba el parque de Barrancas de Belgrano y cuando se desplazaban a pie para tomar un colectivo, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández (26 años) y Jesús Cejas Arias (22) fueron interceptados por hombres de civil fuertemente armados, que se desplazaban en vehículos Ford Falcon y una ambulancia, tras lo cual fueron llevados a un centro de detención de la Superintendencia de Seguridad Federal.
Orden de Santiago
El 22 de diciembre de 1999, la jueza argentina María Servini de Cubría llegó hasta el penal de Punta Peuco, al norte de Santiago, en compañía del juez chileno Joaquín Billard. La magistrada había sido quien investigó y condenó en ese país a los responsables del doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth, y una de sus misiones en nuestro país era interrogar a Manuel Contreras, entonces preso en dicha cárcel.
Dentro de su largo testimonio, el «Mamo» declaró que Michael Townley había viajado a Argentina, junto al terrorista cubano Guillermo Novo Sampoll, para interrogar a dos diplomáticos de esa misma nacionalidad que habían sido detenidos en ese país. ¿Cuál era el objetivo de esa misión? ¿Cuál era el interés para la DINA?
Textualmente, el ahora condenado Contreras declar: «Quiero dejar constancia de una actuación realizada en el mes de agosto de 1976 por Michael Townley en conjunto con el jefe del Movimiento Nacionalista Cubano, Guillermo Novo, que llegó a Chile y junto a Townley viajaron a la Argentina el 11 de agosto de 1976, y en dicho país cooperaron a la tortura y asesinato de dos diplomáticos cubanos (…). Townley volvió el día 12 de agosto de 1976 junto a Guillermo Novo y los dos cubanos fueron encontrados con los pies encementados en la desembocadura del río Luján en Buenos Aires».
La abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado ex canciller, dijo a este medio que «la colaboración entre los cubanos nacionalistas y la dictadura se produce desde el momento mismo del golpe, porque los cubanos, que eran anticastristas, lo que querían era tener un acuerdo con la junta militar para tener refugio en Chile. Paz, Suárez, Bosch y los hermanos Novo Sampoll vinieron a Chile invitados por la DINA. La relación de estos cubanos con la DINA era estrecha y eso está probado en el juicio».
Los periodistas Saul Landau y John Dinges, en su libro «Asesinato en Washington», publicado en 1981, dan cuenta de la detención de los cubanos en Argentina y sostienen que Townley, especialista de la DINA en asuntos cubanos, habría llegado a Buenos Aires en el momento culminante de los interrogatorios del SIDE y torturó a los cubanos utilizando sus conocimientos comunes con los argentinos, ganando para la DINA nuevas informaciones acerca de las operaciones de los cubanos
Los investigadores apuntaron el especial interés en la misión, tanto para la DINA como para el mismo agente estadounidense, debido a que en esos días su pareja, la escritora chilena Mariana Callejas, había sido sometida a una cirugía y era sabido el apego que Townley tenía hacia ella. Pese a todo, coinciden en que el 11 de agosto voló a Buenas Aires, regresando 24 horas más tarde.
Un mes y medio después, con la ayuda de cubanos miembros de la CORU, Townley concretaba el crimen de Orlando Letelier en la capital de Estados Unidos.
Desde ese momento, e incluso hasta hoy, los anticastristas han reivindicado para sí el secuestro de Galañena y Cejas, llegando incluso a confirmar que tuvieron participación directa en el hecho y que contaron con la colaboración de los agentes del SIDE argentino.
Orlando Bosch, líder de la CORU, declaró posteriormente que «nuestros aliados se hubieron de comprometer y así lo realizaron, el secuestro de dos miembros de la embajada cubana en Buenos Aires y que no han aparecido más».
En el libro «Cuba en guerra», del periodista (anticastrista) Enrique Encinosa, se destaca que «la operación más audaz fue el secuestro y la ejecución, el 9 de agosto de 1976, de Jesús Arias Cejas y Crescencio Galamena, dos diplomáticos castristas radicados en Buenos Aires» (sic).
La evidencia sobre el conocimiento y colaboración de cubanos anticastristas con organismos que integraban el Plan Cóndor parece ser evidente y es lo que hoy concita el interés del gobierno cubano, empeñado en que las autoridades argentinas logren determinar el paradero de los agentes diplomáticos cubanos. Sin embargo, los contactos con el ejecutivo trasandino han sido más bien informales, ya que en rigor los encargados de buscar los antecedentes actúan bajo la denominación de «investigación humanitaria privada», la que cuenta con el apoyo del gobierno de Cuba.
Sobre la actual condición de los cubanos involucrados en el secuestro, Mario Galañena, hermano mayor de Crescencio, dijo al periódico digital cubano «Escambray»: «Eso es un dolor que no se quita, que no puede quitarse, es una cosa grabada en el corazón de uno. Cada vez que tú despiertas, lo que haces es acordarte del peligro que esa gente representa para la humanidad. Los terroristas no pueden estar sueltos».
Fabiola Letelier insiste en que «había un acuerdo, un contacto permanente de los anticastristas y la junta militar chilena. Todo eso y que fue la Operación Cóndor se descubrió por documentos que aparecieron, en este caso, acerca de una reunión coordinadora del crimen en Chile».
Mientras, en las profundidades de la desembocadura del Tigre, uno de los afluentes del río de la Plata, siguen sumergidos cientos de bloques de cemento con restos de osamentas humanas, así como tambores metálicos con cuerpos en su interior y que fueron rellenados con concreto para que se mantuvieran bajo las aguas. Los organismos forenses vinculados al trabajo de exhumación e identificación de víctimas de la «guerra sucia» trabajan lentamente.
En Pinar del Río, provincia de donde provienen los cubanos, las familias de Galañena y Cejas aún esperan, como muchas en los países donde existe esta realidad, poder saber con certeza lo ocurrido. Lo mismo que espera Fidel Castro.//LND
El terrorismo anticastrista
Orlando Bosch y Luis Posada Carriles son los principales líderes de la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), fundada en 1976, en Santo Domingo, República Dominicana.
Su acto más sangriento fue el del 6 de octubre de 1976. Ese día una bomba hizo estallar un vuelo de Cubana de Aviación que transportaba a la selección nacional juvenil de esgrima de Cuba, que regresaba desde Venezuela.
Tras las investigaciones realizadas se estableció que los autores materiales del atentado fueron Posada Carriles y Bosch. Ambos fueron encarcelados en Venezuela. Pero el primero logró fugarse, en 1985, y el segundo obtuvo su libertad en 1988.
Ambos se refugiaron en Miami, EEUU, y pese a que desde la década de 1976 se sumaron los hechos de violencia en los que estaban involucrados, entre éstos el crimen de Letelier y Moffitt, en 1990 obtuvieron el indulto por parte de George Bush padre, quien en 1976 era director de la CIA.
Actualmente Posada Carriles está sometido a un juicio, pero no por estos hechos sino por delitos de inmigración.