CAF promueve la ocupación. Sidenor participa, lo conoce y no hace nada por evitar el genocidio. Los grandes bancos financian las industrias militares.
Sostener el genocidio en Gaza, para el Estado de Israel, requiere de un apoyo permanente a nivel internacional. Una cobertura a nivel político, económico y cultural, que en lo inmediato pasa por lo más elemental: el suministro de los recursos materiales que hagan posible que la masacre continúe. La guerra, como suelen decir los movimientos antimilitaristas y de solidaridad con el pueblo palestino, empieza aquí: los puertos españoles dan soporte a los buques que transportan armamento para alimentar la maquinaria bélica de la potencia ocupante.
La semana pasada se hizo público que un barco de la naviera israelí ZIM, proveniente de Barcelona y cargado con 393 toneladas de acero, había atracado en el puerto de Mersin, en Turquía, en su camino hacia Israel. El movimiento BDS exigió a las autoridades turcas bloquear la ruta y confiscar la mercancía, pero el carguero llegó finalmente a su objetivo sin problemas y con solo un día de retraso. El destino final del cargamento era el puerto de Haifa, donde fue entregado a la empresa IMI (Israel Military Industries), que fabrica armas y municiones para el ejército israelí. El origen, la compañía vasca Sidenor, de cuyas plantas en la península ibérica salieron los aceros especiales que sirven para producir el armamento necesario para que siga el exterminio. La guerra, o digamos más bien el genocidio, efectivamente, comienza aquí.
De Nuremberg a Gaza
Ya en los tribunales de Nuremberg, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se abordó la responsabilidad jurídica de las empresas transnacionales por colaborar con el nazismo en la comisión de crímenes de lesa humanidad. En 1947, los directivos de las compañías industriales Flick, I. G. Farben y Krupp fueron juzgados por el uso de prisioneros de guerra y trabajo esclavo para la producción de armas, el saqueo de propiedades públicas y privadas, y la pertenencia a organización criminal.
Como se ha venido acreditando desde entonces en diferentes casos y contextos, las empresas no pueden alegar un error invencible para desentenderse de su responsabilidad por los crímenes internacionales. Digamos, en términos más claros, que estas compañías no pueden desconocer que sus actividades son inseparables del contexto en el que se desarrollan. Tampoco pueden desentenderse de sus obligaciones porque, más allá de las responsabilidades de los Estados por apoyar, directa o indirectamente, a Israel en la comisión de crímenes de guerra y apartheid, las grandes corporaciones son sujetos de responsabilidad jurídica. “El derecho internacional vigente considera ilícitas e incrimina en tratados y convenios diversas actividades realizadas por entidades o personas privadas”, recuerda Alejandro Teitelbaum, incidiendo en que “esta responsabilidad escapa al enfoque tradicional del derecho penal, fundado en la idea de la culpa, que sostiene que sólo los seres humanos, dotados de inteligencia y voluntad, pueden delinquir y que societas delinquere non potest”. Muchos países, sin ir más lejos España, han incorporado —en determinadas condiciones— la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal.
Las violaciones continuadas del derecho internacional por parte del Estado de Israel han sido acreditadas por numerosas resoluciones de Naciones Unidas y por los dictámenes recientes de la Corte Internacional de Justicia, que las grandes compañías han desoído para seguir con sus operaciones, como si nada, en un contexto de genocidio. En el próximo informe de la relatora especial de la ONU sobre los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, que se publicará a primeros de julio, se describe cómo hay un millar de empresas que se están lucrando con el exterminio del pueblo palestino. Como anunciaba hace unos días la relatora en una entrevista, en el informe se darán detalles de 45 grandes empresas que apoyan y financian la ocupación israelí.
En el caso del Estado español, hay diferentes empresas que tienen sus cuentas de resultados manchadas por las violaciones de derechos humanos en Palestina. La empresa CAF, con sede en Beasain (Gipuzkoa), participa en la construcción de varias líneas de tranvía que conectan Jerusalén con los asentamientos ilegales de colonos en los territorios palestinos. La también vasca Sidenor, como decíamos, produce acero para que sea utilizado en la fabricación de armamento por IMI Systems. Y la matriz de esta compañía del complejo industrial-militar, Elbit Systems, recibe financiación de los bancos Santander y BBVA.
IMI Systems, de hecho, es la misma empresa que viene suministrando municiones al Estado español y que hace unas semanas salió a la luz por los contratos de balas que el ministerio del Interior se vio obligado a cancelar. Esta compañía no duda en sacar pecho por su contribución al genocidio: en un vídeo promocional para inversores, tal y como ha denunciado Público, se jacta de cómo en diferentes operaciones militares “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hicieron un amplio uso de las tecnologías de Elbit Systems, que demostraron su contribución decisiva a los logros del combate”.
CAF y Sidenor
CAF promueve la ocupación. Sidenor participa, lo conoce y no hace nada por evitar el genocidio. Los grandes bancos financian las industrias militares. “Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros”, dicen los directivos de estas empresas en su descargo. Pero este argumento clásico, que se ha aplicado también en otros casos como el de la fabricación de buques de combate en Navantia para su venta a Arabia Saudí, no puede ocultar la responsabilidad de las grandes corporaciones y de los gobiernos que las apoyan en la violación del derecho internacional.
CAF y Sidenor son empresas consideradas como estratégicas por los gobiernos español y vasco. Ambas compañías han recibido múltiples apoyos estatales: fondos europeos, ayudas a la internacionalización, diplomacia económica, etc. En la última junta de accionistas de CAF, celebrada hace una semana, el representante de la compañía aseguró que están cumpliendo la legislación internacional, que han pedido a expertos externos que les ayuden a “navegar en esta situación tan complicada y han recibido un feedback muy positivo”. Y el consejero de Industria del gobierno vasco, en declaraciones a la Cadena SER, ha afirmado que “nosotros, como accionistas minoritarios, creemos que tienen un buen gobierno corporativo y que las medidas que están tomando y sus explicaciones son buenas”.
Sidenor, por su parte, es la empresa elegida por el ministerio de Transportes para garantizar la españolidad de Talgo. Frente a la opa de otras compañías europeas que querían absorber a la fabricante de trenes, el gobierno español lleva negociando con el presidente de Sidenor desde hace un año la absorción de Talgo, y para ello se están diseñando sofisticados mecanismos financieros para avalar la operación. Los grandes bancos, mientras tanto, se escudan en sus códigos éticos y declaraciones de intenciones para evadir su evidente responsabilidad en la financiación del genocidio.
El ministro Pablo Bustinduy anunció la semana pasada, sin dar nombres ni detalles, que diversas empresas españolas habían cesado sus operaciones en los territorios ocupados palestinos. Para que esta buena noticia fuera completa, habría de ampliarse con la salida de otras compañías como Edreams y CAF —la primera figura, junto a AirBnB y Booking, en la base de datos de Naciones Unidas que recopila las empresas que operan en los territorios ocupados de Palestina; la segunda, a pesar de que aparece su socia israelí Saphir, todavía no—, que siguen incrementando sus ganancias con el apartheid. Si la guerra empieza aquí, aquí hay muchas formas de contribuir a detener el genocidio en Gaza.
Las declaraciones sobre el cumplimiento de derechos humanos por parte del Gobierno español tienen que concretarse en controles efectivos y sanciones a las empresas que suministran los recursos y los materiales indispensables para que continúe la aniquilación del pueblo palestino. La restricción de contratos de compra de armas a Elbit Systems, sabiendo que llega dos años tarde y que por el camino se han firmado decenas de acuerdos con esta y otras compañías militares, marca la línea a seguir. Y habría que avanzar en la exclusión de todas estas empresas de la contratación pública. Todos los contratos de compraventa de armamento a Israel tienen que ser rescindidos. Como han venido repitiendo cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos: el gobierno español debe decretar inmediatamente un embargo integral de armas a Israel.
Sanciones y embargo
En los próximos días se va a discutir en el Parlamento Europeo la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. Esta posibilidad, que nunca ha llegado a estar en discusión durante el último año y medio, está ahora mismo sobre la mesa —como todas las medidas tomadas por el gobierno español, que se ha visto obligado a modular su posición— gracias a la presión social. “Suspender el acuerdo comercial con Israel no detendrá la matanza en Gaza”, ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Lo que seguro que no parará el genocidio es hacer lo que ha hecho la Unión Europea en estos dos años. Es cierto que en los discursos de los grandes partidos e instituciones internacionales algo se está moviendo, pero no servirá de mucho si no se concreta en acciones efectivas y rápidas.
En numerosas ocasiones hemos estudiado cómo las transnacionales europeas aprovechan la deslocalización de sus fábricas para evadir sus responsabilidades legales y enriquecerse a través de las cadenas mundiales de valor. Ahora, cuando se demuestra que la cadena global de suministro de armas empieza en nuestro propio territorio, es más sencillo cortocircuitar esa lógica. Ni siquiera hacen falta complejas auditorías y evaluación de procesos de diligencia debida a otras proveedoras y subcontratas en terceros países, basta con aplicar, aquí y ahora, los principios fundacionales del derecho internacional.
El revuelo organizado en torno a los festivales de música que son propiedad de un fondo de inversión pro-israelí, o el que se ha producido al hilo de la instalación en Huesca de una macroplanta de baterías de litio por parte de una transnacional israelí, demuestran que la movilización social y la campaña de boicot son clave para detener el genocidio. “El derecho internacional, sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, está hecho de movimientos sociales que conducen a una transformación del ordenamiento jurídico”, concluye la relatora Albanese. Y hay que poner el foco, como hace su esperado informe, en las empresas que hacen negocio con la masacre: “Las que explotan los recursos palestinos, las que suministran armas, financian el sistema penitenciario, los bancos, los fondos de pensiones, las aseguradoras, los supermercados, las organizaciones no gubernamentales que blanquean dinero para los israelíes, las universidades, las finanzas…”. Al fin y al cabo, es una cuestión que trasciende la técnica jurídica, se llama voluntad política.
Pedro Ramiro, Juan Hernández Zubizarreta @JuanHZubiza y Javier González.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/ocupacion-israeli/caf-sidenor-empresas-hacen-negocios-genocidio