Resumen
La autonomía se levanta hoy como una de las demandas reivindicativas más importantes del nuevo ciclo de movilizaciones de los pueblos indígenas en América Latina que surge en la década de los noventa. Como una expresión utópica del derecho a la autodeterminación de los pueblos, la autonomía parece inalcanzable en términos absolutos, inasible, muchas veces criticada por la falta de posibilidades concretables dentro de los desafíos cotidianos que deben enfrentar las comunidades rurales pertenecientes a estos pueblos. En este artículo, a través de un recorrido por algunas de las experiencias organizativas mapuche más relevantes desde el periodo pos-ocupacional, buscamos desentrañar elementos que nos permitan comprobar que la reivindicación de la autonomía como pueblo mapuche ha sido un objetivo primordial para estas organizaciones –aunque no explícito en estos términos–, como una dimensión indisoluble de la recuperación del territorio despojado. En la actualidad, el Movimiento Autonomista Mapuche, mediante las propuestas políticas del Consejo de Todas las Tierras y, principalmente, de la Coordinadora Arauco-Malleco, continúa vigente en la búsqueda de recuperar un sentido de nación mapuche. Y esto pasa, necesariamente, por reivindicar un territorio usurpado para beneficio de intereses capitalistas, materializados hoy en la industria forestal que se ha expandido en el Wallmapu, el territorio ancestral del pueblo mapuche.
Introducción
El carácter reivindicativo de las actuales demandas del denominado Movimiento Autonomista Mapuche se fundamenta en la “memoria larga” (Rivera, 2010: 78) de las luchas y procesos históricos que se remontan a un glorioso pasado de autonomía nacional en lo que fuera el territorio ancestral, o Wallmapu, como se denomina hoy al país mapuche. Sin embargo, esta memoria larga se construye también desde el dolor de los hechos recordados y transmitidos sobre el posterior e irrevocable despojo territorial que comienza con la ocupación militar del ejército chileno, en la segunda mitad del siglo XIX (2).
Por lo tanto, para analizar el actual Movimiento Autonomista Mapuche se vuelve obligatorio remontarnos a épocas pasadas que, a pesar de su lejanía en el tiempo, aún se encuentran vigentes en cada núcleo de este pueblo. Recuerdos presentes, tanto en los relatos orales como en los silencios que denuncian la ignominia padecida. Tal como el historiador mapuche Pablo Marimán menciona,es necesario destacar la larga duración de este movimiento por la autonomía mapuche que, desde el periodo pos-ocupación, ha presentado un “carácter de continuo” hasta llegar a los hechos que, en 1997, expresan el surgimiento de un nuevo ciclo reivindicativo, mal llamado conflicto mapuche (en Tricot, 2013: 13).
Por lo tanto, a continuación, presentamos distintas iniciativas con que sectores del pueblo mapuche han intentado histórica-mente frenar el despojo y librarse de la dominación hegemónica por parte del Estado de Chile, atravesadas por un hilo conductor:la recuperación de la autonomía, cuyos destellos pueden verse reflejados en las prácticas cotidianas sociales y productivas de las reducciones. Es en estos espacios desechados por el capital (3) donde las comunidades sobrevivientes fueron obligadas a establecerse después de la ocupación militar. La fragmentación del territorio ancestral en una especie de archipiélago de reducciones debilitó fuertemente a la sociedad mapuche, imponiendo nuevas condiciones a partir de las cuales se debió reorganizar la vida. Si bien el aislamiento de las comunidades debilitó la capacidad de articular una resistencia frente a los poderes privados y estatales que los sometieron, la unidad básica de la antigua territorialidad mapuche, denominada lof, encuentra en estas reducciones un espacio donde sobrevivir mediante la reproducción de las prácticas sociales y productivas con que este pueblo ejerció, cotidianamente, su autonomía hasta fines del siglo XIX.
De esta forma, la organización social y política mapuche logró persistir en el tiempo a través de la adaptación de sus sentidos y tradiciones a los nuevos escenarios, sin abandonar el objetivo de reivindicar la posesión sobre el territorio despojado. Basados en prácticas comunitarias ancestrales de producción y formas de organización social y política que les ha permitido mantener la cohesión interna y las alianzas estratégicas con comunidades de otros territorios, para los habitantes de las reducciones, la autonomía no representaría, entonces, una utopía inalcanzable –a menos que se plantee en términos absolutos y esenciales–. Más bien, ha sido una estrategia de sobrevivencia como sujetos y como pueblo, ejercida en distintas prácticas cotidianas, en el sentido de “auto-actividad” relativa a los poderes hegemónicos que los han sometido (Modonesi, 2011: 20-21) .
Primeras iniciativas pos-ocupación por la defensa de la tierra
Al mismo tiempo que las celebraciones del primer centenario de la República de Chile buscaban demostrar la entrada del país en el camino hacia el progreso, en 1910 surgía la primera organización mapuche pos-ocupación. Enarbolando el objetivo fundamental de la defensa de la tierra –mantenido por todas las organizaciones mapuche desde entonces–, la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía posicionó a la educación estatal como el medio principal para llevar a cabo un “proceso equilibrado de integración”(Bengoa, 2008: 382). . A pesar de lo criticable que esta demanda puede parecernos en la actualidad (ya que se la identifica como un instrumento de asimilación y aniquilación de la cultura mapuche), la Sociedad Caupolicán manifestó el interés de un sector de este pueblo por explorar aquellas vías institucionales que le permitieran interpelar al Estado chileno en condiciones de mayor simetría. En este sentido, habría que entender su visión de la educación como una estrategia para abrir canales de negociación, dentro de los códigos del vencedor, lo que les facilitaría alcanzar objetivos primordiales tales como proteger y ampliar las escasas tierras radicadas, además de denunciar los diversos abusos y maltratos padecidos dentro del proceso de desposesión, que parecía no tener límite. Persiguiendo estos mismos fines, en 1918 se conforma la Federación Araucana, liderada por el carismático Manuel Aburto Panguilef, la cual radicalizó la defensa del pueblo mapuche reivindicando su institucionalidad tradicional. Sin embargo, en lo que podríamos leer como otro esfuerzo por adaptarse a las reglas impuestas por el nuevo escenario adverso, la figura que escoge para plantear su proyecto político es la de una República Indígena. . Dos décadas más tarde, se crea, en 1938, la Corporación Araucana para aunar fuerzas a partir de la fusión de la Federación Araucana y de la Sociedad Caupolicán, encabezada por otro importante líder, Venancio Coñoepán, quien imprime su sello enfocado en la independencia económica como condición vital para establecer una relación más igualitaria con la sociedad chilena. Influenciado por su participación en el Primer Congreso Indigenista de Pátzcuaro, realizado en 1940, Coñoepán reconoce la necesidad de intervenir y dirigir las instituciones y políticas estatales que operaban directamente en los asuntos indígenas. En esta línea, la búsqueda de aliados llevó a la Corporación Araucana a adherirse a la campaña del candidato a la presidencia Carlos Ibáñez del Campo, quien al asumir su mandato en 1952 nombró a Coñoepán como Ministro de Tierras y Colonización. Durante su administración además se apoyó la exención de contribuciones en tierras indígenas no comunitarias y la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas con fondos para otorgar créditos agrícolas (Foerster y Montecinos, 1988: 128-129, 214, 216).
Una de las estrategias promovidas por la Corporación Araucana y la Dirección de Asuntos Indígenas fue la constitución legal de “cooperativas, sociedades, o asociaciones de caráctereconómico” (4), como herramienta para que las comunidades pudieran acceder a diversos beneficios crediticios y programas sociales de salud y educación, como un intento por superar la situación de subordinación y rezago económico en que quedaron sumidas después de la ocupación. . Además, en 1953, dos candidatos de la Corporación son elegidos diputados, lo cual, sumado a los logros anteriores, constituyó un momento de avances sin precedentes para una organización mapuche dentro del marco de acción estatal. Sin embargo, el inusitado poder que comienza a acumular la Corporación Araucana dentro de la sociedad chilena, comienza a generar suspicacias entre la oligarquía chilena, acusando a la Corporación de ser una “especie de movimiento racista” (Foerster y Montecinos, 1988: 223) por pretender instaurar medidas especiales de protección sobre sus tierras. Además, fue señalada como obstaculizadora del desarrollo nacional, por oponerse a la división de sus propiedades comunitarias. La atribución de la responsabilidad del atraso económico a la existencia de reducciones indígenas se expresa, dentro del debate de la época, en el señalamiento de estas comunidades como un cinturón suicida que estrangula la vida económica de la capital de La Frontera [por lo cual] una ley de excepción esurgente para desalojar a los indígenas de los terrenos del hinterland (https://es.wikipedia.org/wiki/Hinterland) de Temuco, que ellos no saben explotar en cultivo intensivo y en científica rotación de su producción (Foerster y Montecinos, 1988: 224). . Lamentablemente, cabe señalar que esta distorsión de la lucha del pueblo mapuche ha sido recurrente a lo largo de su historia, como parte de la estrategia de los grandes poderes económicos y políticos para legitimar el despojo y criminalizar la resistencia que genera. Al facilitar la integración de las tierras mapuche al régimen de propiedad privada individual, se alimentaba, a su vez, la concentración de tierras para conformar el latifundio, cuyo aumento de poder se retroalimentaba en las corridas de cerco y otros varios tipos de fraude. Frente a esto, la reducción se convirtió en el último bastión del pueblo mapuche, cuya sobrevivencia dependía, en gran parte, de la defensa de la integridad de las comunidades. Sin embargo, la Corporación, siguiendo la línea de las políticas desarrollistas de la época, excluye el modo tradicional de organización económica y social mapuche de la fórmula que persigue resolver la inviabilidad económica del minifundio indígena. . Por otro lado, la gestión de los Juzgados de Indios –única vía institucional ofrecida por el Estado para que las comunidades entablaran sus reclamos por usurpaciones indebidas de predios– cayó en el desprestigio por la absoluta ineficacia de su gestión. Esto motivó la búsqueda de otras estrategias más directas de lucha, registrándose las primeras tomas de terreno a mediados de los años cincuenta,acciones que se vuelven más frecuentes durante la década siguiente. Pese a estas iniciativas, no se logró frenar el proceso de división y enajenación de hijuelas, permitiendo la constante ampliación de los latifundios con la incorporación de parcialidades de los Títulos de Merced 5 (Aylwin, 1996: 7). De esta manera, se fue generando una situación insostenible de desigualdad en la distribución de las tierras y de los ingresos, hecho que se expresó en la creciente pauperización de la clase campesina, entre los cuales se contaba a los comuneros mapuche. .
Avances durante la reforma agraria
En el marco de una reforma agraria iniciada incipientemente en 1962, cinco años más tarde comienza un proceso de recuperación de tierras por parte de aquellas comunidades mapuche que no habían obtenido resultados mediante la gestión de los Juzgados de Indios. Con una serie de acciones directas, obligan al gobierno a considerar la aplicación de los mecanismos expropiatorios establecidos en la nueva ley de reforma agraria N°16.640 promulgada ese mismo año. Estas iniciativas, llevadas a cabo principalmente en las comunas de Lumaco y Ercilla de la región de la Araucanía, lograron visibilizar a nivel nacional lo que en la época fue categorizado como problema mapuche, motivando que el gobierno realizara la primera expropiación en respuesta a las movilizaciones en 1969. Con este hito, se sentó un precedente que legitimó mecanismos de ocupación como las corridas de cerco y las ocupaciones de fundos con la expectativa de una solución definitiva a décadas de reclamaciones. . El historiador chileno Martín Correa describe estas prácticas de recuperación que fueron apoyadas por el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) y por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Mientras las ocupaciones de fundos fueron el mecanismo no institucional para recuperar predios establecidos dentro de territorios que pertenecían ancestralmente a una comunidad determinada, las corridas de cerco fueron ejercidas para restituir los límites originales reconocidos por los Títulos de Merced entregados durante la radicación. Esto implicaba recurrir al mismo procedimiento con el que, durante décadas, los nuevos colonos y latifundistas los fueron despojando indebidamente de sus tierras: consistía en un trabajo colectivo que identicaba la línea antigua del Título de Merced, hacía las excavaciones para colocar las estacas del deslinde y luego trasladaba el cerco al límite señalado en el antiguo título. Los trabajos generalmente se iniciaban durante la noche y concluían al día siguiente (Correa et al., 2005: 127).
Estos mecanismos de recuperación de tierras se intensificaron con la ascensión de Salvador Allende a la presidencia, en 1970, en medio de la radicalización en que ingresa el proceso de reforma agraria. En particular, el pueblo mapuche logra un trato singular para sus reivindicaciones, diferenciándolas, por primera vez, de las demandas de la clase campesina que se expresaban en la consigna “la tierra para el que la trabaja”, y dentro de las cuales la dirigencia política los había encasillado. Como un hecho inédito, entre enero y febrero de 1971, fueron abordados en conjunto los traspasos de tierras a comunidades mapuche bajo la categoría de restitución de tierras usurpadas , en el denominado Cautinazo, por realizarse en la provincia de Cautín. Además, en 1972, mediante la promulgación de la Ley Indígena, se intenta frenar el proceso de división de comunidades y restituir tierras en litigio, considerando el mecanismo de expropiación. Estas tierras devueltas eran organizadas como unidades de producción dentro del modelo cooperativista o comunitario de explotación, siendo integradas al proyecto nacional, pero sin buscar la asimilación cultural de las comunidades mapuche beneficiadas. . Sin embargo, todos estos avances fueron revocados por la dictadura cívico–militar que se implanta a partir de 1973. Junto con el Parlamento, fueron disueltos los partidos políticos y toda organización social, incluyendo las asociaciones y cooperativas agrícolas mapuche, las cuales fueron reprimidas con especial ensañamiento por la tensión que se había acumulado durante la última etapa de la reforma agraria. . El recuento es desolador: de las 40 organizaciones mapuches que existían hacia fines del año 1972 y que en diversos niveles representaban al Pueblo Mapuche, nada se supo de ellas ni de sus dirigentes después del golpe militar de 1973, desapareciendo por completo el movimiento indígena nacional, corriendo la misma suerte que el movimiento social y popular chileno en general (CVHNT, 2003: 447). .
Reorganización durante el régimen dictatorial
Sin ninguna fuerza ciudadana en condiciones de oponerse, el nuevo régimen llevó a cabo un profundo proceso de contrarreforma agraria, restituyendo la mayor parte de los predios expropiados y parcelando los asentamientos beneficiados por la reforma. Muchos de estos predios fueron entregados, por montos insignificantes, a los grandes grupos económicos del sector agroexportador, quienes se encargarían de controlar la actividad forestal emergente (Aylwin, 2002: 10). Por otro lado, en 1979 se intentó terminar con la figura de propiedad comunitaria mapuche –y desestructurar su organización social– mediante la modificación de la Ley Indígena por losD.F.L. N°2.568 y D.F.L. N°2.750. Con estos decretos se intensifica el proceso de división de las comunidades remanentes mediante su parcelación en lotes individuales y la eliminación de las excepciones legales hacia los mapuche al establecer que “las hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudicatorios” (Valenzuela y Oliva, 2007: 302). . La abrupta disminución de las tierras necesarias para la subsistencia básica (6), en beneficio del sector forestal, sumerge en la pobreza a las comunidades rurales mapuche, obligando a migrar a un porcentaje importante de sus miembros hacia los principales centros urbanos del país. Frente a la crítica situación que debieron enfrentar las comunidades mapuche, como principal núcleo social de este pueblo, y dentro de un contexto de rearticulación social del país, a finales de los años setenta comienzan a surgir diversas organizaciones mapuche, muchas de ellas apoyadas por sectores de la Iglesia Católica y por organizaciones civiles. . En 1978, surgen los Centros Culturales Mapuche, que logran organizar una extensa red de comunidades a escala nacional dentro de un proyecto político que retoma la histórica reivindicación de “la Tenencia de la tierra y su vida en la Comunidad […] que garantice su continuación como pueblo étnico” (Gacitúa,1992: 30; énfasis original). Se insistió en la urgencia de generar condiciones que le permitieran al pueblo mapuche sobrevivir como tal, lo cual implicaría desarrollar una política de autogestión y autodeterminación de las propias prioridades (Marimán et al, 2006:235). . Derivada de los Centros Culturales, en 1980, se conformóla Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos, o Admapu, básicamente con los mismos objetivos de restitución de tierras, y su defensa de la comunidad y la cultura mapuche y en esto asume la causa común con otros movimientos indígenas del continente, fundamentalmente a partir de la creación del Consejo Indio Sudamericano CISA en 1980, donde tuvo una activa participación (Marimánetal, 2006: 236). En estas demandas se incorporó el concepto de identidad como un intento por “generar una base común de identificación” (Gacitúa, 1992: 41) que englobara las prácticas sociales y políticas que les permitirían a los mapuche sobrevivir como pueblo. De esta forma, podemos deducir que los fundamentos reivindicativos de este nuevo movimiento mapuche se establecieron sobre la triada “Tierra – Identidad – Sobrevivencia” (Gacitúa, 1992: 30), enfatizando la necesidad de recuperar, junto a la tierra, el control político sobre ella y sobre todas las dimensiones simbólicas de la cultura mapuche. En este último aspecto, se exhortó a rescatar el idioma mapu-dungún y la historia desde una perspectiva propia como pueblo. . En 1987, las organizaciones mapuche se reúnen en la llamada Coordinadora Unitaria Mapuche Futa Trawun Kiñewan Pu Mapuche para plantear sus demandas, ahora más enfocadas en la perspectiva de los derechos colectivos de los pueblos, que comienza a ganar terreno en el ámbito jurídico internacional. Se exige, principalmente, el reconocimiento constitucional como pueblo y su derecho a la autodeterminación, además de empezar a trabajar propuestas relacionadas con los conceptos de territorio y autonomía, todo en consonancia con los derechos que serán reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en 1989. En este mismo año, el nuevo escenario político que en Chile abre las puertas al cambio de régimen, vía electoral, empuja a las principales organizaciones de un movimiento mapuche dividido a reunirse con colectivos aymara y rapa nui para elaborar conjuntamente un petitorio que será planteado en Nueva Imperial. Este acuerdo obligó a la nueva presidencia, que asume en 1990, a generar las condiciones para solucionar los principales problemas territoriales y los cambios jurídicos requeridos para ello, creándose la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas (CEPI).
Movilizaciones en el periodo de transición a la democracia
En 1990, dentro del nuevo contexto de la llamada transición a la democracia, la participación de Ad mapu en las negociaciones con el nuevo orden institucional provoca otro quiebre interno. Para desmarcarse de estos diálogos, se crea la Comisión contra la Celebración del V Centenario, en sintonía con las protestas indígenas de todo el continente que exigen resignificar la fecha como una invasión genocida y reconocer sus derechos como descendientes de los habitantes originarios. Luego, esta Comisión daría origen al Consejo de Todas las Tierras (CTT) o Awkiñ Wallmapu Ngüla, encabezado por el carismático werken (7) Aucán Huilcamán. Esta organización se posicionó rápidamente en los medios a través de la realización, entre 1991 y 1992, de una serie de recuperaciones simbólicas en las comunas de Carahue, Collipulli, Galvarino y Purén de la región de la Araucanía. Estas recuperaciones consistían en ocupar predios reclamados para la realización de ceremonias tradicionales y conversatorios, esencialmente. Al respecto, los líderes del CTT declararon que “el proceso de recuperación de nuestras tierras no es una acción antojadiza, sino que busca salvaguardar nuestra existencia y futuro. Responde al estado de pobreza y usurpación permanente de nuestro último recurso que es la tierra” (Correa y Mella, 2010:215–216) (8). . Además, deslindados del orden institucional establecido por el nuevo gobierno, pidieron al Estado la restitución del territorio ancestral, proponiendo “que desde el Bío–Bío al sur exista una instancia con facultades políticas y jurídicas para determinar el destino de esa región, porque hay dos nacionalidades, dos culturas en esa zona” (Huilcamán, 1992: 59). A pesar de actuar al margen del orden estatal, el CTT planteó disponer de participación política y representación garantizada a través de cuotas proporcionales en todas las instituciones del Estado, al mismo tiempo que solicita reivindicar el sistema de autoridades tradicionales, tales como lonko, machi, weupife, ngenpin y werken. Por otra parte, convencidos de la necesidad de unificar las fragmentadas fuerzas políticas y sociales del pueblo mapuche, el CTT emprendió diversas actividades, entre las que destaca el establecimiento de la bandera wenufoye como símbolo de la identidad mapuche, ampliamente reconocida en la actualidad. . Si bien las demandas reivindicativas se habían mantenido vigentes durante la década de 1980, éstas se vieron fortalecidas y actualizadas en el marco del nuevo ciclo de movilizaciones de los pueblos indígenas y del corpus de derecho internacional que las legitima. Estas demandas son expresadas en las recuperaciones simbólicas que retoman las acciones directas como medio de presión. No obstante su carácter pacífíco, los latifundistas y propietarios forestales se sintieron amenazados por las declaraciones de los líderes del CTT. El recuerdo traumático que los grandes hacendados guardaban de las tomas de terrenos y expropiaciones que pusieron en riesgo su patrimonio durante la última etapa de la reforma agraria,los lleva a solicitar al gobierno que tome medidas al respecto.La administración de Patricio Aylwin responde a las presiones,realizando el primer acto de criminalización post dictadura en contra de la movilización mapuche. . En 1992 se produce un violento desalojo, por parte de carabineros, de comuneros que realizaban una recuperación, resultando condenados a distintas penas de presidio 144 miembros del CTT bajo la Ley de Seguridad del Estado,por usurpación y asociación ilícita. Este caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, entablando la primera demanda mapuche en contra del Estado de Chile, ante una instancia internacional, “alegando la violación dederechos consagrados en la Convención Americana de DerechosHumanos (1969)” (Colectivo, 2003: 227). En 1998, la parte querellante consiguió un fallo favorable que obligó al Estado a suscribir un acuerdo de solución que reparara los daños morales y económicos a los afectados (Foerster y Montecinos, 1988: 37).Por su parte, cabe destacar el rol que, una vez más, han desempeñado los medios de comunicación en la tergiversación del movimiento mapuche. En primer lugar, las acciones del CTT comienzan a ser cubiertas dentro del apelativo de conflicto mapuche – antes llamado problema mapuche –, el cual oculta al Estado y a los grandes capitales como contraparte con una responsabilidad histórica. . Asimismo, tal como sucediera para validar la ocupación militar del siglo XIX, la campaña mediática se convirtió en un instrumento primordial para generar apoyo en la sociedad chilena frente al aparato represivo que desde entonces se ha desplegado en la región. Las acciones reivindicativas y defensivas de los comuneros comenzarona ser catalogadas como “acciones extremistas”, “atentados indígenas”, “elementos subversivos”, además de asegurar conexiones con el “Ejército Guerrillero Patria Libre y al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)” (Correa y Mella, 2010: 215–216) 9. Mientras tanto, se omite información sobre el actuar de las fuerzas especiales de carabineros y de guardias forestales en la zona, invisibilizando a los grandes poderes que representan y que actúan en este conflicto.
Políticas indígenas en el marco de la expansión de los monocultivos forestales en el Wallmapu
El modelo neoliberal implantado en Chile a partir de la dictadura de Pinochet fue heredado por los gobiernos democráticamente electos desde 1990 junto con el nuevo ordenamiento del territorio nacional que se efectúa a partir de 1974, y dentro del cual al sector forestal se le asigna un papel preponderante 10. Sin embargo, las regiones destinadas para esta actividad –por presentar amplias superficies de suelo con aptitud preferentemente forestal– coinciden con el territorio que las organizaciones mapuche reivindican como ancestral. Las regiones del Biobío (VIII), de la Araucanía (IX) y de Los Lagos (X) –y la región de los Ríos (XIV) a partir de su creación en 2007–, pasan a conformar la zona forestal del país, actividad que se basa en el monocultivo intensivo de pino radiata y eucalipto, yen medidas de fomento a la producción que implican una serie de subsidios estatales.Los principales incentivos, otorgados por el Estado de Chile a inversionistas privados para la expansión del sector, fueron establecidos en el Decreto ley N° 701, promulgado en 1974 y aún vigente: además de los numerosos beneficios otorgados por este decreto, como los subsidios directos a la producción, exención de tributos sobre tierras y recursos, y la inexpropiabilidad de los predios forestales, el gobierno se encargó de proveer, en forma casi gratuita, tierras con aptitud forestal a los grupos económicos interesados (11) (Viera, 2015: 18–19). . Los resultados de estas medidas se reflejan en un sostenido crecimiento de la superficie explotada y de los montos de exportaciones hasta la fecha. No obstante representar una participación de alrededor del 4% del PIB nacional, existen una serie de críticas al sector silvícola: su contribución al sector laboral nacional no alcanza al 2% (12), sumado a la precariedad de sus contrataciones y condiciones laborales. Como consecuencia de las frecuentes malas prácticas de explotación, tenemos una disminución de los bosques de especies nativas –y, en consecuencia, de la biodiversidad que anidan–, además de las fuentes acuíferas. La tala rasa ha provocado la degradación y erosión de los suelos, lo que disminuye su nivel de productividad dramáticamente. La utilización de agrotóxicos contamina las fuentes de agua para regadíos, ganado e incluso las de consumo humano.
Tal como hemos señalado, la mayor parte de las plantaciones forestales (alrededor del 70%) se ubican dentro del antiguo territorio mapuche y, por lo tanto, en la zona donde se encuentran diseminadas las reducciones que han resistido al proceso de expropiación. Varias de éstas han quedado cercadas por monocultivos de pinos y eucaliptus que han ocupado predios cuya propiedad está siendo reclamada, muchas veces, por estas comunidades. Si a esto sumamos los efectos socio-ambientales negativos que este tipo de actividad trae a la población circundante, podemos comprender el alto grado de conflictividad entre la explotación forestal en expansión y las comunidades mapuche que continúan siendo reducidas dentro de su territorio ancestral. En Viera (2015: 19), además, se describen algunos de los principales problemas socio-económicos a los que se han visto enfrentadas las comunidades contiguas a las forestales: las redes comunitarias básicas de producción y apoyo son desarticuladas, lo que impide prácticas como la minga o el sistema de medierías; y desaparecen los escasos puestos de trabajo asalariado que eran ofrecidos por los fundos agrícolas, dando paso a trabajos especializados y esporádicos que son cubiertos por empleados que las empresas traen desde afuera de las localidades. . Como resultado de todo lo anterior, proporcionalmente al crecimiento de la superficie de plantaciones forestales, se fue incrementando la pobreza en las comunidades, hasta niveles que no permitían cubrir las necesidades básicas para la sobrevivencia. Las políticas implementadas, desde 1990 por los gobiernos democráticos, no ayudan a revertir esta situación agravada por el proceso de despojo reiniciado durante la dictadura, que consistió en: la división de comunidades (retomada con los decretos de 1979) y el traspaso de derechos de agua a propietarios particulares (a partir del Código de Aguas de 1981). Además, considerando que la legislación chilena separa la propiedad de la tierra y la de sus recursos y usos productivos, en 1996 el Estado había otorgado“ 144 concesiones mineras –nacionales y extranjeras– en tierras de comunidades mapuche, en virtud de la aplicación de la normativa privatizadora” (Correa y Mella, 2010: 208). . En oposición a las expectativas generadas, el nuevo régimen no sólo mantiene el modelo neoliberal primario exportador, sino que lo profundiza consolidando la posición de los diversos sectores que más contribuían a la economía nacional. Es así como en las últimas décadas se ha intensificado la construcción y operación de grandes centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y centrales de pasada, además de las actividades de minería, piscicultura y turismo, y proyectos de inversión en infraestructura y servicios, cuyo impacto en la población local y en el medioambiente no ha sido debidamente estudiado ni considerado. Los intereses de los capitales invertidos dentro del régimen de privatización de los recursos naturales han sido superpuestos a los derechos civiles y colectivos. Esto explica la preeminencia que han tenido las leyes sectoriales –agua, pesca y minería, principalmente– por sobre el alcance de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado chileno, y de la nueva Ley Indígena de 1993. . El anteproyecto original de esta ley sufrió cambios tan esenciales en el parlamento que desde su promulgación resultó ser “una norma hoy obsoleta ante los avances en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el derecho internacional y comparado” (FIDH, 2006). A pesar de ser el primer instrumento jurídico chileno que ha reconocido la existencia del pluralismo étnico, esta ley omite una de las solicitudes fundamentales del Acuerdo de Nueva Imperial: incluir la categoría pueblo según los lineamientos establecidos por el derecho internacional. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas continúa pendiente hasta la fecha, calificado, por el sector más conservador del parlamento, como inconstitucional e inaceptable, debido a que el pueblo chileno debiera ser el único reconocido. . El mismo recelo impidió reconocer la categoría territorio, en vez de los conceptos que finalmente se incluyeron en la ley: tierras indígenas y áreas de desarrollo indígena . El reconocimiento de las tierras ocupadas históricamente por comunidades indígenas se restringió sólo a aquellas cuyos derechos estén inscritos en el registro de tierras indígenas y que tengan algún título entregado por el Estado: Títulos de Merced, Títulos de Comisario o Títulos de Realengo y Radicaciones (BCN, 1993: artículo 12). Esto contraría al derecho internacional que establece que las tierras tradicionales o ancestrales son aquellas tierras “a las que [los pueblos indígenas] hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (ONU, 2006: artículo 26) y, además “en las que han vivido desde tiempo inmemorial […] son las de sus antepasados, y las que esperan legar a sus descendientes. En algunos casos, podrían comprender las recientemente perdidas”(OIT, 2006). . Para responder al compromiso de la defensa de la tierra, presente en el Acuerdo de Nueva Imperial, se crea el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI) como parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), pero no se le otorgan los fondos suficientes para resolver las demandas de tierras y el acceso a recursos básicos. La gestión del FTAI ha presentado una serie de problemas en el proceso de entrega de tierras: situaciones de especulación en precios cobrados por predios en conflicto, que reducen drásticamente el poder adquisitivo del Fondo para nuevas adquisiciones; alrededor de un tercio de las tierras entregadas han correspondido a predios distintos a los reclamados por la comunidad, algunos de los cuales eran requeridos por otras comunidades (González et al.,2007a: 5); la mayor parte de las tierras que se han contabilizado como traspasadas, en realidad han sido objeto del programa de saneamiento y regularización de la propiedad indígena, otorgando títulos a comunidades que ya habitaban de facto esas tierras. Sólo un pequeño porcentaje ha correspondido a “tierras incorporadas al patrimonio indígena” (Toledo, 2005: 101). . Por otro lado, se han elaborado programas de desarrollo, como política estatal, dentro de un enfoque de superación de la pobreza, con carácter asistencialista y provisorio, permitiendo sentar “las bases de un nuevo sistema clientelar en la relación ciudadanía-Estado” (Toledo, 2005: 73). Un ejemplo de lo anterior son los Programas de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), dependientes del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), los cuales fueron creados para impulsar proyectos de desarrollo en comunidades indígenas a través de la entrega de montos de 100 mil pesos chilenos anuales por familia (menos de 150 dólares (13) como apoyo a la producción, lo cual es claramente insuficiente para el objetivo enunciado. Sin embargo, dado el estado de precariedad de los postulantes, estos programas han operado muchas veces como un mecanismo para recompensar a aquellos comuneros que se mantengan dentro de la vía institucional, como forma de moldear al «buen» mapuche beneficiario de las políticas indígenas “de subsidio agrícola y planes de mejoramiento educativo en las comunidades rurales mapuches, cuya definición no es la de ser indígenas, sino ‘pobres’” (Foerster y Vergara, 2002: 37–38).
Nuevas movilizaciones por la autonomía
La expansión forestal y los decepcionantes resultados de las políticas indígenas, implementadas por los primeros gobiernos democráticos, empuja a las comunidades mapuche a buscar vías no institucionales para resolver su precaria situación, siguiendo los pasos trazados por el Consejo de Todas las Tierras. A principios de los años noventa, los predios reclamados –ya sea como tierras antiguas o parte de Títulos de Merced– que se encontraban en propiedad de privados dedicados a la actividad forestal, son ocupados pacíficamente bajo la figura de recuperación simbólica. Sin embargo, el amedrentamiento policial y de los guardias forestales compele a las comunidades movilizadas a adoptar una estrategia alternativa más radical de confrontación directa para defender el territorio. De esta manera, a partir de 1997, surge un nuevo ciclo de movilizaciones de organizaciones y comunidades mapuche que, afectadas por la escasez de tierra y la pobreza que se acentúa con la crisis económica mundial, optan por acciones más radicales. . Uno de los hitos que marcan este inicio se lleva a cabo el 1° de diciembre de ese mismo año: tres camiones de la forestal Arauco –una de las más importantes del país– son quemados en la comuna de Lumaco, de la región de la Araucanía, por un grupo de comuneros mapuche. A partir de entonces, se suceden una serie de hechos entre los que destaca el reemplazo de las recuperaciones simbólicas por las recuperaciones productivas que consisten, básicamente, en hacer ingreso a un predio, “derribar las plantas forestales (eucaliptos y pino insigne para la construcción celulosa [sic.] o quemar casas, bodegas y cosechas de algún latifundista. Luego sembrar papas, tomates, trigo, etc.” (Pairicán y Álvarez, 2011: 73–74), para beneficio de la comunidad. Las primeras recuperaciones productivas se llevan a cabo en la misma comuna de Lumaco, para recobrar las tierras antiguas en manos de forestal Bosques Arauco (Correa y Mella,2010: 218). . En este contexto, en 1998, se crea la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), la cual pasa a ocupar un lugar central en la radicalización de las demandas territoriales de las comunidades que representa. Esta organizaciónse plantea como un Movimiento Nacionalista Autónomo Mapuche, exigiendo el reconocimiento constitucional del carácter plurinacional de Chile. En palabras de su propia dirigencia:señalamos que el único logro político real y a largo plazo es el reconocimiento de la existencia de la NACIÓN MAPUCHE y la devolución de espacios territoriales necesarios para eldesarrollo de nuestro pueblo […] [nuestra] estrategia tiene como eje central la recuperación de predios que hoy día se encuentran en disputa principalmente con empresas forestales y que son considerados por nuestras comunidades como espacios sagrados para la sobrevivencia y la reproducción de nuestra cultura (Aylwin, 2002: 25; énfasis propio, mayúsculas originales). . Para la CAM, la legitimación de las autoridades tradicionales mapuche como interlocutores válidos sería una condición primordial para el establecimiento de relaciones horizontales y simétricas con las entidades estatales. El CTT planteaba lo mismo, pero la radicalidad de la estrategia propuesta por la Coordinadora para reconstruir la nación mapuche independiente de la chilena la vuelve más visible y más temida por el oficialismo. Para restaurar el territorio donde reproducir la cultura y el ordenamiento particular de la sociedad mapuche, la CAM planteó partir por una recuperación parcial de 200 mil hectáreas de tierras que se encontraban en manos de empresas forestales, en las provincias de Arauco y Malleco. Ejerciendo lo que denominan control territorial, los mapuche podrían comenzar a recuperar su autonomía, enfrentando a las empresas forestales como principales agentes del sistema capitalista: “la CAM estimó que el pueblo mapuche estaba en un proceso de exterminio y que la única manera de resistir el extermino, era otorgándole un carácter anti-capitalista a la resistencia mapuche” (Pairicán y Álvarez, 2011: 73). . Otro elemento fundamental de los planteamientos de este movimiento lo encontramos en la exaltación del pasado de independencia y auge económico del pueblo mapuche, previo a la ocupación militar chilena, es decir, en la citada “memoria larga”. Este periodo comienza a ser reivindicado con más fuerza, como referente para la actual lucha por el restablecimiento del territorio y por la liberación nacional: “es importante para los mapuche el tema de la memoria histórica, saber que nosotros éramos un pueblo libre, un pueblo originario” (Tricot, 2013: 62) (14). De este glorioso pasado de resistencia, la CAM rescata la figura del guerrero, o weichafe , el cual rápidamente se convierte en un modelo, principalmente para los jóvenes activistas mapuche, con el cual se recupera “la legitimidad de la violencia política histórica en la lucha contra la dominación de antaño […] para ser aplicada bajo el nuevo contexto sociopolítico de fines del siglo XX y principios del XXI” (Pairicán y Álvarez, 2011: 71). . Cabe indicar que, según un documento anónimo de la CAM, publicado en 2001, las acciones directas emprendidas son caracterizadas como “acciones mínimas de sabotaje que han afectado a las empresas forestales y a sus guardias paramilitares”, y se señala enfáticamente que “el uso de la violencia por parte de la Coordinadora está restringido al ámbito de la defensa del Territorio y de la autodefensa de las comunidades, y no responde a planteamiento ofensivo alguno”, denunciando que, por el contrario, “la práctica de la violencia ha sido hasta ahora patrimonio exclusivo del Estado chileno y de los empresarios forestales que ven amenazados sus intereses en las zonas de conflicto” (Marimán, 2012: 191). Efectivamente, las diversas “acciones de sabotaje” y las recuperaciones productivas de predios forestales obstaculizaron las labores de las empresas forestales en la zona, lo cual comenzó a verse reflejado en el retroceso de la tendencia al crecimiento en superficie plantada y en montos de exportación del sector entre los años 1996 y 2000. . Las iniciativas de los comuneros organizados resultan eficaces para golpear el rostro del capitalismo en la región, siendo consideradas como una amenaza al crecimiento de uno de los sectores más importantes para la economía del país. Por lo mismo, la respuesta de las autoridades no se hizo esperar. A la par de los primeros procesamientos judiciales a comuneros, a fines de 1997 se intensificó la presencia policial permanente en las comunidades en conflicto, ante las presiones de los empresarios afectados. Desde entonces se han hecho frecuentes, hasta el día de hoy, las acciones de amedrentamiento, montajes, maltrato físico y psicológico –incluyendo a ancianos y a niños–, allanamientos, destrucción de viviendas y cosechas e, incluso, la utilización de armas de fuego en contra de comuneros en toma pacífica, con resultados de muerte (15). . Por otra parte, el director de CONADI de la época, Domingo Namuncura, advirtió que “desde ahora en adelante, todas aquellas personas que se tomaran las tierras de las empresas forestales o de particulares, serían excluidos de la lista del Fondo de Tierras que impulsa esta entidad [abril, 1998: 3]” (Mella, 2001:175). Sin embargo, ni las amenazas, ni la represión, ni las mesas de diálogo lograron frenar las movilizaciones. Esto llevó al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado a cinco comuneros mapuche cuyas acciones –ataques incendiarios y emboscadas en contra de empresas forestales (del Valle, 2002; González et al., 2007b: 65)–fueron tratadas como causas penales que habrían afectado la propiedad particular y los bienes públicos.Más tarde, durante el sexenio del presidente Ricardo Lagos,en consonancia con la coyuntura internacional del atentado a las Torres Gemelas, se agregó el calificativo de terrorista a las acciones procesadas judicialmente. En este contexto, a partir de 2002 se aplica la ley N°18.314, conocida como Ley Antiterrorista (16) , en al menos seis procesos contra autoridades tradicionales y diri-gentes que presuntamente habrían participado en actos ilegales.No obstante la presión ejercida por organismos internacionales (17), y el consecuente compromiso de no volver a aplicar esta ley en el contexto del conflicto mapuche, el gobierno de Michelle Bachelet continuó utilizándola para procesar a comuneros por atentados incendiarios en fundos forestales. Además, las denuncias por abusos perpetrados por parte de las fuerzas policiales en contra de comuneros mapuche, fueron tratados en tribunales militares, quedando impunes, hasta la fecha, la mayoría de los casos (Human Rights Watch, 2004: 6). . Uno de los hechos más relevantes en la respuesta represiva estatal se lleva a cabo a fines de 2002: tras un sigiloso trabajo de inteligencia, entra en acción la denominada Operación Paciencia,con el objetivo de desarticular a las principales organizaciones que participaban en el conflicto mapuche, siendo detenidos varios activistas de las provincias de Arauco, Malleco y Cautín (Correa y Mella, 2010: 239). De esta manera, se efectúa “la casi lograda desarticulación de la organización Coordinadora Arauco-Malleco(CAM), que hoy por hoy cuenta con muchos de sus líderes en la cárcel, sancionados bajo la inspiración de la ‘Ley Antiterrorista’, heredada del régimen dictatorial” (Marimán, 2012: 61). Mientras tanto, en forma paralela a estas políticas de criminalización, en el año 2001 el gobierno lanza el Programa Orígenes, el cual, como principal política de desarrollo para los pueblos indígenas, buscaba contener posibles focos de conflicto. Con el cofinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Estado chileno, este programa se ejecuta considerando que la principal deuda histórica que el Estado mantenía con el pueblo mapuche se relacionaba con su rezago económico, por lo cual se cae en la cuenta que la superación de la pobreza indígena a través de la aplicación de “políticas con identidad” permitiría la pacificación del conflicto mapuche y el aislamiento de los grupos más radicalizados que se enfrentan con las fores-tales y las fuerzas policiales (Bello, 2007: 194). . Aparte de la falta de recursos y tierras, que vuelve fácilmente manipulables a las familias a través de la entrega de incipientes fondos, el requisito de configurarse como “asociación indígena” con personalidad jurídica para ser sujeto de beneficios, obliga a las comunidades a incorporarse en la institucionalidad legal, debiendo someterse a las pautas de comportamiento político dictadas desde el oficialismo.
La utilización de los dispositivos de represión y control implementados por el Estado de Chile resultó efectiva para disminuir las movilizaciones, lo que ha permitido continuar con la implementación de megaproyectos y restaurar cierto nivel de confianza para que las empresas forestales retomen sus actividades, tal como se expresó en el aumento de las cifras de exportación del sector apartir de 2001. En su conjunto, las políticas descritas contribuyeron a debilitar lo que se ha denominado Movimiento Autonomista Mapuche, el cual no ha alcanzado a cristalizar en una propuesta única las distintas posiciones existentes al interior de la sociedad mapuche, aunque las acciones continúan hasta el día de hoy. Se suele inferir que las dificultades que presenta el pueblo mapuche para articular las diferencias tras un objetivo común se deben en gran parte al tipo de estructuración interna descentralizada de su sociedad, fundamentada en la autonomía local de cada comunidad,que antiguamente recaía en el lof. . Sin embargo, no podemos desconocer el importante rol que la serie de políticas estatales enumeradas ha tenido, operando sistemáticamente para dividir y reprimir cualquier intento de movilización fuera de los canales institucionales dispuestos por el gobierno. .
Propuestas autonómicas basadas en el Control Territorial
Los hechos de Lumaco inauguraron una nueva etapa en el Movimiento Autonomista Mapuche, cuya relevancia se refleja en el hecho que –como señala el sociólogo chileno Tito Tricot–ha logrado posicionar temas, elaborar demandas, implementar acciones y articular una narrativa sustancialmente distinta a las precedentes y ha realizado la interrelación de elementos culturales, territoriales, identitarios, económicos y políticos, en la perspectiva de un cambio cualitativo en la relación con el Estado chileno, sustentado en una demanda autonómica (Tricot, 2013: 22) . Este nuevo periodo de movilizaciones, liderado por la CAM, logra situar al fortalecimiento de las prácticas productivas y sociales que se desarrollan dentro de las comunidades como el eje central de la nueva resistencia al capitalismo. Esto, porque en la dirigencia de la Coordinadora consideraron a las comunidades como el único sector del pueblo mapuche que podía nutrir la lucha con los elementos culturales, filosóficos, políticos y religiosos mapuche que de por sí necesitaría el proceso para desarrollarse y crecer. Y […] desde donde resultaba más efectivo golpear al sistema de dominación, representado en su aspecto económico por las empresas transnacionales forestales (CAM, 2001). Una vez ocupados los predios, en el corto plazo debía alcanzarse el objetivo táctico de lograr ejercer el control material y político de esos espacios por parte de las comunidades, desde donde “reconstruir fuerza social mapuche para alterar las condiciones históricas actuales, que son enormemente desfavorables” (CAM, 2001). . El control territorial, como nuevo concepto de recuperación, en el largo plazo “apuntaría fundamentalmente a realizar los primeros eslabones de la Autonomía política, que se complementaba con el derecho a la autodefensa del terreno en disputa” (Pairicán, 2011: 73) Observando el proceso de radicalización de las recuperaciones productivas para llegar a ejercer el control territorial –cuyo auge se extiende hasta los primeros años de la década del 2000–, podemos inferir que, tanto en la praxis como en el discurso de los dirigentes, ha operado la conciencia de que, para sostener el control político del territorio, una condición central es lograr la autonomía económica. Esto implicaría prescindir del apoyo económico del Estado como punto de inicio para construir un proyecto de carácter autonómico. . El hecho de traspasar al Estado el deber de resolver los problemas de las comunidades mapuche, las sumergiría en lo que llamaron la pasividad del necesitado: “otorgarle ese papel es al mismo tiempo privarse de la responsabilidad propia y, además, colocarse en una posición de subordinación respecto a quien los ayuda y provee”(Foerster y Vergara, 2002: 40). Entonces, el control territorial, como proceso, pasaría por reforzar la organización de las prácticas productivas que permitan asegurar una base económica “que sacaría tanto a los mapuche de la pobreza, como detendría el éxodo mapuche fuera de su territorio, y crearía las condiciones materiales para el regreso de los mapuche de la diáspora” (Marimán, 2012: 192). Esto, manteniendo la capacidad de decidir sobre todos los aspectos que competen al espacio compartido, dentro de sus propias estructuras de participación y representación. . En palabras del fallecido lonko Pascual Pichún Paillalao: la primera demanda es la tierra, sin ella no somos nada; los mapuche somos como un pasto que nace de la tierra y de ahí surgen todas las estructuras mapuche. Pero no son solamente las tierras, necesitamos autonomía como territorio (en Tricot, 2013: 324)18.De esta forma, los lineamientos de la CAM logran conjugar suvisión estratégica de reconstrucción como pueblo autónomo dentro de su territorio nacional, con el modo de vida que cotidianamente se desarrolla en las comunidades como reducto de la cultura mapuche. En ellas es donde se han mantenido, tanto en la memoria como en la experiencia, las formas de ordenamiento social y las estructuras políticas de participación y de toma de decisiones que han permitido que la autonomía se continúe expresando, aun en estos espacios tan restringidos que pulsan por expandirse y articularse entre sí. En la actualidad, varias comunidades que han emprendido el largo proceso hacia el control territorial, a partir de las recuperaciones iniciadas en los años noventa, se encuentran implementando proyectos colectivos para recomponer la territorialidad ancestral dentro de los predios ocupados. A partir del acto de restaurar los espacios comunitarios ancestrales, se han logrado recuperar las prácticas sociales y políticas que otorgan la base para recomponer el antiguo tejido social mapuche, actualizado en los derechos colectivos que internacionalmente se reconocen a todos los pueblos. Fundamentalmente, esto se expresa en el reordenamiento del espacio en torno a lugares tradicionales como el nguillatuhue (19) , las zonas de pastoreo, las reservas de bosque nativo, los menoko (20) y su lawen , las canchas de palin (juego ceremonial), entre otros (21). . El trabajo en que se encuentran las comunidades que actualmente buscan recuperar el control de sus territorios, implica determinar en conjunto la mejor forma de habitarlo y los pasos a seguir para recomponer, por medio de las prácticas cotidianas, los fragmentos que aún quedan de lo que fuera el territorio ancestral. En experiencias como la recomposición del lof tradicional mapuche, en el marco del Movimiento Autonomista, se están reivindicando los “saberes sometidos” (Foucault, 2002: 20) contenidos en las prácticas productivas y culturales con que se ordenaba la vida en el territorio antiguo. Entonces, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como en el caso mapuche, se encuentra validado en el conocimiento –contenido en la memoria transmitida por generaciones– de su territorio ancestral, de su cultura y de su lucha histórica por la sobrevivencia. Por lo tanto, sus proyectos autonómicos, más que un horizonte utópico, plantean una posibilidad viable enraizada en procesos sociales que han existido realmente y que se mantienen vigentes en las prácticas y en la historia de sus comunidades.
Reflexiones finales
Paradójicamente, el confinamiento sistemático al que han sido relegados los pueblos indígenas les ha permitido continuar desarrollando formas y caminos propios para organizar y reproducir la vida en sus reducciones. Sin embargo, para el sistema hegemónico estas reducciones representan reservas estratégicas de recursos donde el capital sobreacumulado puede diferir sus inversiones. De esta forma, aquellos espacios que podrían calificarse como marginales, en realidad, se encuentran considerados dentro de la totalidad del proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista, lo cual nos enfrenta a lo ilusorio de las opciones dicotómicas indígena/capitalismo de corte esencialista. Más bien, podemos observar que comunidades indígenas mantienen aún relaciones sociales y productivas que no han sido totalmente subsumidas al orden capitalista, conservando la aptitud natural del ser humano para proveerse las condiciones necesarias para la vida, fundamentando, de esta manera, sus iniciativas autonómicas. . En el caso del pueblo mapuche, el actual movimiento por la autonomía nacional estaría dando continuidad a un proceso histórico de largo alcance que se ha desarrollado tempranamente como reacción a la ocupación militar del Wallmapu. Tal como hemos descrito, aún persisten en la memoria y en las prácticas cotidianas de las comunidades mapuche algunos atisbos de esa autonomía perdida. Entonces, como proyecto político, este movimiento se sostiene en décadas de lucha incansable por recuperar tanto el territorio ancestral como el derecho de autodeterminarse como pueblo, adoptando las distintas formas institucionales y organizativas que más han convenido en cada época. Y hoy existe la conciencia de que la autonomía, como un objetivo estratégico realizable, depende de cambios fundamentales que podrían tardar varias generaciones más, como un horizonte utópico hacia el cual avanzar como sociedad. . El Movimiento Autonomista Mapuche sabe que todavía no existen las condiciones necesarias para recuperar la independencia arrebatada, lo cual implicaría una reestructuración del mismo Estado nación que la suspendió. Aunque la reivindicación autonómica ha estado presente en todas las organizaciones que han surgido después de la ocupación militar, en el contexto actual, es la CAM la que ha sabido establecer metas concretas que, a través de un proceso paulatino de recuperaciones productivas, ha permitido a los comuneros recibir los beneficios directos de su trabajo colectivo. Si bien el logro de resultados ha sido un importante aliciente para fortalecer las luchas sociales,en este caso deben invitarnos a tener una mirada crítica para identificar los obstáculos y desafíos propios de este tipo de iniciativas. . Una problemática frecuente ha sido la división interna que producen los apoyos económicos estatales y de instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial (BM). Las visiones idealizadas sobre la naturaleza prístina del sujeto indígena –similar ala noción del buen salvaje – inducen también a la fragmentación de las distintas posturas que genera en los movimientos, impidiendo analizar los escenarios reales y complejos en que la ruralidad mapuche debe sobrevivir y generar sus expectativas con respecto a las condiciones de vida deseadas. Muchas veces tiende a confundirse la tradición cultural con formas de producción o con condiciones materiales en las cuales no reside la identidad de un colectivo o de un pueblo, aunque sí son parte de su historia. Por esta confusión,suele juzgarse la incorporación de tecnologías o de ciertas comodidades como una pérdida de los conocimientos o de las formas de vivir ancestrales.
Para comprender el verdadero significado de una propuesta autonómica como alternativa dentro del sistema hegemónico, debemos reconocer que sus fundamentos residen en los valores y principios en que se continúan desarrollando las relaciones sociales. La recomposición de los vínculos entre distintas comunidades se basa en la reciprocidad y en el compromiso de renovar y fortalecer estas alianzas, voluntad que se expresa en antiguos protocolos ceremoniales, como en el nguillatún. La restauración de su autonomía económica se asienta en los principios de la redistribución y la producción para el consumo propio, y no en la conservación de métodos y herramientas de producción utilizados por sus antepasados, mucho menos eficientes que otras opciones actualmente disponibles. Reconstruir el lof es reconstruir una territorialidad; es rescatar una visión sobre la vida y sobre las relaciones humanas –y con su entorno– libres de la explotación y de la centralidad del valor de cambio que son propias del capitalismo. . Aunque todavía queda tiempo para cosechar los frutos de los emprendimientos autonómicos, hoy nos dan un ejemplo de perseverancia y resiliencia, reivindicando el derecho de vivir como pueblo bajo los propios parámetros y principios que, heredados de sus antepasados, se renuevan en el contacto con otras experiencias en el mundo y en la lucha incansable de las comunidades del Wallmapu.
AUTORA: Pos doctorante del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Estudios Latinoamericanos de la misma institución universitaria. Maestra en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. Titulada de Ingeniería Civil Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, de donde es oriunda.
Notas:
. 1 Este texto ha sido elaborado a partir del tercer capítulo de la tesis “Resistencia al despojo capitalista desde los proyectos autonómicos de comunidades mapuche”, trabajo presentado por la autora para la obtención del grado de Doctora en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. . 2 Ver antecedentes del despojo territorial en Viera (2015). . 3 Después de la ocupación militar, que se extendiera desde 1862 hasta 1883, el proceso de radicación replegó a las familias mapuche sobrevivientes a las zonas marginales, las cuales correspondían, en total, a menos del 6% del territorio original.Estas tierras habrían sido despreciadas por los grandes intereses capitalistas debido a sus características de difícil accesibilidad o deficiente potencial productivo. . 4 Artículo 3° del decreto ley N° 56 del 25 de abril de 1953. . 5 Título de Merced corresponde al título de propiedad que otorgaba la Comisión Radicadora de Indígenas la cual, creada a partir de una ley promulgada el 20 de enero de 1883, asignaba a los miembros de un lof, bajo criterios arbitrarios e imprecisos, las tierras que el Estado consideraba suficientes para su subsistencia. De esta manera, se cometió una segunda expropiación que aún pesa en la memoria histórica de las comunidades mapuche: dentro de los Títulos de Merced, que la Comisión expedía a nombre de la República o de los indígenas reconocidos como poseedores, sólo se reconocieron como tierras efectivamente habitadas a las rukas (vivienda familiar) con sus respectivas chacras, excluyendo todas las tierras comunitarias, tales como espacios ceremoniales, sectores de pastoreo y recolección, y fuentes de agua y bosques(González et al., 2007a: 10). . 6 En la región de la Araucanía, mientras el promedio de superficie por hijuela resultó ser el más bajo –menos de 6 ha. por hijuela–, los índices de pobreza registran los más altos del país: un 29,3 % de indigencia y un 30,3 % de pobres no indigentes, es decir,un 60 % de la población regional se encontraba bajo la línea de pobreza. (CVHNT,2003: 456). . 7 Autoridad tradicional que en mapudungún significa “mensajero”, siendo portavoz o vocero de su comunidad u organización. . 8 El Diario Austral, Temuco, 22 de octubre de 1991. . 9 Diario El Mercurio, 12 de diciembre de 1997. . 10 Para más detalles de los antecedentes del posicionamiento de este sector en la economía nacional, ver Viera (2015: 17-20) . 11 Entre los grupos económicos más favorecidos por los incentivos y por la oleada de privatizaciones, se encuentran Angelini, Matte, Larraín y Cruzat, llegando a concentrar,en 1977, el 88% de la propiedad forestal en sólo 14 empresas, correspondiente a276.401 hectáreas. . 12 Cifras disponibles en anuarios del Instituto Forestal (INFOR), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y en el sitio web de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).En http://www.corma.cl/portal/menu/recurso_forestal/industria_forestal . 13 Según valor del Dólar Observado en la página del Banco Central de Chile, al 25 de mayo de 2016, US$1 equivale a 692 pesos chilenos. . 14 Entrevista al líder de la CAM Héctor Llaitul. . 15 Durante la administración de Ricardo Lagos, muere en 2002 Alex Lemún, un estudiante de 17 años, por un disparo en la cabeza por parte de un efectivo policial, en el Fundo Santa Elisa de Ercilla perteneciente a la empresa forestal Mininco. Durante la presidencia de Michelle Bachelet mueren: Juan Lorenzo Collihuín Catril, lonko de 71 años, a manos de efectivos de carabineros que le disparan a quemarropa en 2006, en el marco de un allanamiento; Matías Catrileo, estudiante universitario de 22 años, muerto por un funcionario GOPE, en 2008, por disparos por la espalda en el Fundo Santa Margarita de Vilcún, propiedad del agricultor Jorge Luchsinger; y en 2009, Jaime Facundo Mendoza Collío, de 24 años, por impacto de bala proveniente de funcionarios del GOPE durante una ocupación pacífica del Fundo San Sebastián de Angol, propiedad de Sergio González Jarpa. . 16 Esta ley data de 1984 y fue creada para procesar acciones violentas de grupos políticos armados que intentaban desestabilizar el régimen dictatorial, lo que explicala dureza de sus disposiciones: duplicación de condenas normales, eliminación de beneficios como la libertad provisional, uso de testigos anónimos, entre otras . 17 Entre los principales informes que cuestionan el actuar del Estado de Chile en relación al trato con los mapuche en conflicto y que hacen recomendaciones al respecto, están: Informe del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen, sobre la situaciónde los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de su misión a Chile, ONU (2003); Human Rights Watch (2004); el Informe en Misión internacional de investigación de cambio en la política hacia los pueblos indígenas, de FIDH (2006); Observaciones nales del Comité de Derechos Humanos sobre los informes presentados por Chile con arreglo al artículo 40 del pacto de la ONU (2007); el Informedel Relator Especial James Anaya sobre la situación de los derechos humanos y laslibertades fundamentales de los indígenas de la ONU (2009) . 18 Entrevista al lonko Pascual Pichún, 2010. . 19 Nguillatuhue corresponde al lugar donde se realiza el nguillatún , una de lasceremonias comunitarias más importantes para el pueblo mapuche, fundamental para mantener su cohesión social. . 20 En Neira (2012: 318) se define menoko como “ojo de agua, vertiente o sitio pantanoso con abundante vegetación”, el cual se encuentra revestido de diversos significados de relevancia cultural y sagrada. El mantenimiento del equilibrio saludable entre todos los elementos y habitantes que interactúan en un lugar permite la presencia del lawen (hierbas medicinales) y del ngen (fuerza espiritual tutelar que habita y protege ese espacio). El menoko, entre otros sitios ecológicos, sólo existe en condiciones específicas de humedad y de biodiversidad, las que, al ser afectadas, deterioran toda la red de vida asociada y dificultan las prácticas medicinales tradicionales. . 21 Un caso emblemático corresponde a la comunidad de Temulemu, comuna de Traiguén, y su lucha por reivindicar la propiedad del fundo Santa Rosa de Colpi de dos mil hectáreas traspasadas desde Forestal Mininco (Viera, 2015). .
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También editado en https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=12909 ..