«Todo lo sólido se desvanecen el aire», señalaron los jóvenes revolucionarios Marx&Engels. También las estudiadas (y falsarias) estrategias monárquicas. La Zarzuela reconoció el 17 de diciembre que supo de los comportamientos «no ejemplares», «inadecuados» según sus propias palabras, de Urdangarin en 2006, hace más de cinco años. Pero fue el 12 de diciembre de 2011 […]
«Todo lo sólido se desvanecen el aire», señalaron los jóvenes revolucionarios Marx&Engels. También las estudiadas (y falsarias) estrategias monárquicas.
La Zarzuela reconoció el 17 de diciembre que supo de los comportamientos «no ejemplares», «inadecuados» según sus propias palabras, de Urdangarin en 2006, hace más de cinco años. Pero fue el 12 de diciembre de 2011 cuando se apartó al Duque palmesano de la agenda oficial, hace apenas un mes.
La estrategia monárquica -ubicación en Washington, supuesto abandono de la presidencia del Instituto Nóos, desconexión Urdangarin-Cristina, desconexión yernísimo-Rey de España, tiempo, olvido y «curación de heridas», etc- ha sido diseñada probablemente -no forzosamente en exclusiva- por José Manuel Romero, conde de Fontao, miembro del consejo del Patrimonio Nacional y asesor Real.
El propio conde [1] aprobó ceder los fondos, unos 30.000 euros, de otra ONG de la trama UBT, la fundación Areté -¡areté!, qué caradura!-, a una fundación, DCIS [2], que desvió fondos públicos a cuentas opacas vinculadas a Belice, un conocido «paraíso fiscal» (¡qué infamia semántica!). Todo presuntamente claro está.
Pues bien, el conde declarará como testigo en el caso Nóos. La fecha no está fijada pero la decisión es firme. La Fiscalía Anticorrupción, según la excelente periodista de Público, no ha solicitado aún su comparecencia formalmente (la sombra de Carlos Jiménez Villarejo sigue siendo alargada). El abogado-conde-asesor deberá comparecer para explicar sus gestiones ante Urdangarin y las circunstancias en que se desarrollaron. Tiene mucho que explicar. ¿Por ejemplo?
Cosas como las siguientes: ¿por qué a pesar de las indicaciones y órdenes Reales los negocios del yernísimo y familia en España siguieron realizándose, usando la embajada española como sala de operaciones, durante su estancia en Washington [3] hasta 2009? ¿No sabía nadie en la Zarzuela que el desaguisado seguía in crescendo? ¿No supieron hasta 2006 nada de nada de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo fue posible tal desconocimiento? ¿Fue la dimisión formal de Urdangarin una dimisión real? ¿No fue el propio Urdangarin, en 2007, un año después de su dimisión, quien reclamó al gobierno balear la cantidad «adeudada» al Instituto?
Las preguntas se irán acumulando. Lo explicado (Realmente) hasta el momento no tiene consistencia alguna. La estafa UBT ha estallado, tiene su historia y es imposible que en sus alrededores próximos (incluyendo ESADE en ellos) nadie supiera nada y el viento siguiera agitando sus monedas a su aire.
Por lo demás, cara complementaria y consistente de la situación (a veces, todos es uno y lo mismo), la mesa del Congreso de Diputados vetó, con los votos del PP y los de ¡PSOE y CiU [4]!, algunas de las preguntas formuladas al gobierno, 36 en total, por el diputado republicano antifranquista de ERC Joan Tardà. Las razones esgrimidas por la institución parlamentaria supuestamente representativa de la voluntad popular: no son competencia del Ejecutivo (¿de quién entonces?) o suponen una consulta de índole jurídica prohibida por el Reglamento del Congreso. Pues será eso.
Algunas de las significativas preguntas rechazadas por el trío La-la-la institucional (PP-PSOE-CiU):
¿Qué asignación recibe la infanta Cristina de Borbón, la socia y consorte de Urdangarin? [5]
¿Qué tipo de declaración de Hacienda hace la familia Real?
¿Qué miembros de la Casa Real reciben un sueldo público?
¿Se conocen los ingresos de la familia Real que no están en los presupuestos?
¿Se sabe la fortuna personal del Rey?
¿Se controla lo que saca e introduce el Rey de España por valija diplomática?
¿Debería estar la web de la Zarzuela en las lenguas españolas cooficiales? ¿Y por qué en inglés y no en esas lenguas?
¿Qué hace el monarca como Jefe del Ejército?
¿Han viajado con el Rey personas con intereses en la industria armamentística?
¿Por qué los sueldos, bienes y gastos no son públicos?
Y así unas cuantas más, todas ellas de interés. Joan Tardà se ha comprometido a reformular las preguntas rechazadas hasta sortear «la granítica resistencia del Parlamento». Cuenta, no puede ser de otro modo, con todo el apoyo de la ciudadanía democrática y antimonárquica indignada por corrupciones, falsedades, ocultaciones y asaltos a las arcas públicas que han considerado siempre como una hucha familiar. España es su cortijo.
Notas:
[1] Alicia Gutiérrez, «El asesor del Rey declarará como testigo en el ‘caso Nóos». Público, 20 de enero de 2012, pp. 2-3.
[2] DCIS es propietaria de Goes Center for Stateholder Manegament S.L. entre 2006 2008 el administrador de la empresa fue Mario Sorribas, hombre de confianza del yernísimo, su testaferro según Anticorrupción, y apoderado de Aizoon S.L. la empresa del Duque y de la Infanta Cristina. DCIS cobró 144.000 euros del Ayuntamiento de Madrid por apoyar la candidatura olímpica.
[3] Ejecutivo desde entonces, sigue siéndolo, de la multinacional Telefónica. Se habla de que el nombramiento tiene aromas de pacto Alierta-Rey de España.
[4] Miguel Ángel Marfull, «El Congreso no quiere arrojar luz sobre la Casa Real». Público, 20 de enero de 2012, p.3.
[5] Después de 32 años -¡32!, se ha sabido que el salario Real -no el real- fue de 292.752 euros anuales en 2011 y el del príncipe heredero de 146.376. Los gastos de representación de la reina, la princesa y las dos infantas, partida no desglosada, fueron de 375.000 euros).
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