Traducido para Rebelión por Loles Oliván
Un nuevo informe, Falsificación de pruebas, abandono de la víctima. La participación de profesionales médicos en la tortura y en el maltrato en Israel revela que el Sistema de Salud de Israel encubre la tortura y los malos tratos como norma.
Un nuevo informe del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI, por sus siglas en inglés) y de Médicos por los Derechos Humanos – Israel (PHR), basado en más de 100 demandas revela que profesionales médicos están involucrados en la tortura y en su encubrimiento violando sus obligaciones éticas.
El informe detalla las distintas formas en que la comunidad médica interviene, como no documentar médicamente la tortura, no informar de las sospechas de abusos contra detenidos, la transmisión de información médica a los interrogadores, y derivar nuevamente a las víctimas a sus interrogadores.
Según el informe, el sistema de salud israelí respalda plenamente la participación de médicos en las torturas y no proporciona a los trabajadores de la salud los medios necesarios para que cumplan con sus obligaciones éticas respecto a las víctimas de la tortura.
Las organizaciones de derechos humanos Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI) y Médicos por los Derechos Humanos – Israel (PHR) han publicado un nuevo informe pionero que revela la participación de médicos en la tortura a los interrogados por parte del ISA (Shin Bet). El informe se basa en más de 100 archivos que PCATI ha manejado desde el año 2007 en los que se demuestra la participación de personal médico en la tortura, ya sea directa o indirectamente, en violación de sus obligaciones éticas y morales en calidad de médicos. El informe pone de manifiesto las diferentes formas de participación o encubrimiento de la tortura por parte de médicos del sistema médico civil o de los de los servicios de seguridad, como son:
- La ausencia de informes médicos adecuados en relación con las lesiones
- No informar a las autoridades de las posibles torturas que las victimas denuncian o que son evidentes por sus condiciones físicas o psicológicas.
- Derivar nuevamente a los detenidos a sus interrogadores incluso cuando es obvio que han sido lesionados durante el interrogatorio.
- Transmitir información médica a los interrogadores sin el consentimiento del paciente y en violación de sus derechos.
- Preferencia demostrada por las necesidades del interrogador por encima del bienestar del paciente.
El sistema médico israelí, tanto civil como el adscrito a las instituciones de seguridad, se ha negado sistemáticamente a proporcionar a sus miembros médicos los medios necesarios para cumplir adecuadamente sus obligaciones para con sus pacientes y proteger a las víctimas de la tortura. No existe un canal para notificar las sospechas de tortura; no existe un castigo adecuado ni protección para quienes quieren denunciar torturas. Asimismo, la ética médica israelí no sitúa nítidamente la integridad del paciente por encima de las necesidades de seguridad.
El informe revela un panorama inquietante pues los médicos que entran en contacto con los detenidos forman otro estamento de protección para los interrogadores del gobierno, que utilizan la tortura y los malos tratos. De manera sistemática, los médicos no cumplen con sus pacientes detenidos, a muchos de los cuales se les interroga en aislamiento y estando incomunicados, y para quienes el médico es su único contacto con el mundo exterior. Con la sistemática impunidad israelí como telón de fondo, gracias a la cual durante la última década más de 700 denuncias de tortura ante la Procuraduría General no han sido investigadas, el incumplimiento de la protección médica resulta particularmente preocupante.
El Dr. Ishai Menuchin, director ejecutivo de PCATI, ha declarado hoy [5 de noviembre]: «Esperamos que los médicos ayuden a las personas indefensas. Para nuestra sorpresa, lo cierto es que ocurre al revés; ante individuos indefensos, aislados de todo el mundo excepto de sus interrogadores, nos encontramos con médicos que carecen de la más elemental decencia humana y respaldan totalmente a los torturadores». El Comité de Ética de PHR-I opina en relación a la transferencia de información médica a los interrogadores que: «La realidad fuerza a los médicos que trabajan en centros de detención a equilibrar y dar más peso a los intereses de sus empleadores y del público en general que al de sus pacientes y al de sus intereses individuales. En ausencia de una normativa clara y de directivas clínicas sistemáticas derivadas de la ética profesional, se seguirá situando a los médicos ante situaciones imposibles que comprometen su integridad ética». El Comité de Ética, además, ha declarado que la normativa sólo será eficaz si emanan directamente del Ministerio de Salud, que tiene la obligación de apoyar y asistir a los médicos de manera permanente frente a este tipo de dilemas.