Nunca hablan de las violaciones de los derechos humanos en la excolonia española, de donde han sido expulsadas en lo que va de año trece personas entre periodistas, parlamentarios, eurodiputados y defensores de DDHH, sin que haya habido queja alguna del Gobierno de España.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Albares, tienen continuamente palabras en defensa de Gaza y Ucrania, pero nunca sobre lo que ocurre en el Sáhara Occidental, el territorio que España no descolonizó y ahora respalda que esté bajo ocupación marroquí.
El apopo a la ocupación de la última colonia de África implica no condenar las continuas violaciones de los Derechos Humanos en la excolonia española por parte del régimen marroquí –denunciadas por las principales ONG internacionales y varios organismos de la ONU–, como ha ocurrido en el pasado mes de febrero. Y eso a pesar de que Sánchez y Albares insisten en que la política exterior de su gobierno tiene identidad propia y defiende los DDHH en cualquier parte del mundo.
En lo que va de año las autoridades marroquís han expulsado del Sáhara Occidental, al menos, a trece personas –parlamentarios autonómicos, eurodiputados, periodistas y defensores de DDHH–, once de ellas españolas sin que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya dicho nada. Bueno, sí, dijo algo en el caso de la eurodiputada Isa Serra a la que –junto con una eurodiputada portuguesa y un eurodiputado finlandés–, se impidió bajar del avión en el aeropuerto de El Aaiún: Albares declaró que había dado “instrucciones precisas” para que el embajador español en Marruecos se implicase “personalmente” y trasladase “claramente a las autoridades marroquíes que se trata de“personas elegidas democráticamente”. Sin embargo, Isa Serra, de Podemos, denunció que el Gobierno de España no amparó ni protegió sus derechos como eurodiputada y ciudadana de la Unión Europea.
Distinta vara de medir del Gobierno de España
La diferente forma de actuar del Ministerio de Exteriores español la dejó clara el diputado Jon Iñarritu (GEH Bildu) el 25 de febrero en el debate en el Congreso sobre la proposición de ley de Sumar para la concesión de nacionalidad española a las y los saharauis. Relató que hace dos años fue detenido y expulsado, junto con otros diputados y senadores, del Kurdistán por las autoridades turcas. “Hay que reconocer que el Gobierno español estuvo a la altura, protestando en todo momento, interesándose, y cuando llegamos a Madrid lo primero que hizo Exteriores fue presentar una nota verbal al Gobierno de Turquía”, añadió.
¿A que no ha presentado ninguna nota verbal el Gobierno de España ante Marruecos por la expulsión de parlamentarios vascos, periodistas y eurodiputados en estas últimas semanas?, ¿y por qué?, preguntó Iñarritu. “En eso está el sinsentido de la actuación del Gobierno”, apuntó.
Sobre la diferente forma de actuar en función de quien se trate, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha opinado en “X” que la socialdemocracia fracasa cuando aplica un doble rasero: “defiende el derecho internacional en Ucrania y Palestina, pero lo ignora en el Sáhara Occidental. El PSOE lo invoca cuando le conviene y lo silencia cuando presiona Marruecos”.
Pero no todos en el PSOE están de acuerdo con Pedro Sánchez, su secretario general. Un grupo de militantes llamados “Socialistas por el Sáhara” ha pedido al partido que reconsidere su voto en contra de otorgar la nacionalidad española a ciudadanos saharauis y pide “un acto de justicia y reparación histórica con los saharauis privados de nacionalidad histórica”.
El texto aprobado por los militantes, titulado “Por la justicia y la dignidad del pueblo saharaui”, recuerda la defensa histórica del PSOE del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y el respeto al Derecho Internacional, así como su solidaridad con la situación del pueblo saharaui. Para este colectivo, la votación contraria a la proposición de ley que aprobaron los demás grupos, representa un paso atrás en su compromiso con la justicia y la reparación histórica y pide la adopción de medidas para la “conclusión del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la restitución de los derechos de los saharauis a los que España abandonó en 1975″.
La represión y violación de los DDHH en el Sáhara Occidental ocupado es constante y así lo han expuesto en un informe el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, asociación de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que denuncian los continuos actos de acoso, intimidación y vigilancia a lo largo de los años, contra miembros del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis en el Sáhara Occidental ( CODESA).