La izquierda egipcia tiene ante sí un momento único, un terreno nuevo aún sin abonar en el que todo puede ser posible. En cientos de fábricas distribuidas en todo el país los obreros protagonizan huelgas en las que ya no solo demandan sueldos dignos y un mínimo de derechos y dignidad laborales. En varios casos […]
La izquierda egipcia tiene ante sí un momento único, un terreno nuevo aún sin abonar en el que todo puede ser posible. En cientos de fábricas distribuidas en todo el país los obreros protagonizan huelgas en las que ya no solo demandan sueldos dignos y un mínimo de derechos y dignidad laborales. En varios casos han añadido la exigencia de la nacionalización de las empresas en las que trabajan, privatizadas años atrás a través de la llamada «reforma económica» de Mubarak, un eufemismo hecho a medida para denominar un plan de venta de compañías públicas a multinacionales extranjeras por precios a menudo muy por debajo de su coste oficial. Todo ello alentado por Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Esas exigencias de nacionalización han sido presentadas ante los tribunales. Los abogados que defienden a los obreros alegan que hubo corrupción en la venta -la empresa tasadora pudo ser sobornada para fijar un precio más bajo del real y la diferencia se habría quedado en los bolsillos de oficiales del régimen- y que los nuevos propietarios no solo no han cumplido el compromiso adquirido por escrito en el contrato de invertir en las fábricas, sino que están desmantelándolas vendiendo los terrenos en los que se asientan, con el único fin de enriquecerse personalmente.
Además de estas peticiones de nacionalización de empresas, los trabajadores siguen apostando fuerte por su unión en sindicatos independientes y por la integración de éstos en una federación de nuevos sindicatos libres. Hay casos absolutamente novedosos, como el ejemplo del hospital Mansheat El Bakry en Heliópolis, donde médicos, enfermeros y trabajadores -incluidos los transportistas que cubren la ruta del hospital- se han unido en un nuevo sindicato independiente, han echado al director, han exigido al Ejército que lo procese con cargos de corrupción, y entre todos han elegido a un nuevo director, un cristiano copto. Todo un ejemplo de cómo los sectarismos religiosos se dejan de lado en la lucha revolucionaria.
Los retos son numerosos: desde la caída de Mubarak hasta hoy son miles las instituciones, representantes gubernamentales occidentales y organizaciones no gubernamentales extranjeras que han recalado en Egipto con la intención de invertir y por lo tanto «asesorar» o dirigir los proyectos revolucionarios de los egipcios. «Si aceptamos esas ayudas económicas estaremos al albur de intereses ajenos», opinan los distintos grupos de la izquierda socialista egipcia.
Por eso, el principal debate que mantienen en estos momentos gira en torno al modo de organizarse con fuerza pero sin intervención gubernamental/institucional exterior y, por lo tanto, sin mucho respaldo económico. La nueva ley electoral exige para la creación de un partido un mínimo de 5.000 miembros -frente a los 1.500 que se requerían hasta ahora- distribuidos por buena parte de las áreas geográficas del país. Cada uno de esos integrantes tiene que registrarse y pagar una pequeña cuota por ello y todos deben anunciar la fundación del partido en una página de un periódico, algo que también cuesta dinero.
Por ello un sector importante de la izquierda egipcia no centra sus fines en las elecciones parlamentarias de septiembre ni en las presidenciales de noviembre, ya que, si nada cambia, es probable que en ambas salgan beneficiados aquellos partidos ya existentes durante la dictadura -y, por tanto, de estructura más sólida- o los que cuenten con un gran apoyo económico. Buena parte de las agrupaciones revolucionarias coinciden en señalar que su objetivo es el trabajo en el terreno, el tejido de bases consistentes a través de sindicatos, asociaciones y movimientos sociales como plataformas desde las que exigir y presionar a los poderes y desde las que abonar un terreno de igualdad y justicia que, posteriormente, serviría de base para la construcción de una estructura política fuerte y para la organización de un sistema político, económico y social que deje atrás las prácticas corruptas y desequilibradas de la actualidad.
Las incertidumbres y obstáculos son numerosos, pero es indiscutible que lo que ahora se siembre en el campo social y laboral egipcio dará como frutos nuevos caminos difíciles de desmantelar.
Olga Rodríguez es periodista y enviada especial del Público al Cairo.
Artículo publicado en el Periódico En lucha / En lluita (aquí aparece la versión web extendida).
http://enlucha.org/site/?q=
[VERSIÓ EN CATALÀ: http://www.enlluita.org/site/?