Brindar información sistemática, veraz, diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que pueda ofrecer, no constituye un favor, sino un derecho del pueblo. Quizás en este minuto, lectores frecuentes y fuentes habituales de los medios de comunicación, puedan estar asintiendo y concordando en que sí, la información no es propiedad privada. […]
Brindar información sistemática, veraz, diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que pueda ofrecer, no constituye un favor, sino un derecho del pueblo.
Quizás en este minuto, lectores frecuentes y fuentes habituales de los medios de comunicación, puedan estar asintiendo y concordando en que sí, la información no es propiedad privada. Pero resulta que en el diario recabar periodístico en aras de obtenerla, se presentan innumerables e ilógicos escollos, en esferas muy distantes a los asuntos de secreto estatal, que obviamente precisan de un tratamiento diferenciado.
Cuestiones económicas de comprensible interés público, y que mucho ayudarían si fueran de conocimiento mayoritario -al argumentar, por ejemplo, la necesidad de ahorro, o de obtener en nuestro país lo que tan caro cuesta salir a comprar-, son todo el tiempo saeteadas por la incomprensión de muchos funcionarios administrativos, quienes parecen vivir ajenos al derecho de los ciudadanos y a la irritación que en la población causa el no explicar a tiempo los porqués de un fenómeno o medida.
«Es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo», expuso Raúl en su discurso de clausura del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de diciembre del 2010.
Más allá de las inconformidades que provoca, la obstrucción de los canales de acceso a la información viola los principios democráticos propugnados por nuestra legalidad, establecidos en la Constitución de la República, y la voluntad política de nuestro Partido, que en sus documentos rectores viene subrayando la importancia de este tema, cuando desde su Primer Congreso en 1975, definió que «en el socialismo, forma superior de democracia, la información constituye un derecho del pueblo trabajador».
Por ello resulta increíble, y hasta enervante que, para entrevistar en su escuela a un pionero se reclame como algo imprescindible la autorización de un viceministro. O peor, que en un acto de inicio de curso, donde muchas familias van con sus propias cámaras fotográficas, el órgano oficial del Partido no pueda hacer fotos porque en algunas escuelas aducen la necesidad de un permiso ministerial.
¿Qué secreto estatal puede entrañar un reportaje sobre el cumplimiento de los planes de recape de neumáticos -de tan importante conocimiento público para demandar ahorro a las entidades y a los ciudadanos-, que su realización debe tardar días en el trajín burocrático de una aprobación, porque el director dice que debe ser autorizado y después la divulgadora señala que hace falta el asentimiento del máximo responsable de esta esfera?
¿Por qué un grupo empresarial se arroga el derecho de decidir si es interés de la entidad facilitarle a la prensa datos sobre un programa de remotorización de vehículos? Más terrible es que, tras «acceder», acotan la necesidad de consultarle sobre la realización de este trabajo al departamento de divulgación de su organismo superior, de donde la cuestión sigue saltando hacia arriba¼ , o hacia atrás.
Así, muchas solicitudes de trabajos periodísticos van a parar a la cargada mesa de directivos, porque no pocas veces fungen como todo lo contrario los supuestos viabilizadores o facilitadores comunicacionales de entidades estatales, incluyendo a los Organismos de la Administración Central y estructuras de Gobierno locales, y da la impresión de que están allí para entorpecer el flujo de la información y hasta de la comunicación.
Mientras tanto, ¿a qué se dedican nuestros medios? A «la difusión, en no pocas ocasiones, de materiales aburridos, improvisados y superficiales», como dijo Raúl en su Informe Central al Sexto Congreso del Partido donde, sin desconocer la responsabilidad profesional que a cada periodista entraña, acotó que «a pesar de los acuerdos adoptados por el Partido sobre la política informativa, en la mayoría de las veces ellos [los periodistas] no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados en la temática en cuestión.»
«Los cuadros administrativos y políticos deben estar preparados y es útil, cuando la prensa les solicita información, que la brinden de manera responsable» estipula el Buró Político del Partido en una Resolución de febrero del 2007 «para incrementar la eficacia informativa de los medios de comunicación masiva».
Tristemente, muchos militantes son los primeros en incumplir la esencia de tal Resolución. En tanto estas letras no ganen vida en el actuar diario, y no se respete en su justa dimensión el papel de la prensa -que en la misma medida debe incrementar su responsabilidad profesional-, el acceso a la información para el pueblo seguirá transitando por un agonizante vía crucis.
Fuente: http://granma.co.cu/2011/07/08/nacional/artic11.html