El 24 de julio la Knéset, el parlamento israelí, aprobó una medida que prohíbe al tribunal superior de justicia del país cualquier escrutinio del poder del gobierno, ya sea en la toma de decisiones del gabinete o en los nombramientos, basándose en lo que se conoce como criterio de la «razonabilidad». En el contexto israelí, se trataba de un acto extremo, ya que los parlamentarios de derechas estaban desafiando a multitudes que, durante meses, habían protestado con notable determinación contra dicha legislación tan radical. Y esa medida era solo una parte de un amplio rediseño del sistema judicial develado por el primer ministro Benjamin Netanyahu en enero, algo que alarmó profundamente a sus críticos.
Como ejemplificó el destacado historiador mundial Yuval Noah Harari, esos manifestantes advirtieron que limitar las funciones del más alto tribunal, en un país con un sistema parlamentario que carece en gran medida de otros controles y equilibrios, representaba un gran paso hacia una futura autocracia. Después de todo, los peligros abundan en una nación con un poder legislativo unicameral, carente del equivalente a un senado, que elige al primer ministro como instrumento de su voluntad.
Sin embargo, la motivación central de esta legislación no radica en la política interna, sino en el deseo de los extremistas del gabinete de asegurarse de que los tribunales no puedan interferir en sus planes de incrementar enormemente el número de asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas de Cisjordania y, quizás algún día cercano, simplemente anexionarse ese territorio ocupado. En tales circunstancias, los miembros del Tkuma-Unión Nacional (partido de ultraderecha) fueron recientemente calificados por Tamir Pardo (exjefe de la inteligencia israelí) como el «Ku Klux Klan de Israel».
Lógica, fraude y ocupación
El Tribunal Supremo había invocado la llamada «doctrina de la razonabilidad» arraigada en el derecho consuetudinario británico, para anular el nombramiento de Netanyahu en enero de Aryeh Makhlouf Deri como Ministro de Sanidad e Interior en su gabinete cada vez más extremista. Deri, marroquí-israelí, lidera el partido ultraortodoxo Shas, formado en gran parte por mizrajíes, o judíos de ascendencia del Medio Oriente, como él mismo. Además, a menudo ha tenido problemas con la ley. De hecho, en 1999 fue condenado a tres años de cárcel por fraude y soborno. En 2022 se enfrentaba a una posible condena por fraude fiscal ante el tribunal superior de justicia, que podría haberle acarreado penas de cárcel y una prohibición de siete años de actividad política. Según los magistrados de ese tribunal prometió retirarse de la política para evitar ser condenado, promesa de la que luego renegó.
Netanhayu consiguió mantener a Shas en su actual coalición a pesar de la pérdida de ese puesto importante en el gabinete. De hecho, sigue necesitando su apoyo para permanecer en el poder. Con el tiempo, el partido se ha escorando hacia la derecha del espectro político, al tiempo que adoptaba una línea cada vez más dura a favor de la expansión de los asentamientos judíos en la Cisjordania palestina, de la que Israel se apoderó en 1967. Ahora está habitada por unos tres millones de palestinos apátridas cuyas tierras siguen siendo usurpadas. La dirección del Shas ha pasado a apoyar cada vez más los asentamientos judíos en Cisjordania, en gran parte debido a la creciente proporción de ocupantes ilegales que proceden del Haredim o judaísmo ultraortodoxo. Ya se habían convertido en alrededor de un tercio de todos los colonos de Cisjordania en 2017.
En el sistema israelí, los ultraortodoxos pagan pocos impuestos, reciben subvenciones para estudiar la Biblia y están exentos del servicio militar. Además, como grupo, gracias a su tendencia a tener familias grandes, han crecido hasta representar alrededor del 13% de la población israelí. Suponen una carga considerable para el Estado, que en los últimos años ha respondido dándole viviendas baratas en tierras palestinas.
En la revista de izquierdas +976 Magazine, el periodista Ben Reiff señaló recientemente que el ministro de justicia, Yariv Levin, un antiguo factótum del partido Likud de Netanyahu e impulsor del reciente ataque contra el poder judicial, justificaba sus acciones principalmente en términos del problema palestino. Destacó las decisiones del tribunal supremo que impedían la expulsión de personas que apoyaban el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel por las políticas de apartheid hacia los palestinos o que apoyaban a los «refuseniks», soldados israelíes que se niegan a servir como parte de una fuerza de ocupación en la Cisjordania palestina. Levin también se quejó amargamente de las sentencias judiciales que exigen que los palestinos sean tratados de acuerdo con las Convenciones de Ginebra. Una de las conclusiones del reportaje de Reiff es que el actual gobierno seguirá poniendo en la picota a los críticos de la ocupación.
El alto tribunal reconoce (a veces) los derechos de los palestinos
Otro paso que Netanyahu dijo que le gustaría aplicar es permitir que una simple mayoría en la Knéset anule cualquier sentencia del tribunal que desestime una ley por ser incompatible con las leyes básicas del país sobre derechos humanos, aprobada en la década de 1990. Entre los agravios de la facción particularmente extremista del Gran Israel del gabinete está la dependencia de ese tribunal del derecho internacional en algunas de sus sentencias contra los «asentamientos ilegales», los establecidos por vigilantes militares en tierras de Cisjordania, propiedad de familias palestinas desde hace siglos.
Con el pasar de los años, el alto tribunal ha fallado a favor de numerosos asentamientos, basándose para ello en aspectos del derecho otomano, británico e internacional. La ley otomana, por ejemplo, permitía al estado asumir la propiedad de las tierras en barbecho. Sobre esa base, el tribunal ha permitido en el pasado al estado israelí declarar «tierra estatal» franjas de Cisjordania palestina. Poco importaba que un estado ocupante que asentara a sus ciudadanos en ese territorio infringiera gravemente la IV convención de Ginebra y el Estatuto de Roma de 2002 que sirve como guía para la Corte Penal Internacional.
En otras palabras, todos estos asentamientos deberían ser ilegales. Los palestinos a menudo protestan, en vano, que la tierra designada por las autoridades de Tel Aviv como sin dueño y baldío es, de hecho, propiedad privada e incluso ha sido cultivada recientemente. Sin embargo, una vez que se convierte oficialmente en tierra estatal, el tribunal ha permitido a los ciudadanos israelíes construir en ella, que es como surgieron la mayoría de los asentamientos ilegales en Cisjordania. El tribunal considera que estos proyectos de viviendas solo para judíos son «legales» según la legislación israelí.
Aunque estos asentamientos en Cisjordania suelen describirse como una actividad voluntaria y privada, el gobierno israelí lleva mucho tiempo proporcionando subvenciones y otros incentivos a las personas que se trasladan a esos asentamientos de rentas notablemente bajas, cosa que continúa en la actualidad. Dado que tantos hombres ultraortodoxos, con sus limitados estudios (e ingresos), están desempleados, se muestran especialmente abiertos a oportunidades tan evidentes.
Aunque hace tiempo muchos asentamientos ilegales israelíes fueron desmantelados rápidamente por el ejército, algunos sobrevivieron y empezaron a presionar al gobierno para que los reconociera. En 2017, la Knéset dio un paso radical, aprobando una ley que permitía al estado expropiar tierras palestinas a su antojo y utilizó ese poder para legalizar 16 asentamientos hasta entonces ocupados fraudulentamente. En 2020, el tribunal supremo sorprendió a los derechistas de la Knéset al anular esa misma ley y declarar de manera explícita que la soberanía israelí simplemente no se aplicaba a Cisjordania.
Los palestinos que estaban bajo ocupación y debían ser tratados en el contexto del derecho internacional sobre ocupaciones militares. El tribunal citó incluso el artículo 27 del IV Convenio de Ginebra, que garantiza a las personas bajo ocupación el respeto de su dignidad y sus derechos familiares.
«Soberanía y asentamiento»
Esa sentencia, con su negación explícita de la soberanía israelí sobre los Territorios Ocupados, supuso una auténtica conmoción para la derecha política y es la base de su actual campaña en la Knéset para neutralizar a los tribunales. El extremista Bezalel Smotrich (ahora ministro de finanzas y responsable de Cisjordania palestina), se enfureció profundamente por eso. Insistió en que la única respuesta aceptable sería «aprobar de inmediato el proyecto de ley que permite a la Knéset anular a los tribunales». Da la casualidad que su propia casa se construyó en terreno palestino privado, justo fuera de los límites municipales del asentamiento «legal» de Kedumim. El periódico israelí de izquierdas Haaretz también informó en junio de 2020 que el entonces presidente del parlamento israelí, Yariv Leviin, arremetió contra él afirmando que el tribunal supremo había «pisoteado hoy una vez más, como es su inaceptable tradición, la democracia israelí y los derechos humanos básicos de muchos ciudadanos». En cuanto a Netanyahu, en su momento sugirió que la mejor forma de resolver el problema de los asentamientos ilegales sería una anexión formal israelí de una amplia zona de Cisjordania palestina.
La forma en que el tribunal supremo afirmó que Israel no tiene soberanía sobre Cisjordania ofendió profundamente a los miembros del bloque extremista Sionismo Religioso dirigido por Smotrich, incluido su socio de coalición, el partido del Poder Judío dirigido por el radical Itamar Ben-Gvir, quien ahora es ministro de seguridad nacional. Dadas las circunstancias, sin duda no será sorprendente saber que su plataforma para las elecciones parlamentarias de noviembre 2022 se centraba en «soberanía y asentamientos», es decir, soberanía sobre Cisjordania palestina y asentamientos sobre ella. De hecho, afirmaron que los proyectos agrícolas y de construcción palestinos en sus propias aldeas eran «expansionistas» y prometieron actuar rápido para frenarlos.
Al haberse unido a la coalición gobernante de Netanyahu desde aquellas elecciones, ahora adquirieron un poder sustancial para perseguir el objetivo de detener la vida económica palestina. Smotrich llegó a pedir que se borrara un pueblo palestino del mapa de Cisjordania. Aunque más tarde se echó atrás bajo presión, el extremismo anárquico que él y una parte significativa de la coalición de Netanyahu representan hoy debería ser demasiado obvio.
Dado que el tribunal supremo se interpone en esta ilegalidad, a pesar de su frecuente traición a los derechos de los palestinos, los extremistas están decididos a destriparlo. Un número significativo de los que respondieron a las recientes manifestaciones multitudinarias contra la decisión judicial de Netanyahu con contramanifestaciones fueron trasladados en autobús desde los asentamientos ilegales, muchos de ellos jaredíes.
Los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ+ y las minorías en peligro en Israel
A pesar de que la principal motivación de la derecha para eviscerar la autoridad de los tribunales tenía que ver con la urgencia de asumir un control más pleno de los Territorios Palestinos, los cambios ya aplicados y aún contemplados por el primer ministro y compañía tienen también consecuencias nefastas para demasiados ciudadanos israelíes. Para empezar, más del 20% de ellos son personas de ascendencia palestina. Piense en ellos como palestinos-israelíes (según el modelo de los «ítalo-americanos»), aunque en hebreo se les llama «israelíes árabes». Unas 60 leyes y decretos administrativos ya se encargaron de que sigan siendo ciudadanos de segunda clase. En 2018, de hecho, la Knéset los privó explícitamente de la «soberanía», reservándola solo para los israelíes judíos (al tiempo que despojaba al árabe de su anterior designación como «lengua oficial»).
Es cierto que, en ocasiones, el alto tribunal ha fallado a favor de la igualdad de derechos de los israelíes de ascendencia palestina. Por ejemplo, permitió que el gobierno financiara sus comunidades religiosas y la administración escolar. En la mayoría de los demás casos, sin embargo, rechazó repetidas veces sus demandas de igualdad de trato ante la ley, lo que ayuda a explicar por qué han estado en gran medida ausentes de las enormes manifestaciones que han sacudido el país cada semana desde enero. Aún así, los activistas de la comunidad palestino-israelí temen que la supresión de la Knéset en lo que respecta a la razonabilidad de los nombramientos administrativos pueda constituir una carta blanca para una discriminación mucho más activa contra los palestinos-israelíes musulmanes y cristianos.
A pesar de una clara falta de preocupación por los derechos de los palestinos, los israelíes judíos, centristas y laicos, no dudan del grave impacto que podría tener en sus vidas el vaciamiento del poder judicial por parte del gobierno de Netanyahu. Eso explica por qué una cuarta parte del país ha participado en esas enormes protestas en curso y el 58% de todos los israelíes quieren que el gobierno deje de intentar recortar el poder de los tribunales.
Haaretzinforma que las mujeres temen que ese poder lleve al actual gobierno a poner la autoridad sobre la pensión alimenticia y la manutención de los hijos en manos de tribunales rabínicos exclusivamente masculinos, a impedir que el gobierno firme el convenio de Estambul para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y a incrementar la segregación por sexo en playas, parques y el Muro de las Lamentaciones. Incluso, podría llegar a reducir cualquier compromiso con su propia presencia en órganos de gobierno.
Del mismo modo, los israelíes LGBTQ, que con su activismo habían conseguido cada vez más derechos en Israel desde la derogación de las «leyes de sodomía» del país en 1988, temían que sus libertades pudieran ser revertidas por el gobierno más homófobo de la historia del país. El autodenominado «orgulloso homófobo» Bezalel Smotrich suele apoyar una ley que eximiría a los religiosos ser acusados de discriminación si se niegan a prestar un servicio por sus creencias religiosas.
Corrupción
Aunque de los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ+, y las minorías están obviamente en juego, otra preocupación acuciante para quienes protestan por los límites que se están imponiendo a la autoridad judicial es el crecimiento de la corrupción gubernamental, que podría tener un impacto sorprendente en el futuro del país. Netanyahu ya está siendo juzgado por aceptar sobornos (un juicio que ha intentado eliminar por ley). También quería convertir al notoriamente corrupto Aryeh Makhlouf Deri en su viceprimer ministro y puede que ahora siga adelante con ese plan.
Un gobierno de Netanyahu sin las trabas de los tribunales podría incurrir en favoritismos en contratos, licencias, y legislación de todo tipo. El temor a estas cosas ha llevado al 28% de los israelíes, entre ellos un sorprendente número de jóvenes profesionales casados, a admitir que al menos están considerando la posibilidad de dejar el país. Muchos afirman que temen que «el gobierno les quite el dinero». Aunque de que 600 mil y un millón de israelíes suelen estar fuera del país en cualquier momento, estudiando o trabajando en otro lugar, normalmente vuelven tarde o temprano. Ahora, sin embargo, las agencias de reubicación informan que esos retornos están cayendo en picada. También se ha producido un descenso del 20% en la inmigración a Israel este año y ese déficit sería sin duda alguna aún más grave si no fuera por los judíos rusos que huyen de su país, cada vez más inestable y sumido en la guerra. Reuters informa que los inversores en el habitualmente vibrante sector israelí de la alta tecnología, que representa alrededor del 14% del producto interior bruto de 500 mil millones de dólares del país, mantienen ahora en el extranjero alrededor del 80% de sus nuevas empresas. Muchas compañías tecnológicas también han trasladado sus cuentas bancarias y algunos de sus activos fuera del país.
Mientras tanto, las protestas (con cientos de miles de personas en las calles cada sábado en la noche) continúan, y los manifestantes sufren una creciente brutalidad policial. Policías enmascarados los golpean arbitrariamente y les apuntan a la cabeza con cañones de agua, a veces usando «agua de mofeta», un producto químico pútrido que se pega a la ropa y a la piel, para dispersarlos.
Hubo un tiempo en que estas tácticas se perfeccionaron para reprimir a los palestinos de Cisjordania. Ahora, la oposición israelí está descubriendo que esa brutalización de los aldeanos autóctonos de Cisjordania ha tenido un efecto búmeran y el gobierno empezó a tratarlos como antes hacía con los manifestaciones palestinos apátridas. Esta es la nueva realidad israelí: los 56 años de brutal ocupación de los territorios palestinos han vuelto a casa e Israel se está ocupando a sí mismo.
Juan Cole es un investigador estadounidense, intelectual público e historiador moderno de Oriente Medio y Asia Meridional. Obtuvo el título de «Richard P. Mitchell Profesor Colegiado de la historia» de la Universidad de Míchigan. Como comentarista en asuntos de Oriente Medio, ha aparecido en forma impresa y en la televisión. Ha publicado varios libros revisados por pares en el Medio Oriente moderno y es un traductor de árabe y persa. Desde 2002, escribe un blog, Informed Comment.
Este artículo fue escrito publicado originalmente el 10 de agosto de 2023 en la web TomDispatch y traducido para Misión Verdad por Camila Calderón.
Fuente: https://misionverdad.com/traducciones/como-israel-se-ocupo-si-mismo