Pese a la decisión del Gobierno de Netanyahu de no aprobar durante diez meses la construcción de nuevos asentamientos, la colonización de los territorios ocupados avanza imparable, convertida en un negocio boyante. Los 200 asentamientos israelíes situados en territorio palestino, incluídos los que se encuentran en Jerusalén Este, son ilegales. Por lo menos así lo […]
Pese a la decisión del Gobierno de Netanyahu de no aprobar durante diez meses la construcción de nuevos asentamientos, la colonización de los territorios ocupados avanza imparable, convertida en un negocio boyante.
Los 200 asentamientos israelíes situados en territorio palestino, incluídos los que se encuentran en Jerusalén Este, son ilegales. Por lo menos así lo determina el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante transferir su población a la tierra ocupada; y así queda ratificado por la resolución 452 de la ONU (1979), el Informe Mitchell (2001) y la Hoja de Ruta (2003), que instan a Israel a frenar inmediatamente la empresa de las colonias. Pero Israel ha hecho siempre oídos sordos: cinco años después del Tratado de Oslo (1993) el número de colonias se había duplicado. Dieciocho meses después de la Conferencia de Annapolis (2007), los permisos de construcción se triplicaron. El último giro estratégico lo marcó el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, en noviembre de 2009, con su decisión de restringir la construcción de asentamientos durante diez meses. Los gobiernos mundiales acogieron la iniciativa como un gesto de buena voluntad, pero la iniciativa excluye los proyectos ya en marcha, la construcción en Jerusalén Este y la construcción de edificios públicos. Así, por ejemplo, el Gobierno de Israel ha convertido uno de los colegios del asentamiento de Ariel en universidad, la primera existente en los territorios ocupados. Esto supone mayor inversión estatal para triplicar el tamaño del campus y construir un nuevo edificio para el personal docente, además del aumento de estudiantes israelíes; en estos momentos el colegio posee 11.000 estudiantes, el 70% de los cuales proceden del área de Tel Aviv. Según Jeff Halper, presidente del Comité Israelí Contra la Demolición de Casas (ICAHD), Israel tiene aprobadas ya más casas de las que es capaz de construir en los próximos cinco años. «3.000 viviendas se están construyendo en este momento», asegura Meir Margalit, concejal de Jerusalén por el partido Meretz. «Los trámites se están acelerando y las máquinas trabajan más rápido. Netanyahu sabe que más pronto que tarde va a tener que negociar y está dejando el máximo número de hechos consumados posibles sobre el terreno», sostiene.
Un gran negocio
Los asentamientos son la principal arma de colonización de Israel, más efectiva incluso que el ejército: ocupan el 10% del territorio de Cisjordania y Jerusalén Este, pero sus construcciones complementarias -el muro, las carreteras exclusivas para colonos, las áreas militares cerradas, además de los check points- otorgan a las colonias el control fáctico sobre el 60% de la tierra ocupada. Pero el poder no es el único aliciente para el Gobierno israelí: los asentamientos suponen un gran negocio. La adquisición de tierra le resulta económica al Gobierno israelí porque, «en la mayoría de los casos, la confisca ilegalmente a los palestinos», señala Suhail Jalilieh, analista político del Applied Research Institute de Jerusalén. Para la construcción se emplea mano de obra muy barata, es decir, palestinos, a los que se les paga una miseria y se les niegan la mayoría de los derechos laborales. De las 200 colonias existentes, 140 son residenciales. El Ministerio de Vivienda -el mismo para Tel Aviv que para Cisjordania-, es el que culmina y aprueba el plan urbanístico, ayudado por el Ministerio de Defensa que, con la Administración Civil desplegada sobre Cisjordania, aporta las ideas. Puesto que las personas no pueden comprar tierra y construir sobre ella, deberán ir a adquirir apartamentos donde el gestor de la tierra israelí haya decidido construirlos, y por supuesto pagarle al Gobierno por ellos. Jeff Halper explica que «el Gobierno utiliza a la población según le conviene para instalarla en una u otra colonia y, al haberle salido tan barata su construcción, tanto económica como legalmente, está en condiciones de ofrecerle al comprador todo tipo de incentivos fiscales (hipotecas ligeras, reducción de impuestos) para atraerle al lugar». Señala que «el 85% de los colonos son económicos y no entienden nada de ocupación; quizá preferirían vivir en Tel Aviv o Jerusalén, pero acaban trasladándose a pisos más baratos en colonias situadas en la orilla cisjordana de la línea verde, es decir, a aquellas que Israel querrá mantener a toda costa en cualquier negociación». Halper destaca que «hasta la izquierda israelí, que no apoya la ocupación, desea quedarse con los asentamientos principales, como Maale Adumim. El muro es revelador sobre estas intenciones: las colonias que Israel quiere mantener se quedan fuera de su recorrido.»
- OCUPACIÓN. Asentamiento israelí de Har Homa, cerca de Belen. Erika Jara
60 asentamientos industriales
Existen, asimismo, 60 asentamientos industriales. Según Jalilieh, «Israel traslada al territorio ocupado las fábricas más contaminantes (químicas, fertilizantes, mataderos) porque aquí no pagan casi impuestos y no están obligadas a respetar unas normas de medioambiente ni laborales que sí existen en Israel, lo cual supone enormes beneficios para las empresas y para el Gobierno en el caso de las compañías públicas». Las normas perentorias del derecho internacional obligan a terceros países a no reconocer una situación política ilegal o realizar actos que puedan implicar su reconocimiento pero, lejos de ello, la OLP ha estimado en 100 millones de euros el valor anual de los productos de los asentamientos importados por la Unión Europea. Además, algunos países, como es el caso de España, han firmado acuerdos comerciales con Israel por los que privilegian sus bienes y servicios con impuestos preferenciales. «Esto significa que los fondos públicos del país firmante benefician a estos productos», aclara Jalilieh. El problema sobreviene cuando Israel quiere ocupar terrenos más polémicos, como Jerusalén Este o espacios cisjordanos que no están situados junto a la línea verde, sino entre poblaciones árabes, como Hebrón.
Crisis energética en Gaza
Tras fuertes presiones, la Autoridad Palestina ha liberado fondos de emergencia para financiar la entrada a Gaza de varios camiones cisterna con combustible, lo que aliviará, aunque sólo por unos días, la grave crisis energética en que está sumida la franja. En noviembre, la Unión Europea dejó de proporcionar los fondos para la adquisición del combustible necesario para el funcionamiento de la central eléctrica de Gaza. El 23 de enero, una de las dos turbinas de la central fue desconectada por falta de combustible, la planta no puede proporcionar energía a más del 50% de la población y el 95% sufre cortes intermitentes en el servicio. La red eléctrica gazatí fue seriamente dañada por los bombardeos de hace un año, y el embargo impuesto por Israel impide la entrada de electricidad a través de la red eléctrica israelí y la importación de combustible.
Burla al Informe Goldstone
que parece una burla al Informe Goldstone, que acusa a Israel de crímenes de guerra y contra la humanidad durante la Operación Plomo Fundido contra Gaza, Israel ha presentado un informe en el que explica que, tras una investigación sobre los hechos, dos militares israelíes han recibido una amonestación por el uso de artillería a distancias cortas sin haberlo consultado con sus superiores. Hasta ahora, estas dos amonestaciones y la condena de un soldado por haber robado una tarjeta de crédito a un gazatí son el único «castigo» contra responsables de una operación militar que mató a 1.400 palestinos e hirió a más de 5.000. En el mismo informe, Israel admite que utilizó fósforo blanco pero afirma que su uso «se ajustó a la ley internacional», a pesar de que hay pruebas de que fue utilizado contra civiles, algo prohibido por la ley.
Un robo de 1.600 millones
El Estado de Israel ha robado en las últimas cuatro décadas 1.600 millones de euros a los trabajadores palestinos deduciendo de sus salarios cantidades destinadas a beneficios sociales a los que nunca tuvieron acceso, según un estudio realizado por las organizaciones israelíes Centro de Información Alternativa y Kav La’Oved. Según este informe, State Robbery, que se publicará este mes, el 92,4% de estas deducciones se transfirieron al Ministerio de Finanzas israelí y la mayor parte fueron invertidas en proyectos de infraestructuras en los Territorios Ocupados, en beneficio de las colonias. El sindicato Histadrut habría participado en el robo. Según los autores del informe, la cifra aportada en el estudio es conservadora, pues no se ha podido incluir a los palestinos que trabajan en los asentamientos ni a los que lo hacen en la economía sumergida israelí.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Asentamientos-armas-de.html