Para asegurarse el lucrativo contrato del Proyecto Nimbus los gigantes tecnológicos aceptaron ignorar sus propios términos de servicio y eludir las órdenes judiciales avisando a Israel si un tribunal extranjero solicitaba sus datos, según revela una investigación conjunta.
En 2021 Google y Amazon firmaron un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno israelí para proporcionarle servicios informáticos avanzados en la nube y de inteligencia artificial (IA). Estas herramientas han sido empleadas durante los dos años de masacres en la Franja de Gaza. Los detalles del lucrativo contrato, conocido como Proyecto Nimbus, se mantuvieron en secreto.
Pero una investigación realizada por +972 Magazine, Local Call y The Guardian ha descubierto que Google y Amazon aceptaron “controles” poco ortodoxos que Israel insertó en el acuerdo, en previsión de problemas legales por su utilización de esa tecnología en Cisjordania y Gaza.
Documentos filtrados del ministerio de finanzas israelí obtenidos por The Guardian –incluyendo una versión final del contrato– y fuentes cercanas a las negociaciones revelan dos exigencias estrictas que Israel impuso a los gigantes tecnológicos como parte del acuerdo. La primera prohíbe a Google y Amazon restringir la manera en que Israel utiliza sus productos, incluso si esto quebrantara sus términos de servicio. La segunda obliga a las compañías a notificar en secreto a Israel en caso de que tribunales extranjeros les ordenaran entregar los datos del país almacenados en las plataformas en la nube eludiendo así sus obligaciones legales.
El Proyecto Nimbus, con una duración inicial de siete años y posibilidad de prórroga, se diseñó para permitir a Israel transferir grandes cantidades de datos de sus agencias gubernamentales, servicios de seguridad y unidades militares a los servidores en la nube de Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Sin embargo, incluso dos años antes del 7 de octubre, los funcionarios israelíes que redactaron el contrato ya preveían la posibilidad de que se presentaran demandas contra Google y Amazon por el uso de su tecnología en los territorios ocupados.
Una posibilidad que preocupaba particularmente a los funcionarios era que un tribunal de alguno de los países en los que operan ordenara a las empresas entregar datos de Israel a la policía, los fiscales o las agencias de seguridad para ayudar con una investigación; por ejemplo, si el uso que Israel hacía de sus productos estuviera relacionado con abusos contra los derechos humanos de los palestinos.
La ley CLOUD, de 2018 permite a las fuerzas de seguridad estadounidenses obligar a los proveedores de servicios en la nube con sede en EE. UU. a entregar datos, incluso si están almacenados en servidores en el extranjero; en la Unión Europea, las leyes de diligencia debida pueden exigir a las empresas que identifiquen y aborden las violaciones de derechos humanos en sus cadenas de suministro globales, y los tribunales pueden intervenir si no se cumplen estas obligaciones.
Es importante saber que las empresas que reciben la orden de entregar datos suelen tener prohibido por el tribunal o la policía solicitante revelar detalles de la solicitud al cliente afectado. Los documentos filtrados revelan que, para superar este potencial punto débil, los funcionarios israelíes exigieron incluir una cláusula en el contrato según la cual las empresas deberían advertir en secreto a Israel si se les obligaba a ceder los datos aunque esto estuviera prohibido por la ley.
Según The Guardian, esta advertencia se llevaría a cabo según un código secreto, parte de un acuerdo que se conocería como “el mecanismo de guiño”, pero que en el contrato figura como “compensación especial”. Esto obligaría a las empresas a enviar a las autoridades israelíes pagos de cuatro dígitos en moneda israelí (séquel, NIS por sus siglas en inglés) que corresponden al código de marcación internacional del país pertinente seguido de ceros.
Por ejemplo, si Google o Amazon se vieran obligados a compartir datos con las autoridades estadounidenses (código de marcación: +1) y un tribunal estadounidense les prohibiera revelar esa acción, transferirían 1000 NIS a Israel. Si se produjera una solicitud similar en Italia (código de marcación: +39), enviarían 3900 NIS. El contrato estipula que estos pagos deben realizarse “dentro de las 24 horas siguientes a la transferencia de la información”.
Si Google o Amazon concluyen que los términos de una orden de silencio les impiden incluso indicar qué país ha recibido los datos, existe una salvaguarda: deben pagar al gobierno israelí 100.000 NIS (30.000 dólares).
Expertos legales, entre ellos varios exfiscales estadounidenses, declararon a The Guardian que este acuerdo es sumamente inusual, pues los mensajes cifrados podrían infringir las obligaciones legales de las empresas en Estados Unidos de mantener en secreto una citación judicial. “Parece una táctica muy ingeniosa y si el gobierno estadounidense o, mejor dicho, un tribunal, se enterara de su existencia, dudo que la viera con buenos ojos”, declaró un exabogado del gobierno de EE.UU.
Otros expertos consideran que el mecanismo es un “hábil” subterfugio que podría servir para cumplir con la letra de la ley pero no con su espíritu.
Los funcionarios israelíes parecen haberse dado cuenta de esto. Según los documentos examinados, señalaron que sus exigencias sobre cómo deberían responder Google y Amazon a una orden emitida por Estados Unidos “podrían chocar” con la ley estadounidense, en cuyo caso las empresas tendrían que elegir entre “violar el contrato o violar sus obligaciones legales”.
Ni Google ni Amazon respondieron a las preguntas sobre si habían hecho uso del código secreto desde que el contrato de Nimbus entró en vigor.
«Seguimos un proceso global riguroso para responder a órdenes legales y vinculantes de las solicitudes relacionadas con datos de clientes», dijo el portavoz de Amazon. «No tenemos ningún proceso establecido para eludir nuestras obligaciones de confidencialidad en órdenes legalmente vinculantes».
Un portavoz de Google dijo que era «falso» «insinuar que de alguna manera hemos estado involucrados en actividades ilegales, lo cual es absurdo». El portavoz agregó: «La idea de que evadiríamos las obligaciones legales que tenemos con el gobierno de Estados Unidos como empresa estadounidense, o con cualquier otro país, es categóricamente errónea».
Un portavoz del Ministerio de Finanzas de Israel declaro que “la insinuación del artículo de que Israel obliga a las empresas a infringir la ley carece de fundamento”.
“Uso aceptable”
Según los documentos filtrados y las fuentes conocedoras de los debates internos, a los funcionarios israelíes les preocupaba asimismo que se les pudiera restringir o incluso cortar el acceso a los servicios en la nube de Google o Amazon, bien como resultado de la sentencia de un tribunal extranjero, bien por decisión unilateral de las propias compañías en respuesta a presiones de los empleados o los accionistas.
La mayor preocupación de los funcionarios era que los activistas y las organizaciones de derechos humanos pudieran aprovechar las leyes de ciertos países europeos para demandar a las empresas y presionar para poner fin a sus vínculos comerciales con Israel, en concreto si sus productos estaban relacionados con violaciones de derechos humanos.
El mes pasado, después de que +972, Local Call y The Guardian revelaran que Israel había violado los términos de servicio de Microsoft al usar su plataforma en la nube para almacenar un inmenso tesoro de llamadas telefónicas interceptadas a palestinos, el gigante tecnológico revocó el acceso del ejército israelí a algunos de sus productos.
En cambio, los documentos filtrados indican que el contrato de Nimbus prohíbe expresamente a Google y Amazon imponer sanciones similares a Israel, incluso si las políticas de la empresa cambian o si el uso que Israel hace de la tecnología infringe sus condiciones de servicio. Según los documentos, hacerlo no solo daría lugar a acciones legales por incumplimiento de contrato, sino que también acarrearía fuertes sanciones económicas.
Según se informa, la disposición de las dos empresas a aceptar estas condiciones fue parte de la razón por la que ganaron el contrato de Nimbus frente a Microsoft, cuya relación con el gobierno y el ejército de Israel se rige por contratos separados. De hecho, fuentes de inteligencia informaron a The Guardian que Israel planeaba trasladar su arsenal de vigilancia de la nube de Microsoft a la plataforma de Amazon después de que la primera bloqueara su acceso.
Aparentemente Google era consciente de que estaría renunciando en gran medida al control sobre el uso que Israel haría de su tecnología, a pesar de afirmar repetidamente que sus productos solo son utilizados por los ministerios del Gobierno israelí que “aceptan cumplir con nuestros términos de servicio y nuestra política de uso aceptable”.
The Intercept informó el año pasado que Nimbus se rige por un conjunto de políticas “ajustadas” concertadas entre Google e Israel, en lugar de la política general de condiciones de servicio en la nube de la empresa. La publicación citó un correo electrónico filtrado de un abogado de Google en el que advertía que, si se le adjudicaba, “tendría que aceptar un contrato no negociable en condiciones favorables para el Gobierno”.
Las políticas de “uso aceptable” de ambas empresas tecnológicas establecen que sus plataformas en la nube no deben utilizarse para violar los derechos legales de otros, ni para participar o fomentar actividades que causen “daños graves” a las personas. Sin embargo, una fuente familiarizada con la redacción del contrato afirmó que este deja claro que no puede haber “restricciones” sobre el tipo de datos almacenados en las plataformas en la nube de Google y Amazon.
Un análisis del acuerdo realizado por el ministerio de finanzas de Israel afirma que el contrato de Nimbus permite a Israel “utilizar cualquier servicio” a su antojo, siempre y cuando al hacerlo no infrinja la legislación israelí, no vulnere los derechos de autor ni revenda la tecnología de las empresas. Los términos del acuerdo a los que ha tenido acceso The Guardian establecen que Israel “tiene derecho a migrar a la nube o generar en la nube cualquier contenido que desee”.
Un memorándum del Gobierno distribuido varios meses después de la firma del acuerdo afirmaba que el hecho de que los proveedores de servicios en la nube hubieran aceptado “subordinar” sus propias condiciones de servicio a las del contrato indicaba que “comprenden la sensibilidad del Gobierno israelí y están dispuestos a aceptar nuestros requisitos”.
Fuente: https://www.972mag.com/project-nimbus-contract-google-amazon-israel
El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se cite a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción