Estaba anunciado: como parte de la actualización del modelo económico cubano, el país se había propuesto lograr una gestión más eficiente de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y eliminar las ataduras que las frenaron durante años. Con tal objetivo, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó un grupo de medidas centradas en […]
Estaba anunciado: como parte de la actualización del modelo económico cubano, el país se había propuesto lograr una gestión más eficiente de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y eliminar las ataduras que las frenaron durante años.
Con tal objetivo, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó un grupo de medidas centradas en legitimar una autonomía que en su concepción fundacional tuvieron esas unidades «en papeles», pero pocas veces lograron en la práctica. Figura entre estas un Nuevo Reglamento General, publicado hoy por la Gaceta Oficial Extraordinaria número 37.
Creadas en 1993 con el propósito de revitalizar el sistema agroproductivo, las UBPC surgieron a partir de granjas estatales con cuatro puntos cardinales que debieron regir su funcionamiento: la vinculación del productor al área como incentivo laboral, la capacidad de autoabastecimiento de los trabajadores y sus familias, la correlación entre producción alcanzada e ingresos percibidos, y el desarrollo efectivo de la autonomía de la gestión; principios básicos que al amparo del Decreto-Ley No.142 de 1993, hoy continúan enrumbando su destino.
La entrega de tierras en usufructo por lapsos indefinidos a las UBPC, la adquisición de los medios de producción fundamentales, el aporte de la fuerza de trabajo y el saberse «dueñas» de cuanto producían, figuraban entre las fortalezas del acertado engranaje conceptual y jurídico de estas estructuras; unido a la posibilidad de elegir a los dirigentes en colectivo y operar sus cuentas bancarias, honrar las obligaciones fiscales correspondientes, así como retener y distribuir las utilidades entre su membresía. Al menos en teoría…
Pero esa «armonía» en cuanto al contenido, no pudo articularse orgánicamente. De ahí que las empresas estatales se relacionaran con ellas como dependencias inmediatas y, por ello, muchas veces se asumiera como «normal» la imposición de planes y dirigentes, o el requerir en ocasiones la autorización de estas entidades que las atendían para pagos salariales.
¿Resultado? La personalidad jurídica de dichas formas de producción cooperativa quedó relegada al plano de la sujeción y el no reconocimiento, al punto de que no podían establecer relaciones contractuales con otras entidades estatales.
Esta subordinación que se ejercía en la práctica comprendía diversas aristas: desde las ya mencionadas, hasta la aplicación de resoluciones y procedimientos que para nada eran propios de las UBPC.
Encima de todas esas prácticas que frenaban su desenvolvimiento, las reiteradas deficiencias en materia de organización y producción -sin olvidar las consecuencias de numerosos eventos meteorológicos- ayudaron a «engordar» los adeudos heredados de sus predecesoras y las pérdidas.
DE LO QUE HAN SIDO, A LO QUE DEBERÁN SER
«En 1994, un año después de su constitución, existían en Cuba 2 519 UBPC y ahora son 1 989, la gran mayoría pertenecientes al sistema del Ministerio de la Agricultura (MINAG)», comentó a Granma Julio A. Martínez Roque, director nacional de Atención a las Unidades Productoras en ese organismo.
Abundó que cuentan con un área de más de un millón 770 mil hectáreas, lo que representa aproximadamente el 28 % de la superficie agrícola del país. Sin embargo, el 23 % de las tierras que administran se mantienen ociosas, un ejemplo claro de la subutilización de su potencial y, por consiguiente, de las bajas producciones registradas.
«Al término del 2010, alrededor del 15 % de esas entidades económicas cooperativas cerraron con pérdidas y un 6 % ni siquiera presentó balance económico», explicó Martínez Roque.
Aseveró también que, en sentido general, han recibido tratamiento financiero -del presupuesto del Estado- por encima de los 3 300 millones de pesos. Incluso, el Banco ha tenido que hacer prórrogas para la liquidación de las deudas, además de reducir las tasas de interés, en aras de darles un «respiro»… y, ciertamente, lo experimentaron.
De acuerdo con el funcionario, las UBPC que pertenecen al sistema del MINAG acumularon, al cierre del 2010, deudas estimadas en 1 229 millones de pesos, pérdidas de años anteriores por unos 680 millones más y, por si fuera poco, otros 203 millones como «herencia» de unidades disueltas. Resumen: un capital negativo de nada menos que ¡2 112 millones de pesos! En fin, «producían de milagro».
Tras 19 años de existencia, por primera vez estas unidades fueron sometidas a un riguroso diagnóstico integral, el cual puso sobre el tapiz sus debilidades y sentó las bases para proyectar su erradicación.
«Una categorización preliminar permitió ubicarlas en tres grupos esenciales. En el primero se encuentran aquellas con una situación productiva y económica favorable, poseen el capital humano necesario y estabilidad en sus estructuras de dirección. Están en esas condiciones 540 UBPC (112 son del sistema productivo del Grupo Azucarero)», comentó el director nacional de Atención a las Unidades Productoras.
«El segundo grupo -prosiguió- comprende a las que tienen dificultades de índole organizativa, productiva, económica y financiera, pero que pueden subsanar sus problemas mediante una serie de medidas y, así, crear las condiciones para incrementar la producción. Aquí se ubica el grueso de las unidades (1 122), equivalente al 57 %.
«Y, por último, el grupo donde están las de una crítica situación en los aspectos referidos y que no tienen posibilidad alguna de recuperarse. Son 327 UBPC, todas del sistema de la Agricultura, las que se han identificado en tal estado», dijo.
Gracias a esa categorización, se pudieron reordenar las unidades productoras del sistema del Grupo Azucarero y comenzar, paulatinamente, el proceso en las correspondientes al MINAG.
Como resultado del diagnóstico, se aprobó un paquete de 17 medidas inmediatas para resolver las ataduras que limitan su funcionamiento, acorde con los Lineamientos 17, 178, 179, 180 y 187, referidos a la adopción de un nuevo modelo de gestión y el logro de una mayor autonomía.
CAPITALES PARA EL CAMBIO
Imprescindible era, ante todo, definir un tratamiento financiero que les permitiera a las UBPC, a partir de estimular y revertir sus resultados productivos, liquidar a mediano plazo el acumulado endeudamiento bancario, fiscal y con el sector empresarial.
En principio -ahondó Julio A. Martínez- se modificó el destino de los 116 millones de pesos planificados en el Presupuesto del Estado para el año 2012 como capital de trabajo, el cual cubrirá parte de las pérdidas de años anteriores de las UBPC pertenecientes a los grupos I y II descritos -total ascendente a 332 millones 100 mil pesos-, así como una fracción de sus deudas con el Banco y el sector empresarial.
Los montos que este saldo no abarque serán costeados mediante el pago, a partir del 2013, de un tributo del 5 % sobre los Ingresos Brutos, el cual, recaudado por el Presupuesto del Estado, funcionará como fuente para la capitalización de estas formas productivas. En el caso de las deudas bancarias, estas serán renegociadas hasta un máximo de 25 años, comentó.
El plan elaborado también contempla que en la redistribución del financiamiento concebido con tales propósitos, sean priorizadas aquellas UBPC que mejor respondan productiva y financieramente.
Martínez Roque subrayó que, a partir del año próximo, el Presupuesto del Estado no continuará financiando a las UBPC, excepto en aquellos casos que sean de interés estatal. No obstante, estarán exoneradas de la declaración y liquidación del Impuesto sobre Utilidades previsto en la recién aprobada Ley Tributaria por un periodo de hasta cinco años, y les serán condonadas las deudas vencidas con el fisco, que en el caso de las UBPC de los grupos I y II, equivale a siete millones 800 mil pesos. Todo ello en pos de contribuir a su fortalecimiento financiero.
LAS UBPC NO SON EMPRESAS ESTATALES
Jurídica y conceptualmente bien concebidas, el diagnóstico realizado dejó en claro que los obstáculos al desempeño de las UBPC y el estrechamiento de su marco de autonomía -hasta prácticamente niveles insostenibles- llegaron en lo esencial de la mano de prácticas no amparadas por la norma legal que les dio origen.
Así, para estar a tono con el Decreto-Ley 142 de 1993 -por el cual surgieron las UBPC y mantiene plena vigencia- se elaboró un Nuevo Reglamento General, contenido en la Resolución 574 del 13 de agosto del 2012, del Ministerio de la Agricultura, publicada hoy por la Gaceta Oficial.
La norma, que entrará en vigor inmediatamente, ratifica que las UBPC son entidades cooperativas, y su funcionamiento se rige por el Reglamento General, el Interno, y por su Asamblea General como máximo órgano de dirección. Esta tiene facultades para decidir el porcentaje de las utilidades a distribuir entre sus miembros (excepto si arrastran pérdidas acumuladas, cuando solo podrán disponer de hasta el 50 %).
Igualmente se establece que puedan comprar con cheques o en efectivo, directamente, productos tales como sal, azúcar, vinagre y envases en la red minorista y mayorista del MINCIN, así como materiales de construcción a precios sin subsidios para la edificación de viviendas y otras instalaciones.
El autorizo para estas acciones marca una coherencia con una de las restantes medidas referida a las viviendas que, como patrimonio de las UBPC, se encuentran en diferentes fases de terminación: estas podrán ser tasadas y vendidas a los socios para su terminación por esfuerzos propios, o concluidas con fondos de la cooperativa.
El Nuevo Reglamento General también deja claro que los controles estatales los ejercerán los órganos, organismos y entidades del Estado con tales facultades. La empresa a cuyo sistema de producción se vincula la UBPC, solo velará por el cumplimiento de las normas técnicas de los procesos productivos y la contratación que responda a la demanda estatal. Lo no contratado o el excedente de sus producciones, podrá ser comercializado libremente.
DINERO EN SACO COSIDO
«A las UBPC se les ha prestado ayuda desde su surgimiento, pero sobre todo financieramente. Las nuevas medidas destacan porque, aunque incluyen también un alto componente financiero, vienen acompañadas de otras que apuntalan su éxito, al tratar de erradicar el problema desde el origen». Así resume Julio A. Martínez la esencia de las 17 acciones diseñadas que, de forma general, insisten en el reconocimiento de las UPBC como personas jurídicas en igualdad de condiciones que el resto de las formas productivas.
Por este camino, sin más imposiciones de una empresa estatal mediadora, desde el 2013 las cifras del Plan de la economía serán desagregadas hasta el nivel de la UBPC, facilitando así que estas pacten relaciones con todas las personas naturales y jurídicas, siempre con base contractual, para la compra directa de productos y servicios en correspondencia con el plan aprobado, así como para su abastecimiento interno -posibilidad también reconocida dentro del nuevo Reglamento General.
Se especifica además entre las decisiones que los contratos con las empresas suministradoras de insumos del MINAG y del Grupo Azucarero se establecerán directamente, sin la intermediación de ninguna entidad, así como para la adquisición del combustible aprobado, en el caso de las adscritas al sistema productivo del Ministerio de la Agricultura.
Para no dejar resquicios que puedan limitar el cumplimiento de estas disposiciones, un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros indicó a los OACE y a los CAP garantizar que sus dependencias y las entidades de sus respectivos sistemas empresariales presten servicios y vendan insumos directamente a las UBPC.
En función de que ningún error parta del desconocimiento, entre las medidas también se ha diseñado un programa emergente de capacitación, dirigido a los directivos y juntas de administración de las UBPC, así como a los empresarios y cuadros estatales del sistema de la Agricultura. Los temas impartidos se compendiarán y entregarán como herramienta de trabajo para las direcciones de las UBPC y las entidades estatales.
De igual modo, será imprescindible llevar adelante un proceso asambleario en cada Unidad Básica de Producción Cooperativa, con el objetivo de estudiar el nuevo Reglamento General y proceder a la reelaboración de los internos.
Como parte del mismo plan, se fusionan o disuelven aquellas que no tengan posibilidades de recuperación (casi 300). Por último, se ha dispuesto seguir la correcta ejecución de estas disposiciones a través de los mecanismos de control del MINAG y el Grupo Azucarero, acotó Martínez Roque.
«Este proceso tardó aproximadamente dos años, surgió a partir de las inquietudes de la propia base productiva, y no tiene precedentes en las casi dos décadas que llevan de creadas las UBPC», declaró el directivo. Aseguró además que las nuevas medidas se harán extensivas, en lo que corresponda, a las cooperativas de Producción Agropecuaria y de Crédito y Servicios, pues se reconoce que, en muchos casos, estas tampoco han estado exentas de amarres similares en su desenvolvimiento.
«Ahora el reto está en que las UBPC sepan vencer, en la práctica, la dependencia histórica que han tenido de las empresas, y aprovechen al máximo las nuevas oportunidades; algo inexorablemente vinculado al reconocimiento de la autonomía de estas formas cooperativas por el resto de los organismos y entidades. La voluntad de salvarlas ya es un hecho.»
Fuente: http://www.granma.cubaweb.cu/2012/09/11/nacional/artic02.html