RashaAbdul Rahim, licenciada en Lenguas Modernas y Medievales por la Universidad de Cambridge, máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la School of Oriental and African Studies (SOAS), ha liderado iniciativas globales sobre vigilancia, inteligencia artificial, sistemas de armas autónomas letales y derechos digitales, primero como directora de Amnesty Tech en Amnistía Internacional, y después como directora ejecutiva de People vs Big Tech.
Con motivo de su participación en la charla inaugural de la Conferencia 4D, Digitalización Democrática y Derechos Digitales, organizada el 28 de octubre en Barcelona por Xnet y Accent Obert, charlamos con ella, que en la actualidad se centra en el uso de la tecnología en el exterminio del pueblo palestino.
Sé que está extremadamente ocupada en este momento debido a la dramática situación en Palestina. ¿En qué está trabajando ahora mismo?
Actualmente trabajo en la intersección entre tecnología, derechos humanos y justicia social, con especial atención al papel de las grandes empresas tecnológicas en el genocidio de Gaza. Hasta agosto de este año estuve dirigiendo People vs Big Tech, trabajando para exigir responsabilidades a las grandes tecnológicas mediante la aplicación de normativas europeas como la Digital Services Act y la Digital Markets Act.
Tiene un gran conocimiento tanto sobre derechos digitales como en el uso de armamento autónomo contra las personas, y también de la situación sobre el terreno en Palestina. ¿Cómo está utilizando Netanyahu la tecnología digital en la masacre de la población civil?
Israel está desplegando una serie de herramientas digitales y de inteligencia artificial avanzadas en sus operaciones militares. Los sistemas de IA son utilizados por las fuerzas de inteligencia israelíes para analizar enormes cantidades de datos –desde comunicaciones interceptadas hasta redes sociales– con el fin de identificar posibles objetivos, asignando puntuaciones de riesgo basadas en patrones considerados sospechosos. Tecnologías de reconocimiento facial, como Red Wolf y Blue Wolf, se usan ampliamente en Cisjordania y Jerusalén Este para vigilar a los palestinos, restringiendo a menudo su movimiento y facilitando detenciones.
Además, Israel rastrea los movimientos de la población civil a través de datos de localización de teléfonos móviles, utilizando esa información para dirigir ataques y operaciones militares. Drones comerciales se han modificado para tareas de vigilancia e incluso para transportar explosivos, mientras que servicios en la nube como Azure de Microsoft han apoyado el procesamiento de las comunicaciones interceptadas. Aunque Microsoft rescindió recientemente el acceso de la Unidad 8200 de Israel a ciertos servicios de almacenamiento y de IA al descubrirse que la estaban utilizando para operar un sistema de vigilancia invasivo e indiscriminado –una clara violación de sus condiciones de servicio–, Amazon, según se informa, ha intervenido para cubrir ese vacío.
La inteligencia militar israelí –entre ellos la Unidad 8200– también ha empleado sistemas de IA denominados Lavender y The Gospel para analizar grandes volúmenes de datos –comunicaciones interceptadas, información de los servicios secretos, redes sociales, etc.– con el fin de identificar personas o lugares que podrían ser objetivos de ataques en Gaza. Estas herramientas asignan puntuaciones a los individuos según su supuesta probabilidad de pertenecer a grupos militantes o analizan discursos y datos en busca de “palabras clave” o patrones considerados sospechosos.
Durante el genocidio ha quedado claro que todas las grandes empresas tecnológicas –incluidas Google, Amazon, Microsoft y Oracle– han proporcionado infraestructura, servicios o apoyos críticos al ejército israelí. Meta, por su parte, ha estado eliminando o suprimiendo sistemáticamente voces palestinas en sus plataformas, un patrón que ya está ampliamente documentado. Esto revela una alineación estructural más amplia entre las grandes tecnológicas y el poder estatal, lo que plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad corporativa, la rendición de cuentas en virtud del derecho internacional y el papel de los proveedores privados de tecnología en la facilitación o comisión de genocidios y otras violaciones graves de derechos humanos.
Como experta en legislación de la UE, política digital, vigilancia, inteligencia artificial y sistemas de armas autónomas letales, ¿cómo están afectando las prácticas digitales actualmente desarrolladas por el Estado de Israel al mercado y la política digital europeos?
La industria tecnológica israelí –especialmente su exportación de herramientas de vigilancia basadas en IA y tecnología de uso militar– está transformando silenciosamente el entorno digital europeo, y no de una forma que se alinee con los valores europeos. Estas tecnologías y armas se prueban en palestinos en el laboratorio de la ocupación, la guerra y ahora el genocidio, y después se integran en el aparato de seguridad europeo –desde la policía y el control fronterizo hasta la analítica predictiva y la vigilancia biométrica–. Estas tecnologías plantean graves preocupaciones jurídicas y éticas, especialmente en torno a la vigilancia masiva, el perfilado biométrico y la toma de decisiones automatizada en ámbitos como la seguridad o la guerra. Europa afirma defender los derechos digitales, la transparencia y los derechos humanos, pero cada vez importa más herramientas diseñadas para el control, el perfilado y la represión, a menudo sin debate democrático, supervisión o evaluación ética.
Las empresas tecnológicas israelíes –muchas con estrechos vínculos con unidades militares y de inteligencia– han encontrado clientes dispuestos en los Estados miembros de la UE, ansiosos por obtener “soluciones de seguridad”, pero reacios a afrontar su coste ético. Esto socava la credibilidad de la UE como superpotencia reguladora a través de leyes como el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de IA y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés). Si Europa sigue externalizando su infraestructura de seguridad a empresas cuyos productos han sido “probados en combate” con palestinos, esas leyes corren el riesgo de quedarse en palabras vacías. La incómoda verdad es que Europa habla de ética mientras compra tecnología salida de la primera línea del autoritarismo digital.
La cuestión ahora no es solo si la UE puede regular a las grandes tecnológicas, sino si tiene la voluntad política de trazar una línea cuando las herramientas digitales nacen en contextos de violencia sistémica y se exportan como “soluciones” a sociedades democráticas. En este momento, esa línea es peligrosamente difusa.
¿Qué opina de la política digital que está siguiendo la UE en general?
Europa posee actualmente el arsenal regulatorio más potente del mundo para defender los derechos digitales y controlar el inmenso poder de las grandes tecnológicas. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento de Mercados Digitales (DMA) ofrecen a las instituciones de la UE y a los Estados miembros la capacidad de obligar a las plataformas a retirar rápidamente contenidos ilegales y ser mucho más transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos y sistemas de moderación. También permiten auditorías y sanciones severas por incumplimiento, incluidas multas multimillonarias. De hecho, en muchos sentidos, Palestina es una prueba de fuego de la eficacia de la DSA, dada la censura sistemática y documentada del contenido palestino en las plataformas de Meta.
La DMA se centra en la competencia justa y en frenar el enorme poder y dominio de las grandes tecnológicas. Se dirige a los llamados “guardianes de acceso” (gatekeepers), como las grandes plataformas en línea, impidiéndoles abusar de su posición dominante. Esto implica prohibir la autopreferencia, imponer la interoperabilidad y abrir la puerta a que actores más pequeños puedan competir. Juntas, estas leyes suponen un gran paso hacia un espacio digital más seguro, justo y responsable en toda la UE.
Pero la gran cuestión es si la UE aplicará realmente estas regulaciones cuando aumente la presión, especialmente bajo el intenso lobby diplomático de Washington. Al fin y al cabo, las normas de estas leyes desafían directamente los modelos de negocio de gigantes de Silicon Valley como Google, Meta y Apple –empresas que poseen un enorme poder político en Estados Unidos–. Lo que está en juego no es solo la política tecnológica; es si la UE tiene la determinación de defender su soberanía digital o si cederá cuando los intereses estadounidenses presionen con fuerza.