A medida que el gobierno de Turquía y la UE estrechan vínculos, comienza a desvelarse una cierta sintonía entre ambos que evidencia el modus operandi del organismo europeo todavía insuficientemente conocido, cuando no abiertamente ignorado, por los ciudadanos turcos. La clave es acercar posiciones entre el aspirante a país miembro y los órganos de decisión […]
A medida que el gobierno de Turquía y la UE estrechan vínculos, comienza a desvelarse una cierta sintonía entre ambos que evidencia el modus operandi del organismo europeo todavía insuficientemente conocido, cuando no abiertamente ignorado, por los ciudadanos turcos.
La clave es acercar posiciones entre el aspirante a país miembro y los órganos de decisión de la UE. De este modo mientras el primero suaviza o relaja -real o aparentemente- su legislación, el segundo endurece su discurso y sus directivas. Como resultado el punto de convergencia se halla en la agenda de lo realmente sustantivo para ambos. Recordemos que el Tratado de la Unión tiene como objetivo principal -y en la práctica único- el establecimiento de un espacio de libre mercado, dentro del cual toda norma que dificulte o impida el desarrollo del mismo debe ser abolida.
Las libertades sociales y laborales, los derechos inalienables, el respeto a los principios democráticos tienen un valor inversamente proporcional a los intereses del sistema capitalista, y nulo cuando abiertamente se oponen a su expansión o a los dogmas neoliberales. La reforma de la jornada laboral, la normativa contra la inmigración, la mercantilización de las universidades… son cuestiones concomitantes con la abierta connivencia hacia los movimientos especulativos de capital, los paraísos fiscales, la financiación de empresas privadas con dinero público, etc.
Qué importa entonces que un socio fiel a estos principios viole los principios del derecho con su Ley de Partidos o se retrotraiga varias décadas endureciendo su Código Penal, a un nivel aún peor que durante la dictadura franquista.
Turquía ya puede ir aprendiendo, pero las organizaciones y partidos kurdos están amenazados de saltar por los aires, pese a encontrarse entre los más abiertamente europeistas.
El pasado martes dos noticias daban muestra de esta práctica. Así, mientras el Ministro de Justicia turco, Mehmet Ali Sahin, anunciaba el relajamiento -bajo severas condiciones- del régimen penitenciario de Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Hannes Swoboda, advertía a los representantes del Partido de la Sociedad Democrática (DTP), pro kurdo, ante su aparente complicidad con la organización «terrorista» del PKK.
Las autoridades turcas consideran un «gesto» positivo el hecho de condicionar el trato digno y humanitario hacia un prisionero, a la renuncia de sus convicciones. Según el abogado Selçuk Kozagaçli, la petición del gobierno a Öcalan es «degradante» y «muestra claramente la mentalidad del sistema penal». El ministro anunció estar dispuesto a relajar el régimen de aislamiento del líder kurdo a cambio de que éste haga un llamamiento a su organización para que abandone las armas. «No es suficiente obedecer las normas de la prisión, se trata de que muestre arrepentimiento y sumisión», aseguró el jurista, «como si no fuera bastante con la privación de libertad, también querrían que renunciara a su identidad política y cultural. Desde la perspectiva del convicto esto es degradante e inaceptable».
Öcalan cumple una condena de cadena perpetua en la isla de Imrali, donde se encuentra en aislamiento absoluto. La cárcel fue construida especialmente para su reclusión y no alberga más prisioneros.
El ofrecimiento gubernamental (que bien podría ser denominado chantaje) viene después de semanas de movilizaciones, en muchas localidades del país y en Estambul, tras conocerse la continua tortura psicológica a la que se somete al prisionero. Como resultado: numerosos heridos, decenas de detenidos y un manifestante muerto por los disparos de la policía el pasado 20 de octubre en Dogubeyazit.
La Unión Europea a la carga
Swoboda y otros miembros del Parlamento Europeo se reunieron el martes con Presidente de la Comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores, Mehmet Ceylan. Durante la reunión, el diputado turco aseguró que el avance en las negociaciones de acceso es claro y que no cuentan con más objetivo que el de llegar a ser miembros de la UE de pleno derecho. Negó que existiera en su país ningún ‘problema kurdo’, regional o étnico, «lo que tenemos es un problema de terrorismo». Es cierto que «las provincias del este y del sudeste del país son las menos desarrolladas», aseguró Ceylan, «pero ello se debe a lo montañoso de la región, lo limitado de las comunicaciones y a 30 años de terrorismo».
Lo más elocuente de esta representación fue el firme apoyo de la UE a la torticera explicación sobre la cuestión kurda. Swoboda, felicitó a Turquía por su política exterior y avaló los informes del país sobre el problema del terrorismo, culpando al PKK de todos los males que sufre la población kurda. «Si sólo fuera una cuestión de subdesarrollo económico regional, entonces el gobierno turco no habría tomado medidas como la reciente inauguración de un canal de televisión en lengua kurda», aseguró, «desde luego, hay problemas económicos y sociales. Pero, por esta razón, nos alegramos de ver que el gobierno ha estado tomando medidas para mejorar la situación de la región».
Sin embargo, Swoboda se mostró más duro con los legítimos representantes políticos kurdos. Si bien deseó que el Partido de la Sociedad Democrática (DTP) no fuera ilegalizado, advirtió a sus representantes para que «tracen una línea muy clara y firme entre la cuestión kurda y el terrorismo y hagan algo por su propia gente distanciándose de Öcalan».
Con sus declaraciones Swoboda trata de ocultar el carácter político del juicio que se sigue contra el DTP. Así como el trabajo inequívoco de este partido por encontrar una solución no violenta al conflicto kurdo.
Así lo explicó Ali Simsek, asesor del DTP, en una reciente entrevista: «quieren cerrar el DTP porque puede ser un puente entre el pueblo kurdo y el Gobierno turco para conseguir la paz y encontrar una salida al conflicto, y esto no interesa. Lo que realmente quiere el Gobierno es que la sociedad kurda quede fuera de la política, pero entonces empujan a los kurdos a luchar por otras vías. Además, al encontrarnos ante unas elecciones, es una forma de hacen propaganda y buscar que la gente tenga miedo. La ilegalización de partidos kurdos no es una cosa nueva, se ha ido repitiendo continuamente, y se ha ido cambiando el nombre del partido».
En las elecciones de julio de 2007, y tras 16 años de ausencia, el Partido de la Sociedad Democrática (DTP) -heredero de los anteriores partidos kurdos clausurados- consiguió superar los obstáculos del sistema electoral turco y obtuvo 21 diputados. Pero en noviembre del mismo año la justicia comenzó un proceso de ilegalización contra el DTP acusándolo de amenazar la integridad de Turquía, de estar vinculado al PKK y seguir sus directrices. No hay fecha para la resolución del caso, pero parece seguro que será ilegalizado, excluyendo de ese modo la opción política para la superación del conflicto.
En cualquier caso, el representante europeo no está solo pues las empresas mediáticas también realizan su misión de apoyo. Ahora hace un año, el DTP propuso un marco autonómico en Turquía y el fin de las operaciones militares, que pasó totalmente inadvertido pues ningún medio quiso informar de la oferta. Por el contrario hubo alguno (Antena 3) que, en aquellos días, aprovechó para cargar contra el DTP.
Las iniciativas parlamentarias de este partido sobre el problema kurdo son sistemáticamente silenciadas en la prensa, pese a que su agenda política en esta cuestión es, sin lugar a dudas, la más coherente, honesta y pacífica de cuantas ofrecen los grupos que integran el Parlamento de Turquía.
Antonio Cuesta es corresponsal de Prensa Latina en Turquía.