Visitar Jerusalén admite varias opciones. La más habitual, practicada por millones de turistas y peregrinos, consiste en acercarse a los lugares sagrados de las religiones monoteístas. Pero recorrer Jerusalén también es una buena oportunidad para visualizar el proyecto sionista, que en la llamada «ciudad santa» alcanza una de sus expresiones más acabadas. Una corta ruta […]
Visitar Jerusalén admite varias opciones. La más habitual, practicada por millones de turistas y peregrinos, consiste en acercarse a los lugares sagrados de las religiones monoteístas. Pero recorrer Jerusalén también es una buena oportunidad para visualizar el proyecto sionista, que en la llamada «ciudad santa» alcanza una de sus expresiones más acabadas.
Una corta ruta en automóvil basta para distinguir la zona oeste de Jerusalén, donde reside la población judía, con servicios, infraestructuras y calidad de vida asimilables a una capital europea; de Jerusalén este, la parte de la ciudad más degradada, con un gran déficit de equipamientos y servicios básicos, y en la que se hallan las barriadas palestinas. La discriminación se resume en un dato: a pesar de que los palestinos constituyen el 35% de la población de Jerusalén, sólo se benefician del 7% de las inversiones públicas.
En este contexto, el problema de la vivienda alcanza en la zona este de Jerusalén tintes dramáticos. No es ni mucho menos el único, pero revela las condiciones de discriminación en las que desarrollan su vida cotidiana los residentes palestinos.
Los antecedentes son lejanos y se remontan a la «Guerra de los 6 días», en 1967. Este conflicto le sirve a Israel para anexionarse Jerusalén oriental, incluida la ciudad vieja. A partir de entonces, a los palestinos de Jerusalén no les queda más remedio que someterse al designio israelí de forjar una ciudad étnicamente pura bajo la hegemonía judía.
Israel ha demolido alrededor de 2.000 casas en Jerusalén oriental (la zona de predominio palestino) desde 1967, a partir de procedimientos como considerarlas ilegales en los documentos de planificación urbanística. La justificación oficial es siempre la misma: el derecho a la seguridad y a la autodefensa del estado de Israel. Sin embargo, otras explicaciones aportadas por organizaciones sociales, como el control de las tierras y la expulsión de los palestinos para sustituirlos por población judía, resultan más verosímiles.
Los números son bien evidentes: entre 2000 y 2008 -según fuentes oficiales- las autoridades israelíes demolieron 650 casas en Jerusalén oriental. El número de órdenes de derribo pendientes se estima que alcanza las 20.000. Esta política de negar el derecho a la vivienda se complementa con la multiplicación de los asentamientos de colonos judíos.
En los barrios palestinos de Jerusalén el acoso y derribo está a la orden del día. «El objetivo que persigue el gobierno con las demoliciones de viviendas es que los palestinos acaben abandonando la ciudad y pierdan su estatuto de residente y sus derechos; así dejarían de ser una amenaza demográfica; los consideran un problema; pretenden, en fin, judaizar totalmente Jerusalén», afirma Yahav Zohar, del Comité contra la Demolición de Viviendas (ICAHD), una organización Israelí en la que trabajan conjuntamente judíos y árabes en Jerusalén este y Cisjordania, para frenar el derribo de casas palestinas y fomentar la rehabilitación.
La cuestión radica en que muchas familias palestinas tienen necesidad de construir una vivienda nueva o realizar obras de reforma, simplemente por razones demográficas o porque la casa ya no reúne las condiciones adecuadas. Para ello se requiere una autorización de la administración israelí, que en la práctica apenas se concede (sólo se otorgan entre 200 y 400 licencias anuales, cuando según el ICAHD existe una necesidad de 25.000 viviendas nuevas).
Y todo ello en un contexto urbanístico de hacinamiento y discriminación. De hecho, la población palestina, que representa el 35% de la población de Jerusalén (y con fuerte tendencia al crecimiento), ocupa sólo el 7% de la superficie de la ciudad.
En una primera etapa, la administración municipal sancionaba la edificación irregular con multas por el valor de las obras de construcción, que podían pagarse a plazos. Pero a partir del año 2000 se endurecen las medidas: arranca una política de demoliciones en Jerusalén este que en algunos casos afecta incluso a personas que ya están pagando las multas.
Sería un error, sin embargo, limitar a la jurisdicción municipal la concesión de licencias y la práctica de demoliciones. Se trata, por el contrario, de una política estatal perfectamente planificada por el gobierno de Israel, que persigue metas de mayor alcance: «judaizar» la ciudad de Jerusalén promoviendo la salida de los residentes palestinos; romper la comunicación entre Jerusalén este y Cisjordania, territorio en el que reside la mayoría de la población palestina; fomentar los asentamientos de colonos judíos y desmontar las aspiraciones de convertir a Jerusalén en la capital de un futuro estado palestino.
Desde el año 2000 se han derribado unas 80 viviendas anuales en Jerusalén este. ¿Por qué esta cifra? El Ayuntamiento explica que no hay dinero para ejecutar más derribos, pero organizaciones sociales que hacen un seguimiento de la cuestión consideran que se trata de «echar a las familias palestinas de Jerusalén este, pero sin hacer ruido, para que no cunda la alarma entre la opinión pública».
Para Yahav Zohar existe además una razón más profunda: el miedo. «Los derribos se ejecutan al azar. Nadie sabe cuándo le va a tocar ni si van a llegar los soldados para desalojar su casa y derruirla; de esta manera la amenaza pende sobre miles de familias», explica el activista social. «Se trata de una política totalmente premeditada para expulsar a los palestinos de Jerusalén», agrega.
La situación es rocambolesca. La demolición puede ocurrir días, meses o años después de que se produzca la orden, y además sin previo aviso. La orden de derribo, impredecible y arbitraria, puede alcanzar extremos como que los afectados tengan que afrontar los costes de la demolición y el movimiento de los escombros.
Sin embargo, a veces la pérdida de la vivienda es lo de menos en comparación con el sufrimiento emocional que producen los desalojos, sobre todo en el caso de los menores. Los desahuciados se ven forzados a vivir en la calle, tiendas de campaña o de volver al hogar familiar, sobre el que también puede pender la orden de derribo. Los casos más dramáticos, sin duda, se producen ante la imposición de penas de prisión por impago de las multas.
En última instancia, añade Zohar, «el objetivo final que se marca el Gobierno de Israel y la Municipalidad de Jerusalén es preservar un desequilibrio étnico y demográfico del 70% de población judía y un 30% de árabes; esta política se explica claramente en la página Web de la municipalidad de Jerusalén».
El ICAHD desarrolla un trabajo «eminentemente político» para, en la medida de sus posibilidades, denunciar la opresión que sufre la población palestina. Lo importante -afirman- es «cambiar el marco de los discursos». «Israel argumenta que la seguridad y la autodefensa justifican la ocupación de los territorios palestinos; ¿pero qué tiene esto que ver con el respeto por los derechos humanos? Millones de personas en los territorios ocupados viven sin derechos políticos ni autonomía para viajar, trabajar, construir viviendas o ir al hospital».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.